El Gobierno del panista Javier Corral atraviesa una etapa compleja. El desgaste en el ejercicio del poder asoma el rostro y afloran las presiones en distintos frentes, mientras los ciudadanos siguen esperando que se cumplan las expectativas del cambio prometido.
Los movimientos de protesta contra el gasolinazo del mes de enero derivaron en acciones de resistencia civil, no solo frente al alza de combustibles, sino que han venido incorporando un amplio menú de demandas, de las que exigen respuestas al Gobierno del nuevo amanecer y le reclaman lejanía con los ciudadanos.
En vísperas del segundo aumento a los carburantes, inicialmente previsto para este fin de semana y suspendido temporalmente por el Gobierno federal, las acciones de protesta volvieron a prenderse en distintos puntos del estado, sumándole la negativa de una franja de ciudadanos a pagar el derecho de revalidación vehicular.
No es extraño que, a río revuelto, los partidos políticos y grupos de presión intenten lucrar con temas que pegan a la economía de los ciudadanos. Pero llama especialmente la atención que las protestas de esta semana estén sembradas, la mayoría de ellas, en municipios gobernados por el Partido Acción Nacional; desde Jiménez, Camargo, Delicias, Chihuahua, Juárez, Madera, Matachic, Temósachi, Cuauhtémoc, entre otros.
También es notable que el tono del reclamo sea duro, radical, y no distinga el orden de Gobierno ni los actores políticos responsables de las medidas. Quien está pagando el costo político principal es el Gobierno del nuevo amanecer, y particularmente la figura del gobernador, Javier Corral Jurado.
Las lonas, mantas y los reproches a voz en cuello que hicieron los integrantes del Movimiento de Resistencia Civil del Noroeste del Estado, cuando irrumpieron en Palacio de Gobierno el miércoles pasado, fueron duros.
“No al gasolinazo. ¿Te acuerdas Corral?, ¿o se te olvidó que en 1986 tú mismo tomabas casetas y carreteras? Y ahora la amenaza es usar la fuerza pública. Danos la cara, no seas cobarde”, se leía en varias lonas colgadas de las balustradas de cantera del primer piso de la sede de Gobierno.
Al reclamo enardecido del gasolinazo se sumaron un rosario de quejas y exigencias, como la reducción a la mitad del cobro de revalidación vehicular, la disminución en el número de legisladores estatales y federales, así como en los regidores que integran los cabildos en los ayuntamientos y la molestia por la intervención policiaca para desalojarlos de las oficinas de Recaudación de Rentas en sus municipios, que mantenían tomadas desde el dos de enero.
Desde esos días de enero, el nuevo Gobierno del Estado no ha logrado convencer a los grupos inconformes de reencauzar sus protestas para no afectar a otros ciudadanos y los ingresos del Estado. Las afectaciones por el bloqueo a las casetas de cobro en municipios como Camargo, Saucillo, Jiménez, Cuauhtémoc y Chihuahua, además de oficinas de Recaudación de Rentas, superan los 60 millones de pesos.
El argumento de que esos fondos son indispensables en la precariedad de las finanzas estatales, no ha servido de nada.
Los integrantes del Movimiento de Resistencia Civil del Noroeste del Estado se declararon apartidistas, pero muchos de ellos sí se identificaron como simpatizantes del PAN y la mayoría de los municipios de procedencia están gobernados por alcaldes de ese partido, como sucede en Madera, de donde llegó uno de los contingentes más numeroso y más cabreado contra el régimen del nuevo amanecer.
La paciencia se agota
Hay impaciencia en los ciudadanos a cuatro meses de iniciado el gobierno del panista Javier Corral. Fueron grandes las expectativas que despertó su oferta de cambio y su promesa central de llevar ante la justicia a César Duarte y exfuncionarios inmiscuidos en actos de corrupción.
El mandatario parece haber dejado en segundo plano el cortejo indispensable a sus electores, en estos primeros meses de gobierno.
Su definición en el discurso inaugural, de encabezar un gobierno enfocado en la atención de los grupos vulnerables, tampoco se ha concretado.
La excusa del déficit presupuestal, el colapso de las finanzas públicas y la carga de la deuda pública, heredados por su antecesor, César Duarte, ya perdió el efecto amortiguador de los primeros días.
Un tercio del primer año de gobierno se consumió y la administración no arranca motores. No hay programas específicos y fondos presupuestales que estén fluyendo, ni siquiera la estrategia de “Echarle Montón a la Pobreza”, anunciada por la Secretaría de Desarrollo Social y que se suponía estaría en marcha el pasado 26 de enero, se ha hecho efectiva en la frontera: apenas empezó a delinearse en un polígono de pobreza de la capital.
La sequía presupuestal tiene inmóviles los proyectos de obra pública, los fondos federales tampoco se ven en el horizonte cercano, la presión del gasto de la nómina educativa, de salud, y de seguridad, no amaina.
A todos esos males se agrega la percepción, entre aliados del nuevo amanecer, de que el gobernador Corral ha perdido enjundia para asumir posiciones firmes frente al Gobierno federal, como el caso del gasolinazo; pero sobre todo en la definición central: el reclamo directo, fuerte y constante al presidente Enrique Peña Nieto y a la Procuraduría General de la República, para que resuelva la denuncia en contra del exgobernador, César Duarte, que tiene dos años y cinco meses en espera.
En ese sentido, el presidente de Unión Ciudadana, Jaime García Chávez, ha estado pidiéndole a su anterior aliado, Javier Corral, un pronunciamiento de Estado en el que los poderes Ejecutivo y Legislativo se manifiesten públicamente y le exijan a la PGR definición sobre el caso Duarte. Tampoco ha logrado respuesta.
Y en las últimas dos semanas surge el sospechosismo de los negocios al aparo del poder, con la adjudicación de contratos a empresas vinculadas a los hombres del Gobierno. Primero en Comunicación Social y, este fin de semana, en el área de la Coordinación Ejecutiva del Gabinete, cuyo titular, Gustavo Madero, es señalado en versiones periodísticas por supuesta venta de un software a la administración estatal, por parte de una de las compañías que conforman el grupo de empresas de la familia Madero.
La inmovilidad también pega en el PAN
Dentro del propio Partido Acción Nacional, los grupos internos vienen lanzando fuertes críticas al desempeño gubernamental.
La tardanza en los resultados de las investigaciones sobre la corrupción de exfuncionarios, una lista de errores en la conducción de la administración y la cercanía del refrendo electoral en junio del próximo año, genera golpeteo interno.
El sábado antepasado, aquí en Juárez, el gobernador Javier Corral sostuvo una reunión con legisladores de su partido. A todos les pidió trabajar del lado del Gobierno, no en acciones individuales tendientes a buscar la reelección.
En esa misma línea, el presidente del Comité Estatal del PAN, Fernando Álvarez Monge, reunió a los dirigentes de los comités municipales. La inconformidad ciudadana en el corredor azul prendió luces de alerta ante el reto que representan las elecciones intermedias dentro de un año y cuatro meses, exactamente.
La preocupación tiene razones reales. Al bono democrático que inicialmente el PAN y el propio coordinador del Gabinete, Gustavo Madero, le calcularon un período mínimo de seis meses, ya le quedan sesenta días y contando.
El desgaste ya se nota en varios frentes. Los errores de los funcionarios en la curva de aprendizaje, el bajo perfil de una gran mayoría de ellos e incongruencias evidentes entre el discurso y la práctica, han producido boquetes en el barco del nuevo amanecer, por donde empieza a colarse la frustración y duda sobre la efectividad del voto para lograr el cambio político a favor de los ciudadanos.
Y si eso sucede allá en la capital de estado, aquí en Ciudad Juárez las cosas se ven peor. El centralismo político y presupuestal mantiene una doble parálisis en la administración pública, la del nivel estatal y municipal.
A eso hay que sumarle también la falta de coordinación institucional real entre los dos órdenes de Gobierno. La mala relación entre el gobernador Javier Corral y el alcalde independiente Armando Cabada, acentuada por sus diferencias en torno a los nombramientos del jefe de la Policía municipal, sigue sin solucionarse.
A la administración estatal le quedan dos meses de plazo legal para dejar claro el rumbo del Gobierno para los próximos cuatro años y medio que le restan; deberá mostrarlo en la entrega del Plan de Desarrollo Estatal. Después de eso, se habrán agotado las excusas.
Para el Municipio es obligado un ritmo más acelerado, el tiempo de vida que le resta al alcalde independiente Armando Cabada es de apenas un año cuatro meses; tampoco se ven acciones contundentes, por el contrario, el equipo de funcionarios ya trae varios ajustes y se esperan más, con las prisas que corren por el proyecto reeleccionista del próximo año.
—
Directivos y trabajadores de NORTE de Ciudad Juárez enviamos un saludo cordial al señor Osvaldo Rodríguez Borunda, presidente y director general de El Diario de Juárez, destacado empresario en nuestra comunidad. Estamos seguros que saldrá adelante en esta etapa de lucha contra la enfermedad para continuar su labor. Le deseamos una rápida recuperación de la salud.