Otra vez, el Gobierno del Estado tendrá que saltar al ruedo para atender un problema generado por la dejadez de la administración federal, para la cual, por lo visto, no existen los problemas ni se escuchan los gritos de reclamo que se producen en los estados fronterizos del norte.
No al menos en Chihuahua, porque los transportistas de carga que este día harán un paro en diversos puntos de la carretera Panamericana no le reclaman nada al Gobierno estatal, sino al federal, y sin embargo, quienes entrarán al quite serán los operadores de la localidad.
Nada más para variar.
Desde hace días, los transportistas han efectuado acciones de protesta por el clima de inseguridad que priva en las carreteras del país, cuya vigilancia le corresponde primordialmente al Gobierno federal.
En verdad, han contado historias de terror, como eso de que les secuestran al conductor, lo torturan y no dejan de golpearlo hasta que el dueño del camión les deposita a los delincuentes la cantidad que solicitaron.
Desde el pasado 15 de enero –hace exactamente un mes– la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (Amotac) acordó con el Gobierno federal, que la Secretaría de Gobernación solicitaría un informe a la Guardia Nacional (GN) respecto al incremento del número de elementos y presupuesto que se destinará en 2024 en seguridad en carreteras.
A la fecha, no se tiene noticias, ni del dichoso informe, ni de los efectivos que deben andar patrullando las carreteras.
Por su parte, la Amotac informó que entregará las denuncias a la Segob sobre supuestos casos de corrupción cometidos por elementos de la FGR y GN, para que esta las canalice a la autoridad correspondiente.
Esto, según lo informa la agrupación de transportistas en su página de Facebook. Si bien aceptan que el paro provocará “inevitablemente” un caos, según lo difunden en su portal, lo hacen porque, de plano, los escuchan, pero no les hacen caso.
Así que, a partir de las 8:00 de la mañana, en autopistas que van a dar a la capital del país, y en diversos puntos de la Panamericana, habrá bloqueos.
Al menos acá, en Chihuahua, la autoridad estatal está lista para entrarle a la bronca. A ver si se apersona el Gobierno federal.
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Tanto que se ufanan las autoridades de todos los períodos de Gobierno, de haber “puesto orden” y eliminado “el autogobierno en las cárceles”, y en el de Juárez, no se mueve una sola hoja de papel si las internas no pagan dinero, y mucho.
¿Se acuerdan cuando el entonces gobernador César D.J. dijo que las cárceles del estado eran como “hoteles de cuatro estrellas”? Pues bien, el Cereso 2 femenil es algo así, y no por la calidad de los servicios, el buffet o el desayuno continental incluido, sino porque la habitación –en este caso, una celda– está reservada para quien puede pagarla.
Nos cuentan que, mientras unas tienen su celda para ellas solitas, o bien, para ella y su pareja o acompañante, a otras las tienen amontonadas en una sola, de hasta ocho personas en una de esas “habitaciones de cuatro estrellas”.
¿Quiénes tienen el privilegio de pasar el día y pernoctar en una habitación que es, como quien dice, propia? Obvio: quienes tienen dinero para pagarla.
Según las cifras dadas a conocer por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en su reciente informe sobre los centros penitenciarios femeniles, en el Cereso 2 de Juárez hay 293 Personas Privadas de la Libertad (PPL’s).
Esa cantidad rebasa el cupo máximo con el que cuenta ese centro de reinserción, y representa un riesgo para las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, así como para las madres que tienen a sus hijos viviendo con ellas en dicho lugar.
Si a todo esto le agregamos que hay celdas VIP, la cosa se pone peor. Tal vez no le faltaba razón a aquel gobernador que dijo lo de los hoteles cuatro estrellas: sí lo son, pero solo para quien puede pagarlos.
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Esos de la subdelegación del IMSS en Juárez andan haciéndole al Don Ramón, nada más escondiéndose para no pagarle a la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez (APCJ) por la renta de un edificio donde opera desde hace años la dependencia federal.
Nos comentan personas allegadas al problema entre periodistas juarenses y el Seguro Social, que este último nomás no ha querido apegarse a los términos del contrato de arrendamiento que firmó con la APCJ, y tampoco ha querido sentarse a negociar con sus arrendadores.
Y si no quiere negociar, mucho menos pagar. O sea que a la agrupación de periodistas les va peor que al señor Barriga cuando corretea a Don Ramón para que le pague la renta.
A Mirone le contaron que, desde el pasado 15 de enero, la APCJ le notificó a su arrendatario que tienen dos meses para sacar sus chivas y dejar las instalaciones, ubicadas en la avenida Henry Dunant, que alberga la Subdelegación Juárez II del IMSS.
Luego de distintos oficios que han sido enviados y dirigidos por la APCJ al titular del órgano de operación Administrativa Desconcentrada, el doctor José Antonio Zamudio, y al titular de la subdelegación, Edgar Ariel Vázquez Medina, no les ha llegado respuesta alguna.
Los trabajadores de la información andan molestos y preocupados, ya que el IMSS durante al menos los últimos 15 años se ha negado a renegociar el precio de la renta del edificio y prácticamente ha hecho lo que le da la gana sacando cualquier tipo de pretexto.
El problema se está calentando y pudiera venirse un agarrón legal, de esos que en los juzgados suelen darle largas al asunto, y más cuando se trata de dependencias contra particulares.
Le dicen a Mirone los trabajadores de la información que buscarán llegar más arriba en el Gobierno federal, para que este asunto sea de una vez librado por la buena, ante el incumplimiento de acuerdos.
Muy esquivos los del IMSS para pagar lo que deben, ¡ah!, pero que a un patrón no se le pase hacer un pago, o responder un requerimiento, cuando ya lo están dando de baja, con todo y sus empleados.
Para eso nos gustaban esos del Seguro.
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A grandes males, remedios difíciles. Tal parece que esa frase le queda bien a la medida que tomará en breve el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para reducir el rezago que tienen en el procesamiento de juicios por homicidio.
Según lo ha informado la presidenta del TSJ, Miriam Hernández, los tribunales penales del estado trabajarán los fines de semana para “pegarle” a un rezago de casi el 90 por ciento en el juzgamiento de personas acusadas de privar de la vida a una persona.
El informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, órgano del Gobierno federal, indica que, durante todo el 2023, se registraron 2 mil 69 homicidios en la entidad. Sin embargo, solo se emitieron 110 sentencias condenatorias.
Y eso que la magistrada presidenta solo se refirió a los delitos de homicidio cuando habló del rezago existente, y no a otros que tienen igualmente una alta incidencia, pero pocas sentencias condenatorias.
Por ejemplo, están los delitos de lesiones, que tuvo un registro de más del doble que los homicidios, con 5 mil 962 casos, de los cuales, 4 mil 453 fueron dolosas.
O bien, los 4 mil 368 casos de delitos contra la libertad y la seguridad sexual, entre los cuales se encuentra el acoso, la violación y el abuso de tipo sexual.
El Poder Judicial le entra así a una realidad que supera, con creces, su capacidad de procesamiento de casos de tipo penal. Buen esfuerzo, pero hace falta mucho más.