Muy pesados están los intereses en torno al desarrollo del predio Zaragocita, aquel que se ubica cerca de la intersección de la carretera Juárez-El Porvenir y Libramiento Independencia, a un lado de donde ya se construye un complejo comercial con la transnacional Walmart al centro.
La Dirección General de Desarrollo Urbano que encabeza la excorredora de bienes raíces, Claudia Morales, no quita el dedo del renglón e insiste en avanzar hacia la aprobación del cambio de uso de suelo para que ahí se pueda construir un parque logístico para la industria, en lugar de que se le destine a vasos de captación pluvial, como está considerado en el Plan de Desarrollo Urbano.
Y como Morales anda hecha la mocha en la gestión que privilegia precisamente los intereses inmobiliarios en lugar de los criterios de sostenibilidad en materia de infraestructura pluvial para la zona que sufre de inundaciones, ya citó para hoy en la tarde a una reunión de “socialización” del proyecto de solución a la problemática.
Ya lo hemos señalado aquí. La propuesta plantea construir un canal de dos kilómetros para sacar del predio el agua pluvial hacia el Dren 2-A, lo que ya fue descartado técnicamente por la Comisión Nacional del Agua, ya que, en tiempo de lluvias, el caudal rebasaría la capacidad del canal que concentra más al oriente tanto las aguas residuales, como las pluviales.
Por esa misma razón es que el proyecto tiene entre indignados y preocupados a los vecinos de la miniciudad marginal en que se convirtió Riberas del Bravo, justo donde confluyen todas las aguas, y donde cada vez que hay tormenta, se ponen en riesgos vidas y patrimonios.
Pero ni las protestas vecinales ni las advertencias de Conagua frenan los ánimos desarrolladores. La solución que ofrecen no significa otra cosa que trasladar el problema hacia otro lugar.
Bien podría hacerse en el predio Zaragocita de más de cuatro hectáreas, uno o varios megavasos de captación, similares a los que se construyeron en la zona del Parque Central para solucionar las inundaciones, pero debe haber un compromiso muy grande con los impulsores del parque industrial, para que se aferren a sacar el cambio de uso de suelo que promovió la empresa Seficred, de acuerdo con los datos oficiales en poder de los regidores del Ayuntamiento.
No son intereses menores, Seficred, una sociedad anónima de capital variable, es representada por Jorge Antonio Zaragoza Villardaga. Y Seficred recibió como dación en pago una superficie mucho mayor que incluye ese predio, de parte de Grupo Industrial Zaragoza, representada por Jorge Humberto Zaragoza Fuentes.
Así que Morales y los regidores de la Comisión de Desarrollo Urbano andarán hoy precisamente por terrenos, o mejor dicho por aguas de Riberas del Bravo, tratando de convencer a los colonos de las bondades técnicas del proyecto. Ya veremos y diremos después cómo les fue con los vecinos que andan enchinchados.
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Ya que andamos en temas que tienen que ver con el ordenamiento territorial, los usos de suelo y la definición de lineamientos para el crecimiento de la ciudad, ya se le puso fecha a la primera audiencia pública para la actualización del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible (PDUS) para el centro de población.
Como parte del periodo de consulta pública, la primera audiencia se programó para el lunes 23 de octubre, a las 12:00 horas en el Centro Profesional de Ingenieros y Arquitectos, A.C. (Edificio CePIA), ubicado en la calle Manuel Díaz #520, de la Zona Pronaf.
Le correspondió a la Dirección General de Desarrollo Urbano convocar en términos legales a la consulta, aunque el proceso lo sigue operando el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), instancia que construyó en año y medio el proyecto del PDUS, o documento base de más de 800 páginas.
Ya hemos dado aquí detalles del diagnóstico sobre todo lo que le duele a la ciudad. Otro capítulo del proyecto corresponde a la instrumentación. Ahí llamó la atención de Mirone el apartado de “financiamiento”, precisamente para que se puedan atender las carencias en infraestructura y equipamiento, oferta de vivienda accesible y suelo equipado.
“Desde actualizaciones anteriores, se menciona la necesidad de integrar la política fiscal
en la estrategia financiera de la planificación urbana para lograr esquemas de financiamiento que permitan ejecutar las propuestas del presente plan. Incluyendo la evaluación de acciones concretas para la promoción de inversiones”, señala el documento.
Nada más se enuncia, así que falta realmente aterrizar la instrumentación para que se avance en ese sentido. El proyecto también considera importante revisar los ingresos propios del municipio en su participación local respecto a la totalidad del gasto público “para que vaya de acuerdo con los requerimientos de la dinámica urbana”.
“En el apartado de diagnóstico, se hace referencia a los ingresos obtenidos por el municipio en el periodo 2015-2022, en el que se señala un aumento en los ingresos de 25.01%. Sin embargo, la mayor parte de estos ingresos fueron de origen federal”, destaca el análisis.
También considera que es importante que el Gobierno municipal gestione los recursos que permitan atender las necesidades identificadas, de manera eficiente y transparente para garantizar que se utilicen de manera efectiva en beneficio de la comunidad.
Hay pues un mundo de cosas pendientes por afinar en las consultas y por instrumentar de parte de la autoridad municipal. El proyecto se puede consultar en la página web del IMIP, o en físico en las oficinas del instituto ubicadas en calle Benjamín Franklin #4185 del Circuito Pronaf. También en las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Urbano de calle Pino Suárez #100, en la Zona Centro.
La segunda audiencia ya está proyectada para el mes de noviembre. Después del periodo de consulta de 60 días, el documento deberá entregarse al Cabildo para su aprobación y, una vez aprobado, publicarse en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua.
De acuerdo con el director del IMIP, la actualización, ya para aplicarse como documento rector para el desarrollo, quedaría lista en febrero.
A ver si no hay más retrasos. El documento que está hoy bajo consulta fue guardado tres meses en el escritorio de la directora general de Desarrollo Urbano, antes de hacerse público hace dos semanas.
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En terrenos menos serios, no se la acabó en medios digitales la juarense Andrea Chávez, por andarle haciendo ojitos al exsecretario de Gobernación y malogrado suspirante presidencial, Adán Augusto López.
Así como tiene miles de seguidores en sus redes sociales, a la legisladora por Morena no le faltan detractores, sobre todo ahora que ella misma trae hiperactividad porque combina sus funciones de consejera nacional y vocera del CEN, con su proyecto para obtener la candidatura a la senaduría por Chihuahua.
Las joven es de naturaleza gestosilla y alguien podría decir que simplemente parpadeó, pero los videos no mienten. En evento del lunes con la plana mayor de Morena y la virtual candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, la exestudiante de la UACJ coincidió con Adán Augusto, un poco a la distancia.
Frente a la prensa, se presentó el acuerdo de unidad entre suspirantes a ser candidatos de Morena en nueve estados. No estaba en ese momento en primera fila, pero el video muestra cómo, cuando las miradas de ambos personajes se encuentran, ella le hace el guiño al exfuncionario federal. Quedó grabado, por eso hay múltiples comentarios por todos lados, justo cuando apenas había amainado el tema que se convirtió en contra de los dos personajes.
Lo bueno es que Andrea ni se inmuta. Lunes y martes anduvo muy activa en la Cámara de Diputados, tanto cuando se votó para desaparecer los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, como cuando inició la discusión sobre los presupuestos.
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Como todo se ha centrado en el arranque del proceso electoral rumbo a la jornada del 2 de junio de 2023, el Instituto Estatal Electoral parece que se olvidó de los cuatro procesos de revocación de mandato que estaban pendientes.
Al menos nada ha dicho el IEE. Se supone que estaban activos cuatro procesos y que pasaron las fechas planteadas como límite para conseguir las firmas necesarias para declarar procedentes los mecanismos de participación ciudadana.
Eso fue lo último que informó el Instituto. Para el caso de la presidencia municipal de Juárez la fecha era el 4 de octubre, con 58 mil 026 firmas de respaldo.
La misma fecha también se fijó para la presidencia de Práxedis G. Guerrero y la diputación local del Distrito 10 (en manos de la morenista María Antonieta Pérez Reyes). La alcaldía requería 880 firmas y la diputación 10 mil 349.
En el caso de la presidencia municipal de Gómez Farías, la fecha venció desde el 27 de agosto y se necesitaban mil 101 registros.
No ha habido noticias respecto a cuáles procedieron y cuáles no. Se supone que si se declara la procedencia, lo que sigue es emitir la convocatoria a la jornada de participación ciudadana.
“Lo que sigue es esperar que se cumpla la fecha límite para obtener el respaldo ciudadano y esos respaldos sean validados por la autoridad electoral. A partir de ahí, el Instituto podrá decidir si es procedente iniciar con cada uno de los procesos de revocación de mandato solicitados”, se señaló en la última comunicación del IEE.
Entonces ¿Se aplicará o no el ejercicio de participación ciudadana contemplado en la ley?, le toca al Consejo Estatal del IEE decir la última palabra.