Con epicentro en Ciudad Juárez, pero el temblor político se sintió en todo el país.

El aseguramiento de la casa de El Campestre, el bien inmueble que está en el centro de una denuncia por enriquecimiento ilícito que se interpuso en contra del alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar, y de su exdirector de Regulación Comercial, Daniel Pando Morales, sigue como noticia nacional.

Desde la noche del martes, el dirigente de Morena, Mario Delgado inició con las reacciones y las escaramuzas verbales que seguramente continuarán hoy; incluso se espera que el tema llegue a la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua actuó en torno a una denuncia que lleva ya casi cinco meses, justo a dos días del arranque de las campañas, así que se desató la grilla entre las distintas fuerzas políticas en disputa.

Hablamos apenas de una de las 11 denuncias que involucran a la administración crucista, de las cuales Norte Digital ha dado puntual seguimiento, además de documentar distintos hechos de corrupción, en lo que constituye un caso inédito en la historia de la ciudad, respecto al cúmulo de señalamientos y expedientes abiertos en torno a un gobernante.

Las acusaciones sobre corrupción ya habían sido nota nacional desde que se conoció que Pérez Cuéllar se mudó a la casa de El Campestre, pero por lo visto, ni el mismo político morenista se imaginaba la dimensión que alcanzaría el caso, ante la última actuación de la FACH que terminó en desalojo para él y su familia.

Claro que, en sentido inverso, se hicieron los señalamientos sobre ejercicio abusivo de poder respecto al operativo de aseguramiento, por parte de actores de Morena que siempre han condenado la corrupción, pero ahora cerraron filas con quien está acusado de practicarla.

Nadie se quedó fuera del baile. La gobernadora Maru Campos habló desde una gira de trabajo por Jiménez y aseguró que a Cruz le tocó la mala suerte de rentarle “a no sé quién”.

Los candidatos del Frente Amplio por México se dieron vuelo para señalar que la corrupción en Juárez tiene nombre y apellido, acusando a los hermanos Pérez Cuéllar de saquear la ciudad.

Los abanderados morenistas también salieron juntos a defender a Cruz y a denunciar lo que consideran es una intromisión de la estructura estatal en el proceso electoral, ya que, aseguran, los candidatos del PRIAN se sienten perdidos.

El propio Pérez Cuéllar apareció hasta ayer en la noche (cuando se dio el aseguramiento iba camino a Parral) para señalar que actuará jurídicamente, respecto a violaciones de derechos, ante lo que calificó de show mediático y estrategia electoral.

También pidió a la gobernadora Maru Campos sacar las manos del proceso electoral y se fue duro contra el fiscal Anticorrupción, Abelardo “El Bayo” Valenzuela, su excompañero de partido, a quien acusó de mentiroso y cobarde.

Ya se verá cómo responde la Fiscalía Anticorrupción y qué sigue en esa y las otras carpetas de investigación.

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Era previsible que las campañas locales estarían marcadas por el tema de la corrupción.

No podía ser de otra manera cuando el candidato a la alcaldía juarense que aspira a la reelección, Cruz Pérez Cuéllar, acumula tantas denuncias, tanto en su contra, como de quienes fueron sus colaboradores.

Varias de ellas tienen materia, sin duda alguna. Lo dice Mirone porque Norte Digital logró documentar distintas irregularidades que están en el centro de algunas de las denuncias ya convertidas en carpetas de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH).

Así ocurrió, por ejemplo, con el Mochilagate, donde fácilmente se pudo confirmar que se pagó un sobreprecio de al menos 52 millones de pesos en la adquisición de 260 mil kits escolares.

También se documentaron las múltiples omisiones e ilegalidades en la construcción y operación de la casa de cambio Dollar 2 Go en terrenos de El Chamizal. Y, desde luego, hablamos del caso de la mansión del Campestre, una de las dos propiedades aseguradas el martes por la FACH, luego de que avanzó una de las denuncias por enriquecimiento ilícito.

Incluso, hubo investigaciones realizadas por otros medios que también documentaron presuntos hechos de corrupción, como el llamado Fabulosogate, relacionado con el exdirector de Desarrollo Económico Municipal, Iván Pérez o el caso de los contratos por servicios de mantenimiento mecánico entregados Courmextres S.A. de C.V, la empresa a la que estaba vinculada una funcionaria municipal.

Hoy que empiezan a correr los 35 días de proselitismo, el escándalo por la casa de El Campestre que Pérez Cuéllar tuvo que dejar ante el aseguramiento, es lo que está marcando la agenda política.

Los señalamientos continuarán en contra de los candidatos morenistas. No hay que olvidar que también está en la mira de la oposición el candidato a diputado, Alejandro Pérez Cuéllar, el hermano del alcalde con licencia.

Sin embargo, también habrán de aflorar acusaciones contra los abanderados de la alianza entre PRI y PAN y, particularmente, del Gobierno que sus siglas cobijan.

No se olviden del dicho aquel: “En todas las casas se cuecen habas”. Aunque la verdad, no todas las casas son como la del Campestre.

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La izquierda en Juárez está desapareciendo porque lejos de denunciar actos de corrupción, está siendo cómplice, denunció a través de sus redes sociales, Carlos Gutiérrez Casas, uno de los fundadores de Morena.

Carlos había trabajado en la Sindicatura Municipal en un tiempo en que la síndica con licencia, Esther Mejía, todavía era “amiguis” de Cruz Pérez Cuéllar.

Supo este Don que, como el alcalde (hoy también con licencia) sabía claramente la postura crítica de Gutiérrez Casas en su contra, terminó por convencer a Mejía de que lo dejara fuera. Como quien dice, hubo presión y arreglo.

Ya muy recientemente, después del truene de Mejía y Cruz, Carlos fue recontratado por la síndica, con la encomienda de armar expedientes que terminaran en la Fiscalía Anticorrupción.

Previamente, el activista había actuado por cuenta propia y firmó, como ciudadano, tres de las denuncias que hoy están en manos de la FACH, incluyendo la relacionada con el Mochilagate.

Aunque el abogado ocupó de nuevo una oficina en Sindicatura y efectivamente trabajó un corto tiempo en las denuncias (alcanzó a confeccionar un par), la contratación nunca procedió legalmente, ya que fue bloqueada por la Administración municipal.

Carlos fue objeto de una recomendación de la Dirección de Salud para que no fuera contratado por una condición que padece. Su expediente se hizo circular, en un caso que podría encuadrarse en violación del secreto médico.

Así había quedado en el limbo el abogado derechohumanista, hasta que de plano fue desalojado de su oficina por la síndica suplente, Mireya Torres, quien asumió el cargo el pasado lunes.

Según un audio que llegó a Mirone, la funcionaria solo le pidió que desalojara la oficina, sin dar mayor explicación.

Por medio de un video que publicó en Facebook, Gutiérrez Casas denunció que Martín Chaparro, recién investido como presidente municipal, lejos de arreglar las cosas, le mandó dos policías para que saliera de la dependencia.

El abogado acusó de seudoizquierdista a Chaparro y de “cerrar el círculo de violaciones a los derechos humanos y derechos laborales”.

Por lo pronto, Carlos ya adelantó que tomará acciones legales e interpondrá denuncias en contra de 5 personajes: el alcalde con licencia, Cruz Pérez Cuéllar; la directora de Salud, Daphne Santana; la oficial mayor, Rosa Angélica Alarcón; el alcalde Martín Chaparro y la síndica Mireya Torres.

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¡Duro y a la cabeza! El Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Ichitaip, echó por tierra la reserva que le había puesto la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a la información relativa a la plataforma Centinela y ahora tendrá que detallar todos los pormenores referentes a ese que es uno de los proyectos “estrella” de la actual administración.

Mediante el resolutivo número ICHITAIP/RR-1303/2022, el órgano garante de la transparencia y el acceso a la información pública determinó que no hay razón para reservar esa información por “motivos de seguridad”, como lo venía haciendo la SSPE.

La “liberación” de esos datos se debió a una solicitud, marcada con el folio 082467722000224 que presentó un particular, en el cual pide a la SSPE, en calidad de Sujeto Obligado, que le dé santo y seña el famoso proyecto.

La petición dice, a la letra: “Por medio del artículo 6° constitucional pido se me compartan en versión pública y en formato electrónico a través de la Plataforma Nacional de Transparencia el total de registros, documentos, expedientes o archivos referentes a los procedimientos de adquisición de los insumos, bienes y tecnología necesarios para el desarrollo, implementación y funcionamiento de la Plataforma Centinela así como de aquellos que den cuenta de sus características técnicas, especificaciones de funcionamiento y detalles de la tecnología utilizada en su operación.”

En respuesta, la SSPE le había dicho al solicitante que no le podía dar esa información, por estar reservada por causas de seguridad.

El solicitante presentó entonces un recurso, en el cual cuestionó la negativa a dar informaciones como techo presupuestal asignado en el 2022 para su primera etapa; fuente de financiamiento; del recurso asignado cuánto está devengado, cuánto ha pagado y en qué partidas.

Además, fechas de solicitud y aprobación de adjudicación directa, fechas de firma del contrato y número de contrato, empresa que recibió la adjudicación directa, plazo de ejecución del contrato y monto del contrato.

Luego, viene lo fuerte: que le den el fundamento legal que sustenta la adjudicación directa, versión pública de estudio de mercado, versión pública de contrato.

En diciembre del 2022, el Ichitaip, resolvió que, en efecto, el solicitante tenía razón, por lo cual revocó la reserva de esa información, lo cual obliga a la SSPE a entregarla al solicitante.

Desde el anuncio de ese proyecto, la SSPE anunció la asignación directa de los contratos de ejecución a la empresa Seguritech Privada, así como la reserva de toda la información relativa a Centinela.

Tras el resolutivo del Ichitaip, ahora tendrá que soltarla. Ya no le queda de otra.