La Contraloría Municipal abrió una investigación por el supuesto desvío de 15 millones de pesos del programa alimentario de los Centros Comunitarios de la ciudad, para la compra de 43 mil pruebas Covid, que permanecen almacenadas.

La movida se hizo de un proyecto de inversión de 35 millones de pesos, destinado a los desayunos escolares, que existe desde la pasada administración municipal.

El caso lo ha estado investigando la regidora Vanessa Mora, quien preside la Comisión de Centros Comunitarios, porque el recurso estaba etiquetado y no había justificación alguna para que se desviara.

Dicen las mironianas lenguas que de las 40 mil pruebas Covid que se compraron, solamente se usaron 6 mil, y ahora que les cayó la voladora, no saben qué hacer con ellas.

Lo de menos sería, que los responsables de este asunto se apuraran y aplicaran las pruebas, pero el problema es que, su vencimiento en marzo.

Esta situación pone en aprietos hasta al Comité de Compras del municipio, que fue el que autorizó la compra, porque también fue a destiempo y el material tuvo que mandarse a la bodega, donde permanece como muda evidencia de una decisión irresponsable.

La irregular compra se hizo a principios del año y por lo mismo no le tocó al actual titular, Jesús García, quien recientemente se hizo cargo de la Dirección de los Centros Comunitarios, y por lo mismo es ajeno a la operación.

Las que deben decir algo al respecto son la anterior titular de la dependencia, María Antonieta Mendoza, así como la síndica, Esther Mejía, quien a lo largo del primer año de Gobierno ha permanecido calladita, pero muy activa en los trabajos partidistas en favor del corcholaterío de Morena.

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En respuesta a la demanda que hizo la gobernadora Maru Campos a la Federación, para atender los flujos de miles de migrantes que vienen “escoltados” a Ciudad Juárez por la Guardia Nacional, el Gobierno central mandó doscientos militares.

Es esta, sin duda, una burla a un reclamo justo, porque la obligación de atender en todas sus formas el problema migratorio es del Gobierno de la República, pero tal parece que solo lo utilizan para lucrar políticamente y poner en aprietos a las autoridades locales.

Si bien es cierto que la migración es un derecho universal, también lo es que las personas en movimiento, deben ser protegidas de los delincuentes que los extorsionan para financiar sus actividades criminales, no solamente conducidas por la autoridad federal hasta la frontera.

El propio secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, lo afirmó después de rescatar a los migrantes que fueron atacados a balazos cuando eran trasladados en un camión a la frontera.

Como presuntos responsables de haber participado en este caso, hay dos sujetos detenidos, que deben ser investigados para que revelen los nombres de los cabecillas de esa red criminal, que ven a los migrantes como una valiosa mercancía.

Nadie había informado tampoco quienes rentaron los camiones urbanos en los que están trasladando a decenas de migrantes a la ciudad. Si fue un alma caritativa o las mismas bandas rivales, las que pagaron por el servicio, es todavía una incógnita a pesar de que esta información es clave para encontrar la punta de la madeja de este tráfico humano.

En busca de toda esa información, deberían de trabajar los picudos equipos de inteligencia del Ejército y la Guardia Nacional, para dar con los contrabandistas de personas que son, a la vez, generadores de violencia, porque pertenecen a las mismas bandas del crimen organizado que tienen asolada a la ciudad.

Un dato que puede servirles, si acaso van a investigar, es que en las colonias Chaveña y en la zona centro, los malandros ya andan buscando viviendas abandonadas, vecindades en renta y hasta fincas en ruina, para acomodar a los migrantes que tienen bajo su control y que les representan miles de dólares.

Por todo lo anterior, de nada sirve que manden más militares, si nada investigan y van a seguir en su papel de turistas por las calles de Juárez, presencia que no inspira el menor respeto a los malandros, que seguirán haciendo del fenómeno migratorio un gran negocio, frente a sus narices.

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El Centro Integrador Leona Vicario que alberga migrantes, nació como una propuesta de la sociedad civil, que obligó al Gobierno federal a cumplir con su responsabilidad de atender a los migrantes, que llegaron en las primeras caravanas en el 2019.

Iniciativa Juárez fue el proyecto diseñado por empresarios, investigadores, académicos y organizaciones no gubernamentales, que se unieron para hacer frente al problema migratorio del que se había desatendido el gobierno central.

Por lo mismo, no es cierto lo que dijo el delegado federal Juan Carlos Loera, en el sentido de que el Gobierno de la República siempre ha atendido a los migrantes, pues fue a instancias de Iniciativa Juárez cuando dejaron de ignorar el problema.

Loera respondió al reclamo de la gobernadora presumiendo el trabajo del centro Leona Vicario, pero no dijo nada de los recursos que se necesitarán, para hacer frente a la contingencia de los grupos que ya están llegando y de los que llegarán en los próximos días.

Si como presume, comprobara en los hechos que verdaderamente están apoyando a todos los albergues que reciben migrantes en la ciudad, los de tipo religioso y de las ONG´s, nadie estaría reclamando, por esa indiferencia que han mostrado a lo largo de cuatro años para atender un problema que les corresponde únicamente a ellos.

Si ese reclamo fuera únicamente en esta frontera, pudiera pensarse que está orquestado, pero es el mismo que se escucha a lo largo de 3 mil kilómetros de frontera, desde Matamoros hasta Tijuana, donde los albergues los atienden la sociedad civil de ambos lados de la línea divisoria, así como las organizaciones católicas y cristianas.

Entonces, que no le eche tanta crema a sus tacos, porque la realidad les está gritando ¡Mentirosos!

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El fracaso de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022 trajo como consecuencia que se abriera en el país la discusión pública sobre la corrupción que impera en este deporte profesional, particularmente entre los socios de la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Los vacíos legales, mañas e irregularidades que tienen sumido al futbol mexicano en una crisis, han beneficiado indirectamente a dos personajes públicos de Chihuahua: el morenista Rafael Espino y a la empresaria Alejandra de la Vega.

Hoy en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el periodista Amir Ibrahim exhibió varios casos en los que destacan el uso de recursos públicos en el negocio privado del futbol y la condonación de impuestos por más de 2 mil 600 millones de pesos durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

Entre los temas abordados por Ibrahim, destacaron la compra y venta de jugadores sudamericanos a sobreprecio, presunto fraude fiscal por la compra de clubes deportivos, dinero público en el negocio privado de este deporte y la violación al Artículo 4to de la Constitución.

En la mañanera fueron revelados audios en los que presuntamente se involucran el expresidente de la FMF, Decio de María, y el dueño de Grupo Pachuca, Jesús Martínez, mientras hablan sobre contratos para evasión de impuestos.

Lo que no hablaron fue de los políticos relacionados con el negocio del futbol, como el exprecandidato a la gubernatura por Chihuahua, Rafael Espino, de quien ha salido a relucir en varios programas deportivos a nivel internacional, como Futbol Picante, de ESPN, bajo la titularidad del periodista José Ramón Fernández.

Hace dos años David Faitelson aseguró que Gabriel Solares, presidente corporativo de Querétaro y que un año atrás apareció en el Atlante como presidente corporativo y ventas, fue impuesto por Espino para seguir sus intereses económicos.

“Gabriel Solares quedó al frente de Gallos Blancos del Querétaro con los intereses del empresario chihuahuense Rafael Espino, socio del Atlante en Cancún y dueño de los hospitales Amerimed. Obviamente no puede aparecer por lo siguiente: es consejero de Pemex, actual senador suplente, exprocurador del Gobierno del DF, es quien busca la candidatura del Gobierno por el Estado de Chihuahua por el partido Morena”, dijo el polémico comentarista.

El morenista chihuahuense, de acuerdo con lo expuesto en los programas deportivos, hizo mancuerna a escondidas con Manuel Velarde, quien fuera presidente deportivo del Atlante, y quien llevó a Solares a empaparse más en el tema del funcionamiento de la Liga MX.

Otros de los temas tocados por analistas es el de la eliminación del descenso en la Liga MX, que ha beneficiado al club juarense Bravos, propiedad de la empresaria Alejandra de la Vega. El equipo fronterizo se ha mantenido a base de billetazos en el máximo circuito del balompié nacional.

Después de que en el Apertura 2021 el FC Juárez fue obligado a pagar 120 millones de pesos tras finalizar en el sótano de la porcentual, en el Torneo Clausura 2022 sucedió lo mismo, solo que la FMF decretó en la Asamblea de Dueños que el último lugar únicamente debía saldar 80 millones de pesos.