Entre los pendientes que ya debe de tener en su escritorio el fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, está la denuncia de hechos derivada de la auditoría financiera que se le realizó al Instituto Chihuahuense de la Salud el año pasado.

Hablamos de la observación número 25 realizada por la Auditoría Superior del Estado, que tiene que ver con la presentación de una cotización falsa, o no reconocida por su supuesto emisor, dentro de un proceso de adquisición de implantes cocleares para los pacientes del Hospital Infantil de Especialidades.

Un implante coclear es un dispositivo electrónico que permite a los pacientes recuperar la escucha.

El caso es que alguien del Instituto metió focha, inventó la comunicación con un proveedor, para cumplir requerimientos y favorecer a otro con pagos muy altos.

Es lo que ahora deberá investigar y clarificar la Fiscalía Anticorrupción, luego del trabajo de la ASE que se puso a revisar la investigación de mercado como parte de la licitación pública ICHS-LP-2023.

La ASE hizo la compulsa y detectó el enjuague cuando expresamente pidió a los supuestos licitantes la cotización específicamente de un implante coclear tipo ultra slim J/Naida CI Q70 para implante en oído derecho.

Otro de los tres supuestos participantes en la licitación no respondió a la ASE y uno más respondió que no manejó el implante.

Se trata, pues, de irregularidades en la licitación, en esa parte en que la ley obliga a hacer una investigación de mercado y tener al menos tres cotizaciones distintas antes de hacer una compra pública.

En la licitación en mención se pagaron tres millones de pesos por un implante al proveedor Dispositivos Electrónicos MED-EL, S. de R.L de C.V, precio muy por encima del mercado, donde andan por los 500 mil pesos.

Aparte de que la observación derivó en denuncia por la posible comisión de hechos delictivos, también dio pie a un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

Así que a la Coordinación de Investigaciones de la ASE le corresponde promover ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) o la autoridad competente, la imposición de sanciones a particulares que tengan que ver con la presentación de la información falsa.

Esa fue únicamente una de las 30 observaciones que se llevó el Instituto Chihuahuense de la Salud en la Auditoría Financiera. Además de esa única denuncia de hechos y que también derivó en un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, se generaron ocho Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

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Ixchel Cano Corral y Elena Yaneth Romo Pérez

Hemos comentado aquí sobre algunos nombres de aspirantes a las magistraturas que libraron los filtros de idoneidad y la insaculación y, por lo tanto, irán en las boletas electorales en la elección federal del 1 de junio.

Hablamos de los listados que correspondían a quienes atendieron las convocatorias del Poder Judicial y el Poder Legislativo; ahí incluimos también los casos de dos aspirantes a integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Olivia Aguirre Bonilla y Sergio Javier Molina Martínez), y uno más que busca llegar a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (César Lorenzo Wong Meraz).

Así que faltaba poner la mirada en quiénes serán candidatos a jueces en los Juzgados de Distrito.

La constante es que la mayor parte de los nombres, igual que en el caso de magistraturas, corresponde a personas que traen carrera en el Poder Judicial de la Federación, además de algunas otras que tratan de brincar desde el Poder Judicial estatal.

Por eso, los que llaman más la atención de Mirone, son los candidatos externos, quienes de alguna manera hacen más ruido.

Por ejemplo, si hablamos del listado que publicó el Senado de la República luego de hacer la insaculación ante el proceso que dejó inconcluso el Comité de Evaluación del Poder Judicial, está el nombre de Elena Yaneth Romo Pérez.

Romo tiene carrera de litigante, aunque recientemente se integró como defensora pública dentro del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Sin embargo, si su nombre suena más, es precisamente por sus antecedentes de trabajo político.

Fue suplente de la exdiputada federal por el Partido Verde Ecologista de México María Ávila Serna, en el 2015, aunque su activismo fue realmente en el PRI, partido por el que fue candidato a diputada en el 2016.

Precisamente fue secretaria general del Comité Directivo Municipal del PRI en el 2017, cuando el presidente local era Oscar Nieto y el presidente estatal Omar Bazán.

Yaneth será candidata para un Juzgado Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal. El suyo es uno de los 18 nombres (mujeres y hombres) que están en ese listado de quienes buscan un Juzgado Especializado, un Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales o un Juzgado Mixto.

Si vamos a la lista que publicó el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, hay otros nombres que llaman la atención.

Ahí aparece Ixchel Cano Corral, quien busca un Juzgado en materia Laboral.

También tiene su experiencia como litigante, aunque luego se incorporó al Poder Judicial estatal, donde actualmente se desempeña como secretaria proyectista, dentro de la Tercera Sala Penal Regional. Además, fue agente del Ministerio Público y jueza de Tribunal de Enjuiciamiento Unitario

La maestrante en Derecho tiene en su haber un paso por el Congreso del Estado, como asesora. Entonces estaba vinculada al PAN, partido por el que intentó ser candidata a diputada sin conseguirlo

Cano ya anda encampañada. Citó a conferencia de prensa para el sábado 8 de febrero para hablar sobre el inédito proceso de elección de personas juzgadoras.

Por lo pronto, fue la única mujer insaculada en materia Laboral para ir directo a la boleta electoral. Otras tres mujeres aseguraron la competencia en materia Mixta y otra única mujer en material Penal, Rebeca Saucedo López, quien es directora general de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales en el Consejo de la Judicatura Federal.

La maestra en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por parte de la Universidad Carlos III de Madrid, España, egresada de Derecho en el CIDE, ya trae currículum en el centro del país, desconoce Mirone cómo es que apareció buscando ser juzgadora en el Decimoséptimo Circuito que corresponde al estado de Chihuahua.

En cuanto a los hombres, para juzgados en materia Laboral, este poder únicamente insaculó a dos. Uno de ellos es Ignacio Alejandro Manjarrez Castro, quien ya es secretario de Instrucción de Juzgados Laborales, pero en Puebla. En su carrera dentro del Poder Judicial de la Federación, ha andado también por San Luis Potosí y Veracruz. No ha sido juez, quizá por eso se alistó para competir en Chihuahua.

El otro candidato es Francisco Canizales Saldívar, igualmente forma parte del Poder Judicial de la Federación, trabajando como oficial judicial del Quinto Tribunal Federal de Asuntos Individuales en Monterrey, Nuevo León.

Se agregan cuatro nombres de hombres para juzgados en materia Mixta y cinco en materia Penal. Luego revisará Mirone los nombres que hayan pasado los filtros y librado la insaculación en el proceso que le correspondió atender al Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo.

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Como que ya va siendo hora que haya verdadera coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Lo comenta Mirone por el tema de la duplicidad en las millonarias plataformas tecnológicas que despliegan en Juárez las corporaciones de los dos órdenes de Gobierno. Nos referimos a la estatal Plataforma Centinela y a la municipal Juárez Vigilante.

Cada una trabaja para su rancho y la efectividad de la videovigilancia queda en duda cada vez que ocurren aquí eventos criminales de alto impacto, y ninguno de los dos sistemas es capaz de seguir y ubicar a los responsables en su debido momento. Tanto aparato tampoco ha inhibido los hechos delictivos, como se esperaba.

Lo anterior viene a cuento porque ayer se difundió profusamente una encerrona que sostuvieron los jefes policiacos con organismos empresariales y representantes de la sociedad civil, como parte de los trabajos del Comité de Videovigilancia Colaborativa de la Mesa de Seguridad y Justicia.

Trae el proyecto la SSPE de Gilberto Loya, de integrar a la Plataforma Centinela unas 250 cámaras de empresas privadas que ya funcionan en los parques industriales.

Esa inclusión de los esfuerzos privados forma parte del programa de Cámaras Ciudadanas, se supone que para optimizar la capacidad de monitoreo y la respuesta ante emergencias.

Justo eso es lo que no se ha visto, aunque ya andan en 2 mil 800 las cámaras de Centinela y el Gobierno Municipal opera otro tanto.

Muchos arcos, muchos postes y muchas cámaras, pero poca efectividad, tanto para inhibir la criminalidad, como para bajarle a la impunidad y llevar a los responsables de los delitos ante la justicia. Ni siquiera se cuenta con un indicador específico en ese sentido.

Por lo pronto, ayer se vio buena voluntad entre jefes policiacos. En la reunión estuvo el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, así como Lucina Fierro Chávez, directora del CERI de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Gilberto Loya se llevó a su subsecretario de la Plataforma Centinela, Adrián Eduardo Lui Chavira.

Se supone que ya hay avances en el proyecto de interconexión de la Plataforma Centinela, no únicamente con cámaras particulares, también con Juárez Vigilante.

Lo que espera este Don que finalmente informen, son los resultados de esa videovigilancia, la interconexión y la colaboración.

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Quien anduvo ayer por la tierra de la eterna primavera fue la presidenta estatal del PAN, la juarense Daniela Álvarez.

En Cuernavaca, Morelos, realizó el Comité Ejecutivo Nacional del PAN su primera reunión con presidentas y presidentes de los comités estatales.

Todos acudieron al llamado del dirigente nacional Jorge Romero Herrera, donde se fijaron algunas directrices para aplicar en los estados y fijar la agenda y estrategia opositora a la 4T.

Trabajarán todavía hoy, pero al inicio de la jornada de ayer, tuvieron rueda de prensa. Ahí le tocó estar a Daniela para hablar de la crisis migratoria en Ciudad Juárez. Ahí acusó al Gobierno Federal de no destinar los recursos suficientes para atender a la ciudad y las personas en condición de movilidad.

Según el dirigente nacional del PAN, la idea es precisamente marcar la agenda nacional con una visión que integre lo local.

Aseguró que se trata de empoderar las agendas locales y regresar a los tiempos en que el avance y desarrollo nacional del PAN, provenía de la suma de sus avances a nivel estatal.

Romero Herrera adelantó que en su estrategia contra la 4T no soltarán dos temas: la exigencia de gasolina barata y el de la lucha contra la reforma al Infonavit, la cual, desde la perspectiva azul, busca arrebatarles sus ahorros a los derechohabientes para la construcción de viviendas, sin tomar en cuenta las necesidades de la población.