El alcalde juarense podría convertirse en la más pesada cruz que deba cargar Claudia Sheinbaum Pardo.
El lastre que significan las denuncias penales y los señalamientos públicos de corrupción que involucran a Cruz Pérez Cuéllar, seguramente lo tendría que cargar Sheinbaum no únicamente en la etapa crítica de la campaña electoral por la presidencia de la República que está por iniciar.
Ante el eventual triunfo de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, es previsible que, de concretarse la reelección del expanista en la alcaldía juarense, no cesará la polémica y el desgaste de la marca 4T, ante la reiterada vinculación con presuntos hechos de corrupción.
Si además tomamos en cuenta que el proyecto de Pérez Cuéllar no acaba en la postulación para un segundo periodo en la alcaldía, sino que fija el objetivo mayor en la gubernatura de Chihuahua para el 2027, ¿cuánto tiempo más sería capaz Sheinbaum de soportar esa carga antes de ser crucificada?
Hasta la fecha, son siete las denuncias por distintos delitos, entre los que se cuentan el enriquecimiento ilícito, el cohecho, peculado, uso ilegal de atribuciones y facultades, y el ejercicio ilegal del servicio público. Tales ilícitos les son atribuidos tanto al alcalde como a algunos de sus colaboradores y exfuncionarios.
Sin embargo, diferentes actores de la sociedad civil y representantes populares, tanto de partidos opositores como del partido Morena, al cual pertenece Pérez Cuéllar, han anunciado que preparan más denuncias penales y peticiones de auditorías por casos distintos a los que derivaron en las carpetas de investigación vigentes.
Así que el cúmulo de señalamientos crecería, y no por la simple lógica de la renta electoral o la dinámica de coyuntura política. Aparentemente, hay mucho más de fondo en la disposición y en el uso del recurso público por parte de esta administración municipal.
Es decir, lo conocido hasta hoy sería apenas la punta del iceberg sobre un modus operandi que, como ya lo han señalado públicamente distintos denunciantes, tendría como fin el saqueo sistemático del erario y la realización de negocios privados a costa de los bienes y los recursos que son de todos los juarenses.
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Una de las siete denuncias penales en manos de la Fiscalía Anticorrupción, perfila bastante bien el alcance de lo que parece generalizarse en el Gobierno de Pérez Cuéllar: entre el 2022 y una parte del 2023 se entregaron sin licitar 115 contratos distintos por obras, servicios y proveedurías.
Esos 115 contratos suman 569 millones de pesos, de acuerdo con Plan Estratégico de Juárez, la asociación civil que realiza contraloría social para detectar riesgos de corrupción y que, por primera vez, dio un paso más ante los hallazgos, al presentar la denuncia ante la instancia jurisdiccional que tendría la responsabilidad de ejercer la acción penal. Y hablamos apenas de una parte de los múltiples contratos que, hasta la fecha, ha entregado la administración crucista. La revisión de la contraloría social suma periódica y constantemente, más expedientes.
Otra de las siete denuncias, la relacionada con la casa de cambio en El Chamizal, es emblemática respecto a la forma en que toda una estructura gubernamental, mediante omisiones o autorizaciones, y hasta presunto tráfico de influencias, se puede poner al servicio de una empresa privada para hacer negocio con un bien público.
Son casos escandalosos. Como el Mochilagate. Si por alguna nueva omisión o falta de voluntad de la autoridad investigadora no se acreditaran los hechos de corrupción ante el pago de un sobreprecio de casi 50 millones de pesos en la compra de 250 mil kits escolares, es innegable, al menos, la ineptitud de los responsables de la adquisición.
Con un presupuesto de 122.3 millones de pesos pagaron a precio de mercado al menudeo por cada kit escolar, como lo confirmó la investigación periodística de Norte Digital. Verdaderamente increíble que se hayan tenido que pagar esos precios. Por donde se vea, existe un claro quebranto a las finanzas públicas, que hasta hoy permanece impune.
Hay muchas otras compras cuestionables, como la que se señala en el expediente por el pago de un sobreprecio de 11 millones de pesos en 43 mil pruebas Covid, otra más de las denuncias convertidas en carpetas de investigación, una vez que fueron ratificadas y no desechadas por la Fiscalía Anticorrupción.
La cereza de todo el pastel, está en el caso de la Casa del Campestre a la que se mudó el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, porque finalmente deja el nítido retrato, a la vista de todos los juarenses, del presunto fruto de los hechos de corrupción de los que se acusa al alcalde y a sus allegados, como su exdirector de Regulación Comercial y hoy casero, Daniel Pando Morales.
¿Cómo podría Claudia Sheinbaum borrar de su mano el estigma de corrupción si avala una postulación como la del alcalde Cruz Pérez Cuéllar?
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El pasado 3 de enero, cuando Sheinbaum Pardo visitó el estado de Chihuahua, no pudo escapar de los cuestionamientos sobre el tema de corrupción vinculada al presidente municipal.
“Que se investigue, es un compañero de Morena y como cualquier otro, si hay algo que no está bien, que se investigue”, respondió de forma breve cuando los periodistas le solicitaron un posicionamiento.
Llegó a tal punto de exposición mediática el asunto, que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la Casa del Campestre, en la conferencia mañanera del 9 de enero.
“Mire, no puedo dejar pasar esto, yo creo que si se hace aquí una denuncia es porque la mañanera… la verdad, no es para presumir, se ve en muchas partes; entonces, que no se dé como un hecho lo que aquí se denuncia porque no podemos hacer juicios sumarios”, señaló el máximo representante de la 4T.
También dijo que es muy sano hacer denuncias públicas para la democracia, “pero que eso no signifique que es responsable˝.
Un día después, el coordinador morenista en el Congreso estatal, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, indicó que siempre que haya alguna duda, es mejor la investigación para que los órganos jurisdiccionales se pronuncien.
“Todo lo que genere una duda, pues que se investigue y ya serán las autoridades competentes las que determinen si hubo una irregularidad o no”, destacó Estrada.
En todo el estado, difícilmente la militancia y los cuadros partidistas de Morena han podido sustraerse de la polémica, no únicamente ante la discusión jurídica que pueda generar la denuncia por enriquecimiento ilícito, o el contexto electoral que la enmarca, sino por la evidente contradicción del hecho de mudarse a una mansión que llegó a ser ofertada en 27.5 millones de pesos (aunque se pague una renta de 70 mil pesos, como afirma el alcalde), con los postulados de austeridad y de honrosa medianía que proclama el propio López Obrador.
En el extremo de las posiciones más críticas que asumen algunos fundadores de Morena, e incluso representantes populares por ese partido, como la regidora Cecilia Reyes Castro, se considera que el alcalde Cruz Pérez transgrede los tres principios fundamentales del máximo líder moral de su partido: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.
En general, la estructura partidista y los cuadros con posiciones clave han asumido posturas mesuradas, como una estrategia para no reproducir la narrativa de los denunciantes vinculados con la oposición a la 4T, pero a final de cuentas, todos coinciden en una cosa: los hechos denunciados se deben de investigar y castigarse si se comprueba la corrupción.
Es lo mismo que actores políticos del PAN, tanto representantes en el Ayuntamiento como en el Congreso del Estado, han solicitado a quien encabeza la Fiscalía Anticorrupción y que emana de su mismo partido: el fiscal Abelardo Valenzuela Holguín.
Que se investigue, ha dicho también la gobernadora Maru Campos, y se castigue a quienes “meten la mano al cajón”.
Si nadie le toma la palabra en Chihuahua a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum y tampoco hace nada para que su partido reconsidere la postulación para un segundo periodo del alcalde, no le quedará de otra que seguir cargando con esa cruz.