Ahora sí les acercaron la lumbre a los aparejos al Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, y al delegado de esa dependencia en la entidad, el marino en retiro Salvador González Guerrero, por la tragedia de los 40 migrantes que murieron en las mazmorras del Instituto Nacional de Migración (INM) y los 27 que resultaron lesionados.
Sin embargo, el hecho de que la Fiscalía General de la República supuestamente les haya fincado responsabilidad penal, no significa aún que se esté haciendo justicia, por el simple hecho de que no han sido detenidos y siguen trabajando como si nada hubiera pasado.
Si nos atenemos a los hechos que derivaron en la tragedia del centro de detención del INM, habrá que admitir que fue la presión de la opinión pública nacional e internacional, pero sobre todo la exigencia de justicia de los gobiernos de Guatemala y El Salvador, los que orillaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a permitir que los dos irresponsables funcionarios sean llamados a rendir cuentas.
Aun así, ayer en su mañanera, AMLO siguió exculpando al Comisionado y hasta dictando línea, al decir que todavía no se conocen los alcances de la investigación en su contra, y que todos los indiciados pueden ser acusados por omisión o por homicidio.
O sea, con sus declaraciones abre la puerta giratoria de la impunidad y permite que el administrador de las políticas migratorias del país, continúe en su cargo hasta que los jueces resuelvan lo conducente. Es decir, que lo limpien de cualquier responsabilidad.
Lo sano en este caso que sigue capturando la atención del mundo, hubiera sido que el Comisionado Garduño y el contralmirante González hubieran sido destituidos y puestos a disposición de la autoridad investigadora de inmediato, para permitir las indagatorias con toda libertad y fuera de la presión presidencial.
Al no hacerlo y seguir metiendo su cuchara en el asunto, opinando sobre los cargos que pueden resultar y lo que deberán determinar los jueces, Andrés Manuel solamente simula que atiende los reclamos diplomáticos de los países centroamericanos afectados con la tragedia, cuando en realidad está cuidando que el escándalo no manche más a su gobierno.
Por todo ello, para el presidente y su gabinete corcholatero, es mejor seguir interpretando el papel del Tío Lolo, porque un arranque de honestidad y sed de justicia para castigar a todos los responsables de la tragedia del 27 de marzo, puede echar a perder todos los planes electorales del 24. Así de simple.
………………
El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, debe andar muy tranquilo. Es posible que por su mente pasen más los elogios que le hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, que el dolor de las familias de los 40 migrantes fallecidos.
Pareciera que está amparado en el terco “cariño” que le tiene el jefe del Ejecutivo federal, porque gracias a eso, su responsabilidad en la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez, no pasará más allá de la exhibida pública, a medias, que su jefe le dé durante los tradicionales monólogos matutinos.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó la noche del martes que procedió penalmente contra el funcionario, por sus presuntas conductas delictivas, tras incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo.
El delito por el que se le acusa, está asentado en el Código Penal Federal (CPF), en el capítulo II del Título Décimo: “Delitos Cometidos por Servidores Públicos”, específicamente en el Artículo 214.
En el apartado IV dice textualmente “Teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión, de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie daño a las personas, o a los lugares, instalaciones u objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado”.
Según el CPF a los infractores se les impondrán de dos a siete años de prisión y una multa de 30 a 300 veces el salario mínimo. De ser culpable, obviamente queda destituido de su cargo, aunque el presidente no lo quiera así. También tiene que ser inhabilitado de dos a siete años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión pública.
Como el delito por el que se le señala no está clasificado como grave, no pasará nada. Garduño no pisará la cárcel, así como lo lee estimado lector.
………………
Muchos aficionados al café y a la grilla, además de los fieles opositores al régimen de la 4T, han empezado a especular sobre el efecto dominó de la tragedia de los 40 migrantes muertos en el Instituto Nacional de Migración, de Ciudad Juárez.
Entre las fichas guindas, corcholatas presidenciales, pues, habría una que de seguro quedaría fuera de la competencia por la silla presidencial que dejará Andrés Manuel López Obrador el año que viene.
Se trata de nada más y nada menos que de don Augusto López, el mandamás de la Secretaría de Gobernación. Sin duda ha sido el más abollado de los cuatro por la tragedia, aunque también Marcelo Ebrard, el jefazo de Relaciones Exteriores, ha salido raspado.
El INM responde a Gobernación, aunque don Augusto siga haciendo hincapié en que él no es el encargado del sistema migratorio. No solo eso, dice que Ebrard, es el máximo responsable de rendir cuentas. Así lo sostuvo dos días después del siniestro.
López es el operador del otro López. Por eso hay tanto proteccionismo en Los Pinos, porque es uno de los candidatos más fuertes de Morena, y quizá el que más le conviene a Obrador.
Ayer en el Senado, el Grupo Plural -que, aunque no tiene la credibilidad que quisiera y menos la efectividad que añora con su golpeteo político-, sigue aprovechándose del tema para pegarle a la administración federal. Ahora tocó el turno de Emilio Álvarez Icaza, quien dijo que sigue a la espera de confirmar los delitos imputados en la muerte de los migrantes. Conocedor de a quién hay que dale duro, enfiló hacia don Augusto López, no se midió.
………………
Muy inquietos trae a los panistas del Estado el decreto, aún en análisis, que reforma y adiciona disposiciones de la Constitución Mexicana en materia de garantías políticos electorales y de paridad de género, por las facultades que en las controversias le quitan al tribunal electoral y se las concede a los órganos internos de los partidos políticos.
Para comenzar, una de sus modificaciones que más ruido les hace, es la que establece que los partidos políticos en ejercicio de su auto determinación y auto organización, establecerán en sus normas estatutarias las reglas para la designación de sus dirigencias, así como las reglas para garantizar el principio de paridad de género en la integración de sus órganos colegiados.
Los panistas en desacuerdo consideran que el decreto, que está haciendo mucho ruido a nivel nacional, pero que fue aprobado en primera instancia por los diputados de todas las fracciones políticas, con excepción de Movimiento Ciudadano, afectará principalmente a los que aspiren a puestos de elección popular, principalmente a las mujeres, por lo que ya lo consideran una treta del Club de Tobi para privilegiar a los candidatos de pelo en pecho.
En la entidad, son muchas las mujeres panistas que ya han levantado la mano para buscar diputaciones, senadurías y alcaldías, por lo que sus seguidores e integrantes de sus equipos, están pegando el grito en el cielo porque saben de antemano que, en la selección de candidatos y candidatas, habrá mano negra escudados en ese decreto, que deja las resoluciones a cargo de los propios partidos, que finalmente serán juez y parte en todas las controversias y reclamos.
Si se considera que generalmente los candidatos postulados por los partidos no son los más idóneos, o mejor posicionados, sino los que tienen mejores conexiones con sus partidos y gobernantes en turno, ya podemos deducir que con esta reforma los usos y costumbres ortodoxos de asignación de candidaturas no cambiará, sino por el contrario, también serán otorgadas al mejor postor.
Por lo mismo, diputadas y regidoras de ese partido, consideran la reforma una amenaza para sus proyectos políticos y evidencian que no confían ni en sus dirigentes partidistas, que hasta ahora se han manejado bajo la premisa de que el poder es para poder, como dijo ya saben quién.