Violencia feminicida, narcopolítica, protección policial, trata de personas, mercado gore, tráfico de migrantes, pedofilia… con toda esa historia oscura parece estar irremediablemente vinculada la ciudad fronteriza, donde el poder ha tenido varias de sus manifestaciones más atroces.

Ciudad Juárez volvió a ocupar un ignominioso lugar internacional, al aparecer en supuestos testimonios de integrantes de la “Task Force”, contenidos en archivos liberados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En tiempos de la posverdad trumpiana, las fake news, la simulación estratégica y la manipulación desde el propio poder con fines políticos o económicos, nada es plenamente creíble, pero ahí está otra vez, al centro, el nombre de esta ciudad que a veces parece maldita, como parte de una escandalosa revelación.

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Múltiples agencias de noticias en todo el mundo hicieron eco de la liberación de archivos en torno al caso del multimillonario Jeffrey Epstein. Particularmente, la Agencia Reforma puso el foco en Juárez como lugar de una de las fiestas que organizó el magnate que murió en prisión, dentro de su red de tráfico sexual y pedofilia.

De acuerdo con esos documentos, investigadores sostenían que Jeffrey Epstein y Richard Marcinko habrían participado en la organización de una fiesta realizada en Ciudad Juárez en 2014, supuestamente dentro de una instalación habitacional bajo control del Consulado de Estados Unidos.

En ese mismo testimonio se menciona un presunto caso de abuso sexual contra una menor de 11 años y se afirma que existiría una prueba de ADN que vincularía al entonces embajador Earl Anthony Wayne como padre del hijo de la menor, todo ello descrito como parte de una red de tráfico sexual infantil que habría operado entre Estados Unidos y México.

Lo que se ha develado es que autoridades investigaban la presunta red de tráfico sexual de menores que operaba entre Estados Unidos y México, ligada a Epstein, quien murió en 2019, oficialmente por suicidio en su celda, cuando era sometido a juicio.

Un supuesto miembro de una “Task Force”, identificado como Ken Turner, indagó cómo la red de tráfico sexual infantil conectaba a Epstein con figuras como Richard Marcinko, fundador de SEAL Team Six; el exembajador Earl Anthony Wayne y hasta con el príncipe Felipe, duque de Edimburgo.

“Este caso que tenemos aquí está muy ciertamente conectado al de ustedes, tenemos la prueba. Nuestro expediente pondrá en jaque al príncipe Phillip en comparación con lo que hemos descubierto”, detallaba el reporte.

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Fueron tres millones de páginas, 180 mil imágenes y 2 mil videos los que se liberaron el fin de semana. Sobre esos documentos, todas las agencias y todos los medios han hecho la acotación de que muchas afirmaciones se consideran no probadas o falsas.

Pero ahí está Juárez otra vez, y con su historial de feminicidios desde hace tres décadas, más que nunca encajan las teorías conspiracionistas sobre quiénes pudieron haber participado en esa supuesta fiesta realizada aquí en 2014, cuando el municipio era gobernado por Enrique Serrano y el estado por César Duarte, hoy preso y procesado por delitos de corrupción.

Abundan ya los comentarios en redes y plataformas digitales.

El dato del año de la fiesta es lo que más llama la atención, además de que se diga que se realizó en una “instalación de vivienda controlada por el Consulado de EU”.

A ver esta semana que empieza qué más se conoce de esta escandalosa trama.

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No fue la liberación de archivos en Estados Unidos la única noticia que tuvo impacto en Juárez y en Chihuahua este fin de semana.

Hay otra sacudida nacional con consecuencias políticas locales. Nos referimos a la renuncia de Adán Augusto López a la coordinación de Morena en el Senado.

No fue desterrado con premio en alguna embajada, como tanto se especulaba, pero finalmente cayó de esa importante posición. Se mantendrá como senador y “un soldado más de la Cuarta Transformación”. Incluso ya adelantó que seguirá haciendo grilla en territorio para apoyar las campañas de 2027, tanto para diputaciones como para las gubernaturas en juego.

Desde que emergieron los escándalos de La Barredora en Tabasco y sus vínculos con operadores del huachicol fiscal, su posición se volvió insostenible, mientras continuaron acumulándose otros capítulos de aparente corrupción, excesos en el poder y control —para su beneficio y el de sus cercanos— de los recursos del Senado de la República.

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Dejará viudas políticas por todos lados. En Chihuahua hay dos muy visibles: la senadora Andrea Chávez y el senador Juan Carlos Loera, ambos juarenses que traen proyecto para 2027. Andrea sueña con la gubernatura y Juan Carlos con la alcaldía.

Ambas figuras traen otros soportes y su propia historia construida por el trabajo personal, pero desde luego que tenían un pilar y una apuesta fundamental con el casi hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Tampoco hay que olvidar que cuando Andrés Manuel puso a las corcholatas a competir, tanto Chávez como Loera se apostaron con Adán Augusto y no con la ganadora Claudia Sheinbaum Pardo.

Decir que, con Adán Augusto bocabajeado, quedan fuera de la carrera por 2027 tampoco es realista ni toma en cuenta todo lo caminado para lograr el posicionamiento de sus propios proyectos; pero claro que no deja de ser un revés en sus aspiraciones.

Sin duda que otras figuras guindas como Cruz Pérez Cuéllar, Mayra Chávez y Cuauhtémoc Estrada, o la propia secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, han de celebrar la pérdida de poder del Grupo Tabasco.

Adán Augusto acumuló su millonada en el bolsillo personal, pero no es lo mismo financiar desde el peculio propio que lo que se maneja desde el Senado o desde los contratistas amigos que le saben bien al negocio de patrocinar campañas y cobrar después las facturas.

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Alguien le dijo al alcalde Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, que su colega morenista del municipio de Madera, Arnoldo Jáquez Pérez, tenía “madera” para ser un buen aliado de cara a la contienda interna por la candidatura de Morena al Gobierno del Estado… o para lo que se ofrezca.

Ese alguien olvidó —o prefirió no decirle— que Jáquez Pérez arrastra una pésima fama en el municipio que gobierna y en los puntos circunvecinos, producto de la mala administración que ha desempeñado desde que inició su gestión, en octubre de 2024.

Lo peor del caso es que la minigira de Pérez Cuéllar a Madera, realizada hace unos días, ocurrió justo cuando, por decir lo menos, la síndica dejó el cargo de forma intempestiva por conflictos con el alcalde.

Ahora, se suma a esa zozobra el ambiente de tensión y angustia por la desaparición del presidente seccional de Las Varas, Octavio Moncada Lagarda, visto por última vez el 6 de enero.

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Quienes manejan la estrategia política y electoral del aspirante a gobernador ni siquiera midieron el timing social y político de llevarlo a un lugar donde el horno —aunque sea de leña— claramente no está para bollos.

A Mirone le contaron que aquello fue una pérdida de tiempo para el alcalde juarense, porque su colega de Madera está más que comprometido con el grupo de Ariadna Montiel, y muy “de cerquita” con la senadora Andrea Chávez.

Fue Montiel la que lo impulsó a la candidatura, le ayudó a ganar y lo sostiene contra viento y marea, a pesar de la pésima fama que se carga y de que hasta la síndica morenista, Cinthia Johana Caraveo Lechuga, mejor dejó el cargo porque ya no aguantaba al alcalde.

¡Cómo estarán las cosas que ni Elizabeth Soto Bustillos, la síndica suplente, quiso hacerse cargo del paquete!

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Cruz anduvo en actos de entrega de mobiliario escolar y de un camión recolector de basura, al más puro estilo del PRI de sus mejores —o peores— años.

Antes, ambos políticos posaron para la foto y lucieron sonrientes tras acordar “mantener la unidad” y continuar con el proyecto de la Cuarta Transformación en Chihuahua.

“Ambos coincidieron en que el objetivo es claro: consolidar un bloque ganador para las elecciones de 2027, llevando el proyecto de Morena y de la presidenta Claudia Sheinbaum a todos los rincones del estado”, decía el comunicado que daba cuenta de aquel encuentro.

Pero la presencia de Cruz en Madera y otros municipios abrió grietas al interior del morenismo e, incluso, dentro de su propio grupo político, dado que el gobierno pro-4T de ese municipio no atraviesa precisamente su mejor momento.

Tal vez el equipo de la pre-pre-pre campaña de Pérez Cuéllar tiene prisa por armar estructura en todo el estado y creyó que sumar a Jáquez Pérez equivalía a colocar una viga sólida en el noroeste. El problema es que, más que tronco, el alcalde de Madera hoy se parece mucho a la leña de un árbol caído.

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Otra vez, la Consejería Jurídica del Gobierno de México la agarra contra el Legislativo de Chihuahua por andar aprobando leyes y creando organismos que considera inconstitucionales y hasta transgresores de las políticas públicas de la actual administración federal.

Después de echar por tierra la retención de los libros de texto gratuitos, de declarar inconstitucional el programa de sanidad animal instaurado por el gobierno estatal y de tumbar el cobro de derechos a las plantas generadoras de energía, la Consejería Jurídica la endereza ahora contra la reforma “anti-woke” que aprobó el Congreso del Estado para acotar el uso del lenguaje inclusivo.

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La Consejería Jurídica de marras promovió una controversia constitucional (expediente 31/2025) contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua, luego de que se publicara un decreto estatal el 25 de diciembre de 2024, donde se establece, palabras más, palabras menos, que en Chihuahua eso de usar pronombres inclusivos o el “las-los-les” nomás no aplica.

Esa disposición, que el Congreso del Estado —dominado por el PAN— presentó como una defensa del “correcto uso del lenguaje” —cualquier cosa que eso signifique—, resulta contraria al texto constitucional nacional, según el recurso de la Consejería interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La controversia fue presentada el 13 de febrero de 2025 y admitida a trámite por el Tribunal Pleno de la SCJN.

Aunque los documentos oficiales de la controversia aún no han sido plenamente difundidos, la impugnación ha sido interpretada como una respuesta del gobierno de la 4T a una reforma que se antoja antiprogresista y de corte francamente conservador.

A reserva de escuchar los alegatos de un lado y de otro, lo de referirse al idioma hablado en México como “castellano” o de fomentar el uso “correcto” de las reglas gramaticales y ortográficas del español en educación básica no debe haber caído en gracia a la gente de la 4T.

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La reforma, impulsada por el diputado Carlos Olson San Vicente (PAN), recibió el aplauso del público conservador, protopanista y antimorenista, que interpretó la iniciativa como una “prohibición” para usar el lenguaje incluyente en las escuelas.

Para Olson, un panista de corte ultraconservador, el lenguaje “las, los, les” no es un avance pedagógico, “sino una carga ideológica”. ¡Mira quién habla de “carga ideológica”!

La controversia permanece en etapa de trámite ante la SCJN, donde las partes presentarán sus argumentos antes de que el Pleno o la Sala correspondiente emitan una resolución sobre la constitucionalidad del decreto impugnado.

Pronto sabremos qué curso se le da a esta nueva controversia contra los poderes de Chihuahua. Por lo pronto, podemos suponer que el propio juzgador se va a asombrar cuando lea las faltotas de ortografía que tiene la dichosa reforma “en favor de la educación”.