Inspectores de la Dirección de Ecología del Municipio andan haciendo su agosto en retenes que instalan en el suroriente de la ciudad, pidiendo el engomado ecológico o 500 pesos para no aplicar la multa correspondiente.

Es en avenidas como la Santiago Blancas, en Las Torres y en las laterales del bulevar Independencia, donde principalmente colocan las molestas, pero rentables revisiones.

Los mañosos inspectores detienen y vacunan a todo mundo, sin importar que los vehículos de modelos recientes y los de conversión a gas o híbridos, no representen un problema de contaminación, pues lo importante para ellos es que la caja registradora suene.

El engomado tiene un costo de 288 pesos y la multa por no tramitarlo es de 1,800 pesos, por lo que fácilmente convencen a los guiadores de aflojar 500 pesos en el retén, para evitarse un desembolso mayor.

Lo que no le dicen a la gente, es que una vez que reciben la multa, la norma ecológica otorga un plazo de 30 días para tramitar el engomado y que, en su caso, dicha multa puede ser cancelada por los jueces cívicos de la Coordinación General de Seguridad Vial.

Será interesante saber qué opina de esto el director de Ecología, César Díaz Gutiérrez, quien desde agosto pasado anunció operativos para principios del año, para obligar a los automovilistas a tramitar su engomado, en virtud de que menos del 50 por ciento del padrón vehicular cumple con esta disposición.

Lo que Díaz Gutiérrez no dijo en aquella ocasión fue si los inspectores estaban autorizados para intercambiar las multas por 500 pesos de cochupo.

Quizá sus muchachitos andan urgidos de billete para adaptar las nuevas oficinas que les asignaron en las viejas instalaciones de Parques y Jardines, después de que los desalojaron del segundo piso de la Unidad Administrativa.

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Varios cambios interesantes, que en algunos casos podrán generar mucho ruido, se le harán este año a la convocatoria del Presupuesto Participativo, cuya publicación se retrasará cuando menos un mes hasta que se le hagan las adecuaciones legales.

La buena noticia de estas modificaciones es que se destinarán más recursos a obras para las abandonadas comunidades del Valle de Juárez; la mala es que ya no podrán participar proyectos de equipamiento ni de infraestructura de ningún centro escolar.

Este impedimento para dotar a los planteles de calentones, aires acondicionados, bebederos o servicios sanitarios decentes, que son las principales carencias en infraestructura que padecen, obligará a redirigir el presupuesto e invertir hasta 4 millones 800 mil pesos en las obras que se propongan de la zona rural que tanta falta le hacen a la población de aquella región.

Otro cambio que se aplicará, implica que las organizaciones no gubernamentales que hagan propuestas, y que tengan algún comodato del Gobierno municipal, deberán contar con infraestructura instalada, no en planos ni proyectos.

Estas organizaciones podrán enviar propuestas para mejorar sus instalaciones, siempre y cuando tengan, al menos, 5 años de estar funcionando, porque luego aparecen ONG´s fantasmas creadas solamente para solicitar recursos públicos y luego desaparecer de la comunidad.

Por cierto que, de los 90 proyectos autorizados en el Presupuesto Participativo del año pasado, solo se habían terminado 3, situación que encendió los focos rojos en la presidencia, por lo que los plazos de inicio y final de las obras será un punto que también se añadirá en las adecuaciones del programa, porque al paso que van se va a acabar el trienio y no terminarán los trabajos.

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Fuentes mironianas de la Policía Municipal informaron que el empleado de la empresa recolectora de basura PASA, asesinado el viernes pasado en las puertas de este negocio, era integrante del grupo delictivo Los Mexicles.

Si ya la imagen de PASA anda por la calle de la amargura, por el mal servicio que brinda a la ciudad, ahora que trasciende que en su plantilla de recolectores de basura supuestamente andan metidos miembros de esta peligrosa pandilla, la que protagonizó el asalto y la terrible masacre en el penal el pasado primero de enero.

Aunque inicialmente se manejó la versión de que se trataba de un guardia de la empresa, se supo que pertenecía a las cuadrillas que acompañan a los camiones para levantar los tambos y bultos de basura de las calles. El uniforme que portaba al momento del ataque así lo confirma.

La información confidencial revela también que este es el segundo caso de un Mexicle empleado de PASA, que es asesinado por las rivalidades con las otras pandillas del crimen organizado que operan en la ciudad.

El anterior, nos dicen, ocurrió el año pasado en una colonia del norponiente de la ciudad, cuando el empleado estaba fuera de servicio, pero la empresa nunca hizo público que formaba parte de su plantilla laboral.

Ciertamente que en la contratación de personal de campo, a la empresa le resulta muy complicado determinar si alguno de sus prospectos para laborar pertenece a una pandilla u organización criminal, pero no deja de ser sumamente preocupante que personas relacionadas con una pandilla tan peligrosa anden merodeando por donde transitan los camiones recolectores de basura, con acceso a prácticamente todos los hogares de la ciudad.

Algo deben hacer al respecto los regidores para que se regule esta situación y, en la medida de lo posible, se reduzcan los riesgos a la población civil.

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En las redes sociales del personal de la Fiscalía Zona Norte, circula un mensaje que denuncia una serie de presuntas irregularidades cometidas por el equipo cercano del titular, Jesús “Lord” Carrasco, que van desde el cobro de facturas apócrifas por concepto de viáticos, hasta la compra de una camioneta en El Paso y una casa en el área de Sendero.

La denuncia en cuestión, surge en momentos en que el fiscal Carrasco aseguró a los medios que ya se reunió con el nuevo fiscal general y lo autorizó a seguir trabajando con la misma dinámica, aunque esta dinámica que presume no haya dado buenos resultados en los 15 meses que tiene al frente de la institución.

Dentro de esas irregularidades en el manejo de la Fiscalía, mencionan también el supuesto viaje que Lord Carrasco hizo a la Ciudad de México con su esposa, para asistir a un concierto de Ricardo Arjona, con cargo de todos los gastos a los viáticos de la dependencia.

La denuncia sostiene su vez que su asesora Olivia Díaz, los coordinadores de Homicidios y de Autos Robados, de apellidos Montero y Gil; Juana Iris Quiñones, encargada del Departamento de Delitos Sexuales; la secretaria Calvillo; el comandante Enrique Campos; su escolta Alan, y hasta el encargado del corralón, Mendoza, son sus incondicionales porque vienen con él desde Cuauhtémoc, donde estuvo a cargo de la Fiscalía de Occidente en la pasada administración.

Solamente la abogada Rebeca Sánchez, coordinadora de Ministerios Públicos, que forma parte de ese grupo de confianza, ya estaba en Juárez cuando llegó Carrasco.

Para dar veracidad al escrito, invitan a quien no crea todo lo que dice, a que le pregunten sobre estas anomalías a cualquier ministerio público que no esté en su círculo de confianza. “Pregúntenles y me quedaré corto con lo explicado”, advierte la fuente anónima.

Todo indica que esta inconformidad que ha ido escalando conforme pasa el tiempo, se origina en el mal trato que le da el fiscal de marras al personal operativo, principalmente a los agentes ministeriales, que son obligados a doblar turno sin pago de horas extras ni de viáticos.

Otros señalamientos peligrosos son hechos en esta denuncia, que deberá atender para confirmar o descartar su contenido, la dirección de asuntos internos de la Fiscalía General, antes de que haga crisis y entonces sí, habrá que invocar al Chapulín Colorado.