El drama de los niños con cáncer que en nuestro país luchan por su vida y también contra la indolencia de un sistema, alcanza la triste realidad que hoy enfrentan más de una decena de pequeños juarenses, que junto a sus familias desafían el abandono desde 2019.

Muchos de ellos, como grandes guerreros que son, han podido sortear la escasez de medicamentos con tratamientos intermitentes. Otros, como el pequeño Víctor Manuel, acaecido en abril de 2020, perdieron la batalla.

Tal como ocurrió con el bebé Víctor, su principal enemigo no fue el cáncer, sino las autoridades de salud de los tres niveles de gobierno. En su momento, Víctor González, padre del menor, acusó negligencia por parte del estado y la federación, porque fueron incapaces de dimensionar las consecuencias de lo que podía pasar.

Pese a que han transcurrido 14 meses desde la muerte del pequeño, la situación no cambió para los menores y sus familias que, ante el abandono oficial, se han movido hasta debajo de las piedras para conseguir los recursos que les permitan comprar los medicamentos que necesitan sus hijos.

En marzo de 2021, padres de niños enfermos realizaron actividades para poder comprar medicamentos, debido a que al menos 8 niños corrían el riesgo de presentar regresiones en la enfermedad ante la falta de tratamientos, porque el Hospital Infantil de Especialidades estaba de nueva cuenta en crisis.

Los padres de familia se reunieron con el director del nosocomio, Luis Acosta, quien les prometió una solución que aún no llega.

Cómo olvidar aquel enero de 2017, cuando trascendió que, durante la administración de César Duarte, el Sector Salud de Chihuahua aplicó agua destilada en lugar de medicamentos a pacientes con cáncer.

Mirone ya no sabe qué es peor, si provocar el desabasto de medicamentos escudándose en la narrativa del combate a la corrupción o simular los tratamientos. Los dos extremos han generado consecuencias irreparables y funestas.

Con todo en contra, los niños y sus padres continúan luchando por la supervivencia, mientras parece que la burocracia se empeña en negarles la oportunidad de vivir. Sea por negligencia, por ineficiencia o por indolencia, eso también constituye un crimen imperdonable, ¿no lo cree, estimado lector?

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A Clara Torres todavía no la nombran secretaria o funcionaria en algún cargo importante de la próxima administración estatal, y ya anda repartiendo posiciones. Las lenguas panistas de triple filo afirman que Torres ya repartió no uno ni dos, sino varios puestos de buen nivel dentro del nuevo gobierno de Maru Campos.

Dicen los informados que Clara es la dueña de Desarrollo Social, y que sin consultar, ya designó en Cultura a la priista Viviana Márquez. Pero eso no es lo grueso. Comentan que Clara, después de repudiar su militancia panista, resurge en la nueva administración para ocupar la Secretaría de la Familia, una nueva dependencia creada exclusivamente para ella. Empezará en septiembre con esta actividad.

Pero con lo que ya anda muy activa Torres, es con el apoyo al señor del yunque, Gerardo Priego Tapia. A él lo impulsa Clara para que llegue a ser el sucesor de Marko Cortés Mendoza en la dirigencia nacional del blanquiazul. Ella, a través de su hermano, ha organizado reuniones de apoyo al tabasqueño, tal vez por rencor a Cortés o quizá por afinidad con Tabasco, pues cabe recordar que ella sirvió, por un tiempo y de manera ciega, a López Obrador.

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Tras las  publicaciones del diputado Juan Carlos Loera en sus redes sociales, en donde aparece con el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, y al lado de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, deja claro que trae todo el apoyo con influyentes secretarios de estado.

Pero, muchos chihuahuenses se preguntan por qué no tuvo ese tipo de entrevistas cuando fue superdelegado del Bienestar o cuando fue candidato a gobernador. Los problemas con la CFE y la SEP en Chihuahua siempre han estado presentes y pudo haber resuelto muchas cosas con esas relaciones de altos vuelos. Nunca lo hizo.

Ahora da la impresión de que Loera solo busca hacer contrapeso a la gobernadora electa Maru Campos y demostrar poder. Con las recientes reuniones manda el mensaje de que él las puede en el gobierno federal. Decía Artemio Iglesias que “en política todo, menos ingenuidad”, y la reflexión bien se puede aplicar a la exhibición de influencia de Juan Carlos con los secretarios de estado, después de que perdió la gubernatura.

Otra lectura que le dan algunos a esas publicaciones, además de poder e influencia, es que los secretarios y funcionarios del gobierno federal cobijarán a Loera aún después de que deje de ser diputado.

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En la Aduana Fronteriza reinan emociones de incertidumbre por la llegada de un nuevo administrador, el cual esperan entre en funciones en los próximos días. En tanto, Joel Jiménez sigue al frente como administrador interino.

La semana pasada llegó a Juárez la avanzada de Operadores del Comercio Exterior (OCEs) pertenecientes al sistema de Administración Tributaria (SAT), comandada por el abogado Sabino Reducindo Ramírez, para realizar las primeras actividades de entrega-recepción de la Aduana.

Hasta el momento no hay nada firme respecto a la llegada de un nuevo administrador militar proveniente de la Sedena, aunque no se descarta que pudieran nombrar a Reducindo Ramírez como administrador.

Ante la incertidumbre, el personal sigue haciendo de las suyas, tal y como ocurrió la semana pasada en la aduana del puente de Tornillo, en donde una agente aduanal acusó al personal de quererle cobrar una cuota extra de lo que paga por cada vehículo que cruza de la vecina ciudad, evidenciando las malas prácticas de corrupción galopante en la Aduana.

Los militares que llegaron a la Aduana seguramente heredarán el desorden y una red de corrupción bastante añeja. Mientras se acomodan los mandos, el personal sigue haciendo su luchita y, por fuera en los círculos de interés por la Aduana, como en la Asociación de Agentes Aduanales y otras agencias, andan también muy preocupados porque no saben qué les espera y le apuestan a que no llegue un militar a tomar el control de la Aduana Fronteriza.

Por lo pronto, las cámaras de circuito cerrado de los patios de la Aduana del puente de la Lerdo, mágicamente empezaron a funcionar desde la semana pasada, después de que ya tenían casi cinco años apagadas.

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El gremio de los abogados y la ciudadanía en general no vieron nada bien que el Fiscal Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López, presumiera en sus redes sociales la presentación de un libro de su autoría, cuando va a dejar un cúmulo de carpetas de investigación rezagadas para la siguiente administración.

Vale destacar que de unas 30 mil carpetas de investigación que se puedan aperturar, solo unas 4 mil son judicializadas en el año aquí en Ciudad Juárez. A cada ministerio público le han llegado a asignar hasta 100 expedientes, lo que hace técnica y humanamente imposible darles trámite y desahogarlas hasta el final.

El fiscal Jorge Nava va a dejar un rezago impresionante de carpetas de investigación sin resolver y, descaradamente, en ejercicio de sus funciones, ha venido presentando su libro “No hay Arreglos”, en donde habla sobre su experiencia en el grupo antisecuestros. La última presentación la realizó la semana pasada.

Nava López no solo se dio el lujo de presentar su libro, también se anduvo candidateando para presidente municipal de Juárez y buscó una candidatura a una diputación local, pero no la consiguió en las pasadas precampañas.

Muchos abogados de Juárez critican a Nava López porque, mientras la ciudad se debatía entre la violencia criminal y una añeja sed de justicia, el fiscal tuvo el atrevimiento de jugar a la política y presentar su libro ante selectos auditorios. Hay que recordar que en la Fiscalía se hacían despensas para repartir con el membrete de la pandemia, pero en la realidad Jorge Nava buscaba clientelismo para su truncado proyecto político electoral.