“Parto de los montes”. Así y no menos se le puede llamar al Informe General de Cuenta Pública 2022 que presentó la Auditoría Superior del Estado respecto al ejercicio del gasto público estatal durante el año pasado.
La fábula de Félix María de Samaniego, que refiere al temor desbocado que produce el crujir de los montes, y que termina con el parto de un pequeño ratón, bien se le puede aplicar a ese trabajo de revisión de cuentas, el cual culminó con 14 denuncias de hechos, que podrían terminar en una causa penal, y 19 que generarían sanciones de tipo administrativo.
Es decir, que la revisión a un ejercicio de más de 92 mil millones de pesos derivó en apenas 33 señalamientos, y todavía está por verse si concluyen en la recuperación del dinero público mal usado y en la sanción a quienes cometieron esas faltas al servicio público.
Son 33 pequeños ratoncitos que salieron del parto de una Auditoría Superior del Estado que, a lo largo de todo el 2022, recibió quejas sobre probables actos de mal uso de recursos públicos, tráficos de influencias o conflictos de interés.
De poco sirvieron las críticas y señalamientos hechos por personas o entes inconformes durante el año pasado, o las peticiones, formales o no, de que se llegara hasta el fondo de los hechos en actos gubernamentales que no dejaron conformes a muchos.
Para muestra, tres de las acciones que más controversia y discusión levantaron durante el 2022: la obra de teatro “La Golondrina y el Príncipe”, financiada con recursos estatales y municipales; la construcción de la Torre Centinela y la venta forzada de uniformes que le hizo la dirección del Colegio de Bachilleres.
Aunque sí hubo observaciones de tipo administrativo al Cobach, y una probable acción penal, del tema que tanta ámpula levantó no se generó una sola revisión.
Lo mismo se puede decir de la multicitada obra de teatro que se montó en el parque El Palomar, de la ciudad de Chihuahua, con apenas 12 representaciones.
Tampoco hay menciones a un proyecto de obra como la Torre Centinela, la más grande y costosa de la actual administración.
Según la Constitución Política del Estado de Chihuahua, la Auditoría Superior del Estado es el órgano facultado para revisar las cuentas públicas anuales y los informes financieros trimestrales del Estado y de los municipios.
Además, tiene a su cargo la revisión de los estados financieros de cualquier persona física o moral y, en general, de todo ente que reciba, maneje, recaude o administre recursos públicos, independientemente de su denominación.
Según la Carta Magna del estado, ese organismo, dependiente del Congreso del Estado, tiene “autonomía técnica, presupuestal, orgánica, funcional, normativa y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga esta Constitución y su ley reglamentaria”.
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Uno de los temas más controversiales en torno al ejercicio de gasto público efectuado en el 2022 fue la obra de teatro “La Golondrina y su Príncipe”, cuyo costo se estimó en 34 millones 800 mil pesos por 12 funciones que se presentaron del 11 de noviembre y el 4 de diciembre de aquel año.
Según documentos presentados por grupos artísticos que se opusieron a ese gasto, la obra teatral costó 30 millones de pesos, mas 4 mil 800 de Impuesto al Valor Agregado, para dar el total de 34.8 millones mencionados anteriormente.
El beneficiario del contrato fue el productor y director Alberto Luis Espino de la Peña, quien aparece como representante de la empresa Aefe, S.A. de C.V., titular del contrato, el cual se firmó el 10 de junio del 2022.
La obra generó descontento desde el momento mismo en que se anunció la cancelación del Festival Internacional Chihuahua por un supuesto ajuste presupuestal.
Los críticos a esa obra señalaron que el costo de La Golondrina equivalía a la quinta parte de todo el presupuesto de la Secretaría de Cultura del estado.
En la víspera del estreno, hubo varios actos de protesta frente a la Presidencia Municipal de Chihuahua como en los alrededores del escenario donde se haría la representación. En esos actos, grupos de artistas y directores manifestaron que, al tiempo en que se daba ese enorme presupuesto a una sola representación teatral, se dejaba con ínfimo presupuesto a otras actividades.
Por ejemplo, mencionaban la Feria del libro de Ciudad Juárez, la Muestra estatal de Teatro y la Feria del libro de Chihuahua.
En medio de todo ese reclamo, la bancada de Morena en el Congreso del Estado demandó que se hiciera una auditoría especial a ese gasto en específico, pues además se señalaba un posible tráfico de influencias, toda vez que el director de la obra teatral era primo hermano del entonces secretario del Municipio, Santiago de la Peña.
Sin embargo, en el informe presentado la semana pasada, no se incluyó una sola mención a ese tema. De hecho, la Secretaría de Cultura del Estado no solo quedó exenta de observaciones, sino que ni siquiera se le contempló para programas especiales de auditoría.
O sea que, en 240 cuartillas de informe de fiscalización, ni siquiera se mencionó a un gasto que levantó airadas protestas y exigencias de esclarecer si la mencionada obra costaba, en realidad, casi 35 millones de pesos.
Por lo visto, a la ASE se le puso la carne de gallina con el tema de La Golondrina.
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En agosto de 2022, un clamor comenzó a recorrer las redes sociales y las conversaciones familiares, ante lo que se consideraba una imposición muy injusta hacia los alumnos que ingresarían por primera vez al sistema Colegio de Bachilleres.
Si un alumno quería estudiar en esa institución e ingresaba por primera vez a ese sistema educativo, debía desembolsar 2 mil 400 pesos por la compra de una pantalonera, tres playeras y una chamarra. Eso, o no entraba.
El escándalo alcanzó tales tamaños que el entonces director del Cobach, Marco Licón Barraza, tuvo que separarse del cargo y la institución se comprometió a regresar el dinero a las paterfamilias.
Ese proceso de devolución aún no termina y sigue levantando reclamos y protestas de parte de quienes hicieron esa compra “a la de a fuerzas”.
Desde el Gobierno del Estado, se desconoció esa medida y se anunció que habría una investigación en torno a todo el “affair” de los uniformes.
Sin embargo, la ASE no hizo una sola observación a ese respecto.
En su informe, incluyó al Colegio de Bachilleres, pero con dos vistas a la Fiscalía General del Estado.
Lo demás es historia: el Gobierno del Estado y, en particular, la Secretaría de Educación y Cultura, se deslindaron de esa medida y anunciaron que el Cobach devolvería el dinero que le cobró a los alumnos de reciente ingreso.
En aquel entonces, se advirtió que habría responsabilidades en contra de quien resultara responsable por los nuevos uniformes obligatorios.
De las observaciones que valieron vista a la FGE por posibles actos ilícitos, solo se incluyeron actos como una serie de pagos de servicios devengados por concepto de fumigación y sanitización, dentro del Contrato 001/2022 P.S., sin que exista evidencia de que se prestó el servicio.
Al final del primer semestre del ciclo 2023-2024, todavía quedaban pendientes trámites de devolución a familias que no aceptaron los uniformes y prefirieron ver su dinero de regreso.
Pero en el informe de la ASE no se hizo mención al tema.
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La Secretaría de Educación y Deporte es el blanco de uno de las observaciones más severas de parte de la ASE.
Según ese informe, la dependencia en cuestión solicitó sin la autorización del Comité correspondiente y sin convenio modificatorio, mantener en resguardo de las bodegas del proveedor los 77 mil 500 paquetes de útiles escolares.
Sin embargo, nunca comprobó si, efectivamente, los bienes se encontraban en sus bodegas. Y aunque no se ocupó de confirmar la entrega, sí tramitó ante la Secretaría de Hacienda autorizando el pago a favor del Proveedor Sawp Solucions, S.A. de C.V. por 10 millones 610 mil 520 pesos del contrato SH/LPE/072/2022-B correspondiente a la adquisición de 77 mil 500 Paquetes de útiles colares sin haber recibido a entera satisfacción los bienes.
El destino de todas esas observaciones se analizará en el pleno del Congreso y, será a mediados de año cuando se conozca el tipo de sanción que se aplica, si es que así sucede.