Pregúntele a cualquier contador, administrador de empresas, auditor o actuario, y seguro le van a contestar que es imposible que tres empresas distintas, que no se conocen entre sí, presenten propuestas de venta a precios casi idénticos.
A esos incrédulos habría que invitarlos a ver la operación de compra que aquí en Norte Digital llamamos “Mochilagate”, por la manoseada compra de 150 mil “kits” escolares para el ciclo escolar 2023-2024.
De no creerse: las tres empresas favorecidas: Damago, Office Service y Grupo Mercantil Tlacaelt cotizaron casi la misma cantidad promedio de 25.8 millones por 50 mil kits, cada una, para coincidentemente abarcar todo el techo presupuestal de 77 millones 465 mil pesos.
¡Milagro! La cantidad casi idéntica en los tres casos. Si así son de certeros en eso de hacer cálculos numéricos, les van a venir prohibiendo la entrada a los casinos de Las Vegas.
A ver si entendimos: como cada una iba a entregar la misma cantidad de mochilas cargadas con útiles escolares, las tres beneficiarias encontraron los colores, los juegos de geometría y los cuadernos a precios casi iguales .
¡Pasen la receta! ¿cómo le hicieron?
Eso no es todo: la licitación y la asignación del contrato se emitió en tiempo récord, y las tres empresas antes mencionadas entregaron los materiales en unos cuantos días.
Ya hemos comentado en este espacio que la operación fue tan desaseada, que una de las empresas entregó los kits en un estacionamiento público. O sea, ni estructura tenía para hacer un reparto de esas magnitudes.
Ahí lo tiene el auditor de la ASE; más fácil no la puede tener, así que esperemos a que le hurgue en las cuentas de la administración crucista y proceda conforme a la ley.
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Adriana Terrazas, la dos veces presidenta del Congreso del Estado, y en la misma legislatura, salió a defender a su actual jefe político, Cruz Pérez Cuéllar.
Y decimos “actual”, porque durante casi toda su carrera la pasó en las cercanías de Enrique Serrano Escobar, el flamante precandidato del PRIAN a la alcaldía de Juárez.
Vale decir que nunca ha renegado ni ha desmentido su “Serranismo”, y le dice, a quién quiere oírla, que el ahora aspirante del PRI es su amigo.
La lealtad y la amistad a toda prueba se debe reconocer y, ni hablar, doña Adriana así lo demuestra.
Sin embargo, su nuevo “coordinador”, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, tiene cuentas pendientes con el Congreso del Estado, el que ella preside, producto de tres exhortos aprobados en el Pleno, dirigidos a la Auditoría Superior del Estado, para que esta investigue un igual número de casos de presunto tráfico de influencias y conflicto de interés.
Mal hace la presidenta de ese poder en salir a defender a un ente obligado, como lo es en este caso el alcalde juaritos, cuando debe guardar absoluta imparcialidad, pues el informe que elabore a ASE irá a dar al Congreso antes que a ningún otro lado.
Cercana a Cruz desde que se desataron las amarras en la contienda por los cargos públicos que se renovarán este año, Adriana Terrazas advierte que seguirán los ataques contra su nuevo compañero morenista.
Eso que ni duda le quepa, porque los prianistas y hasta los morenistas ya traen bandejas llenas de tomates aguados para lanzárselas en forma de acusaciones y peticiones de investigación en cuanto inicie la contienda y decida si va a buscar la reelección.
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El exalcalde y ahora precandidato a repetir en ese cargo, Enrique Serrano Escobar, le hizo ayer al “Pilato”, al lavarse las manos públicamente respecto a las acusaciones y las causas penales que pesan sobre su exjefe político, César Dee Jay.
“Les informo que yo no estuve ni estoy ligado a ninguno de los asuntos por los cuales esta procesado Cesar Duarte”, escribió en el grupo de whatsapp “El Jefazo”, que administra el cartonista—y buen amigo—Alfredo Hernández “Pillo”.
Ahora que se ha levantado de la mecedora y se dispone a ensuciarse las suelas para hacer campaña electoral, el excandidato a gobernador del estado comentó que el exmandatario Dee Jay “tampoco” le dio dinero para su campaña.
Como dice el popular villancico de Navidad: “¡Qué nuevas me traen!”, porque esa campaña ya tiene ocho años de antigüedad, y apenas hace el deslinde de una figura política que, con el paso de los meses, se volvió una carga para sus aspiraciones.
No le dio dinero para su campaña, pero ahí quedó la causa penal en la que se acusaba a diversos funcionarios de haber desviado dinero del erario estatal hacia el PRI, en años recientes a aquella elección.
Dirán los priistas acusados que quedaron “exonerados” y tal vez tengan razón, pero los juzgadores que les enseñaron la puerta de salida nunca dijeron que no hubo tal desvío.
Si en algo tiene razón Serrano es que su campaña fue fiscalizada por el Instituto Estatal Electoral y no encontró gran cosa.
Luego, ya instalado el gobierno de Javier Corral, la Fiscalía General del Estado lo dejó sin cargo alguno, pese a que andaba con la espada desenvainada buscando políticos identificados con el gobernador recién ido.
“En esta jornada qué recién se inicia me quieren cargar sus culpas porque a mi (sic) no me encuentran nada”, expresó el ahora aspirante a candidato.
Ya cuando, podríamos decirle, porque esa aclaración la pudo hacer en plena campaña del 2016 y tal vez en mucho le hubiera ayudado a deslindarse de la influencia de un gobernante cuya imagen pública venía en declive.
Serrano dice que en sus casi tres años al frente de la Presidencia Municipal de Juárez no recibió ni una sola sanción de parte de la Auditoría Superior del Estado. La verdad, ya no sabemos si ese deslinde es en beneficio suyo, o un tache a la ASE en tiempos de Dee Jay.
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Le habíamos comentado la semana pasada en esta columna sobre la nota que dieron los de la Presidencia Municipal con el pago que le deberán hacer a la Poliplaza, esa clínica que le dio tan mal servicio médico a los empleados del Cruz-Ayuntamiento.
¿La nota? ¡lanota la que tuvo que pagar el Gobierno municipal para rescindir el contrato con Hospitales de Juárez, o sea, la Poliplaza! Cantidad que, según diversas fuentes, alcanzó los 135 millones de pesos.
El pasado martes, al secretario del Ayuntamiento Héctor Ortiz Orpinel no le quedó otra que soltar las cifras que la administración encabezada por Cruz Pérez Cuéllar tuvo que pagar para finiquitar el caso…según él.
Lo que no tuvo desperdicio fue la “aclaración” que le hizo a los medios: no fueron 135 millones de pesos lo que le pagaron a la Poliplaza, sino “nada más” 125 millones.
Ah no, pues así ya cambia todo, porque 125 milloncillos ¿qué tanto es?
Luego cayó en la contradicción de decir que el Municipio había ganado varias etapas de los amparos, pero que no eran el fondo del asunto. En otras palabras, su equipo de abogados municipales nomás no pudo finiquitar el litigio.
A estas alturas, no se sabe qué fue peor, si la cantidad de dinero pagada a la clínica de marras, o el servicio médico que ahora recibe el personal al servicio del Municipio, porque terminaron recibiendo consultas.
O sea que, al menos en Juárez, como en el resto del país, el servicio médico no se parece ni de broma al de Dinamarca, como lo dijo el presidente AMLO.
Y si se parece, que se cuiden la cartera los daneses, porque sus “policlínicas” les van a salir caras y malas.