El choque de trenes que representó la ruptura entre el gobernador, Javier Corral, y el alcalde de Juárez, Armando Cabada, es una amenaza real para el interés general de los juarenses.

En mes y medio los dos gobernantes no han logrado superar la fractura en su relación personal e institucional, abierta por la designación del exfiscal Jorge González Nicolás al frente de la secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Esa actitud permea hacia sus equipos de trabajo y afecte las acciones coordinadas entre los dos órdenes de Gobierno, indispensables para atender los grandes problemas de la ciudad.

Los encuentros entre los dos personajes han sido escasos. En ese lapso el alcalde fronterizo nunca estuvo presente en los eventos que ha presidido aquí el mandatario estatal y únicamente en dos ocasiones el edil acudió a reuniones en la capital del estado.

El origen de las diferencias

La relación personal amistosa y de aliados políticos, forjada durante años entre el conductor de televisión, ahora alcalde independiente de la ciudad, Armando Cabada y el gobernador Javier Corral –también con una amplia trayectoria en medios de comunicación locales– se fue al traste por la designación de Jorge González Nicolás como titular de Seguridad Pública.

Aparentemente una cadena de imprevistos llevó a los dos gobernantes a no cruzar comunicación adecuada sobre el tema del nombramiento de funcionarios, presionados por el tiempo, los amarres políticos en la integración de sus respectivos equipos, retrasada la entrega–recepción por las maniobras políticas del exgobernador César Duarte y su partido el PRI, que impugnó los resultados de la elección del 5 de junio.

Los cuatro meses que siguieron a su respectivo triunfo Corral y Cabada mantuvieron cercanía política, pese a las versiones que ubicaron la candidatura independiente como una estratagema del exgobernador César Duarte para deshacerse del candidato del PRI a la alcaldía, Héctor Murguía, al tiempo de atomizar el voto en la elección de gobernador y favorecer al abanderado tricolor, Enrique Serrano.

El 8 de agosto el entonces gobernador electo Javier Corral envío un oficio a los alcaldes electos, pidiéndoles coordinarse con el equipo de transición estatal para los nombramientos de directores o jefes de policía en los municipios, como una medida de control que evitara la injerencia de grupos criminales.

El punto fue tratado directamente en una reunión de presidentes municipales electos con el también gobernador electo. Cabada estuvo en ese encuentro.

Todo indica que ni del lado del alcalde independiente electo ni del equipo de transición del gobernador electo se dio seguimiento a esa indicación. Pero no solo sucedió con Cabada, en las mismas circunstancias quedaron el resto de los 66 presidentes municipales electos, pese a que el grueso de ellos no tuvo que enfrentar impugnaciones en los tribunales electorales.

La solicitud del gobernador electo quedó en el limbo. Él mismo estaba ocupado en atender las maniobras políticas de la administración duartista en contra de su triunfo electoral, que lograron retrasar los contactos políticos en el ámbito del Gobierno federal, para resolver, a su vez, la designación de fiscal general y director de la Policía Única Estatal.

Ningún funcionario federal, ni el secretario de Gobernación, el subsecretario de Seguridad Pública, la entonces procuradora general de la República, etc., agendó reuniones con el gobernador electo, Javier Corral, en tanto este no fuese recibido por el presidente Enrique Peña Nieto. El encuentro se dio el 8 de septiembre, un día después de que el Trife ratificó el triunfo electoral del panista.

El atasco fue tal que la designación de César Augusto Peniche al frente de la Fiscalía General resultó ser uno de los últimos cargos en resolverse en la conformación del gabinete, en la vísperas de la toma de protesta.

Resuelta a medias su propia circunstancia, el gobernador asumió el mando político del Estado sin tener aún definido al titular de la Policía Única Estatal. El mando provisional fue encargado a Javier Benavides, impugnando desde interior del propio equipo de colaboradores del gobernador.

A un embrollo similar se enfrentó el alcalde electo, Armando Cabada. A él la ratificación del triunfo inobjetable en los comicios del 5 de junio le llegó del Tribunal Federal Electoral el 15 de septiembre.

Al final de cuentas, las consultas entre los equipos de transición estatal y los municipales para la designación de los jefes policiacos nunca embonaron. Cada alcalde optó por la fórmula de sacar el nombramiento en sus respectivos cabildos, ninguno utilizó el mecanismo de ternas, presentadas ante el Congreso del Estado para su aprobación.

Sin embargo, solo la designación de Jorge González Nicolás llevó a la polarización política. El anuncio se hizo oficial el 6 de octubre, “Jorge estuvo en la Fiscalía Zona Norte en los tiempos más difíciles de Ciudad Juárez, es mi amigo. Yo le he pedido que nos acompañe en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Lo ha aceptado”, justificó el entonces alcalde electo.

El rechazo de Corral fue inmediato: “Esto merma la confianza. Es una decisión muy delicada. Se afecta la confianza en un asunto donde es muy importante mantener una sinergia de colaboración. El desatino es enorme; simplemente a contrapelo de los tiempos de cambio y de renovación ética”, declaró.

Desde entonces cada uno han caminado en líneas paralelas, Cabada sentando las bases de un proyecto de Gobierno que le signifique plataforma de reelección, Corral en pos de la conquista de Juárez para su partido.

La indispensable coordinación

En materia de seguridad ni uno ni otro orden de Gobierno se pueden dar el lujo de cada quien jalar por su lado. Cualquier flanco que dejen será terreno fértil para los delincuentes.

Y si ahí la colaboración es obligada no lo es menos en acciones de desarrollo social. En medio de los recortes presupuestales y los problemas financieros, los recursos tendrán que optimizarse al máximo para atender las grandes carencias de los cinturones de miseria de la ciudad.

No esperaremos mucho para medir la voluntad política real de los dos gobernantes hacia los intereses generales de la ciudad. El miércoles está anunciado el arranque de un programa especial de Desarrollo Social para esta frontera, por parte de la administración estatal, con el objetivo de implementar 50 centros comunitarios en sitios de pobreza extrema.

Si el trabajo conjunto entre Municipio y Estado no está presente, será dinero y esfuerzo tirado a la basura. Lo pueden ir haciendo posible los mandos medios de ambos órdenes de Gobierno, en tanto sus jefes deciden retomar el diálogo en las responsabilidades que les unen, y dejan a un lado el ego y las diferencias políticas que les separan.

Este domingo, durante la segunda Carrera de la Liberación, que se desarrolla aquí, desde las 8 de la mañana, se espera la presencia de Armando Cabada. Él dio señales en ese sentido, luego de ser invitado públicamente por el gobernador Corral a participar en la justa deportiva, como ya lo había hecho en Chihuahua el 2 de octubre, días antes de romperse la luna de miel entre ambos.

Si es el primer paso a la distención en la relación del gobernador del Estado y el presidente municipal, estarán dando una muestra de madurez política, que permita avanzar en el trabajo coordinado. Es lo deseable. Ojalá no se quede únicamente en escenografía para la foto del momento. El interés público y comunitario está por encima de ellos. No lo deben olvidar.