El sistema constitucional responsable de operar los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales en el país está inmerso en momentos de zozobra, agitación, extraordinario recelo… y temores.
La llamada Cámara Alta del Congreso de la Unión –la de Senadores– debió convocar a sesión hace meses para someter a votación la Ley General de Transparencia, ya contenida en las reformas constitucionales de hace más de un año, pero no reglamentada.
Debe reconocerse que el tema no es familiar todavía para el grueso de la población, y por ello el intenso jaloneo político no ha trascendido generalizadamente. La importancia del asunto, sin embargo, es vital para la vida democrática de la República, para nuestro Estado, para Ciudad Juárez.
Transparencia es un tema que ha venido adquiriendo buena forma en Chihuahua y muchas otras parte del país: la ciudad de México, por ejemplo; Nuevo León, Jalisco, Puebla…
Los funcionarios públicos minimizaron extraordinariamente esa herramienta legal en sus orígenes, pero varios descontones jurídicos y políticos sufridos han obligado a sus sucesores a entenderse con la “extravagancia”, como le llamaron algunos al principio.
Marcos normativos, estructuras y mecanismos acordes con el sistema, resoluciones sólidas, vigilancia y seguimientos cercanos, han colocado a Chihuahua entre las entidades mejor evaluadas, por hablar de lo local.
Hay, entonces, interés estatal y nacional por las “reformas”; reducido, sí, a ese sistema, pero bajo una gran lupa de sectores específicos esperanzados en el avance hacia la anhelada rendición de cuentas, no hacia el retroceso.
Y si desde fuera del país llegó la presión al Gobierno de Fox por que la República ingresara al mundo de la transparencia, desde fuera también es observado de cerca este fenómeno por completo incómodo para cualquier gobierno que cargue hasta con pecados veniales.
Ese es el punto de discusión ahora. Ni el Senado de la República, ni la Cámara de Diputados, ni Los Pinos desean echarse la soga al cuello otorgando mayores facultades, atribuciones, y dotando de grandes colmillos, a la nueva ley y sus operadores, los “órganos garantes” de transparencia, para que luego les levanten las enaguas y eventualmente los sancionen. Eso sí que no.
Pero hacia el mismo interior de Los Pinos, hacia dentro de las propias cámaras legislativas, y sobre todo hacia fuertes segmentos de poder social nacionales e internacionales –incluidos medios de comunicación–, hay influyentes voces que exigen avanzar o por lo menos no retroceder.
En esa lucha puede advertirse que los momios van parejos aunque el poder mayoritario lo tengan los funcionarios públicos alérgicos a la transparencia.
Voces estentóreas, como la de Carmen Aristegui, de importante eco nacional, se horrorizaron con la nueva conformación y primeras resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: de siete comisionados, cuatro para el control del PRI–PAN (Francisco Javier Acuña Llamas, Rosendo Monterrey, María Patricia Kurezyn y Jimena Puente de la Mora) y tres opositores tendientes al PRD: Oscar Guerra Ford, Joel Salas y Areli Cano Guadiana.
Pero dichos comisionados no quisieron repetir aquellos vergonzosos momentos de sus antecesores Gerardo Laveaga vs Angel Trinidad (cada cual con su equipo), que sacaron al sol sus trapos interiores, armaron escándalo nacional y quedaron fuera de esa nómina.
Los nuevos comisionados recompusieron la imagen del IFAI de unos meses a acá con buenas resoluciones sobre los casos de Tlatlaya e Iguala. Aristegui y la izquierda en medios informativos les han regresado el beneficio de la duda, pero tendrán que sostener ese aliento necesario de autonomía en las reformas para concluir que si la transparencia no avanza, por lo menos no desanda lo caminado.
Ese dato seguro lo tiene anotado el régimen de Peña Nieto y sus operadores en el Senado.
Y no lo han hecho, pero también debieran voltear hacia los órganos de transparencia de los Estados de la República, donde el fragor es igual de intenso que en el IFAI, porque se trata de órganos colegiados desde los cuales se generan opiniones y hasta decisiones a favor o en contra del centro de la República. En los próximos días Chihuahua será sede de un evento en el que surgirán mayores opiniones y propuestas relacionadas con el particular.
Todos los órganos de transparencia del país, incluido el IFAI, están inscritos en la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP) que por ahora preside el queretano Javier Rascado Pérez.
A lo largo de varios meses, la COMAIP llevó a cabo diversos foros en distintos puntos del país hasta concretar varias propuestas de ley que fueron llevadas al Senado. Se desconoce el fin que tuvieron, pero seguro no han pasado del escritorio de los legisladores, puesto que la COMAIP sigue sin ser llamada para participar absolutamente en nada.
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Tampoco el IFAI estaba siendo tomado en cuenta en el intercambio informativo entre la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y los “agentes” del Senado dentro de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos.
Una vez que fue concretada la reforma constitucional, hace más de un año, los representantes de uno y otro poder se reunieron muchas veces para concretar el dictamen que debió ser aprobado apenas iniciado el 2015.
No ocurrió la presentación del dictamen antes de la fecha obligada porque empezaron a filtrarse muchos datos que hablaban no sólo de que el documento había sido elaborado casi por completo en Presidencia, sino porque su contenido era literalmente una vacilada para la materia de transparencia en el país.
Fue de esa manera que el IFAI –sólo el IFAI– fue convocado a sostener una reunión con los senadores de las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos. Con ellos estuvieron los comisionados el lunes… ¡¡¡más de un año después de aprobada la reforma general!!!
Tras sortear el precio de la pluralidad hacia el interior del propio IFAI, los comisionados no llegaron al Senado con las manos vacías: entregaron una propuesta –aprobada de manera unánime por los comisionados– contenida en un “decálogo”. Muy resumidos, sus puntos son los siguientes:
1.- Que permanezca el principio de apertura en los sujetos obligados para entregar información en los supuestos de violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad sin condicionarla a que haya pronunciamiento previo de las “autoridades competentes” respectivas. O sea, nada de que debe esperarse a la sentencia definitiva para entregar la información, en esos casos.
2.- Deben precisarse los conceptos y causales de reserva de información por “seguridad nacional” y “estabilidad financiera, económica y monetaria”.
3.- Deben preverse plazos, supuestos o causales de procedencia de reserva de la información cuando se apele al tema de “seguridad nacional”.
4.- No deben establecerse sanciones contra los organismos garantes de transparencia por el ejercicio de sus atribuciones, debido a que ello “inhibiría la función constitucional que tienen encomendada”.
5.- Deben ser incluidos como sujetos obligados todos los fideicomisos y fondos públicos.
6.- Debe ser valorada la “prueba del daño”, toda vez que “resulta imperativo que siempre que se reserve información, exista una justificación razonada que permita a las personas entender los motivos de la autoridad y no dejar esta carga a los sujetos obligados hasta el momento en el que se impugna la negativa”.
7.- Debe preverse lo que ordena la Ley General en materia de máxima publicidad de la información pública para evitar clasificar por clasificar.
8.- El Sistema Nacional de Transparencia debe ser integrado por el IFAI y los órganos garantes de las entidades federativas para “evitar injerencias externas”. Y cuando lo considere ese mismo sistema, puede incluirse con voz y voto a representantes del Inegi y de la Auditoría Superior de la Federación.
9.- Debe mantenerse el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia “con el objeto de mejorar la calidad y la participación de los ciudadanos en la toma de las decisiones públicas”.
10.- Debe preservarse como una obligación de transparencia la publicación del nombre de las personas a quienes se les ha condonado o cancelado un crédito fiscal, así como su vinculación con el monto implicado, “y no dejarlo como dato estadístico”, en congruencia con el principio de máxima publicidad.
Si bien estos puntos no son todos los importantes que deben ser contemplados para la nueva legislación, sí son de los que pondrán a prueba la voluntad de la Presidencia de la República, de los senadores y, posteriormente, de los diputados,
hacia la apertura de la información pública verdaderamente trascendente para los mexicanos. No se les ven muchas ganas, pero la presión es bastante.
“Sabemos todos en este país que estamos en una crisis de confianza, de credibilidad. Y creo que si ellos hacen una ley general en términos de lo que fue la reforma al artículo sexto constitucional, vamos a avanzar un paso importante… los ciudadanos pueden saber –con esa reforma– cómo se usan los recursos públicos y cómo los benefician”, ha dicho uno de los comisionados del IFAI que hace contrapeso al “oficialismo”.
Cuando lo robado es dinero público no hay castigo
Una cantidad superior a los 56 mil millones de pesos –casi lo mismo que el presupuesto total del Gobierno de Chihuahua para este año–, fue utilizado para otros fines o desviado por los responsables de ejercer los recursos, de acuerdo con el informe de la Auditoria Superior de la Federación de la cuenta pública 2013, entregado a la Cámara de Diputados esta semana.
De ese dinero se supone que se han recuperado algo así como 5 mil 800 millones de pesos, después de las observaciones que hizo el órgano auditor a los distintos entes gubernamentales, organismos y dependencias federales, estatales y municipales, a los que les fueron transferidos fondos.
Es decir, “la recuperación” ronda el 10 por ciento de las irregularidades y desvíos detectados, y ya con eso nos podemos dar por bien servidos los ciudadanos.
El tema borda de nuevo sobre el problema central del sistema político mexicano, que ha prohijado un aparato gubernamental que opera en la opacidad para el manejo de los fondos públicos, permitiendo que los gobernantes y sus subalternos usen en forma discrecional los recursos.
Por más reglas y candados que se pongan para la entrega de apoyos, especialmente los destinados a programas sociales, subsidios al campo y otros rubros, los responsables de operarlos siempre encuentran la manera de “ordenar” los presupuestos que tienen bajo su responsabilidad.
No se precisó en el informe del auditor superior de la Federación, pero los 5 mil 800 millones de pesos recuperados son más bien fondos etiquetados que debieron reintegrarse a la Federación por obras que no se realizaron en tiempo, ya sea porque los gobiernos estatales o municipales no aportaron la parte correspondiente en la mezcla de recursos, o por alguna otra razón.
De los restantes 44 mil millones muy poco se volverá a saber, porque el grueso de las anomalías se encuentran en el pozo sin fondo en que se han convertido dependencias como la Sedesol, el Seguro Social, el Issste y el Instituto Nacional de las Mujeres, entre otras.
Y qué decir del manejo que hacen los gobiernos estatales sobre las transferencias que recibían hasta diciembre del año pasado del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), y que aún tienen en Seguro Popular, y el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y, además, el de servicios de salud.
Ahí es donde está el grueso de las fugas, según el informe de la Auditoría Superior, porque de los 50 mil 721 millones de pesos, el 22.4 por ciento está en el pago de la nómina magisterial, con la enorme cantidad de maestros que cobran religiosamente la quincena sin dar clases frente a grupo, como sucede en Chihuaua con las mil 600 plazas de profesores “transferidos” a labores administrativas, como han justificado permanentemente las autoridades educativas del Estado.
Esos no son más que los famosos comisionados del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), que por décadas ha prohijado una real fuerza áerea en la nómina gubernamental, para beneficio de sus dirigentes, que manejan el asunto como instrumento de negociación política con los gobiernos federal y estatales.
En Chihuahua eso es clarísmo, se ha visto incluso ahora con la centralización del pago de la nómina, derivada de la reforma educativa, en donde unos 800 profesores no recibieron la primera quincena de enero, pero para la segunda, el secretario de Educación y Cultura, Marcelo González Tachiquin, ya había dispuesto que “se prestarían” 5 millones de pesos para cubrir los salarios, en tanto se aclaraba la situación de esos maestros.
Esos 800 profesores son los que no han podido justificar su plaza, después del censo de escuelas y maestros frente a grupo que hizo el Inegi, que obligó dizque a regresar al gis o labores de oficinistas a la mitad de los maestros que andaban de tránsfugas en Chihuahua.
Donde de plano dificilmente podrán hacer algo es en entidades como Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas, convertidas en cotos de poder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que ya movilizó de nuevo a sus huestes al Distrito Federal y amenaza con desestabilizar las entidades si se les siguen reteniendo los pagos a los profesores que están en la nómina pero no dan clases. En realidad la CNTE ha resultado mucho peor que el SNTE… peor, mucho peor.
Se supone que las irregularidades observadas por la Auditoría Superior todavía pueden ser corregidas en los siguientes 30 días hábiles, para que los presuntos implicados justifiquen el destino final del dinero; de lo contrario, procedería la presentación de denuncias penales o de hechos.
Si así fuese, tampoco pasará gran cosa. En Chihuahua eso también ha sucedido en innumerables ocasiones: desde hace años, cuando existía la Contaduría General del Congreso, y ahora con la Auditoría Superior del Estado, los expedientes han ido a parar al archivo muerto, tanto de lo que fue la Procuraduría General, como con la Fiscalía con que fue sustituida. No pasó nada.
Por otra parte, el informe de la cuenta pública federal 2013 hace observaciones a Chihuahua, tanto en el asunto del pago a plazas de profesores, como programas educativos, entre ellos el de escuelas de tiempo completo, así como a municipios, pero en su mayoría, anota que los señalamientos fueron solventados.
De las 28 observaciones que se hacen a los fondos federales transferidos a Chihuahua, en distintos rubros, llama la atención que se observen montos casi ridículos en municipios serranos, en donde se dictamina negativo a Guazapares o Balleza, por no haber comprobado el destino de cantidades insignificantes.
Donde había un poco de más carnita, como fue el caso de la Secretaría de Educación y Cultura o municipios importantes como Juárez y Chihuahua o el Seguro Popular, resultó que las observaciones están hechas, pero fueron solventadas en tiempo y forma, y no hubo tos.
El informe del auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, tiene la misma característica que los informes técnicos de su homólogo de Chihuahua, Jesús Esparza Flores: son mera piroctenia para justificar el gasto de esos organismos; al final, no pasa nada. Para eso la opacidad es efectiva… De ahí la gran resistencia oficial para que avance la reforma a la Ley de Transparencia.