A tres meses del incendio en la estación temporal del Instituto Nacional de Migración en el que murieron 40 migrantes y otros 27 resultaron heridos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por fin hizo un posicionamiento oficial.
Pero ojo, la Recomendación 111VG/2023 fue dirigida a la Secretaría de Gobernación (Segob), Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y al Instituto Nacional de Migración (INM) por violaciones a los derechos humanos al trato digno, a la vida y a la integridad.
Es decir, las recomendaciones van para las instituciones, no para las corcholatas que en su momento eran responsables de dichas encomiendas.
Para la CNDH quedó claro que en la estación migratoria, -esa a la que el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó albergue en más de una ocasión, como para tratar de escabullir la responsabilidad de su gobierno-, no se les garantizó a los migrantes una estancia digna y de respeto a los derechos humanos.
Según se hizo público, la CNDH acreditó la responsabilidad de la Segob, ya que tiene atribuciones para formular y conducir la política migratoria y de movilidad humana.
También halló responsabilidad en la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la cual, por medio de la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria, tiene funciones de coordinación de las políticas, programas y acciones de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública federal en materia migratoria.
Sin deberla ni temerla, el jalón de orejas de la CNDH le cayó a la recién nombrada titular de la Segob, Luisa María Alcalde y a la encargada del despacho de la Cancillería, Carmen Moreno Toscano. A ambas funcionarias les piden que establezcan acciones para reforzar la protección y seguridad de los migrantes y que garanticen el respeto pleno a los derechos humanos de las personas en movilidad.
Además se les pide que se generen mecanismos de supervisión en las estaciones migratorias para verificar lo anterior y que no ocurra una tragedia como la que ensombreció a Ciudad Juárez, aquella fatídica noche del 27 de marzo.
La recomendación alcanzó a rozar al comisionado del INM, Francisco Garduño -quien actualmente enfrenta un proceso legal por este caso-, al que se le instruyó colaborar en el trámite ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), para la inscripción en el Registro Nacional de Víctimas y sus familias, según se dio a conocer.
La recomendación de la CNDH no hace ningún tipo de señalamiento hacia Adán Augusto López y Marcelo Ebrard Casaubón, quienes estuvieron al frente tanto de las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, respectivamente.
Ese par de exfuncionarios que hoy en día suspiran por ser elegidos como candidatos a presidente de la República por el partido Morena, para ellos, no hubo una sola palabra.
Sin duda, la recomendación de la CNDH llegó de manera tardía, al entregarse ya cuando los principales responsables y que debieron responder ante las omisiones y por las muertes y lesiones del grupo de extranjeros, hoy se encuentran recorriendo la república, libres y campantes, confiados en el fuero que da la impunidad en nuestro país.
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Y ya que estamos en el tema migrante, no todo es responsabilidad del Gobierno mexicano, también las personas en movilidad tienen sus ‘prietitos en el arroz’, concretamente nos referimos a la situación en la que se dio el cierre de la carpa que había sido instalada para los migrantes en el hoyo 1 de El Chamizal.
Como el lector recordará, estas personas, principalmente venezolanas, se hallaban asentadas en campamentos improvisados en las inmediaciones de la calle General Rivas Guillén, entre la Presidencia Municipal y la estación provisional del Instituto Nacional de Migración, allí donde ocurrió la tragedia el pasado 27 de marzo que cobró la vida de 40 migrantes.
Un día después de ese lamentable hecho fue que se acamparon los extranjeros, primero en protesta por garantías de seguridad y después por la comodidad de la cercanía con los Estados Unidos.
Sin embargo, semanas después, el 22 de mayo, los 240 extranjeros que quedaron tras la culminación de la aplicación del título 42 en el vecino país, fueron reinstalados en una megacarpa colocada en los hoyos de El Chamizal.
Allí contaban con alimento, aire acondicionado y un espacio en general, en mejores condiciones que en el que se encontraban. Dicho lugar estaba destinado solamente para aquellos que se encontraban en el campamento frente a presidencia quienes esperaban su cita con la aplicación CBP-One.
Ayer, el gobierno municipal decidió retirar la carpa y mover a los 80 migrantes que quedaban a distintos albergues, pero según datos del INM, 43 de ellos prefirieron seguir en la calle.
Sin embargo, la presencia de los extranjeros en esa zona, ya había generado inconformidad por parte de los habitantes de las colonias aledañas al malecón.
Según testimonios de vecinos, otros extranjeros que se colocaron fuera de la megacarpa se mantenían en condiciones antihigiénicas, además de las constantes riñas y situaciones de hostigamiento.
El colmo fue el consumo de mariguana, que más que un campamento de migrantes, parecía una comuna hippie, la cual ya tenía en jaque la estabilidad del sector.
Esto obligó a que patrullas de la Policía Municipal como personal del INM se mantengan en ese lugar -atrás del Biblioavión para que el lector se ubique-, para evitar que se asienten por nueva cuenta.
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El Fondo Nacional de Infraestructura, el famoso Fonadin, del Gobierno Federal, le aflojó el nudo de la horca a la administración estatal y le otorgó una ampliación al plazo límite para terminar las obras del BRT2 de Juárez, el proyecto de transporte colectivo que ya parece una reedición de la “Historia sin fin”.
Desde el Palacio de Gobierno nos confirman que el organismo federal al fin tuvo piedad con Chihuahua y no le aplicó la sanción contemplada en el convenio firmado por ambas partes si es que no se terminaban las obras a más tardar el 30 de junio, o sea, el viernes pasado.
La Secretaría General de Gobierno hizo las gestiones para que la actual administración no pagara los platos rotos—de a 250 mil pesos—por todos los defectos que ha tenido ese proyecto desde que fue concebido, hace ya más de 10 años.
¿Se acuerdan de aquel alcalde que compró los camiones cuando no estaban listos ni los carriles por donde iban a transitar? Pues desde entonces andan haciendo barrabasadas con eso de darle a Juárez un “sistema de transporte digno”.
Según lo ha anunciado el gobierno estatal el nuevo plazo que se puso el estado es para entregar las obras en octubre de este año.
Esa es la buena; ahora la mala: que es del todo probable que, llegada la fecha, no tengan camiones para echarlos a rodar en esa ruta y comenzar a mover pasaje sobre la cada vez más apretujada avenida Tecnológico.
O sea, tanto trabajo para tener qué pedir otra prórroga, porque ahí les va: el 31 de diciembre vence el plazo para que los camiones anden ya movilizando usuarios de un lado a otro de la ruta, y para como vamos, se va a tener que pedir piedad, una vez más.
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El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar hizo pública ayer una carta que le envió a la gobernadora María Eugenia Campos Galván en la que hace un recuento del trabajo que se ha venido realizando en el Centro Histórico, por parte del Gobierno local.
En resumidas cuentas, Cruz le narra a Maru, cómo fueron retirados los comerciantes ambulantes y semifijos, la manera en que se ha conjuntado el trabajo con vendedores, artistas urbanos, empresarios y personal del municipio, lo que ha permitido sentar las bases para transformar el primer cuadro de la ciudad.
Cruz le cuenta a la gobernadora del apoyo de los estudiantes de la UACJ que han preparar un proyecto para mejorar las fachadas y darle un giro al abandono que por décadas ha tenido el centro, para dignificar su imagen.
El alcalde en su misiva destaca el apoyo que se ha tenido de la propia gobernadora para conseguir los fondos por 50 millones de pesos provenientes del Fideicomiso de Puentes Fronterizos para ser invertirlos al Centro Histórico, los cuales confía que en breve sean aplicados.
Sin embargo, el presidente municipal no dejó pasar la oportunidad para pedirle a la mandataria que le exija cuentas a su titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Mario Vázquez Robles, a quien Cruz ahora sí que ‘puso en la cruz’ por estar haciendo de todo en Juárez, menos su trabajo.
La molestia del alcalde no es para menos, la que se supone debería ser una estación del BRT en la Plaza de Armas, tiene meses de retraso inexplicable, pese a que el propio secretario Vázquez Robles afirmó en alguna de sus visitas que era cuestión de días para terminarla.
Cruz le señala a la mandataria estatal que es necesario que dichos trabajos concluyan para continuar con los proyectos de remodelación del centro, específicamente de la plaza frente a catedral, allí, donde la escultura de Tin Tan está purgando una extraña condena, al permanecer encerrado, en la reja colocada por la compañía constructora a cargo la obra.
“Sin embargo considero muy lamentable que el titular de la Secretaría de Obras Públicas, del Gobierno del Estado, se enfoque más en promover su imagen en anuncios espectaculares por toda la ciudad que en terminar la tarea que se le encomendó”, escribió Cruz sobre Vázquez y finaliza su mensaje pidiéndole a la gobernadora que tome cartas en el asunto. ¡Zaz!