Ya habíamos dicho aquí que en el asunto del aseguramiento de la casa de El Campestre se armó toda una telenovela como la Rosa de Guadalupe, llena de pobrecitas víctimas.

Hasta al secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz, le tocó un papel protagónico con el tema de su salida, cuando circularon múltiples versiones, incluida aquella de que había sido corrido por el alcalde en funciones, Martín Chaparro, por armar el despliegue de patrullas municipales, el día del operativo en El Campestre, sin consultarlo.

A final de cuentas la salida temporal de Muñoz quedó en incapacidad médica por “angina de pecho”. Lo que todavía no se explica este Mirone es cómo, en medio de una emergencia ante un padecimiento que puede derivar en infarto, Muñoz se fue a atender a un simple consultorio el pasado sábado.

Menos se explica, si un año antes se había atendido de una crisis hipertensiva con problemas vasculares. La reducción del flujo sanguíneo al corazón es peligrosa. Cualquiera con ese tipo de antecedentes al que le da un dolor fuerte en el pecho, hubiera corrido al hospital de más alto nivel disponible.

Pero lo bueno es que eso ya pasó. Ayer Muñoz aseguró que se recupera en casa. También desmintió que en algún momento él haya solicitado licencia para separarse de su cargo, y afirma que en cuanto termine de recuperarse, podrá regresar a su puesto.

Por lo que se sabe, este miércoles en sesión de Cabildo habrá definiciones. Se confirmará el estatus y el futuro de Muñoz y se despejará la duda de si Seguridad Pública se incluye o no entre los nuevos nombramientos.

Con la angina de pecho, ya tendrá Chaparro elementos para justificar, si es que eso quiere en verdad, la salida de Muñoz.

Por cierto, con menos que eso, un diagnóstico médico de diabetes, tuvieron en la Administración municipal para cortar la relación laboral de Carlos Gutiérrez Casas, en la Sindicatura, luego de que el abogado armó un paquete de denuncias por presuntos hechos de corrupción contra el alcalde con licencia, Cruz Pérez Cuéllar y algunos de sus colaboradores.

En el caso de Muñoz, al menos desde hace un año supieron de sus presuntos problemas vasculares e hipertensivos y ni un pero le pusieron a que el funcionario siguiera como mandamás de la Policía Municipal, aunque de alguna forma se mantuviera bajo riesgo de infarto.

A ver qué giro o spin le dan ahora a la historia, mientras transcurre la campaña electoral y al mismo tiempo se avanza en las investigaciones por la casa de El Campestre y otras carpetas en manos de la Fiscalía Anticorrupción.

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La semana pasada, el 24 de abril, agentes federales del Instituto Nacional de Migración (INM), que realizaban labores en un punto de revisión en el poblado de Samalayuca, localizaron a 131 personas migrantes que viajaban en condiciones precarias al interior del contenedor de un tractocamión.

De las 131 personas localizadas, 108 son originarios de Guatemala; 22 de Ecuador y uno de El Salvador; entre ellos, viajaban 9 núcleos familiares y 14 menores no acompañados.

Probablemente este hecho haya sido el detonante que encendió las alarmas en el estado de Texas, donde las políticas del gobernador Greg Abbott apuntan al cero tolerancia para personas indocumentadas.

Están viendo que el chamaco es risueño y le hacen cosquillas. Para pronto el góber texano giró instrucciones para reforzar las inspecciones. Tras la revisión de rutina de la aduana norteamericana, ya dentro de Texas, los muchachones de Abbott les dan una segunda expurgada a los camiones comerciales en busca de migrantes o drogas, principalmente.

Por lo pronto, el sábado se quedaron 450 camiones de carga sin cruzar por el puente Zaragoza. Hasta el lunes pudieron avanzar lentamente hacia los Estados Unidos.

El año pasado, una medida similar implementada por el Gobierno texano entre septiembre y octubre de 2023, generó pérdidas por 2 mil 500 millones de dólares.

El líder transportista de Juárez, Manuel Sotelo, ya ha expresado su preocupación, porque piensa que la historia pudiera repetirse.

Por lo pronto se están tomando medidas extraordinarias como la ampliación de horarios para los cruces comerciales en Jerónimo-Santa Teresa, por el lado de Nuevo México, y en Guadalupe-Tornillo.

Son los daños colaterales de la politiquería gabacha y de la ausencia de una política migratoria en nuestro país.

Nada alcanzan a ver desde el Palacio, allá en el Zócalo de la CDMX, mientras que, en el Gobierno texano, no se tocan el corazón y nos hacen trizas, cuando se les da la gana.

Las mermas con filas kilométricas ya empezaron a manifestarse. A ver cuánto le cuesta a la IP el chistecito.

Le insisto, están viendo que Mister Abbott es risueño, ¿para qué le hacen cosquillas?

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La periodista y escritora Guadalupe Lizárraga ha abierto un nuevo frente en el tema del homicidio de Miroslava Breach, las investigaciones en torno al caso y los procesos judiciales contra las dos personas que hasta hoy han sido imputadas por ese hecho.

En entrevista, la autora menciona el caso de Juan Carlos Moreno Ochoa (a) El Larry, sentenciado a 50 años de prisión por ser uno de los autores materiales del homicidio de Miroslava Breach como un presunto acto de tortura y “fabricación de culpables”.

El que los detenidos y procesados se digan víctimas de tortura ya no es novedad; es más: en el argot de los abogados y agentes del MP, ya es casi rutinario que el acusado se diga torturado como uno de sus primeros argumentos de defensa.

Lo que en este caso llama la atención es que el sentenciado señale ese acto a casi ocho años de su detención.

Es decir, que fue aprehendido en diciembre del 2017, sentenciado en agosto de 2022, después de haberse declarado culpable, pero es hasta ahora, abril del 2024, cuando afirma que lo “fabricaron” a punta de tortura física y psicológica.

Quienes vieron de cerca las primeras audiencias en contra de El Larry recuerdan que, en efecto, estaba entablillado por haber sufrido fracturas en diversas partes del cuerpo.

Sin embargo, es hasta ahora cuando, según el libro de Guadalupe Lizárraga, asegura que esas fracturas se las hicieron sus captores para obligarlo a confesar un crimen que, dice, no cometió.

Hasta ahora, los procesados durante el Gobierno de Javier Corral han acusado a este –así en persona– de haberlos torturado para que se declararan culpables. Producto de esas denuncias, el que fuera fiscal de los Expedientes X, Francisco González Arredondo, fue detenido y puesto ante un juez, acusado de aplicar tortura a un “testigo protegido”.

La ventana que abre la autora es la presunta participación de la Policía Federal en este caso que incluye –según su decir– tortura, abuso de autoridad y fabricación de pruebas.

Porque, aquella detención, ocurrida el 24 de diciembre en la noche, tuvo lugar en Etchojoa, Sonora, y contó con la participación de fuerzas federales.

Esto habría ocurrido, entonces, en el último año completo de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Si las cosas fueron como dice el libro, esto tiene más alcances que los tentáculos de un pulpo.

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La LXVII Legislatura –67ª, para que se entienda– termina para efectos de sesiones de periodo extraordinario este martes 30 de abril, con la celebración de la sesión solemne en honor al “Niño y Niña diputados”.

Bravo por los jovencitos, estudiantes todos, aplicados y cumplidores en la escuela como pocos, que se ganaron el derecho de ocupar una curul, así sea de manera simbólica, durante este, su día.

De esta sesión tendremos la certeza de que, por lo menos, los 33 legisladores infantiles sí acudirán, ocuparán su lugar, dirán “presente” al pase de lista y se quedarán hasta que todo termine.

Lástima que no podamos decir lo mismo de sus “colegas” adultos, porque son pocos quienes se aventaron todas las 169 sesiones de Diputación Permanente celebradas en estos tres años.

Según datos del Congreso del Estado, quienes más cerca estuvieron de la marca perfecta fueron las panistas Diana Ivette Pereda Gutiérrez (168 asistencias) y Rosa Isela Martínez Díaz (167), así como David Óscar Castrejón Rivas, de Morena, con 167 “presentes” y Saúl Mireles Corral Saúl, del PAN, con la misma cantidad.

De ahí en fuera, una “larga fila de cruces”. Por ejemplo, Adriana Terrazas Porras tuvo 155 asistencias, y eso que fue presidenta en dos períodos completos. Ni por eso completó las 169 “palomitas” en la lista.

Para acabar pronto, solo once integrantes de la legislatura, que son la tercera parte del total, superaron la “cifra mágica” de asistencia a por lo menos 160 sesiones.

Además de los primeros mencionados, los “campeones” de las palomitas en la lista de asistencia son José Alfredo Chávez Madrid, Roberto Marcelino Carreón Huitrón y Gabriel Ángel García Cantú, del PAN; Cuauhtémoc Edin Estrada Sotelo, y Oscar Daniel Avitia Arellanes de Morena; Noel Chávez Velázquez Noel y Edgar José Piñón Domínguez, del PRI.

A lo largo de la legislatura, la presidenta Adriana Terrazas presentó al menos en dos ocasiones sendas iniciativas para regular tanto la asistencia presencial y el uso de los medios cibernéticos para participar en las sesiones, como el mismo pase de lista.

Nada de esto cambió, las cosas continuaron igual que en tiempos de la pandemia y siguieron las sesiones con participación a distancia. A ver si los próximos vienen con más ganas de hacerse notar en el Pleno.