Otra vez el servicio de transporte público de pasajeros se puso en el ojo del huracán después del intercambio de balazos de dos choferes de la ruta Universitaria, que a la luz del día y en plena vía pública, le dieron gusto a su vocación de malandros, ayer en la mañana.

La noticia que se viralizó por los videos que circularon en las redes sociales, puso otra vez de manifiesto que no existe ninguna supervisión de la Dirección de Transporte del Gobierno del Estado, en la contratación de choferes por parte de los concesionarios del servicio de pasajeros.

Gobiernos van y gobiernos llegan, pero nada cambia en este sector, de donde dependen miles de usuarios del transporte público que deben recibir un servicio digno, limpio y seguro.

Los nuevos funcionarios que están ahora en la dirección de transporte, repiten el mismo esquema y los mismos vicios de sus antecesores: discursos rudos y promesas de cambio, únicamente para taparle el ojo del macho y seguir tolerando las deficiencias de un servicio que se niegan a mejorar, porque es muy lucrativo, así como está.

De antemano sabemos lo que van a decir del zafarrancho de ayer, que puso en peligro la vida de muchas personas: que van a investigar y a suspender definitivamente a los choferes, que van a pedir que los refundan en la cárcel, que van a cancelar las concesiones de las unidades involucradas, que exigirán más cuidado en la contratación de operadores del volante, etc., etc.

Lo cierto es que, en todos los escándalos donde se ha visto involucrado el servicio de transporte público, como los accidentes recientes por la pésima condición mecánica de los camiones y el estado de ebriedad de los choferes, la reacción de la autoridad del ramo ha sido una simple llamarada de petate.

En aquella ocasión dijeron que iban a ordenar una revisión minuciosa de las condiciones mecánicas y físicas de las unidades en servicio, pero hasta ahora nada se ha hecho. En algún momento, estos omisos y negligentes jefes de transporte se han mostrado preocupados y consternados, frente a los medios, pero al poco tiempo les da amnesia y se olvidan de sus compromisos y obligaciones.

Lo mismo pasará cuando ahora se les exija que “les corran la serie” a todos los choferes que trabajan en el servicio regular y en el transporte de personal de maquiladoras, para conocer sus antecedentes penales, familiares y hasta sus adicciones.

En la balacera de ayer salieron a relucir también los “chalanes” de los choferes, esos ayudantes que los acompañan siempre en sus recorridos, que les “echan aguas” para que puedan ir “caguameando” mientras trabajan, o fajando con “sus novias” y que no sean sorprendidos por sus esposas.

Esos chalanes participaron también en la gresca de ayer y son tan perjudiciales como los choferes drogos, borrachos o golfos, que abundan en las filas de este indispensable servicio.

Ya no es tiempo de lamentaciones por parte de los funcionarios responsables. Es momento de que tomen el toro por los cuernos y depuren el servicio de tantas lacras, que en el trabajo al volante son los más peligrosos enemigos públicos.

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La Patrulla Fronteriza en El Paso, dio a conocer un dato que confirma el aumento constante del flujo migrante que este año podrá superar cualquier estadística anterior.

En el año fiscal 2022, los agentes federales han desactivado 525 operaciones de contrabando de personas, cuando comenzaban a internarse en territorio estadounidense.

Las últimas operaciones desactivadas ocurrieron el lunes pasado, en dos hechos registrados en El Paso y en la estación de control de Las Cruces. En ambos casos eran 34 los migrantes transportados en peligrosos remolques sin ventilación.

Llama la atención que en el caso interceptado en la autopista 185 de las Cruces, el remolque rentado de la firma U-haul, con 17 migrantes centroamericanos a bordo, era escoltado por un sujeto fuertemente armado con un cuerno de chivo, una escopeta 12 y una pistola 9 milímetros fajada al cinto.

Este hecho resulta muy revelador, porque nos habla de que los traficantes están realizando los contrabandos en espacios confinados sin ventilación y con gente armada, condiciones que mantienen sometidos a los migrantes y ponen en serio peligro sus vidas.

Por eso se habla mucho de la operación de los grupos criminales transnacionales, que ya no se limitan a esperar a sus víctimas en la línea divisoria, sino que van hasta la frontera sur con escoltas armados,  que al llegar a los Estados Unidos son remplazados por pandilleros igual de peligrosos.

El jefe de la Patrulla Fronteriza en el país, Raúl Ortiz, reveló el martes pasado, en una conferencia dictada en la Expo de Seguridad Fronteriza, en San Antonio, Texas, que 7 mil migrantes son detenidos diariamente a lo largo de la frontera con México.

Esta cifra representa un aumento del 18 por ciento con respecto al número registrado en febrero de este año, que fue de 5 mil 900 migrantes, lo que confirma que las predicciones de flujos numerosos a lo largo del año se están cumpliendo.

También informó Ortiz que en marzo fueron detenidos mil 500 cubanos, más del doble del promedio de febrero. En marzo de 2020, con el brote de la pandemia, el gobierno de Estados Unidos puso en marcha una orden de salud pública conocida como Título 42, instaurada para prevenir la propagación del Covid-19, para expulsar a los migrantes de inmediato, sin darles la oportunidad de solicitar asilo.

Se tiene previsto que esta semana los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades tomen una decisión sobre mantener la aplicación de la orden sanitaria o dejarla sin efecto, lo que provocaría la avalancha de migrantes calculada nada más ni nada menos que en 200 mil personas.

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Aunque lo hizo a través de  las redes sociales, el diputado plurinominal morenista Armando Cabada, rompió ayer el silencio en torno a la denuncia que el miércoles presentó en la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción en la Ciudad de México, la síndica municipal Esther Mejía.

Aunque ni en sus teléfonos personales, ni en sus oficinas de enlace legislativo de la ciudad dieron un posicionamiento en torno a los hechos denunciados, Cabada tuvo comunicación vía WhatsApp con sus exdirectores, a los que les mando un mensaje diciendo: “No voy a permitir que ensucien nuestra administración, buen día para todos”.

Por Facebook también envió un mensaje muy rollero donde le echa porras a la transformación del país y califica la denuncia como calumnia y difamación, anunciando que la próxima semana estará en la ciudad “para atender personalmente esta difamación”.

Que alguien le diga al despistado locutor que la denuncia debe atenderla en la Ciudad de México, en las oficinas de la Fiscalía Anticorrupción, no en Juárez.

Extraoficialmente se supo que el locutor metido a político recurrió al líder de Morena, Mario Delgado, para que interceda en su favor ante la Fiscalía que lo llamará a comparecer en el transcurso de la próxima semana.

Vale la pena destacar el hecho de que la denuncia que formuló Esther Mejía fue recibida personalmente por la propia titular de la Fiscalía, María de la Cruz Mijangos Borja, no por una oficialía de partes, como tradicionalmente se acostumbra.

En este caso la denuncia iba acompañada de las evidencias documentadas con bitácoras, reportes, facturas, ordenes de pago, etc., por lo que se da por hecho que pueda judicializarse sin ningún problema.

Probablemente esa sea la causa de que en las fotos de sus actividades de ayer en el Congreso de la Unión, saliera con el rostro desencajado, preocupado de que pueda tener el destino de los otros dos tristemente célebres independientes de México: Jaime “El Bronco” Rodríguez y  Alfredo “El Caballo” Lozoya, detenidos por sus tranzas en Nuevo León y en Las Cruces, Nuevo México, respectivamente.