En su más reciente sesión, el Tribunal Estatal Electoral, el TEE, declaró la nulidad de la elección en el Ayuntamiento de Ocampo.

El 2 junio, al final de la jornada electoral, células de grupos criminales robaron varios paquetes electorales, sembraron el terror entre la población, principalmente funcionarios de casilla y representantes partidistas, e hicieron que las casillas fueran abandonadas, con todo y paquetes rellenos de las boletas.

Los hechos quedaron registrados en el Juicio de Inconformidad JIN 367/2024 que el Partido del Trabajo promovió en contra del cómputo, declaración de validez y entrega de la constancia de mayoría que se otorgó a la planilla presentada por la coalición PAN-PRI-PRD, ganadora por 97 votos.

La Asamblea Municipal concedió el triunfo con el cómputo de 12 de los 16 paquetes, es decir, con un faltante del 25 por ciento, hecho suficiente para declarar la nulidad, de acuerdo con el Tribunal.

Sin embargo, en la sesión del miércoles por la tarde-noche, en la ponencia de la magistrada presidenta, Roxana García, se relató que fueron acreditados varios hechos más que no dan certeza al cómputo, ya que el impacto de la violencia alcanzó a la totalidad de las casillas y sus 16 paquetes electorales.

Los 12 paquetes que sí fueron considerados en el cómputo anulado fueron “encontrados” o “recuperados” en ciudad Cuauhtémoc, a 202 kilómetros del lugar de la votación, en las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente.

Y como se rompió completamente la cadena de custodia por parte de la autoridad electoral, aunque hayan participado elementos de Policía en la recuperación y resguardo de los paquetes, la magistrada ponente consideró que no podía haber certeza en el sentido de la votación.

En el proyecto aprobado por unanimidad, se dejó la constancia de los relatos del terror que sufrieron funcionarios de casilla y representantes partidistas, quienes directamente fueron despojados de los paquetes por grupos armados, también en los casos en que tuvieron que dejarlos sin ningún resguardo y salir prácticamente corriendo de las casillas porque ya sabían lo que estaba ocurriendo en distintas partes del municipio.

Así que además de resolver la nulidad de la votación, el Tribunal ordenó una elección extraordinaria, en fecha todavía por definir. Tanto el Congreso del Estado como el Instituto Estatal Electoral fueron notificados para que hagan lo que les corresponde.

En sesión anterior, el TEE ya había ordenado realizar una elección extraordinaria para elegir Sindicatura en el municipio de Belisario Domínguez, luego de que modificó el sentido de un voto y generó un empate en el resultado de la elección. En esa ocasión fue al revés, ya que por la inconformidad de la coalición del PAN-PRI-PRD, se revocó la constancia de mayoría entregada a la fórmula postulada por el PT.

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Quien libró dos de los PES (Procedimiento Especial Sancionador) en su contra, fue el alcalde y candidato por la reelección cuando fue denunciado, Cruz Pérez Cuéllar.

En el paquete de resoluciones del Tribunal Estatal Electoral no se acreditaron las infracciones que reclamó el PAN, en el PES 394/2024, en cuanto al uso ilegal de recursos públicos y de coacción del voto por la entrega de recursos en especie.

El punto central fue que, de acuerdo con el Tribunal, cuando se desarrollaron los eventos señalados en la queja, uno en la Plaza de la Mexicanidad (para el arranque de campaña) y otro en el Centro de Convenciones Las Anitas, Cruz ya no era funcionario público, tenía licencia para ser candidato.

En este procedimiento se señaló también a Jorge Joaquín Jiménez Medina, quien fue entrevistado por las autoridades electorales y dijo ser la persona que pagó el evento en Las Anitas; sin embargo, afirmó no tener relación con la Administración municipal.

Tampoco le pegó al PAN la promoción del PES 391/2024. Igualmente se alegó el uso indebido de recursos públicos, en campañas de promoción de Pérez Cuéllar, particularmente en Facebook.

Con un argumento similar al ya señalado en el anterior procedimiento, se declararon inexistentes las conductas al considerar que el denunciado únicamente tenía la calidad de candidato y no de servidor público en el momento de la denuncia.

El PES involucraba al coordinador de Redes Sociales del Gobierno Municipal, Mitsuo Daniel Shiguetomi Shirai. De acuerdo con el Tribunal, no se pudo acreditar que esa persona fuera responsable de las publicaciones, así es que también libró cualquier sanción.

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Por distintas vías está creciendo el clamor que viene desde el Valle de Juárez para que se restablezca el servicio de transporte público, como alguna vez lo tuvieron.

Entre más lejos, más grave el problema que alcanza a los municipios de Guadalupe Distrito Bravos y Práxedis G. Guerrero.

Sin embargo, la crisis la sufren también comunidades del municipio de Juárez como El Millón, Tres Jacales, Loma Blanca, San Isidro y San Agustín.

La ruta Juárez-El Porvenir, daba en el pasado buen servicio, pero prácticamente desapareció y las autoridades de Transporte Público de Gobierno del Estado no han ofrecido una solución para que se garantice el derecho a la movilidad a todos los habitantes de El Valle.

La crisis de inseguridad que en parte generó el desinterés de los transportistas en la ruta, se conjuntó con la falta de camiones y de choferes que en la zona urbana presenta un enorme déficit, lo que también impide voltear a ver hacia aquella zona.

Los residentes de aquella región, ni siquiera tienen la opción del transporte de plataformas como Uber, Didi o InDrive. Simplemente nadie le entra.

Como la rentabilidad es otro de los problemas, urge que desde el Gobierno del Estado se articule algún plan que necesariamente tendría que contar con la colaboración de los Gobiernos municipales, para proporcionar algún tipo de apoyo o subsidio, pero también para coordinarse en materia de seguridad.

Por lo pronto, las comunidades de los tres municipios están articulando un movimiento que quieren pasar de las redes sociales al activismo en campo, para ser escuchados tanto por las autoridades locales, como por las estatales.

Hay el reclamo por el abandono y la exigencia de un servicio que es esencial para quienes no poseen vehículo propio o no tienen la prestación en la industria maquiladora, ya sea para conectarse entre distintas comunidades o para llegar hasta Juárez, donde desarrollan muchas de sus actividades.

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Personas de 60 años y más que acudieron esta semana a tramitar su credencial del Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inapam), se toparon con la sorpresa de que no podrán obtener el documento hasta dentro de dos semanas.

Resulta que el sistema mediante el cual se lleva a cabo el proceso está saturado. Al menos eso fue lo que les dijeron en las oficinas federales.

Hombres y mujeres que necesitan la identificación, requerida para disfrutar de algunos beneficios como descuentos en el cobro del servicio de agua potable, en transporte público y hasta en el pago del impuesto predial, se están topando con la imposibilidad de obtenerla y, aunque reciben una explicación de buena manera, experimentan frustración dada la problemática que enfrentan para movilizarse.

Aunque algunas personas llegan al Centro Integrador El Paseo, ubicado en bulevar Óscar Flores Sánchez 2050, en automóvil propio, con uno de sus familiares que les da un “aventón” o hasta en Uber, la mayoría utiliza el transporte público que, como es del conocimiento general, resalta por su ineficacia.

Cuando se acercan a preguntar por el trámite se topan con una de las empleadas que les comunica que podrán regresar hasta “dentro de dos lunes” porque el sistema está “saturado” y deben esperar a que se “despeje”, lo que probablemente ocurra el próximo 29 de julio.

Lo que llama la atención de Mirone es que no programaron ni anuncios ni convocatorias o llamadas; los interesados simplemente deberán estar pendientes de la fecha probable en la que podrán regresar.

Desencajadas, decenas o tal vez cientos de personas mayores ven frustrado el objetivo de obtener el documento que les da el derecho a descuentos en servicios o implementos de salud, alimentación, transporte, vestido, hogar, artículos diversos, recreación y cultura, al menos en teoría.

Anteriormente, la credencial del Inapam se podía tramitar en un módulo que esa dependencia federal instaló en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Social del Municipio, que se ubican en la avenida Adolfo López Mateos 250 del fraccionamiento Monumental. Sin embargo, sin una necesaria campaña de información, ese lugar fue inhabilitado.

Todavía decenas de personas llegan ahí en busca de obtener el carnet, muchas veces sorteando conflictos de movilidad física o de transporte, pero se topan con la notificación de que el documento ya no se expide en esas instalaciones, por lo que deben acudir al Centro Integrador El Paseo.