En la hoguera de los ajustes políticos arden sin cesar Javier Duarte y Guillermo Padrés. Hacia la sociedad son presentados como ejemplar aplicación de la ley contra corruptos a los que se les pasó la mano en el robo de dinero público. Sus imágenes han sido colocadas en la plaza para que los consuma sin piedad el fuego de la opinión pública.
Entre las reglas de los gitanos de la política, que no deben leerse las manos, está la aceptación de someter a uno por bando para estar iguales; cae uno del PAN, como fue primero Padrés, exgobernador de Sonora; pero luego concede también el PRI al suyo, como es el caso del jarocho Duarte.
Padrés pasó por alto el séptimo mandamiento como un adolescente alocado cruza un semáforo en rojo sin reparar en las consecuencias. Le pisó al acelerador de su voracidad por el dinero ajeno y enlodó el nombre y apellido de su conservadora institución partidaria que tiene a bien seguir los 10 mandamientos de la ley de Dios, no solo el séptimo. ¡¡¡Qué horror!!! No es el único que ha avergonzado a la grey panista –eso hay qué decirlo–, pero es el que ocupa hoy la atención nacional.
Los principales funcionarios de Guillermo Padrés han sido perseguidos con ejemplar apego a la justicia. No terminaba de sentarse en su silla la nueva gobernadora sonorense, Claudia Pavlovich, cuando eran atrapados los primeros exfuncionarios panistas con sendas cantidades en efectivo que no hallaban dónde ocultar.
Hoy permanecen encarcelados varios de ellos y Padrés escondido en algún lugar del país por el influyente despacho de abogados panistas de los exprocuradores generales de la República, Antonio Lozano Gracia y Arturo Chávez Chávez. Casi nada. No es influente la calidad profesional, “es el poder del lobby”, dicen los conocedores.
Es verdad que los panistas robaron a manos llenas, no hay duda de ello. También es verdad que el exdirigente nacional del PRI y padrino de la gobernadora Pavlovich, Manlio Fabio Beltrones, siempre rumió agravios en contra de Padrés y sus gentes, y hoy cobra venganza; pero también es cierto que la presión sobre los panistas empezó en la medida que los priistas fueron admitiendo las atrocidades del veracruzano. No había escapatoria.
Tampoco hubo salida para Duarte, un tipo cínico y grotesco, desvergonzado y con fachas de haber ordenado asesinatos en un ejercicio torpe de apagar una lumbre aunque se encendieran 20.
Una vez que las baterías fueron enderezadas hacia Padrés, el priismo aceptó perseguir al veracruzano. No le permitió siquiera concluir su sexenio. Hoy gobierna aquella entidad su exsecretario general, mientras toma protesta a mediados de noviembre el panista–perredista Miguel Ángel Yunes, que ganó la elección el junio pasado.
César Duarte adujo que vendía carros chuecos en Ciudad Juárez y de ahí “acompletó” los 65 millones para convertirse en accionista del flamante Banco Progreso; Duarte el de Veracruz ni siquiera pensó en justificar de dónde salieron los cientos de millones invertidos por todos lados.
No pudo explicar por qué dejó endeudados a los malhablados pero alegres jarochos hasta la enésima generación, ni de dónde compró grandes residencias en Estados Unidos, Europa y por todos los rumbos del país. Los analistas más conservadores calculan que se robó 40 mil millones de pesos, casi un presupuesto anual de los casi seis que manejó al frente del Gobierno veracruzano.
Duarte no tuvo enemigos “importantes” dentro de su partido que le preocuparan, a diferencia de la bronca que agarraron los panistas en Sonora con Manlio Fabio; el enemigo fue su irracionalidad por el dinero ajeno. Su mala fama fue saliendo de las fronteras de Veracruz, alcanzó el territorio nacional y traspasó las fronteras del país. Era insostenible; así es que, si iba a rodar una cabeza en el tricolor, no era la de los responsables de la Casa Blanca o de los 43 de Ayotzinapa, sino la del exgobernador de Veracruz. Se puso de pechito, dice la frase popular.
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Abordamos los vergonzosos casos Padrés–Duarte para contextualizar la propia deshonra en Chihuahua. Quienes por venganza personal, interés político y/o de facción, o por genuino propósito de justicia, consideren que acá debe ocurrir la misma historia de Veracruz y el vecino Sonora, y que muy pronto debe andar César Peniche atrapando a Carlos Hermosillo, Raúl Javalera, José Yáñez, Alonso Duarte, Everardo Medina, Eduardo Almeida… y que también César Duarte Jáquez andará a salto de mata, los datos aconsejan calma y posible resignación. Cero nieve de limón.
Don Jaime García Chávez y don Marcos Molina Castro, los Baltasares Garzones del nuevo régimen panista, podrán seguir engrosando expedientes en la PGR y en la jefatura jurídica de Palacio de Gobierno, pero también deben irse conformando con que en sus trampas hallarán cuando mucho a ratoncitos de diente chato.
Es así por muchas razones objetivas que, medidas globalmente, llevan a la conclusión de que los restos políticos de Duarte serán extraídos de su tumba del siete de junio, serán colocados de nuevo en la pira de la opinión pública para mediatizar las contundentes promesas campañeras de cárcel –han prometido soplar el fogoncito el cuatro de noviembre–, pero ni por asomo Duarte será llevado a la cárcel ni los recursos que se robó devueltos al erario. También contundente Mirone, pero bien documentado en el análisis cercano.
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Del último viernes en adelante será difícil que el panismo cuestione y persiga a Duarte por el deudón impagable de entre 40 y 50 mil millones de pesos dejado por el ballezano, pero iniciado con los primeros grandes déficits ocasionados desde tiempos de Pancho Barrio, cuando aceptó el panismo la “descentralización” federal educativa sin el dinero correspondiente.
Abonaron a la cuenta Patricio Martínez, Reyes Baeza… y por supuesto, César Duarte que, como dice su innombrable Víctor Valencia, usó con singular alegría y sin miramientos los créditos bancarios.
Seguramente bajo premisas de necesidad imperiosa, Javier Corral debió recibir a partir del viernes sus primeros mil 800 millones de pesos de deuda. De ahí empezaron a cobrar sus funcionarios sus primeros sueldos. La prudencia política aconseja, entonces, silencio futuro contra Duarte en la materia.
Pero vamos admitiendo que los sabuesos del nuevo régimen son muy buenos, que configurarán adecuadamente los expedientes y los consolidarán en la medida que inicien sus recorridos por las alcantarillas de la anterior administración… a quién le pedirán que arme las solicitudes de aprehensión, quién giraría las órdenes correspondientes y quién mantiene el monopolio de la justicia federal, tanto en su ámbito de procuración como de impartición.
Por razones que poco a poco se empiezan a conocer, pero que no son materia de esta edición, el gobernador entregó la Fiscalía General del Estado a una facción del PRI con César Augusto Peniche a la cabeza, quien colocó como operadores de zona a exfuncionarios que tuvieron su formación, crecimiento y desarrollo principalmente con Reyes Baeza y el propio Duarte. El único panista ahí parece que es el jefe de la Policía Estatal Única, Javier Benavides, pero con un historial de halloween, que espantaría al mismísimo perseguido exgobernador de Veracruz.
La configuración mayoritaria del actual Tribunal Superior de Justicia –de donde deben salir las eventuales órdenes de aprehensión–, fue decidida personalmente por el exgobernador, César Duarte. Eso está muy dicho. Una gran mayoría de sus magistrados permanecen bajo la directriz ballezana.
Y si nos vamos a la PGR y al Poder Judicial Federal quizá no sea tanta la influencia, pero están debidamente controlados por Los Pinos-PRI. Para nadie ha pasado desapercibida la “gran amistad” entre el nuevo titular de la PGR, Ricardo Cervantes, y César Duarte.
El ambiente político también debe ser fundamental para impedir que la corrupción del duartismo quede en la impunidad. El régimen azul no tiene aliados de relevancia que le hagan segunda ni en el mundo político estatal ni nacional, ni tampoco con autenticidad en el entorno mediático.
Aunque las principales alcaldías del estado son manejadas por no priistas, ni Maru Campos y su equipo en Chihuahua capital, ni el independiente, Armando Cabada en Juárez, guardan afinidad alguna con el estado en el tema Duarte; al contrario, es seguro que nada tienen contra el exgobernador. Como ejemplo de la parte mediática, los estudios del Canal 44 se han convertido en señaladores permanentes del gobernador blanquiazul.
Hacia el propio interior del equipo del nuevo gobernador Corral, están quedando expuestos flancos importantes en materia de complexión moral, ética y posiblemente legal, porque se han ido incorporando al Gobierno empleados y familiares de los funcionarios. ¿Hacia dónde criticar también en este aspecto sin que se vuelva la crítica hacia sí mismo? Poco a poco se reduce la posibilidad de escupir hacia arriba.
Para finalizar y rematar, el inicio de la administración está recibiendo su bautizo de sangre –incuestionablemente lo peor de todo entre los temas mencionados línea antes–. Ello impide pensar con serenidad y tomar decisiones correctas. No se termina de analizar una masacre para cuando ocurre otra. Se están cumpliendo las amenazas de que regresaría la violencia como en las peores etapas de la historia reciente del estado.
Para la sociedad, lo apremiante es su seguridad. Ya no la encuentra por ningún lado: le roban sus autos, la asaltan en la calle, le roban sus casas, le envician con drogas a sus hijos y hermanos… y de nuevo hay asesinatos por todas partes.
¿Tendrá Corral tiempo para pensar en cómo perseguir y castigar a Duarte? Debiera hacerlo, porque es su obligación cumplir con las promesas de campaña de llevarlo a la cárcel, puesto que se mostró seguro de que saqueó al erario; pero una cosa es aquella convicción eminentemente de carácter electoral y otra muy distinta la realidad presente.
Para el gusto mironiano, el interés institucional en relación a la desastrosa administración duartista y el consecuente resarcimiento de daños pinta para quedarse como deuda impagable –simple y llana impunidad–, aunque pervivan por los siglos de los siglos los agravios personales entre el actual gobernador y su antecesor. Cosas de campaña electoral, cosas de política.