Hay que decirlo con todas sus letras: los ortodoxos usos y costumbres del PRI se impusieron otra vez en la designación, no elección, de los chihuahuitas Alejandro Domínguez y Kenia Durán, para dirigir el Comité Directivo Estatal de dicho partido.

El llamado proceso de renovación fue una burda simulación para darle legalidad al dedazo. El propio delegado del CEN del PRI, Jorge Meade, así lo reveló en la comida que tuvo con los priistas de Chihuahua, cuando les adelantó que en la dirigencia estatal no iba nadie de Juárez.

Desde el lanzamiento de la convocatoria se veía un traje a la medida para Alejandro Domínguez, quien se alió con Omar Bazán para borrar cualquier intento de competencia de los priistas de Juárez. Esa complicidad, perdón, alianza, se concretó con la inclusión de la bazanista Kenia Durán, en la Secretaría General del partido.

Ahora se sabe que detrás de todo este entramado estuvo la mano de Graciela Ortiz, quien le dio la bendición a Domínguez y le cerró el paso desde la capital del país, al diputado juarense Hiram Hernández Zetina, para que no le hiciera mosca a su gallo chihuahuita.

Del otro candidato de Juárez, impulsado por el grupo Unidad y Participación, el ingeniero Ernesto Mendoza Viveros, ni el registro le permitieron porque lo borraron del padrón de priistas a pesar de militar en el tricolor desde 1989, en el equipo de Jesús Macías Delgado (qepd), desde que este fue alcalde de Juárez.

Al recibir la constancia que le dio formalidad al simulacro de elección, Alejandro Domínguez habló de trabajar por la unidad de los priistas del estado. O sea, ahora pretende darle vuelta a la página con la fantasía de que la desunión que provocó con su imposición y con la descalificación de sus rivales se olvide como si nada de eso hubiera pasado.

Será bueno saber cómo le va a hacer con los priistas de Juárez que otra vez fueron relegados, a pesar de que la mayor militancia del partido, o la poca que queda, se concentra en esta frontera.

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Ayer fue inaugurado el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ubicado en el Estado de México, con un primer vuelo de Aeroméxico a Villahermosa, Tabasco.

Lo que debería constituir un motivo de orgullo y alegría, por contar con un nuevo puerto aéreo, está aún lejos de serlo, porque la obra ha dividido a la opinión pública nacional desde que se suspendió la construcción del aeropuerto de Texcoco y desde que el personal del Ejército mexicano comenzó la construcción del Felipe Ángeles, hace exactamente 885 días. 

La nueva consulta de Mitofsky sobre el nuevo aeropuerto confirma que la opinión pública sigue polarizada, y aunque una ligera mayoría piensa que fue correcta la suspensión del aeropuerto de Texcoco, porque supuestamente representaba un peligro para el medio ambiente, esta mayoría no está dispuesta a utilizar la nueva terminal por la falta de vialidades de acceso y la distancia que deben recorrer para llegar a Santa Lucía.

La consulta, realizada por internet mediante dispositivos móviles, pone en evidencia la poca información que tiene la ciudadanía sobre el millonario costo que tuvo la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la inversión en la terminal de Santa Lucía, así como la diferencia en la calidad de obra en ambos aeropuertos.

Cuando inicien los vuelos de Juárez a Santa Lucía y viceversa, comenzará también el viacrucis de los pasajeros para llegar a tiempo a sus compromisos, utilizando una terminal que nació incompleta, por la falta de accesos, al menos hasta el momento, para llegar rápido y a bajo costo a sus instalaciones y de su ubicación a distintos puntos de la Ciudad de México.

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Un grupo de aproximadamente 60 personas llegó ayer, procedente de Parral, caminando a la capital del estado, para entrevistarse con el fiscal general del estado y pedirle informes sobre el avance de las investigaciones por la desaparición de personas de aquel municipio del sur.

“Caminando hasta encontrarles”, es el nombre de la marcha que salió el viernes de Parral y recorrió poco más de 300 kilómetros a pie, pernoctando en las casetas de Jiménez y de Camargo, hasta llegar ayer a la capital.

Los familiares de personas desaparecidas exigen que se avance en las investigaciones, y para ello solicitaron entrevistas con el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, y con el fiscal Roberto Javier Fierro.

A la capital arribaron portando pancartas y coreando consignas de protesta como “vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

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Gran molestia provocó en organizaciones de la sociedad civil de Parral el envenenamiento de 16 perros de la calle, registrado en diferentes colonias de la ciudad por manos criminales que aún no han sido identificadas.

La asociación civil “Recuperando Amor”, dedicada al rescate y protección de mascotas abandonadas y en situación de calle, publico en sus redes sociales que en las colonias Gómez Morín, Fraccionamiento Baca, Ampliación Juárez, Kennedy y Héroes de la Revolución, personas sin escrúpulos dieron carne envenenada a los perros callejeros.

Ana Castillo, dirigente de esa organización hizo un llamado de alerta a los parralenses pidiéndoles su apoyo para localizar a los responsables de la criminal acción para que respondan por ello.

En el estado de Chihuahua existe la Ley de Bienestar Animal, promulgada el 17 de noviembre de 2010, que contempla prisión y multa a quien dolosamente cometa actos de maltrato o crueldad contra cualquier animal de compañía, aunque estos se encuentren en situación de calle como es el caso.

Dicha ley contempla, en su Artículo 79, la denuncia popular que podrá interponer cualquier persona, bastando con que se haga constar por escrito y se aporten datos que permitan identificar a los responsables, aunque en este se trata de sujetos anónimos.

La dependencia encargada de recibir las denuncias y darles seguimiento es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, pero hasta ahora poco o nada se ha sabido de acciones realizadas en favor de la protección a los animales de la calle, que al ser abandonados por sus dueños, quedan expuestos al frio, hambre, accidentes viales y a manos criminales.

Hasta ahora son únicamente las organizaciones de la sociedad civil las que se preocupan realmente por el rescate, protección, alimentación y salud de los animales de la calle, pero en los casos de maltrato y crueldad, como lo ocurrido en Parral, es obligación de la autoridad investigadora intervenir por la simple y sencilla razón de que se está violentando la ley.