Se enteró este Don que al interior del Poder Judicial de la Federación ya andan muy movidos para implementar un esquema de planillas que les permita ser competitivos en la elección del próximo 1 de junio.
Las campañas formales en el inédito proceso para elegir por voto popular a las personas juzgadores, inicia hasta el 30 de marzo; sin embargo, ya se andan armando los equipos entre quienes se conocen bien porque traen carrera judicial y tienen muchos años en la nómina federal.
En los listados de insaculados para competir por magistraturas de tribunales y juzgados de Distrito, la mayoría de los nombres corresponden al propio personal activo del Poder Judicial. Muchos secretarios que quieren convertirse en jueces o magistrados.
Por separado no tendrían mucha fuerza para competir en la elección (que se computará por distritos judiciales en el caso de jueces y por todo el estado en caso de magistrados), pero juntos, la cosa es distinta.
Así que armarán informalmente o fuera del proceso electoral, su propio esquema de planillas. Se empaquetarán, harán lista de nombres y todos los que son candidatos se comprometerán a cumplir una cuota de votos, los cuales no serán únicamente para su persona, sino para todas las enlistadas en la planilla.
Esto no se lo comentaron a Mirone, pero seguramente también habrá alguna bolsa común para financiar los gastos de campaña.
El esquema de listados o planillas es el que finalmente funcionará en la jornada electoral de junio, también por parte de los partidos políticos, particularmente por Morena. Y eso que se supone que la elección de personas juzgadoras no pasaría por los partidos políticos. La realidad será otra. Quizá no todos los partidos le entren en el caso de la elección federal, pero en cuanto a los guindas, ese es un hecho.
Una parte de la votación correrá libre, pero la mayoría pasará por la operación político-partidista.
En ese escenario, para la elección de jueces y magistrados federales, lo que tendremos a final de cuentas, será un encontronazo (nuevamente) entre las estructuras del Poder Judicial que operarán sus alianzas y acuerdos en torno a las planillas, y los grupos morenistas que también manejarán sus listados.
Luego se verá cómo y con quién le entran las otras fuerzas políticas. En la elección de jueces estatales que se empalma con la elección federal, ya se sabe que el PAN sí le atorará con ganas, por lo que también tendrá operación político-electoral ese día. Si no traen los azules apuestas entre los candidatos que llegarán hasta las boletas en la elección federal, muy probablemente apoyen a las planillas que ya se están armando desde el interior del Poder Judicial.
Se pondrá buenas las definiciones y los agarrones durante la campaña, igual que en la jornada electoral del primer domingo de junio.
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Por todos lados se andan armando los equipos que seguramente trabajarán con el esquema de planillas o listados a la hora de promocionar los nombres (o mejor dicho números, ya que a cada candidato se le asignará uno) por quienes se habrá de votar el día de la elección de personas juzgadoras.
Por ejemplo, Adolfo Torres Chuca publicó hace días en redes sociales, una muy significativa fotografía que el exsubdelegado de Infonavit en Juárez identificó de la siguiente manera: “En Chihuas con amigos”.
El abogado Torres Chuca despachó en Infonavit por su vinculación con el movimiento 4T y actualmente es virtual candidato a magistrado para un tribunal en materia Mixta.
Hay varios participantes en el encuentro que compartió el abogado egresado de la UACJ. Destaca ahí el senador por Morena, Juan Carlos Loera de la Rosa. Después de que dejó el Infonavit, ya no se le despegó Torres Chuca al legislador juarense.
En la misma mesa está otro abogado juarense egresado de la UACJ que pertenece al equipo político del senador. Se trata de José Luis Contreras Cruz, a quien Loera convirtió antes en titular de la Aduana Interior en la ciudad de Chihuahua y actualmente despacha como responsable jurídico de la delegación estatal del Issste.
El abogado que en el 2022 se registró para buscar ser titular de la Fiscalía Anticorrupción estatal, pasó el filtro de elegibilidad y resultó insaculado en el proceso que dejó tirado el Comité de Evaluación del Poder Judicial y retomó el Senado de la República.
Así que aparecerá en las boletas como candidato a juez de Distrito en materia Mixta.
En la misma foto, aparece el actual magistrado de la Primera Sala Penal Regional con sede en Ciudad Juárez, Marco Tulio Cano Corral. No le entró al proceso federal y ya parece que trae planes de jubilación en el estatal, pero el hecho es que también ha estado cerca del hoy senador morenista.
Por mera coincidencia, Marco Tulio es hermano de Ixchel Cano Corral, quién sí está en la contienda federal. Ixchel también tiene carrera en el Poder Judicial estatal, ya fue jueza de Tribunal de Enjuiciamiento y despacha como secretaria proyectista en la Tercera Sala Penal Regional. Ahora ya pasó todos los filtros y la insaculación para competir por un juzgado federal en materia Laboral.
El caso es que está bien retratado otro equipo que seguramente tendrá su operación electoral rumbo a la jornada electoral extraordinaria del 1 de junio. Quién sabe a qué otros nombres vayan a apoyar en el proceso federal y qué otros tanto en el estatal. Ya se prevé por igual, que conformarán de manera extralegal, planillas o listados, cuando se pongan a operar el voto.
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Quien tendrá oportunidad de lucirse como encargado de despacho de la alcaldía de Chihuahua es el secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes Rascón.
Por puritita coincidencia, Fuentes Rascón también es aspirante a candidato a magistrado, dentro del proceso estatal. Quiere una Sala en materia Civil. Todavía le falta librar el filtro de idoneidad y la respectiva insaculación, pero ahí está como una de las cartas fuertes externas vinculadas al panismo.
El caso es que se quedará al frente de la Presidencia Municipal porque Marco Bonilla avisó que saldrá de la ciudad para atender un asunto familiar.
Bonilla regresará a su despacho hasta el lunes 17 de febrero, así que seguramente Roberto le sacará jugo a posición, aunque sea por unos cuantos días.
Según el artículo 100 del Código Municipal del Estado de Chihuahua, el responsable de los asuntos del Despacho de la Presidencia Municipal es el titular de la Secretaría de Ayuntamiento, ante una ausencia temporal del alcalde.
Cuando la ausencia del alcalde no rebasa los cinco días, de acuerdo con la legislación, no es necesario notificar al Ayuntamiento, basta con avisar a la persona titular de la Secretaría.
Lo que el propio Marco Bonilla detalló en sus redes, es que dejará la ciudad para acompañar a su hijo en un torneo de futbol.
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Puras mermas con las autoridades que se supone deberían de estar preocupadas y ocupadas por el caso del desastre ambiental que se generó al verter las aguas residuales del colector Norzagaray a la Acequia Madre.
Ahora resulta que nadie sabe nada de nada. Se hacen los occisos, le sacan la vuelta o se avientan la pelotita entre autoridades en materia ecológica y ambiental.
Ni por el lado federal, ni el estatal, ni el municipal, se ha asumido la responsabilidad de los hechos para proceder a la reparación del daño ambiental.
Ayer le tocó zafarse al secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado (Sedue), Gilberto Baeza. Que porque carece de facultades, el caso es que declaró que no podía su oficina tomar muestras de las aguas residuales, del suelo y del subsuelo para determinar el grado de contaminación.
Menos se quiso responsabilizar el funcionario de las tareas de remediación o de proponer algún plan de acción. Ni siquiera tenía idea el funcionario del daño que las aguas negras pudieron haber causado en el entorno y en el cauce de la Acequia.
Únicamente reconoció que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) les notificó en reunión interinstitucional que procedería a verter las aguas puercas en la Acequia Madre para poder ejecutar los trabajos en el nuevo colector.
En la Procuraduría Federal para la Protección del Medio Ambiente (Profepa), estuvieron peor, ni siquiera quisieron dar la cara para hablar del tema, igualito que pasó con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), donde ya se ve que tienen pacto de silencio con la JMAS.
Para acabarla de amolar, ni los representantes populares le atoran, aunque supuestamente les interesen los temas ambientales. Así pasó con el diputado del Partido Verde, Octavio Javier Borunda, quien preside la Comisión de Medio Ambiente, Ecología y Desarrollo Sustentable del Congreso del Estado. De plano se negó a una entrevista con Norte Digital. Lo dicho, puras vergüenzas.