Está más que visto que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueden descarrilar todo tipo de acciones, proyectos y procesos de cualquier poder u orden gubernamental, sobre todo si a lo estrictamente legal se le agregan contextos políticos.
Así que bien se puede desmoronar el proceso que se echó a andar en Chihuahua para seleccionar las siete ternas para cubrir las vacantes de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Y es que está pendiente la acción de inconstitucionalidad que, desde junio de 2022, promovieron 11 de los 33 diputados del Congreso (todo el bloque morenista), en contra de las reformas a la Constitución local que se publicaron en el Periódico Oficial del Estado el 1 de junio de 2022.
Justo se trata del paquete de reformas bajo las cuales ahora se pretende elegir a cuatro magistradas y tres magistrados. En su momento se reclamó su invalidez por presunta transgresión a preceptos constitucionales y convencionales, en relación a principios de autonomía e independencia judicial, división de poderes, derecho a la seguridad jurídica, así como el principio de progresividad de los derechos, entre otros.
Un punto clave del cuestionamiento a aquella reforma que tocó también a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y que hoy se pretende aplicar, tiene que ver con la manera en que se eliminaron los concursos de oposición y se dejó la facultad de elegir a las ternas a una comisión integrada por representantes de los tres poderes.
El asunto es que el recurso caminó su procedimiento en la Corte durante un año y ocho meses. La instrucción fue cerrada hace medio año por lo que solo falta la resolución.
Además, el grupo legislativo promovió la semana pasada una solicitud de atención prioritaria para que la Corte defina de una vez. Así que el tema está más vigente que nunca, justo en el contexto en que avanza el proceso de elección de las siete magistraturas.
El plazo de inscripción de aspirantes concluyó precisamente ayer. La Comisión Especial deberá remitir la lista de las ternas a más tardar el viernes 24 y después de una comparecencia ante la Junta de Coordinación Política, el paquete se pasará al Pleno.
Para su aprobación, se requiere del voto de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso.
Sin embargo, no es la acción de inconstitucionalidad la única bronca. Ya trascendió que algunos jueces que, en lo particular, consideran vulnerados su derecho a participar en la convocatoria, van por la vía del amparo.
Por cierto, esa Comisión Especial de la discordia, la integran Andrés Alfredo Pérez Howlet como representante del Poder Ejecutivo que además fue “comisionado” para ello por el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña.
Por el Poder Judicial del Estado el representante es el magistrado José Alfredo Fierro Beltrán y por el Legislativo, el coordinador de la mayoría panista, el diputado José Alfredo Chávez Madrid.
Hoy deberá conocerse el listado completo de los aspirantes.
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No fue el registro de aspirantes a magistrados el único que cerró ayer. También se agotó el plazo fijado en la convocatoria de Morena para quienes pretenden una candidatura en el proceso local, ya sea por alcaldías, regidurías, sindicaturas o diputaciones.
El proceso incluye a quienes buscan la reelección, por lo cual los interesados que están en posibilidad legal (si no tienen ya dos periodos consecutivos en el cargo) también deben cumplir el registro.
El alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar hizo lo propio, tal como se esperaba y él mismo lo había anunciado. Incluso hasta presumió el registro con una foto y el documento con su debido folio.
Lo interesante en los registros para la alcaldía, es que también se anotó el representante del presidente Andrés Manuel López Obrador en Chihuahua, Juan Carlos Loera.
Loera va por esa candidatura como prioridad, con independencia de que se haya registrado también previamente en el proceso federal, como aspirante a la senaduría.
Los procesos eran excluyentes únicamente entre las posiciones consideradas en cada convocatoria. O sea que en la convocatoria federal tenían que escoger entre ir por la senaduría o una diputación. Lo mismo en la local, entre los cuatro cargos distintos. Por eso se podía ir por una candidatura federal y por una local. Es lo que hizo Loera. Si no pega una, pega la otra.
Así que lo que sigue para él será la presentación de su renuncia, lo que había anunciado hace ya algún tiempo.
El alcalde juarense ha aclarado varias veces que no habrá todavía separación de su cargo porque no lo marcan así las reglas de Morena. Por lo pronto, esperará la validación de su candidatura para el 3 de enero.
Por cierto, de acuerdo con el presidente municipal, también se registró en busca de una diputación local por el Distrito 07, el titular del Instituto Municipal de la Juventud, Raúl Fajardo Zaldívar. Además, balconeó a la coordinadora de asesores, Daniela González Lara y al director de Asentamientos Humanos, Julio César De la Cruz, como aspirantes por las candidaturas en los distritos federales 02 y 03, respectivamente.
El tema de los registros es lo de hoy entre morenistas. De los diputados locales, se supo que prácticamente todos (los que no han repetido ya) se registrarían buscando la reelección, empezando por su coordinador, Cuauhtémoc Estrada.
Hay otros registros previamente cantados, como el del periodista Pedro Torres Estrada, quien pretende hacerse de la candidatura del Distrito 05 local, para regresar al Congreso donde ya fue diputado de representación proporcional del 2016 al 2018.
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A quien se supone que va a multar el Gobierno Municipal es al exalcalde Armando Cabada. Nunca pudo dejar limpia la ciudad, pero ahora sí que la ensucia con toda la propaganda colocada indebidamente en el equipamiento urbano.
El exindependiente que fue cobijado por Morena para convertirse en diputado federal, ahora pretende hacerse de la candidatura al Senado. Por eso, su rostro está en múltiples pendones de plástico que se convierten en basura y generan contaminación visual.
Fue la coordinadora de la fracción panista en el Ayuntamiento, Austria Galindo, quien presentó en la sesión ordinaria de ayer un punto de acuerdo para que las dependencias municipales facultadas, no únicamente retiren a la de ya los pendones, si no que multen al responsable de su colocación.
Hay terreno para actuar tanto en Desarrollo Urbano, como en Servicios Públicos y hasta en Ecología.
Aunque se matizaron algunas cuestiones, como llevar el debido proceso para llegar hasta la multa, nadie se opuso a la propuesta, ni los regidores ni el alcalde morenista, Cruz Pérez Cuéllar. La aprobación fue unánime.
El presidente municipal aseguró que desde el sábado pasado se inició con el retiro de esa propaganda y señaló, sin decir nombres, que sí se aplicarán las sanciones económicas. Falta ver que sea el exalcalde Cabada el que verdaderamente responda. Varios regidores dijeron que no había qué buscar al responsable para notificarlo, ya que no puede ser otro, que quien aparece en la propaganda.
Lo que se espera es que no haya proteccionismo de ningún tipo hacia el exalcalde al que no le importó violentar la reglamentación de la ciudad a la que gobernó.
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Ya detallaremos mañana lo que pasó en la audiencia pública sobre el Presupuesto Participativo estatal que se realizó en esta frontera la tarde del miércoles, pero el gran pendiente a explicar de los diputados del Congreso del Estado, tiene que ver con lo que significa para ellos el concepto de “proyectos productivos”.
Resulta que cuando se aprobó por legisladoras y legisladores la iniciativa para que el Gobierno del Estado destine al Presupuesto Participativo el 5 por ciento de sus recursos de libre disposición, le metieron esa etiqueta.
El problema es que ello pudiera ir en contra del espíritu de esta figura de la democracia participativa, que en esencia les da la oportunidad a los ciudadanos de decidir (aunque sea en ese mínimo porcentaje) en qué obras, proyectos o servicios, desean que se inviertan los recursos públicos, en las comunidades donde residen.
Al menos en la primera audiencia que se realizó la semana pasada en la ciudad de Chihuahua, los diputados que asistieron al evento no tuvieron respuesta a esa gran duda planteada por los representantes de varias organizaciones que promovieron el ejercicio, el primero en su tipo que, utilizando los instrumentos de la Ley Estatal de Participación Ciudadana, involucra como responsable al Congreso del Estado.
En general hay muchas dudas sobre cómo se aplicará el recurso, ya que todavía no se trabajan las reglas de operación o la reglamentación para la distribución del recurso y la selección de proyectos. Por cálculos de las organizaciones, se trata de casi mil millones de pesos los que tendría que destinar el Gobierno del Estado a las obras que soliciten los habitantes de este municipio.