Marcela Herrera Sandoval, quien ayer asumió como la primera presidenta del nuevo Tribunal Superior de Justicia del Estado, ha mandado señales de buenas intenciones para atender los rezagos que en materia de impartición de justicia presenta esta ciudad, sede del Distrito Judicial Bravos.

Sin duda que estructuralmente falta una reingeniería que de fondo le dé a Juárez la atención que requiere y merece desde un Poder Judicial tan dado al centralismo y a la concentración de privilegios para la sede de ese poder, pero ya es ganancia que exista el compromiso de hacerle justicia al Distrito Bravos Juárez, a partir de escuchar a los usuarios y a los actores locales.

Lo confirmó de alguna manera en su primer discurso oficial, aunque desde la etapa de transición ha estado acá en contacto con la realidad local, consultando cómo podría mejorarse toda la gestión de procesos. Podríamos decir que aplica bien su experiencia desde el área de Planeación y Desarrollo Institucional en la UACH; se le dan a la nueva presidenta las tareas de vinculación.

Ya está armando un par de eventos en Juárez para institucionalizar la consulta y la escucha. Quizá se concreten la próxima semana. Uno es un encuentro con abogados, integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil y empresarios. Otro es una encerrona con trabajadores del Poder Judicial.

Supo Mirone que trae la idea de ofrecer seguridad jurídica ante la tremenda sacudida que significó la reforma y la renovación del Poder Judicial vía votación popular. En esos afanes le ofrecieron apoyo y lo aceptó, de parte de un grupo de nuevos jueces que son quienes le andan armando las próximas reuniones, principalmente con grupos intermedios, ya que se trata de externos al sistema judicial.

En esas andan Rubén Trejo, Raúl Palos, Abel Amador y Luis Flores, quienes asumieron también ayer sus cargos como jueces, luego de trabajar en el litigio.

Eso viene por el lado de la vinculación y la estrategia para generar confianza en distintos sectores. Hay otra parte más importante que ya encargó la nueva presidenta a quienes desde adentro traen experiencia en el sistema Penal, para atender el enorme foco rojo que en Juárez se ha encendido por el rezago en juicios orales.

Como uno de varios indicadores del rezago, hay cerca de 260 juicios pendientes de sacar, en los cuales ya está por vencerse la prisión preventiva. Hay demasiadas causas penales ya radicadas pero sin señalar fecha para juicio.

Por eso se planteará un plan emergente a partir de un conversatorio con la Fiscalía General, para ver a qué se le puede dar salida alterna, aprovechando los juicios abreviados o la suspensión del proceso.

Además, se plantea toda una asignación estratégica de los casos, para que se pueda sacar más rápido el rezago en Enjuiciamiento y Control, con los jueces ya experimentados y no los que apenas llegaron.

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En Juárez, la crisis de la Universidad de Durango no solo se mide en pesos, sino en confianza. De un lado, 20 egresados que llevan más de un año esperando su título. Del otro, una institución -hasta hace unos cuantos meses- con un adeudo millonario de predial, que negocia convenios ventajosos y que, pese a todo, obtiene privilegios como la instalación de cuatro altos que trastocan la movilidad de miles de vecinos.

Desde 2014, la Universidad de Durango dejó de pagar predial, acumulando casi 14.5 millones de pesos. El Municipio amagó con embargar, colocó mantas que lo advertían, pero terminó retirándolas y negociando un acuerdo que redujo el adeudo a poco más de seis millones.

Pero, lo más grave, la vida académica se encuentra en un limbo. Veinte estudiantes que terminaron una maestría en Valuación, desde hace más de un año, siguen sin recibir el título. Le cuentan a Mirone que solo a dos les entregaron el documento, y eso fue después de montar plantones frente a la institución durante varios días. La universidad que presume formar profesionales no ha sido capaz de responder con lo mínimo: la certeza de un grado académico.

Y por si fuera poco, el estar en medio de semejantes irregularidades, pareciera que le acarrearon un beneficio que raya en el absurdo. Se colocaron cuatro altos exclusivos para la Universidad de Durango en la calle Fidel Ávila, justo en una de las salidas hacia la congestionada Valle del Sol.

Los vecinos de Villas Solares II y Rincones de Cartagena lo padecen a diario: largas filas, dificultades para incorporarse, invasión de carriles, eso sin contar a los clientes de la gasolinera que se instaló en zona habitacional, que a diario invaden los carriles de la reducida calle. En fin, La movilidad de miles quedó sacrificada en nombre del privilegio de una escuela que no paga, no titula y pareciera que sí recibe favores.

Mientras la universidad goza de descuentos y facilidades, los egresados viven la incertidumbre de su futuro académico y los habitantes del sector enfrentan un tráfico cada vez más desgastante.

La Universidad de Durango se convirtió en un mal ejemplo de las instituciones académicas. Una escuela que presume formar profesionales, pero entrega incertidumbre, deudas y tráfico a la ciudad. ¡Reprobada!

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Finalmente, aunque hizo berrinche y no acudió al registro de Ulises Pacheco, terminó Gerardo Rivas por aguantar vara y quedarse con las ganas de competir por la presidencia del Comité Municipal del PAN.

Su suponía que la idea de la dirigencia estatal era generar efervescencia y recuperar la vida democrática interna, con asambleas para que la militancia escogiera entre distintos proyectos, pero como siempre gana la grilla y se salen las cosas de control, optaron desde Chihuahua por la operación política para tener una candidatura única.

Así que se cerró ayer la etapa de registros y el único fue el de Ulises Pacheco. Además hay que ver la planilla para confirmar que se trató de un acuerdo por la unidad, con excepción del Grupo Alfa, el que encabeza Gerardo Rivas, el director de Proximidad y Vinculación de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, bajo las órdenes de Gilberto Loya, El Capitán Centinela.

Aunque estiró la liga al máximo, ni modo que se aferrara a irse por la libre, con el riesgo de no ganar, quedarse fuera del equipo en el poder y, sobre todo, fuera de la nómina estatal. No nada más Rivas cobra muy bien en la SSPE. Su esposa Itzel Castillo, la coordinara estatal de Licencias, tiene también su buen sueldo.

Así que mejor a llevar la fiesta en paz y apechugar. Gerardo e Itzel querían hacerse del partido para pelear luego las candidaturas seguras a puestos de elección popular (aunque sean las pluris), pero tendrán qué esperar a otro momento. Tampoco se le hizo a Gil Loya tener el control del Comité Municipal para perfilar su propio proyecto.

El caso es que ya nomás deberá Ulises esperar el protocolo de la asamblea del próximo 21 de septiembre. En la planilla, acompaña a Pacheco para la Secretaría General, Elisa Lomelí. Ella fue subrecaudadora con Rogelio Loya y se quedó al frente del despachado hasta la llegada de Raúl García Ruiz.

También está Jesús Álvarez, nada menos que el hermano de la presidenta estatal, Daniela Álvarez, así como Briseida Corona, la hija de la diputada local y exdirigente municipal, Xóchitl Contreras.

Se sumaron Sebastián Pinto y Adrián Gurrola, dos de los panistas que en distintos momentos levantaron la mano para competir por la presidencia. No estuvo en la planilla, pero sí acudió al registro, otra figura que había hecho ruido previo y quería competir: María Valadez.

Son varios los cuadros que le entraron a la planilla y son parte de la estructura gubernamental. Ahí están Florencio “Mono” Peña, el delegado de Ichife y Patricia Espinoza, quien trabaja en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos que dirige Rogelio Fernández Irigoyen.

También se integraron Cecilia Reyes, Bertha Alderete, Javier Castillo y Alfredo Corpus. Hay incluso una militante panista que, se comenta, es pariente del senador morenista Juan Carlos Loera de la Rosa. Se trata de Miriam de la Rosa.

Llamó la atención de Mirone, la inclusión del académico de la UACJ, Francisco Javier Llera, quien recientemente buscó ser rector de la Máxima Casa de Estudios. En el 2021 había colaborado en la elaboración de la plataforma de campaña de Maru Campos por la gubernatura.

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Quien estuvo ayer en primera fila durante el Primer Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue la gobernadora Maru Campos.

Igual que sus homólogos de otros estados que acudieron a Palacio Nacional, recibió las gracias y el reconocimiento al trabajo colaborativo de parte de la presidenta.

“Nuestro reconocimiento por este año de trabajo por México. Desde Chihuahua, seguiremos trabajando de manera cercana y coordinada en los temas que importan a nuestro estado y mejoran la vida de todas y todos los chihuahuenses”, compartió en sus redes la gobernadora Maru Campos.

La mandataria publicó varias fotografías, incluyendo una selfie con el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, emblema de inclusión de la 4T por su origen indígena, y quien resultó el candidato más votado de todo el país, en las elecciones del 1 de junio.

Sheinbaum dedicó buena parte de sus esfuerzos del primer año de gobierno a concretar una de las iniciativas que impulsó su antecesor: la reforma del Poder Judicial que llevó ayer a la renovación completa de la Corte.

A propósito de las presencias políticas en el Primer Informe, quien dio nota fue Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Apenas fue esta su primera reaparición pública, después del escándalo por su viaje vacacional a Tokio, Japón, donde permaneció 14 días en el hotel The Okura Tokyo, con una tarifa -según dijo- de 7 mil 500 pesos por noche.

El secretario de Organización de Morena se sentó en la sexta fila de las sillas colocadas en el Patio de Honor.

Andy lució muy sonriente después del queme público por haberse gastado alrededor de 177 mil pesos, incluyendo cenas de hasta 47 mil 600 pesos en restaurantes, además de consumos de spa, minibar y lavandería.