Aunque tienen que responder primordial y legalmente ante las instancias jurisdiccionales, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar y sus funcionarios municipales, están obligados también a rendir cuentas frente a sus mandantes, ciudadanos juarenses que, legítimamente, exigen respuestas contundentes ante los señalamientos de corrupción.
Hasta hoy, la única respuesta ha sido la descalificación y minimización de las denuncias, seis en total, como si con ignorarlas se desapareciera el fondo del asunto.
Sin embargo, los delitos denunciados por hechos de corrupción, son de los más sentidos para la población y nos afectan a todos por igual, porque desvían y merman los bienes y los recursos públicos, es decir, los recursos que son nuestros, no de los gobernantes, y que se supone deberían destinarse para aliviar las necesidades más apremiantes de una ciudad con múltiples rezagos, azotada por la marginalidad, la pobreza y la desigualdad.
Nada más en el paquete de tres denuncias interpuestas por los ciudadanos Carlos Gutiérrez Casas, Ernesto Robles y Rosalba Bernal, se acusa un presunto desvío de por lo menos 166 millones de pesos.
En el Mochilagate se documentó un sobreprecio de 54.8 millones de pesos en la adquisición de 250 mil kits escolares, con mochila y diversos útiles. En el caso de la compra de 43 mil 103 pruebas Covid, se señala un sobreprecio de hasta 12 millones de pesos, aunque se acusa un quebranto mayor por la operación que permitió caducaran miles de esas pruebas.
Un tercer caso es la denuncia de desvío en una partida presupuestal por 100 millones de pesos, la cantidad que se anunció como un remanente presupuestal del 2022 para aplicar en el Presupuesto Participativo de ese año, pero que, sin mayores explicaciones, impactó al presupuesto del 2023.
Los denunciantes advirtieron que no había claridad respecto a dónde quedaron los 100 millones que se reportaron como ingresos extras en el 2022.
Cuando se hizo la denuncia pública, se habló incluso de un desvío de 115 millones, por lo que los ciudadanos expusieron un acumulado de hasta 181 millones de presuntos desvíos en esos tres expedientes.
Ni esa acusación que podría ser fácilmente aclarada respecto a las asignaciones presupuestales, fue tomada en serio por los funcionarios municipales, ni por el alcalde.
Las tres denuncias fueron presentadas por los presuntos delitos de cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.
Una cuarta denuncia, presentada por legisladores del PAN, acusa de uso ilegal de atribuciones y facultades al exdirector de Desarrollo Económico, por la asignación de un contrato de 6.5 millones de pesos, otorgado a Malotti, empresa que sería fachada de otra que es propiedad del exfuncionario municipal, quien supuestamente así se habría autoasignado el contrato.
Hay otras dos joyas en esa corona de denuncias. Una es la relacionada a la construcción y usufructo irregular de una casa de cambio en El Chamizal, expediente en el que se argumentan delitos de uso ilegal de atribuciones y ejercicio ilegal del servicio público.
La otra es la denuncia por enriquecimiento ilícito relacionado al caso de la casa del Campestre, la propiedad de 26.5 millones de pesos donde hoy reside el alcalde Cruz Pérez Cuéllar y que presumiblemente compró su exdirector de Regulación Comercial, Daniel Pando Morales.
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El propio alcalde ha dicho que no pasa nada y hasta se burla de que sigan acumulándose las denuncias. Incluso, dice pedir más, para poder llevarse el Récord Guinness en la materia. Una de sus compañeras de partido, la regidora Cecilia Reyes Castro, ya lo llamó “irresponsable”, por hacer ese tipo de declaraciones, antes que transparentar toda la información y dar las respuestas que espera la ciudadanía.
Sus funcionarios lo imitan y todos hacen como si nada pasara. Optan por la negación, el “me importa poco” que otra regidora, Vanesa Mora, también de Morena, definió como poner el “Poker Face”, lo que a final de cuentas genera desilusión entre ciudadanos.
Desde que el Congreso del Estado solicitó la auditoría a su gestión ante la controversia generada por la casa en la que vive, el alcalde aseguró que la acción tenía poca o nula importancia.
“El Municipio siempre está sometido a auditorías, entonces una auditoría más o una auditoría menos francamente es irrelevante, y es irrelevante porque las cosas están bien, no hay absolutamente nada de qué preocuparnos, todo está en orden”, aseguró.
Según su dicho, el dinero de los juarenses está invertido en obra, por lo que no hay motivos que le generen algún sobresalto.
Cuando se materializaron las denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción por parte de legisladores del PAN, el alcalde únicamente dijo que se trataba de “patadas de ahogado”.
“Evidentemente sí molestan –indicó Pérez Cuéllar–, y los regidores del PAN también están en la misma lógica, porque no vemos su trabajo, no vemos qué están haciendo por Juárez”.
Antes de que se concretara la denuncia por la casa de cambio de El Chamizal, utilizó también un discurso de descalificación, cuando regidores de varios partidos, incluyendo el suyo, cuestionaron en comparecencia al director de la Operadora Municipal de Estacionamientos, Andrés Domínguez Alderete, el responsable de haber entregado parte del parque, y de cobrar una renta por ello.
Dijo entonces que se exageraba el tema y que todo se trataba de un “circo mediático” realizado por los representantes de la oposición en el marco del actual proceso electoral, rumbo a la jornada del 2 de junio.
Sin embargo, con independencia de que existan o no motivaciones políticas, no es esa una razón suficiente para evadir responsabilidades y callar respecto a serios señalamientos y acusaciones de corrupción, que son de interés público permanente.
No exime el simple contexto político a la autoridad de la rendición de cuentas, por el contrario, la apremia para que se despejen todos los ruidos y quede exclusivamente la sustancia, que es lo que importa. Lo mismo debería ocurrir con el órgano responsable encargado del combate a la corrupción: es justo el momento político el que obliga a la Fiscalía Anticorrupción del Estado a ser más diligente frente al cúmulo de denuncias contra Pérez Cuéllar.
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Diariamente se suman situaciones y señalamientos que dejan mal parados a los funcionarios y evidencian múltiples omisiones, además de fallas en los órganos de control interno que, se supone, deben prevenir hechos de corrupción.
El caso del Mochilagate, que generó una de las seis denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, tiene varios botones de muestra, aparte del tema medular del pago de un sobreprecio total de 54.8 millones de pesos.
Office Service Mexicana S.A de C.V, una empresa con domicilio en Delicias, Chihuahua, fue favorecida con un contrato por 26.1 millones de pesos, como parte de las distintas compras que significaron para el Gobierno Municipal una erogación total de 122.3 millones de pesos.
La investigación de Norte Digital evidenció que el apoderado legal y accionista mayoritario de esa empresa a la que se le compraron 50 mil kits escolares, Ramón Pacheco Moreno, es padre de Ramón Pacheco Saldaña, director administrativo del DIF Municipal de Juárez.
Pacheco Saldaña, además de ser funcionario de ese organismo público descentralizado del Municipio, era también, hasta hace pocos meses, accionista de la empresa que recibió un contrato del Gobierno Municipal para proveer mochilas y útiles escolares.
Cuando el secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, fue cuestionado por este medio sobre el tema, simplemente dijo no contar con la información. No sabía nada, según su declaración.
Aseguró que se revisaría el caso y, de confirmarse, se definirían las responsabilidades que correspondan, “si las hubiera”.
También habló generalidades sobre la compra total de los kits escolares y justificó la erogación de 122 millones 371 mil pesos, al favorecer los paquetes a niños y adolescentes que “requerían los bienes en apoyo a su derecho a la educación”.
En el caso tampoco ha habido una explicación detallada de todo el proceso de licitación, con los diferentes funcionarios involucrados en este tipo de adquisiciones.
Ortiz Orpinel únicamente declaró que los precios pagados “son precios del mercado”.
Igual que el alcalde, aseguró que en el Ayuntamiento “estamos tranquilos” en espera de que se les notifiquen las denuncias por parte de la Fiscalía Anticorrupción.
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En torno a los hechos que derivaron en denuncias penales, únicamente en un caso, el correspondiente a la construcción de la casa de cambio en El Chamizal, se ha presentado una comparecencia formal ante los regidores del Ayuntamiento, de un funcionario señalado con algún tipo de responsabilidad.
El director de la Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ), fue el único que, de alguna manera, dio la cara ante los regidores, los representantes populares que integran el Ayuntamiento, la máxima autoridad municipal.
Sin embargo, tan no se tomó en serio el funcionario su presentación para explicar detalladamente la operación que llevó a la entrega del terreno para la casa de cambio “Dollar 2 Go”, que finalmente dejó más dudas que respuestas. Ni siquiera presentó el comodato original del predio en favor de la OMEJ, pero sí justificó entregar una parte en renta para un negocio particular.
Tanto él como el presidente municipal, quien ahí mismo dijo que supo en su momento sobre el contrato de renta para la casa de cambio, pero no lo vio mal, proporcionaron elementos para que los regidores, seis del PAN y dos de Morena, terminaran por interponer la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.
El caso acumula múltiples omisiones de distintos funcionarios, además del alcalde que preside también el Consejo de la OMEJ, la instancia que aprobó el arrendamiento del predio.
Desde la Secretaría del Ayuntamiento, pasando por la Dirección de Desarrollo Urbano y hasta la dirección de Parques y Jardines, cuyo titular tiene bajo resguardo al Parque Chamizal.
Pero nadie más ha comparecido formalmente. Ni en este, ni en ningún otro caso vinculado con las otras cinco denuncias por presunta corrupción. Los funcionarios y el propio alcalde Pérez Cuéllar le están quedando a deber a todos, no únicamente a los regidores.
Los ciudadanos juarenses merecen que se clarifiquen todos los asuntos y se les informe detallada y contundentemente el estado concreto en cada uno de los temas que hoy están en medio de la polémica.
Deben imponerse los tiempos de la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción. No pueden admitirse, de ninguna manera, la evasión de responsabilidades, la opacidad y la impunidad, cuando se trata de salvaguardar los recursos y los bienes públicos.
Mucho menos pueden admitirse la burla y el cinismo sobre tan delicados asuntos de interés público, que tanto nos afectan a todos los que aquí vivimos.