Tal parece que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) hizo un cambio a su estructura orgánica y no le avisó a nadie: ya no se llama así; desde hace unas semanas, su nombre, sus facultades y hasta sus resultados se llaman “Gilberto Loya Chávez” (¡Gulp!).

Si no hubo decreto para rebautizar a la SSPE como GILCH, al menos así lo sugieren los comunicados oficiales, que ya no informan acciones institucionales, sino hazañas personales. La dependencia dejó de ser Secretaría para convertirse, al parecer, en biografía.

Así, como se lee: si un agente detiene a un borracho escandaloso o si se desarticula un parapeto del crimen organizado, da igual. Todo lo hizo Gilberto Loya Chávez. Y si no lo hizo directamente, entonces los agentes actuaron única y exclusivamente porque así lo ordenó su jefe, como si la corporación fuera extensión de su voluntad y no una institución pública.

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Para muestra, aquí va no un botón, sino la camisa completa. Comunicado del viernes 3 de abril: “Mantiene Gilberto Loya saldo blanco en operativo Semana Santa Segura 2026 en la zona centro-sur”.

¿En serio? ¿Él solito? ¿También dirigió el tránsito, patrulló las carreteras y vigiló las presas? ¿O de plano ya estamos ante una versión local de superhéroe, con capa institucional y presupuesto público?

Tal parece que el funcionario encampañado —y quienes le escriben los boletines— olvidan que las funciones institucionales no son mérito personal ni proezas individuales. Son obligaciones. Para eso existe la estructura, el presupuesto, los agentes, las unidades, los mandos y toda la cadena operativa. El “saldo blanco” no lo logró una persona: lo logró, en todo caso, la institución. O al menos así debería entenderse.

Pero no. Otra más: “Con inteligencia policial, impulsada por Gilberto Loya, captura SSPE a presunto homicida”.

A ver si entendimos: ¿antes de su llegada la Policía Estatal no detenía homicidas? ¿No había inteligencia policial? ¿O la inteligencia también se inventó hace apenas unas semanas? Porque, leyendo los comunicados, pareciera que todo empezó el día que apareció el afamado capitán Centinela.

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Aquí lo que se advierte es el uso del aparato de comunicación social —y de toda la estructura de la SSPE— para la promoción personal. No hay mucho margen para la duda.

Si a eso se le agregan las decenas de espectaculares con la imagen del secretario —que ahora parece ser, al mismo tiempo, titular, dependencia y marca— y las bardas pintadas que brotan espontáneamente, como si fueran propaganda silvestre, pues el cuadro queda completo.

Por lo que hace a Mirone, no queda más que recordarles a los funcionarios públicos que existe el artículo 134 de la Constitución. Sí, ese que prohíbe exactamente esto.

Dice, entre otras cosas: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos (…) deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social”.

Y luego viene la pedrada: “En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

Más claro, ni con patrulla.

Aquí aplica la célebre frase de Groucho Marx: “Si lo entiende hasta un niño de cuatro años… traiga a un niño de cuatro años para que se los explique”.

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Si la Coneja de Pascua dejara de ser la gentil repartidora de huevos de chocolate y pasara a formar parte de la Coordinación General de Seguridad Vial, lo que repartiría serían “mordidas”, y bien caras.

A este Mirone escribidor le han contado —más de una vez— que algunos agentes encargados de hacer cumplir el reglamento han aprendido a moverse justo en los vacíos: esos lugares donde la autoridad no pinta, no delimita, no ordena… pero sí sanciona.

Son las partes de la ciudad donde el automovilista recibe sanciones por —en serio— no adivinar en qué carril va circulando. Ahí nace el negocio del “carril invisible”.

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Basta circular por el bulevar Gómez Morín, a la altura de Plaza Sendero, rumbo a Tecnológico, e intentar incorporarse en el puente del Zorro. Ahí, las líneas, si alguna vez existieron, se volvieron borrones casi del mismo color del pavimento y otras, de plano, desaparecieron hace tiempo.

No hay pintura, no hay referencia, no hay carriles claros. Pero sí hay agentes. Y con ellos, la infracción por invasión de carril. Como les decía este Mirone: adivine en cuál carril va, o lo multan.

En ese vacío, la interpretación manda. Y cuando la interpretación queda en manos de quien también tiene la libreta, el reglamento deja de ser norma y se convierte en herramienta.

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Más adelante, en el cruce de Gómez Morín con Tecnológico, en el puente Rotario, la cosa no mejora. Ahí sí hay rayas… pero contradictorias. Un carril que invita a incorporarse termina cruzado por líneas que lo anulan, mientras los vehículos descienden a velocidad. Si el conductor duda, pierde. Si decide, también.

Y si opta por seguir derecho, el carril se transforma de pronto —sin aviso claro— en exclusivo del JuárezBus. Hasta parece hecho adrede: no dicen que está prohibido circular ahí para que el conductor entre y así poder multarlo.

Así, el problema deja de ser urbano y se vuelve administrativo, de cobranza, de recaudación o, en el peor de los casos, de ingresos “no reportados”. Porque una cosa es que la ciudad esté mal señalizada —que lo está— y otra muy distinta es que esa falla se convierta en mecanismo de presión.

El juarense no solo maneja, sino que interpreta, adivina, calcula. Sortea carriles invisibles, flechas contradictorias y cambios súbitos, mientras procura no caer en una falta que muchas veces nace del entorno, no del conductor.

Y entonces el uniforme deja de ser garantía de orden para convertirse, al menos en algunos casos, en factor de incertidumbre.

La pregunta queda flotando: ¿debe el ciudadano cumplir con precisión quirúrgica en una vialidad improvisada? ¿O la autoridad debería empezar por pintar las reglas antes de cobrarlas?

Por eso, mientras las calles sigan siendo confusas, pero las sanciones sean claras, el problema no estará en el volante. Estará, inevitablemente, del otro lado, en el de la corrupción y el soborno.

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La aprehensión de Fernando C.S., alias El Larry, se difundió como una captura más de un líder de plaza en uno de los puntos neurálgicos del narcotráfico, como son los municipios ubicados en el llamado “Triángulo Dorado”, donde convergen los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango.

No fue así de sencillo, como trascendió la noticia en los medios de comunicación. Se trató de un auténtico “golpe de suerte” de las Células BOI que les permitió dar con uno de los líderes delictivos que tenían en la lista, por ser uno de los mayores detonadores de violencia en la región y una de las principales cabezas del Cártel de los Cabrera.

Era tal el peso del objetivo capturado, que se tenía preparada una operación especial para buscarlo, dar con él y lograr su aprehensión con el menor desgaste posible, pero el golpe de suerte llegó cuando menos se lo esperaba la autoridad.

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Según le cuentan a Mirone, el pasado 2 de abril, la Célula BOI viajaba en operativo especial a Guachochi para apaciguar la zona y dar con el grupo de personas que habían “calentado” la plaza desde meses atrás.

En esas andaban cuando detectaron un convoy de personas fuertemente armadas a bordo de dos vehículos sin placas: un Ford Territory y una Volkswagen.

No hubo enfrentamiento, pero sí momentos de gran tensión entre los seis tripulantes que viajaban en los autos sin placas y los agentes que integraban el operativo que los iba a detener. Según las fuentes consultadas por Mirone, los sujetos, al verse superados en número, ya no opusieron resistencia y bajaron las armas.

Al hacer el recuento, las autoridades dieron con que tenían a seis detenidos: Johnny Q.L., Gabriel S.M., Honorio S.F., Fernando C.S., Joel Iván C., así como un menor de edad de iniciales J.M.A.S… y a uno más: Fernando C.S., alias El Larry.

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El Larry fue identificado como un jefe de zona al servicio de la coalición de organizaciones delictivas que se formó para disputar el control de todo el corredor que va desde el Triángulo Dorado y hasta la frontera noreste del estado, en la ciudad de Ojinaga.

Se trataba de una parte fundamental de la estructura de la coalición Los Mayos-Flaco con Los Cabrera, que llegaron de Durango, y uno de los principales generadores de violencia en los lugares donde lo han enviado como cabeza de playa, tanto en el noreste como en Guachochi, lugar donde fue capturado.

Tras la detención, se montó todo un operativo para su traslado y presentación como parte de una célula delictiva localizada y capturada junto con dos vehículos, seis armas de grueso calibre y uniformes tácticos, según el comunicado oficial.

Golpe de suerte u operación oportuna. Como quiera que sea, ya detuvieron a un jefe de plaza.

La duda ahora es qué seguirá, si un repliegue de los grupos o una disputa a toda fuerza por ocupar el lugar que ahora deja vacante El Larry.

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Las movilizaciones que emprenderán este lunes las organizaciones campesinas y agrupaciones de transportistas inconformes con el actuar de la 4T, tanto en el agro como en la vigilancia carretera, tienen tres ángulos desde donde se les puede apreciar: el bueno, el malo y el feo.

La buena es que no viene tan drástica como se había anunciado en días pasados: sí se permitirá el tránsito libre que requieren algunos sectores productivos, y eso ya es ir de gane, en comparación con las protestas que vimos cuando se iba a aprobar la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

De la buena, el anuncio de que no habrá cierre de los puentes internacionales le da un respiro a toda la industria de exportación que opera en la franja fronteriza, porque significa que podrá continuar con sus actividades en absoluta normalidad.

En diciembre pasado, cuando se llevó a cabo la protesta nacional, la toma de puentes internacionales de Ciudad Juárez provocó pérdidas millonarias al comercio exterior. Estimaciones diversas reportaron más de 38 mil cargas detenidas y daños por al menos mil 450 millones de dólares, además de afectaciones cercanas a 2 mil millones de pesos a la industria local y paros técnicos en maquiladoras por falta de insumos.

Si las cosas van como hasta ahora, al menos ese sector —neurálgico para la economía nacional— quedará a salvo.

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La mala es que los motivos de protesta siguen ahí, vigentes, sin que haya una política pública adecuada —o, mejor dicho, acertada— que cambie la realidad que golpea ahora mismo al transporte de carga y a los productores de granos básicos.

Ahora la mala: sí habrá cierre total en al menos tres puntos de la Carretera Panamericana: en la caseta de Jiménez, en la de Sacramento, ubicada a la salida norte de la capital, y en el kilómetro 22, poco antes de llegar a Juárez.

El cierre implica un absoluto “estrangulamiento” de casi toda la actividad comercial, industrial y de movimiento de pasajeros de la región centro y sureste del estado, donde se ubica no solo la actividad política estatal, sino gran parte de la producción agrícola y agroindustrial.

Vale recordar que, en el radio que abarca de la caseta de Jiménez a la de Sacramento, se ubica gran parte de la producción de nogal, algodón, chile y alfalfa, algunos de los productos agrícolas más rentables del estado e, incluso, del país.

Además, está en ese radio una parte muy importante de la actividad agroindustrial, con una planta productora de cerveza, una maltera, más las industrias lecheras de Delicias y Chihuahua. El golpe viene duro, pues.

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Y la fea es el descarado uso político-electoral de algunos actores que pertenecen a partidos o corrientes ideológicas que históricamente se opusieron a lo que hoy reclaman y demandan los productores agrícolas.

La demanda central de los agricultores —sacar a los granos básicos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte— la plantearon desde los años noventa, cuando estaba en negociación ese acuerdo comercial y gobernaba a placer el bloque PRI-PAN.

Nadie los oyó, nadie les hizo caso, y las consecuencias están a la vista ahora: su producto vale menos de lo que costó cultivarlo y cosecharlo, por la competencia que enfrentan con los millones de toneladas que entran desde los países del TMEC.

Y cuando demandaron la permanencia de los precios de garantía, tanto el priismo gobernante como el panismo cómplice los desaparecieron de manera inclemente. Todo lo dejaron a la “mano invisible del mercado”… o de los acaparadores.

Y de los subsidios al diésel, mejor ni hablemos, porque los gobiernos estatales de todos los partidos son los primeros que brincan cuando se les caen los ingresos por ese concepto.

Lo curioso —casi cómico— del caso es que ahora los prianistas se ven más izquierdosos y los morenistas lucen como auténticos neoliberales de izquierda.

Ni quién les entienda. Por lo pronto, ahí va la ciudadanía a pagar los platos rotos.