“Informa la unidad 129 que en los cruces de las calles Durazno y José Méndez, de la colonia Fronteriza, se localiza una femenina muerta con huellas de violencia, la cual se encuentra con un paño rojo en la boca, cuerpo semidesnudo…”(sic)

Este es el escueto parte que agentes de la Policía Municipal del Distrito Centro, rindieron a las 5.59 horas de la mañana de ayer, cuando localizaron el cadáver de otra mujer asesinada, que se suma a la estadística de muertes violentas de mujeres que ya es normal para las autoridades y se ha convertido en un estigma imborrable para la ciudad.

No se sabe hasta la fecha de algún caso donde la Policía Preventiva o alguna otra autoridad investigadora o persecutora del delito, hayan llegado oportunamente a un evento a impedir el asesinato de una mujer.

Por el contrario, siempre llegan cuando el hecho está consumado, cuando el terror que vivió la víctima se convirtió en muerte, cuando solo les queda encontrar evidencia que permita al Ministerio Público etiquetarlas en la categoría de homicidio o feminicidio.

¿Acaso sirve de algo colocar el expediente de la muerte violenta de una mujer en una de las dos categorías? ¿Será que si el caso lo definen como feminicidio, podrá ser investigado con diligencia y resuelto con mayor rapidez?

Claro que esto no sucede, ni ha sucedido, ni sucederá. Trátese de un homicidio o feminicidio, corren la misma suerte: la impunidad. A pesar de que contamos desde hace años con el nuevo sistema de justicia penal “garantista”, lo único que garantiza es que los asesinos de mujeres anden sueltos, por el simple hecho de que el sistema de procuración de justicia sigue estacionado en la edad de piedra, con métodos de investigación y procedimientos ortodoxos, pero sobre todo, con actitudes misóginas cuando se trata de delitos de género.

Por mucho que presuman que la Fiscalía General del Estado se encuentra entre las mejores calificadas del país, por el número de personal que tiene y por la base científica de su trabajo pericial, según la organización México Evalúa, los números cuentan otra cosa.

Durante el año 2020 se registraron en la ciudad 190 homicidios de mujeres y en los 10 meses transcurridos de 2021, se han acumulado 153, con el último caso de ayer, incluyendo 4 menores de edad, entre ellas una niña de 4 años.

Si de todos los homicidios registrados solo en el 3 por ciento se logran resultados para abrir un proceso judicial, estamos hablando de un aterrador estado de impunidad en el que los asesinatos de mujeres ocupan un primer lugar.

Esto no lo dice Mirone, lo dicen muchas organizaciones y especialistas en el tema, que señalan que la violencia de género era grave desde antes de la pandemia, pero se acentuó con esta, por la violencia machista en el ámbito privado de los hogares. En enero de 2020 la revista Forbes publicó un informe donde coloca a México entre los 20 peores países para ser mujer.

“México es un lugar cada vez más hostil para ser mujer. Con altos índices de violencia, inseguridad e inequidad de género, el país cayó al puesto 60 de 80, en el ranking de los mejores países para ser mujer”, dice el reporte.

Posteriormente, en noviembre de 2020, el movimiento continental Planeta Ella y la Red Latinoamericana Contra la Violencia de Género, declararon emergencia feminista en América Latina, particularmente en México.

En el mismo tenor, la Red Nacional de Refugios de México alertó en 2021 de un aumento de 60 por ciento de denuncias de mujeres en situación de violencia de género. Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), se calcula que en México 10 mujeres son asesinadas a diario por violencia de género y 26 mujeres y niñas desaparecen.

Tras esta avalancha de reportes internacionales y nacionales irrebatibles, el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha terminado por reconocer que la violencia que sufren las mujeres en México sigue en aumento, con base en los datos de la Secretaría de Seguridad Pública que revelan que, en los primeros cinco meses de 2021, los feminicidios se incrementaron un 7.1 por ciento, con respecto al mismo periodo del año anterior.

En este escenario de luto, dolor e impunidad contra la mujer, Juárez sigue apareciendo, desgraciadamente, en las listas de los primeros lugares sin que a nadie le importe.

Y no parece importarle a nadie, porque las políticas públicas que se han diseñado para proteger a las mujeres no funcionan o no las hacen funcionar quienes tienen la obligación de aplicarlas.

Con la llegada de la primera gobernadora del estado, las expectativas de mejoría en la procuración y administración de justicia en los delitos contra la mujer crecieron en todos los sentidos.

Esa esperanza que Maru Campos trajo a las juarenses con su arribo al Gobierno estatal, tendrá que esperar para convertirse en realidad, porque primero tendrán que limpiar el batidero que la administración anterior dejó en el poder judicial, donde siguen moviéndose los tentáculos de la tristemente célebre Lucha Castro, que como consejera de la Judicatura protegió sus intereses y los de Javier Corral, pero nunca se preocupó por los de las mujeres violentadas y asesinadas.

En la Fiscalía de la Mujer también existen agujeros negros que las nuevas autoridades deberán tapar a la brevedad, comenzando por limpiar la dependencia, que a lo largo de los últimos 5 años ha brillado por los pretextos para dar resultados. Un 97 por ciento de impunidad en los homicidios dolosos contra mujeres, en Juárez, es sinónimo de ineptitud y corrupción, aquí y en China.

Sin embargo, donde ya comienza a verse una pequeña luz para ir al fondo del problema, es en el Congreso del Estado, donde legislarán para castigar a todos los funcionarios que, por omisión, misoginia o negligencia, se nieguen a dar protección a mujeres víctimas de violencia de genero.

Geo Bujanda, la presidenta del Congreso, presentó esta semana una iniciativa en ese sentido, para reformar el Código Penal, con el propósito de sancionar a las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia que omitan solicitar o brindar las más altas medidas de protección a las víctimas y testigos, cuando se encuentre en peligro su vida.

“La protección de las víctimas de la violencia de género, debe ser garantizada por el Estado. Las servidoras públicas de cualquier instancia, pero sobre todo aquellas que trabajen en las áreas de procuración y administración de justicia, tienen que velar por la integridad de las mujeres violentadas”, expresó durante la exposición de su iniciativa la legisladora panista.

Es común que una mujer golpeada, amenazada o maltratada verbalmente, acuda a la Fiscalía en busca de orientación y apoyo y se tope con una marabunta de trámites burocráticos, comenzando por la espera de muchas horas para ser atendida, luego la comprobación de identidad y hasta de género, pasando por un interrogatorio insensible y déspota que no respeta la crisis en que se encuentra la víctima, hasta llegar al extremo de solicitarles pruebas y testigos, como si los golpes y el estado de shock no fueran suficientes evidencias.

Por ello, la diputada Bujanda puso el dedo en la llaga cuando dijo que, si una mujer acude a denunciar que su pareja le dio un golpe en la cara y no se castiga al agresor y no se protege a la víctima, la impunidad permitirá que la violencia suba de nivel en las próximas agresiones, hasta que ponga en peligro la vida de la mujer.

La iniciativa va dirigida a contrarrestar esa normalidad que ya se nota en los casos de violencia contra las mujeres y sancionar sin excusa las agresiones, que hasta ahora, ha sido pura simulación

En la misma dirección se deberán orientar los trabajos de la nueva Comisión de Feminicidios del Congreso, no vaya a ser que, por estar presidida por la diputada de Morena Adriana Terrazas, quieran irse por la línea que le ha marcado AMLO a su rebaño, en el sentido de que el feminismo es un producto del neoliberalismo y, por consecuencia, el feminicidio también.

Lo bueno en este caso es que el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Mario Vázquez Robles, ya le pidió a la Comisión agregar el modelo de parlamento abierto a su plan de trabajo, para integrar la participación ciudadana en este tema que es sensible para toda la sociedad.

Buena estrategia la del panista, la de involucrar en esta comisión las voces de todas las organizaciones de la sociedad civil, para que no haya sesgos ni simulaciones en ninguno de los casos que les sean presentados.

Habrá que esperar a que ambas iniciativas se realicen, se ejecuten y se muestren los resultados. De lo contrario, quedarán en simples buenas intenciones.

Por lo pronto y aprovechando esa condición de parlamento abierto, habría que solicitarles que ordenen a la Fiscalía de la Mujer, que presente el estado en que se encuentran todas las carpetas de homicidios de mujeres, que hasta hoy mantienen en el congelador para que se enfríen. Lo que van a encontrar, de hacerlo, los va a asustar, por la cantidad de pifias, manipulación de pruebas y falta de trabajo pericial que encierran los expedientes.

El asesinato de mujeres debe ser prioridad en el Gobierno actual y dejar de ser materia de discurso en las inútiles mesas de seguridad, pero, sobre todo, ya no debe ser pretexto para dar empleo a ineptos, corruptos e insensibles que saturan las fiscalías.