La incertidumbre es la impronta en el nuevo proceso electoral en el que se sumergió al país con la Reforma Judicial para que jueces, magistrados y ministros sean electos por primera vez por voto popular el domingo 1 de junio de 2025.

Y no es precisamente la sana incertidumbre que es condición inherente a los procesos democráticos, respecto a quién ganará la elección de los cargos que estarán en disputa.

Nos referimos a la inquietante falta de certezas en torno a las normas secundarias, las estructuras, la organización, los presupuestos y la logística, luego de que la autoridad electoral dio el banderazo de arranque, a ciegas en varios sentidos.

El INE realizó la instalación del Consejo General y emitió la declaratoria del inicio del Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, en el que se elegirán los cargos de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las magistraturas de las Salas Superior y Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), las personas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y magistraturas de Circuito, así como los jueces de Distrito.

En un hecho inédito en la historia de las elecciones en México, no habrá participación de partidos políticos y solamente se permitirá la representación ciudadana a través del Consejo.

Todavía es una incógnita el número exacto de cargos que estarán en disputa. Se calcula que existen 836 cargos, pero el Consejo de la Judicatura deberá informar la cifra exacta al Senado de la República, para que este pueda emitir la convocatoria antes del 16 de octubre.

Se renovarán 9 ministros, cinco magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral que están vacantes, pero ese número podría crecer si algunos de los cinco actuales no aceptan la ampliación de mandato.

También se renovarán 15 magistrados de las cinco salas regionales del Tribunal Electoral, y 820 magistraturas de Circuito y jueces de Distrito, que se calcula representan la mitad de toda la estructura.

Guadalupe Taddei, la consejera presidenta del INE declaró que, de los mil 760 cargos de la estructura judicial, unos 880 estarían en disputa en 2025.

La Reforma Judicial establece que será el 12 de febrero de 2025 cuando el Senado envíe al INE el listado de candidatos que se someterán a las urnas.

Todavía tiene que clarificarse cuántos candidatos serán admitidos por cargo, qué cargos serán nacionales, cuáles estatales, regionales o distritales y cuántas personas que ocupan actualmente una posición en disputa podrán reelegirse.

En el Poder Judicial existen jueces especializados en algunos temas. Tienen jurisdicción en todo el país, pero residen en la Ciudad de México, por lo que se tendrá que especificar si por ese cargo podrán votar todos los mexicanos o únicamente quienes residen allá.

Aparte está la elección convergente en el plano estatal, donde los procesos ni siquiera se vislumbran todavía en entidades como Chihuahua, donde las mayorías parlamentarias de los Congresos están en contra de la reforma impulsada por la 4T. El tema todavía no se toca en el Congreso del Estado y armonizar la legislación requerirá de otro tiempo y otro proceso que seguramente será tan ríspido como apresurado.

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Para el propio Instituto Nacional Electoral (INE), es incierto el número de boletas que deberá de imprimir, tanto por no conocer el número exacto de cargos que se disputarán, como lo incierto del alcance de la convocatoria y la definición de cuántos candidatos pasarán a la competencia en la primera fase de renovación del Poder Judicial de la Federación.

Consejeros del INE han hecho algunas proyecciones y consideran una cifra conservadora de 600 millones de boletas, ya que en la pasada elección federal se disputaron 629 cargos y se imprimieron 317 millones.

Para la elección ordinaria de este 2024, la impresión arrancó el 3 de mayo. Eran 317 millones de boletas para la elección presidencial, de diputados y senadores con más de 2 mil candidatos.

Para la elección de integrantes de Poder Judicial, no únicamente se adelanta en meses la impresión, también se multiplicará el número de boletas. Más trabajo, más complicado y en menor tiempo.

Por lo pronto, en la Dirección de Organización del INE han realizado algunos ejercicios para dimensionar el tamaño del reto en cuanto a las boletas.

Para determinar el diseño y número de boletas, deberá definirse el marco geográfico, lo que tiene que ver con la forma en que en el país tienen cobertura los tribunales y circuitos judiciales, desde luego de manera distinta a los 300 distritos electorales en que el INE tiene dividido el territorio nacional.

Es decir, deberá precisarse la división territorial considerando la sección electoral a la que pertenece cada ciudadano, ahí donde siempre ha votado.

Se prevé que el diseño de la boleta se complique, ya que la reforma establece que el documento incluya el cargo, la entidad federativa y, en su caso, el circuito judicial que corresponda a cada tipo de elección.

Las boletas deberán llevar impresos los nombres completos numerados de las personas candidatas, distribuidos por orden alfabético y progresivo, iniciando por el apellido paterno, e indicando la especialización por materia cuando corresponda.

Todavía deberá valorar el INE si la boleta consistirá en una o más hojas, por la cantidad de nombres y datos que deba de incluir.

De acuerdo con el nuevo marco legal, para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cada elector podrá elegir hasta cinco mujeres y cuatro hombres.

Para magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, el ciudadano podrá elegir hasta tres mujeres y hasta dos hombres.

Respecto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se podrán elegir hasta dos mujeres y hasta dos hombres para magistrados de Sala Superior.

Para magistrados de las salas regionales de ese mismo tribunal también se podrán elegir hasta dos mujeres y un hombre para cada sala.

Son múltiples las opciones y combinaciones, lo que complica el diseño de la boleta y, sobre todo, podría complicar la tarea primordial del cómputo.

Además, se supone que las boletas para la elección de los jueces, magistrados y ministros, deben de mantener todos los mecanismos de seguridad que ya consideran en las elecciones regulares. De ese tamaño es el nuevo reto.

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En su Artículo 96, la Constitución reformada establece que corresponderá a los Poderes de la Unión, es decir el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, postular candidaturas para todos los cargos en disputa.

Cada poder emitirá sus convocatorias y elegirá a las 10 personas mejor evaluadas para los cargos de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial.

De igual manera lo hará con las 6 personas mejor evaluadas para el cargo de magistrados de Circuito, y para jueces de Distrito.

En cada uno de los poderes se instalará un Comité de Evaluación integrado por cinco personas reconocidas en la actividad jurídica.

El Comité evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo, además de revisar que los candidatos se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos.

Incluso, se revisarán las calificaciones en materias relacionadas con el cargo que se postula (con mínimo de 9 y promedio general de 8), además de que cada aspirante deberá presentar un ensayo de tres cuartillas en donde justifique los motivos de su postulación, y remitir cinco cartas de referencia de sus vecinos, colegas, o personas que respalden su idoneidad para desempeñar el cargo.

Como requisito básico, todos los aspirantes deben de contar al menos con cinco años en el ejercicio de la actividad jurídica.

Se supone que los procesos deberán de ser abiertos, transparentes, inclusivos y accesibles para todas las personas interesadas que acrediten los requisitos.

Una vez que los Comités de Evaluación integren los listados de las personas mejor evaluadas para cada cargo, se depurará el listado mediante insaculación pública para ajustarlo al número de postulaciones que se defina para cada cargo, observando la paridad de género.

Los listados ajustados por los Comités, serán enviados por los representantes de cada poder al Senado y el Senado remitirá esa información al INE.

En este momento, se desconocen los criterios para la integración de los distintos Comités y si se tomará o no en cuenta a juristas que no residan en la Ciudad de México.

En Chihuahua, hasta octubre podrán definirse el Plan integral y el Calendario del Proceso Electoral para los puestos que habrá disponibles en el Poder Judicial de la Federación.

A nivel central, el INE acordó ratificar en su cargo a los consejeros electorales propietarios y suplentes de los Consejos Locales en los estados.

Los Consejos deberán quedar instalados a más tardar el 16 de noviembre.

El Consejo Local para el Estado de Chihuahua será encabezado por el consejero presidente, Alejandro Sherman Leaño. Igual que el presidente, serán ratificados los seis consejeros que participaron en la elección de este año.

Únicamente en Juárez, trabajan en el Poder Judicial 12 jueces y siete magistrados entre Tribunales de Circuito, de Apelación, el Laboral y el Centro de Justicia Penal Federal.

Sin embargo, se desconoce todavía cuáles cargos sí se someterán a votación y cuáles para la próxima elección.

La reforma estableció que, para el caso de magistrados de Circuito y jueces de Distrito, la elección será escalonada, renovándose la mitad de los cargos correspondientes a cada circuito judicial en la elección extraordinaria del año 2025 y la parte restante en la elección federal ordinaria del año 2027.

El proceso arrancó con más dudas que certezas y hay muchas definiciones pendientes. Ojalá que se logre superar la curva de aprendizaje y no se pague tan caro este nuevo desafío democrático.