La cacería desatada por la administración estatal de Javier Corral en contra de exservidores públicos del régimen duartista encendió las alertas de las dirigencias nacional y estatal del PRI.
En la coyuntura de un proceso electoral intermedio de este año en Coahuila, Nayarit y Estado de México, donde está en juego el dominio priista, el partido fundado por Plutarco Elías Calles encara un abrumador rechazo social ante los acontecimientos de un sexenio en que se la ha pasado en la lona, casi pasmado. Inerte, dirían los más acérrimos críticos.
En esta misma tesitura, las circunstancias políticas recientes en el estado de Chihuahua no son sino evidencia clara del deterioro y del colapso por el que atraviesa el PRI, resquebrajado en el día a día, y que no ha sabido aprender la lección por la derrota en las urnas.
El líder nacional Enrique Ochoa Reza, al asumir la dirigencia del CEN en junio del año pasado y luego de que el PRI sufriera la mayor derrota electoral en su historia en elecciones estatales al perder siete de 12 gubernaturas en juego, prometió ir contra aquellos militantes que han dañado la imagen del tricolor; y no solo eso, sino también castigarlos.
Ochoa Reza fue más allá incluso, al asegurar que el priismo debería ser el primero en señalar la corrupción de los gobiernos emanados de sus filas, exigirles su fiscalización y, de ser necesario, habló de destituir a aquellos actores que van en contra de los fundamentos del mismo PRI.
Ante la cada vez más frecuente prevalencia de gobiernos priistas señalados por actos de corrupción, la respuesta de la dirigencia nacional ha sido un prolongado silencio. A estas alturas de la vida política del país ya no es posible tapar el sol con un dedo.
El caso Duarte, el de Chihuahua, se ha convertido en un acertijo para Los Pinos, con un efecto inmediato en la vapuleada credibilidad del priismo nacional ante recurrentes casos de gobernadores y servidores públicos perseguidos por la ley.
Cada vez son más numerosas las voces dentro del mismo PRI que exigen la destitución del prófugo exgobernador, el mismo que en los albores del sexenio peñanietista había sido considerado como presidenciable y que hoy es buscado por la Interpol en 190 países, acusado de peculado.
Una de las voces críticas la tiene la secretaria general Claudia Ruiz Massieu, quien el fin de semana reconoció que, si bien no se deben adelantar conclusiones, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI tendrá que evaluar la suspensión de los derechos políticos del ballezano. Hacerlo o no, deberá contar necesariamente con el aval del primer priista de la nación, Enrique Peña Nieto.
A lo expuesto por Ruiz Massieu se suma también la posición del delegado enviado por el comité nacional, Fernando Moreno Peña, quien reiteró hace un par de días que su partido no está en condiciones de defender lo indefendible ni avalar actos individuales que van en contra de la legalidad, en clara referencia a Duarte y algunos de sus colaboradores.
El PRI necesita oxigenarse de una vez por todas, regresar a sus bases, apostarle a los jóvenes, confeccionar nuevos liderazgos y dejar de reciclar candidatos.
Aquella retórica de Enrique Ochoa Reza, de impulsar un partido de acuerdo con los retos que demanda el siglo XXI, deberá incluir el análisis profundo de los errores cometidos que llevaron al instituto político a perder elecciones, pero sobre todo a la pérdida de confianza de los ciudadanos. Ese será el más grande reto, o aceptar verse condenados a ser un eterno partido de oposición.
Los recientes acontecimientos en Chihuahua y el no menos bochornoso acto en San Lázaro, donde la bancada tricolor dio refugio a otro priista –Antonio Tarín, protegido de Duarte–, hacen creer que el Revolucionario Institucional está en vías de extinción; o ¿cómo pretenderá levantarse de esta?
Sería conveniente que el Instituto Nacional Electoral (INE) sancionara a aquellos partidos que de manera recurrente se ven envueltos en escándalos de tales dimensiones, e incluso retirar su financiamiento público.
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Las prioridades del nuevo amanecer
Las acciones jurídicas emprendidas en contra de funcionarios públicos del primer y segundo círculo de colaboradores de César Duarte llevan a la reflexión de que estas no deben ser un distractor para que la administración estatal, que encabeza Javier Corral, cometa el error de hacer caso omiso de la otra justicia –la social, esa que tiene que ver con la actitud de inclusión de los ciudadanos más vulnerables y desprotegidos–.
Desde el inicio del nuevo amanecer pareciera que hemos transitado por una parálisis gubernamental y que todo el aparato oficial solo gira en torno a una cacería de servidores públicos que habrían caído en los excesos ofrecidos por el poder, lo cual ha derivado en la integración de al menos medio centenar de carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) por actos de peculado cometidos en el transcurso del sexenio anterior.
La sequía de programas de Gobierno, de obra pública, pero sobre todo de proyectos con etiqueta social, detona una preocupación que lleva a cuestionar si las autoridades tendrán en el radar la atención a los históricos rezagos.
En este momento prevalece una gran preocupación por el estancamiento de la administración pública estatal, basada en la austeridad, en los recortes de los presupuestos federales que se reflejan en áreas sensibles como salud, educación, la pobreza en la que viven comunidades rurales enteras, etc.
Da la impresión de que lo más importante que se puede ofrecer en este momento es solo aquello relacionado con la operación Justicia para Chihuahua, señalada por la clase política priista como un distractor bien calculado, incluso hasta planeado, para ser lanzado en un momento determinado, y que coincide con que el Gobierno estatal empezaba a ser señalado por el incremento en la incidencia delictiva, acompañada de aquella declaración del secretario de Gobernación –Miguel Ángel Osorio Chong– en el sentido de que “Chihuahua se descompuso”, seguida del ominoso asesinato de nuestra compañera periodista Miroslava Breach Velducea.
El tema que hoy ocupa al Gobierno de Corral –el del escándalo político que tiene como blanco a actores del régimen priista–, si bien fue una promesa de campaña que empieza a cumplir, no debe ser pretexto para que sean omitidas las atenciones de los proyectos de atención social.
Ante tales circunstancias quedó desviada la atención de uno de los más grandes pendientes: la reconstrucción del tejido social, y ello incluye la supervisión del secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana, por cierto cada vez menos visible en esta frontera.
La cacería de servidores deshonestos deberá continuar. Se trata de un proceso jurídico que sigue un curso, pero lo otro son problemáticas de largo plazo, permanentes, que trascienden los sexenios y que requieren la atención en el día a día. Se trata de un tema de gobernabilidad, de no desatender las demás prioridades, las que no dejan un lucro político.
La agenda estatal tiene muchas más prioridades, y una de ellas debiera ser la reconstrucción desde la raíz de la relación con el Gobierno independiente de Juárez.
También está la convocatoria por el rescate de los que menos oportunidades tienen, a la que deberán concurrir todos los actores de una sociedad que cada vez pareciera menos indolente y más reactiva ante lo que ocurre en el entorno.
Para lograr que sean fijadas las prioridades entre sociedad y Gobierno, necesariamente deberán hacerse a un lado aquellas con sello electoral, las que tienen el tufo de reelección, y alejarse de las tentaciones que provoca la carrera política del proceso electoral del próximo año.
En este rompecabezas de responsabilidades y de desequilibrios sociales, parte esencial son los actores de la iniciativa privada, representados en sus diferentes organismos. También a ellos les corresponde una rebanada del resentimiento social debido a su inacción y falta de visión.
Un caso concreto es el impulso que han brindado los empresarios a la creación del Centro de Alta Tecnología, proyecto que nadie regatea por sus bondades y que contará con resultados a largo plazo, pero ante las circunstancias del rezago social la inmediatez señala que los esfuerzos deben ser orientados a la recomposición de su tejido.
En ese orden de prioridades se debe hacer hasta lo imposible para salvaguardar la integridad y atención a la niñez, las mujeres, los ancianos, a los enfermos. A Ciudad Juárez le urge un centro de alta especialidad oncológica. Pero en esta frontera, según las evidencias, van primero los hombres, la clase política, los insaciables del poder. Los mismos de siempre: los gobernantes de las tres esferas de Gobierno, los que residen en El Paso y no son sensibles a lo que aquí acontece.
La pirámide de prioridades está invertida: las oportunidades para brindar alimentación, educación, salud y todas las ramas del bienestar social, se encuentran en el último lugar. Arriba se encuentra lo superficial, la frivolidad, la arrogancia y la apariencia de quienes ejercen el poder.
La lucha de Corral contra la corrupción y el peculado es un acto de justicia contra los excesos del régimen pasado. Le tocó ser el verdugo.
En este mismo tenor habría que cuestionar qué hubiera ocurrido si Enrique Serrano, el candidato expriista a la gubernatura, hubiera ganado los comicios: ¿Habría actuado igual que Corral, o hubiera preferido convertirse en otro de los blancos perfectos del hartazgo social?
NORTE de Ciudad Juárez hoy ha hecho pública su despedida tras 27 años de luchar por la verdad y la justicia, tal y como lo proclamó aquel 6 de mayo de 1990 cuando salió a la calle por primera vez. Don Mirone, su humilde escribidor, también cierra su ciclo con NORTE impreso y se aventura para continuar desde otras trincheras, más vivo que nunca. Usted, amable lector, puede seguir leyéndonos en nortedigital.mx.