Aunque se mantiene una batalla política y legal en contra de la Reforma Judicial, el inédito proceso para la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, avanza a contrarreloj y domina el debate nacional.

Desde lo local, hay además otro factor que se agrega al complicado escenario político, porque los estados están obligados a armonizar su legislación con la Reforma Judicial.

En el caso de Chihuahua, se articuló un litigio estratégico masivo por parte de integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, jueces y magistrados, que adelantándose a lo que viene, están buscando el amparo de la justicia federal para no ser removidos de sus cargos, consecuencia final de la reforma, si es que no se someten a las reglas o no ganan una elección.

A la par, ocho de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificaron el lunes 14, la decisión de tramitar las solicitudes que presentaron jueces y magistrados federales para que la Suprema Corte realice diversas acciones en torno a la reforma en materia judicial. Además, aceptaron una acción de controversia constitucional que presentó el Gobierno de Guanajuato que será evaluada en las próximas horas para determinar si se admite o no.

Frente a esos litigios en dos vías, el estatal y el federal, se contrapone el mismo argumento general de la mayoría en el Congreso de la Unión y de los impulsores y apoyadores de la transformación del entramado legal e institucional: una reforma constitucional no admite control constitucional de la Suprema Corte.

También se señala que la Constitución establece que el Constituyente y poder reformador es el Legislativo y que es un absurdo que el Poder Judicial quiera ser juez y parte porque sus élites son afectadas en sus privilegios. Con los amparos, controversias y acciones de inconstitucionalidad, en los hechos, el Poder Judicial estaría intentando protegerse a sí mismo.

El amparo no es procedente contra una reforma constitucional, pero sus promotores señalan que ese y los demás recursos legales sí pueden atacar el procedimiento o proceso legislativo.

“No es posible que la Corte pueda anular o modificar el sentido de una reforma constitucional en virtud de que el propio Constituyente, en el artículo 135, estableció que el órgano límite de esta facultad de hacer reformas o adiciones a la Constitución es el propio poder reformador Constituyente”, dijo el jurista Israel Zamora Guzmán, cuando fijó posición en el debate nacional.

El proceso de aprobación en ambas Cámaras, con mayoría calificada y la aprobación de la mayoría de los Congresos locales, se cumplió desde el 15 de septiembre, y la reforma entró en vigor al día siguiente.

Decir en este momento que lo que se aprobó va en contra de la Constitución, es como señalar que la Constitución está en contra de sí misma, se puede resumir en torno a quienes señalan que no hay manera de frenar, suspender o revertir con recursos legales la reforma. Tendría que ser una contrarreforma por la única vía posible, la legislativa, inviable hoy ante la arrolladora mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión.

Precisamente, el control de Morena sobre los Poderes de la Unión está en el centro de las críticas a la reforma. Sus opositores consideran que, con la elección de los cargos por voto popular, los juzgados se llenarán de personas afines al partido gobernante y sin experiencia.

En contraparte, los defensores señalan que el Poder Judicial debe renovarse porque está cooptado por la élite económica y prevalecen la corrupción y el nepotismo, además de un régimen de privilegios.

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Antes de que se definieran las normas secundarias, el calendario y las distintas reglas de operación, el sábado 12 de octubre, la mayoría morenista en el Senado operó la insaculación para determinar los cargos que irán a la elección del 1 de junio de 2025

Previamente se definió en la reforma que la mitad de los cargos en el país se elegirían el próximo año y la otra mitad el 2027.

El Poder Judicial Federal cuenta en total con 927 magistraturas de circuito y 772 jueces que se distribuyen en 32 circuitos en todo el país.

El sorteo determinó las 464 magistraturas que irán en la elección en 2025, así como los 386 juzgados en donde se podrá votar por jueces.

A la lista para la elección del 2025 se agregan nueve ministros de la Suprema Corte, dos magistraturas vacantes del Tribunal Electoral, cinco magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, así como 15 magistrados de salas regionales.

Las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) se ausentaron del Pleno del Senado durante el sorteo, como protesta en contra de la reforma.

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional aseguró que su presencia en la insaculación era para “supervisar y vigilar el proceso […] y no dejar que la mayoría y sus aliados tomen decisiones en ausencia de la oposición”.

La bancada panista argumentó que no sería “cómplice de un atropello a nuestra Constitución y a la justicia” y agregó que no se podía “validar un proceso electoral que ya inició sin el marco jurídico que le dé certeza”.

La oposición ha acusado desde entonces que se está legislando pasando por alto las suspensiones dictadas por diversos jueces federales “rompiendo el sistema de equilibrio de poderes que le dan vida a nuestra democracia”.

Efectivamente, el proceso no se ha detenido. El lunes 14 se aprobó en fast track un paquete de normas secundarias (incluyendo la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales) y para el martes 15 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto general por parte del Senado que establece requisitos, reglas y periodos para la elección

Tampoco llevó la convocatoria la firma de los grupos parlamentarios de oposición (PAN, PRI y MC), como símbolo de protesta por la falta de consensos.

Lo que está hoy en curso es la conformación de los Comités de Evaluación. Serán uno por cada poder y deberán instalarse a más tardar el 31 de octubre.

Cada comité deberá publicar su convocatoria para recibir postulaciones de los aspirantes a los distintos cargos. El periodo de inscripciones correrá del 5 al 24 de noviembre.

Los Comités de Evaluación se encargarán de garantizar que los aspirantes cumplan con los requisitos de elegibilidad y publicarán los listados el 15 de diciembre.

A más tardar el 4 de febrero quedarán conformadas las listas de cada poder con los perfiles mejor evaluados. Diez nombres si se trata de ministros y el mismo número para las magistraturas de la Sala Superior y salas regionales del Tribunal Electoral, además de los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial.

También entregarán las listas de las seis personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de magistraturas de los Tribunales Colegiados de Circuito y Tribunales Colegiados de Apelación, así como las personas juezas titulares de los Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación.

Después de llegar a ese momento, se deberá realizar una insaculación pública (tómbola) para obtener las listas finales de postulantes, por parte de los Comités de Evaluación.

Los listados serán aprobados por los tres poderes y enviados al Senado a más tardar el 8 de febrero y será esta Cámara la encargada de integrar los expedientes de las postulaciones por cada poder para enviarlos al Instituto Nacional Electoral (INE), a más tardar el 12 de febrero, para que el órgano inicie con la organización de la elección extraordinaria.

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Hasta ahora, el INE ha recibido 140 órdenes para suspender la organización de la elección del Poder Judicial, por lo que consejeros electorales urgieron al Tribunal Electoral a que destrabe el impasse del proceso.

Previamente, la Cámara de Diputados y el Senado de la República también recibieron órdenes de suspensión que fueron otorgadas contra el trámite y publicación de la reforma judicial, aunque ninguna fue atendida.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, afirmó que no desacatarán las instrucciones de los jueces, aunque no coincidan con ellas. Sin embargo, consideró que las complicaciones jurídicas sí meten al Instituto en apuros.

Taddei, anunció que esperará la resolución definitiva que dicte el Tribunal Electoral sobre las órdenes de suspensión para continuar con los trabajos o, en su caso, suspenderlos definitivamente.

Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta que impulsa el proyecto de su antecesor Andrés Manuel López Obrador, señaló que, por mandato constitucional, el INE debe organizar la elección de jueces, magistrados y ministros, sin amparos de por medio.

“No está suspendido. A lo que llamó la presidenta del INE y creo que es pertinente, es a que el Tribunal Electoral pudiera manifestarse entorno a estos amparos que se están recibiendo. En caso de elecciones quien tiene la atribución final no es la Suprema Corte, es el Tribunal Electoral”, dijo la presidenta en su conferencia mañanera del viernes.

También respondió al mandato de una jueza de Distrito de Veracruz que le ordenó eliminar la publicación de la reforma judicial, al resolver una demanda de amparo.

“Ni una jueza, ni ocho ministros pueden parar la voluntad del pueblo de México; la reforma va”, expresó Sheinbaum.

“[…] Jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo y es el Poder Legislativo quien ordena al presidente la publicación en el Diario Oficial”, agregó la presidenta de México.

En general, Sheinbaum Pardo ha desestimado los recursos legales en contra y los contratiempos que ha presentado la reforma. Incluso negó que el INE haya entrado en pausa ante las suspensiones ordenadas por los juzgadores.

“No existe en nuestro sistema jurídico una disposición constitucional o legal que otorgue al Poder Judicial o cualquier otro ente, facultad para cuestionar, revisar o anular la labor del órgano revisor de la Constitución”, explicó la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy.

Mientras que eso ocurre en la pista nacional, en el plano local también los jueces federales dieron entrada a los Juicios de Amparo promovidos por 56 juzgadores integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Juárez y en la capital del estado.

La jueza Claudia López López, resolvió inicialmente la suspensión provisional en favor de 29 jueces estatales con sede en esta frontera, además de dos magistrados.

“Ante la evidente transgresión hacia las cláusulas o principios esenciales de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las normas internacionales en materia de impartición de justicia (autonomía e independencia judicial), por parte de la iniciativa de ley reclamada y en virtud de los razonamientos expuestos (…) lo procedente es conceder la suspensión provisional de los actos reclamados”, resolvió la jueza de Distrito.

Aparte, en la ciudad de Chihuahua la jueza federal Jessica María Contreras Martínez, también resolvió la suspensión provisional en favor de 20 jueces estatales y cinco magistrados.

Además de ordenar al Congreso de la Unión frenar las leyes secundarias, se le pidió al Congreso del Estado no emitir en Chihuahua convocatoria alguna para la renovación del Poder Judicial, tampoco “realizar adecuaciones a las Constituciones locales y leyes secundarias que correspondan, así como la promulgación de las mismas”. En la última petición, incluyó también al Poder Ejecutivo del Estado.

A nivel federal, el Congreso ya fijó claramente su postura de no atender las suspensiones provisionales de los jueces federales. Tampoco lo está haciendo la presidenta Sheinbaum.

En Chihuahua, donde el Legislativo tiene una mayoría del bloque PAN-PRI y el Ejecutivo es de origen panista, queda claro que la armonización local de la legislación no avanzará hasta que se resuelvan de fondo los distintos recursos jurídicos.

Está por verse si operativamente, el Instituto Nacional Electoral hace o no la pausa cuando tiene múltiples pendientes por resolver en la organización de la elección, además de definir la cartografía electoral, los presupuestos y hasta el diseño de las boletas electorales.

Mientras que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fija postura, nadie da un paso atrás. Ni quienes impulsan la reforma y con ella la elección extraordinaria de juzgadores, ni quien insiste en frenarla por la vía judicial.

Nos encontramos en un momento crucial de la historia moderna de México, tanto por el alcance y el impacto que puede tener la reforma para la vida democrática del país, como por la dimensión de la lucha jurídica y política que se le opone.