Algún cable se rompió entre el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua (TEE) y la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), porque ya van dos ocasiones recientes en que el segundo le enmienda la plana al primero… y por un caso bastante peliagudo.

Dos expedientes lo confirman: SG-JDC-588/2025 y SG-JDC-8/2026. Ambos siguen el mismo patrón: el tribunal local descarta violencia política en razón de género (VPG)… y la Sala Guadalajara entra a poner tache y pedir que vuelvan a hacer la tarea.

Se trata de la denuncia presentada por la juez Silvia Rocío Delgado García contra el activista Miguel Alfonso Meza Cardona, por actos que podrían encuadrar en la figura de VPG.

Inicialmente, el TEE falló en favor del denunciado, al considerar que sus publicaciones no constituían violencia política de género, y que exigirle bajar contenidos podría implicar una violación a la libertad de expresión.

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Todo inició cuando Silvia Rocío Delgado García se inscribió para competir en la elección judicial del 1 de junio de 2025 para un cargo de juez de control, el cual obtuvo tras recibir 23 mil 605 votos, colocándose en segundo lugar.

Desde el arranque de su campaña, recibió críticas y señalamientos por supuestos vínculos con el crimen organizado, debido a su labor como defensora de presuntos narcotraficantes.

La abogada acudió ante el TEE para demandar a medios y, en particular, al activista Miguel Alfonso Meza, al advertir que esas publicaciones no solo afectaban su prestigio profesional, sino que ponían en riesgo su vida.

Pero el fondo ya no es solo jurídico: es político-electoral. Porque lo que está en juego es hasta dónde puede llegar la crítica pública a quienes hoy ya son autoridad, y cómo se trazan los límites entre libertad de expresión y protección institucional.

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El hecho es que, aunque el TEPJF validó gran parte del fallo del TEE, también le corrigió en un punto clave: ordenó otorgar custodia policial a la juez por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Y ahí está el fondo político del asunto: la Sala Guadalajara no solo corrige un criterio jurídico, sino que marca línea sobre cómo deben atenderse los casos sensibles en el nuevo escenario judicial-electoral.

Este tipo de tira-tira entre tribunales será cada vez más frecuente, sobre todo con una elección judicial inédita todavía acomodándose.

Porque al final, el mensaje es claro: no basta con resolver en papel; hay que dimensionar los riesgos reales.

La juez, por lo pronto, andará escoltada por policías estatales… y el caso deja una advertencia para todos los actores rumbo al 2027: la grilla también ya se metió de lleno a los tribunales.

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La detención en Texas de Bertha Olga Gómez Fong motivó una reunión cumbre en el despacho del abogado Héctor Villasana, cabeza del grupo defensor del exgobernador César Duarte Jáquez, para examinar —nos dicen— los escenarios que se abren.

Hasta ayer al mediodía, la defensa estaba enfocada en la audiencia de abril en el penal del Altiplano, donde Duarte permanece recluido desde el 8 de diciembre. Pero la detención de la esposa y “exprimera dama” cambió el tablero, movió las piezas y obligó a replantear toda la estrategia.

El despacho, en la transitada avenida Primero de Mayo, lucía lleno de autos y camionetas de quienes acudieron al llamado para delinear la ruta frente a este nuevo frente.

Porque el caso ya no es uno solo: ahora también hay que evitar la caída de Berthita.

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Ante el silencio sepulcral de autoridades estadounidenses y mexicanas, solo queda analizar los posibles caminos para la detenida, quien fue llevada a un centro migratorio tras su captura en El Paso, Texas, por agentes del ICE.

Especialistas consultados por Mirone advierten que el caso podría tener más escenarios que un circo de tres pistas.

El primero —y más probable—: si su estatus migratorio es irregular, enfrenta deportación acelerada. Un proceso “fast track” que no requiere juicio penal, basta con confirmar identidad y sería entregada en la frontera.

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Si es deportada, al pisar México podría activarse la orden de aprehensión vigente desde 2020, lo que implicaría su traslado inmediato ante un juez y prisión preventiva.

Otra vía es la extradición, si el Gobierno de México decide mover ficha y la señala como pieza clave en las operaciones de lavado de dinero atribuidas a Duarte. Este camino es más lento, pero igual de delicado.

Y hay una tercera opción: que Gómez Fong acredite su estancia legal en Estados Unidos, considerando que sus hijas son ciudadanas americanas y ella podría tener residencia. Esa sería su mejor carta… y donde el Estado mexicano tendría poco margen de maniobra.

Por ahora, todo está en el aire: múltiples escenarios, un mismo personaje… y una defensa obligada a jugar en varios frentes al mismo tiempo.

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El apurado proceso de elección de la Mesa Directiva del Sindicato del Personal Académico del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) de la UACJ concluye hoy, en medio de expectativas para ver en qué resulta el experimento de elegir de manera individual y no por planillas, como marcan los estatutos y como siempre se había hecho.

Aunque hay variables o novedades interesantes en el proceso, en el fondo no parece que vaya a darse un impacto en los resultados y tampoco se puede decir que haya mucha efervescencia entre el electorado docente.

Eso sí, los correos oficiales de la planta de 244 maestros con derecho a voto fueron saturados por los mensajes individuales de cada candidatura a la Secretaría General del ICSA y de las seis carteras de la Mesa Directiva.

En total hubo 17 candidaturas registradas de manera individual: siete del combo oficialista que encabeza Thelma Artalejo y siete del grupo identificado como Universidad Democrática, donde se inscribió por la Secretaría General Lourdes Almada.

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La convocatoria habló de registros individuales, pero nada en cuanto a la promoción, así que en el caso de Almada, el equipo hizo campaña y propaganda prácticamente en planilla.

No lo hizo de esa manera o abiertamente el equipo de Artalejo, pero la promoción en corto se realizó por todo el combo.

Aparte quedaron las candidaturas de Carlos Gutiérrez Casas para la Secretaría General, Lisbeily Domínguez para la Secretaría de Organización y Pavel Roel Gutiérrez para la Secretaría de Relaciones Intersindicales.

En el caso de Lisbeily, supo Mirone que desde las estructuras oficiales la presionaron para que se bajara. Se registró, pero en los hechos declinó. Pavel sí mantuvo la candidatura, aunque con muy poco impacto porque su base está en el campus de Nuevo Casas Grandes.

Difícilmente algún docente se puso a leer la infinita propaganda enviada por correo. En una campaña de apenas cinco días, poco se pudo conocer de las propuestas, menos cuando nunca se abrió espacio para diálogo, debate o contraste.

En su tono disruptivo, Carlos Gutiérrez pidió un debate, pero sin reglas ni canales definidos, la propuesta no prosperó.

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Como suele pasar, hubo operación desde jefaturas de Departamento en favor de la candidatura institucional, representada por Artalejo, y aunque Lourdes y Carlos anduvieron en campaña intensa, no se prevé que alcance para una sorpresa mayor.

Aun así, podrían acumular un buen número de votos del profesorado que insiste en que la democracia debe instalarse en serio en la Universidad, con procesos menos inducidos, mejor representación sindical y mayor transparencia.

No se descarta algún campanazo en las Secretarías, que impida que la Mesa Directiva quede completamente en el mismo grupo y le dé al menos un toque democratizador al proceso.

Las dudas se despejarán esta misma tarde-noche, cuando se cierre la votación en las siete urnas instaladas en el edificio B del ICSA y se realice el conteo. Habrá nueva Mesa Directiva hoy mismo, ya que los ganadores rendirán protesta en la misma asamblea abierta.

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Por todos lados abundan los pleitos y las arrejuntadas morenistas rumbo a la definición de candidaturas en Morena. Unos se pelean y otros se arrejuntan, aunque sea por mera y coyuntural conveniencia.

Todos los días hay nuevos episodios que muestran esa telenovela guinda de apapachos, cierres de filas, balconeadas y sacadas de lengua.

Por ejemplo, la regidora Mary Adame salió a darle calorcito a la delegada de los Programas de Bienestar, Mayra Chávez, justo cuando las huestes morenistas fundadoras cercanas a Juan Carlos Loera la traen en la mira, porque ambos despuntan como prospectos para la alcaldía de Ciudad Juárez.

“Siempre será agradable coincidir con la compañera Mayra Chávez Jiménez…”, publicó la regidora junto a una fotografía, en un claro guiño político con uno de los pilares del montielismo en Chihuahua.

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Chávez anda a dos fuegos. Por un lado, morenistas que le recuerdan su pasado priista y duartista; por otro, panistas que la traen en jabón por la distribución de volantes —aparentemente desde Bienestar— con promoción personalizada y su nombre en letras grandes.

En paralelo, el conflicto estalló en redes por el caso de la diputada Rosana Díaz, señalada de traición por el grupo montielista. Ella acusó persecución y fue defendida por el senador Juan Carlos Loera, hoy en ruptura total con ese mismo grupo.

La diputada Lizzy Guzmán revivió el episodio de diciembre de 2025, cuando Rosana Díaz y Edith Palma se ausentaron en la votación que permitió al bloque PRIAN alcanzar mayoría calificada para aprobar deuda estatal.

Ahí entró Loera al quite: “Ahora le dan con todo a la diputada Rosana y aplauden a quienes apoyaron las reformas de Maru…”, reclamó.

La respuesta no tardó. Guzmán le reviró: “Aquí hablamos de una ausencia que permitió deuda… si andas buscando pleito, como es tu costumbre, aquí no es”.

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La grilla también alcanzó a la dirigente estatal Brighite Granados, cuestionada por asistir a eventos tanto de Loera como de Andrea Chávez, mientras otros la defienden por su papel institucional.

Hasta el coordinador de la bancada morenista, Cuauhtémoc Estrada, recibió su raspón. Su compañero Óscar Avitia puso en duda su imparcialidad, señalando su cercanía con el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, pese a su responsabilidad como coordinador.

Y el tablero aún puede moverse más.

No se descarta que Rosana Díaz termine haciendo mancuerna con Óscar Avitia como una nueva subfracción morenista, alineada con las causas de Loera y Andrea Chávez, incluso con el cobijo de la propia dirigencia estatal.

Aunque, en este Morena de alianzas líquidas, tampoco sería raro que alguien termine cruzando la banqueta hacia el PAN o el Verde antes de que se acomoden las piezas rumbo al 2027.