Quien se pasea desde ayer por Juárez, es el famoso y prestigiado escultor Enrique Carbajal González, mejor conocido como Sebastián.

El autor de la X en la Plaza de Mexicanidad es invitado especial del Colegio de Ingenieros Civiles, la asociación civil que recibió 2.2 millones de pesos del Gobierno Municipal para costear las cenas, los coffee breaks, el baile y demás arrimadijos protocolarios en torno a la 46 Reunión Nacional de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles que tiene su sede en esta ciudad.

Parte de esos recursos, específicamente 176 mil 873 pesos, fueron para pagar los viáticos de Sebastián, quien participó con la conferencia magna “Arte e Ingeniería”, que por cierto no está en la temática que se supone consideraba el evento, respecto al agua, la infraestructura y la movilidad, los grandes retos urbanos que precisamente son la mayor dolencia en Juárez.

El evento nacional se desarrolla en el edificio Cepia del área del Pronaf, pero como vino Sebastián, se agendaron para la tarde de ayer en la plaza, la fotografía oficial al pie de la X y una comida en la explanada, esa que prácticamente se ha privatizado porque se reserva para conciertos, ferias y otros negocios, aunque se trate de un espacio público.

Así que Sebastián fue el tema entre la clase política y empresarial local. Todo mundo publicando sus fotos con el escultor, con la X o con ambos.

Se acordó Mirone de la gran polémica detrás de la construcción de esa escultura monumental que costó a los juarenses poco más de 100 millones de pesos.

Tiene 11 años desde que se inauguró, pero para que se concluyera debieron pasar dos gestiones del alcalde tricolor ya fallecido, Héctor “Teto” Murguía, quien fue el impulsor. Los cuestionamientos rondaron el alto costo de la obra, la calidad de sus materiales (los acabados en el acero y en la pintura), además de su simpleza estructural o de diseño.

Se le llegó a identificar como la Tacha Monumental o la Espantosa Equis, relacionándosele con el símbolo de la reprobación, justamente en un contexto en que Ciudad Juárez tenía el foco mundial por el impacto de violencias estructurales, particularmente reflejadas en el feminicidio y los homicidios dolosos vinculados con el crimen organizado.

Algunos colectivos cuestionaron que con la obra se buscara ocultar “la hiriente realidad social de nuestra ciudad”, que se pensara más en percepciones o en imagen de la ciudad, sin priorizar debidamente las inversiones en materia cultural o de recuperación de espacios públicos, no nada más simbólicamente.

Sin embargo, a final de cuentas, prevaleció la idea de los impulsores que siempre argumentaron la necesidad de un poderoso elemento identitario para la ciudad en una gran plaza que además fortalecería la convivencia de los juarenses.

Hoy, la X es icónica, no hay duda, aunque todavía puede reclamarse la pobreza de su diseño y la ejecución. De otra estética son El Caballito, El Coyote en Ayuno, Los Arcos del Milenio, El Ángel Custodio, Tsuru o la Puerta de Chihuahua. Por todo el país y en el extranjero están las obras monumentales de Sebastián, a quien le gusta codearse con políticos sin importar su color partidista.

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Hablando de esculturas, ayer se develó una nueva con la figura del extinto alcalde juarense Francisco Villarreal Torres.

Fue presidente municipal por el PAN de 1992 a 1995 y ahora se le rinde homenaje en una administración morenista.

Se gestó la propuesta en la Comisión de Nomenclatura que en el trienio anterior presidía la regidora panista Austria Galindo. Tampoco hay que olvidar que el actual alcalde inició su carrera en la Administración pública, precisamente como funcionario de Desarrollo Social, en aquel trienio azul, dentro de la dependencia que encabezaba Ramón Galindo.

O sea que Cruz Pérez Cuéllar conoció bien a Francisco Villarreal, el empresario que no fue militante panista, pero sí se identificó con su ideario. Sin embargo, el alcalde no acudió al evento y mandó como representante a la directora de Desarrollo Urbano, Claudia Morales.

Por cierto, hay que decir que no se le están cumpliendo sus deseos al extinto alcalde. Siempre dijo que no quería su nombre en calles o edificios, ni su figura en esculturas. Aunque era excéntrico en varios sentidos, no le agradaba el culto a la personalidad. Aparte de la escultura, ya hay un bulevar con su nombre, también un auditorio.

Pues a partir de ayer se le puede ver sentado en una silla, en las inmediaciones del Puente Santa Fe, en homenaje a la toma de las garitas de cobro que encabezó como parte de su lucha para que se quedaran aquí los recursos que se recaudan en los cruces internacionales.

Esa gesta rindió frutos y por eso hoy las cuotas de peaje van a dar al Fideicomiso de Puentes Fronterizos, el organismo que los debe de destinar a obras de infraestructura en esta frontera.

Hay que decir que en el Fideicomiso se les hizo bolas el engrudo por los esquemas financieros que opera y gran parte del dinero se va a pagar intereses bancarios. Hay una deuda pendiente en ese sentido.

El caso es que a Villarreal se le rinde homenaje y se le reconoce por esa y otras luchas en pro del municipalismo. Fue el creador del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, un organismo que se pensó autónomo para no dejarse influir por los vaivenes de la política y los intereses empresariales. También ahí le han quedado mal al humanista y visionario personaje.

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Todavía no se repone el país por la sacudida política que implicó la Reforma Judicial, cuando Morena y sus aliados arrasaron con los órganos autónomos y votaron por su desaparición en la Cámara de Diputados.

Con 347 votos a favor y 128 en contra, la 4T aprobó en lo general la extinción de siete órganos autónomos, incluyendo al INAI, el órgano garante de la transparencia y la rendición de cuentas, donde hubo precisamente mayores cuestionamientos de la oposición.

También se aprobó la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.

La iniciativa surgió desde la Administración de Andrés Manuel López Obrador y es parte de lo que se ofertó en campaña para ejecutar el llamado Plan C, a partir de ganar la mayoría calificada en la Congreso de la Unión, para concretar varias reformas constitucionales.

Las narrativas que ahora chocaron, son parecidas a las que se argumentaron en el debate por la Reforma Judicial. Por un lado, la urgencia de terminar con un régimen de privilegios y una carga para las finanzas públicas; por el otro, la advertencia de que se desmantela la división de poderes, se elimina un sistema de contrapesos al poder público y se sepulta el régimen democrático.

Luego de la votación la noche del miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum le dio en la mañanera su buena repasada al INAI con los hallazgos más recientes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La ASF documentó que desde 2018, altos mandos del Instituto han exigido a sus trabajadores entre 10 y hasta 60 por ciento de sus sueldos quincenales.

De acuerdo con la auditoría forense, se descubrió un esquema de nepotismo donde se identificaron múltiples lazos de parentesco entre empleados, incluyendo “padres, hijos, hermanos, primos, tíos y esposos”.

Sheinbaum aseguró que siete comisionados del INAI, incluidos los cuatro que se mantienen vigentes, “habrían incurrido en gastos indebidos relacionados con pagos de comidas, desayunos, viajes al extranjero y al interior del país, así como el manejo de la tarjeta corporativa American Express para ir a centros nocturnos”.

Así que ese manejo discrecional de mil millones de pesos fue señalado como ejemplo de la corrupción y el dispendio que trata de evitar la nueva reforma, según la presidenta Sheinbaum.

Se supone que el INAI trasladará sus funciones a la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, anteriormente conocida como Secretaría de la Función Pública.

Lo que no queda claro es cómo se garantizará la transparencia y la rendición de cuentas sin la presión del órgano autónomo. Como si todas las dependencias se volvieran transparentes de oficio y la corrupción se acabara por decreto.

“Las funciones se incorporación a la Secretaría Anticorrupción y los datos personales se van a resguardar, y vamos a generar mecanismos de obligatoriedad de transparencia de todas las Secretarías en donde fácilmente la ciudadanía pueda revisar las funciones, el gasto, todo lo que hace el Gobierno de México”, dijo Sheinbaum.

La verdad es que nunca han sido en el Gobierno transparentes por voluntad propia y la rendición de cuentas es a lo que más le sacan la vuelta los funcionarios y gobernantes.

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A propósito de regresiones antidemocráticas, se conoció ayer que una jueza de Distrito concedió la suspensión provisional en un Juicio de Amparo que promovieron integrantes ciudadanos del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana, en contra de la reforma a la Ley de Participación Ciudadana que endureció los requisitos para la Revocación de Mandato en Chihuahua.

No hay que olvidar que la mayoría en el Congreso del Estado aprobó recientemente el incremento de 5 al 10 por ciento de la lista nominal en cuanto a las firmas de los solicitantes de la revocación, además de que se estableció la obligatoriedad de que los solicitantes pertenezcan al menos a la mitad más uno de los municipios del estado.

El caso es que la jueza concedió la suspensión provisional como medida cautelar, por lo que bien podría en este momento solicitarse una revocación de mandato con el requisito anterior, es decir, el del 5 por ciento de las firmas del listado nominal.

El Amparo Indirecto 1048/2024 fue tramitado por los consejeros Abelamar Chacón y Claudia Arreola para que no se aplique el Decreto No. LXVII/RFLEY/094/2024 publicado en el Periódico Oficial luego de su aprobación en el Congreso.

La audiencia incidental se fijó para el 27 de noviembre. Para rendir el informe incidental, el Juzgado les dio 48 horas a las autoridades responsables.

Entre los actos reclamados en el amparo se señala la violación de los artículos 5 y 6 por lo que respecta a los principios de máxima publicidad y democracia, y la omisión de la consulta pública previa, obligada para modificar cualquier instrumento de participación ciudadana.

Así que por todos lados y en diferentes vías hay varios pleitos políticos y jurídicos, tanto en el plano estatal como en el federal.