Pese a que fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, que derivó en la tragedia de la estación migratoria del 27 de marzo, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, seguirá tranquilamente en su cargo, ganando un sueldo mensual de 150 mil 333 pesos, y con todos los gastos pagados para venir a Juárez cada 15 días, a firmar el libro de asistencia del Juzgado Federal, que fue la única medida cautelar que le fijaron.

Con esas prerrogativas, el funcionario federal se encuentra tranquilo. Así, se mostró a su salida del Tribunal Federal el domingo, después de la larga audiencia donde fue vinculado a juicio por no proteger las vidas, la integridad física y los derechos humanos de los 40 migrantes que murieron asfixiados y quemados en las celdas de su instituto, y de los otros 27 que resultaron heridos.  

Al seguir en su puesto, Garduño no solo seguirá disponiendo del presupuesto para pagar sus viajes a la frontera, sino también para pagar los viáticos de todo el personal que lo acompaña, el mismo personal que la noche del domingo pasado lo arropó para que no lo mortificaran los reporteros con sus incómodas preguntas y cuestionamientos.

Al salir del edificio federal, el comisionado tuvo la desfachatez de afirmar que esa resolución ya la esperaba y que “seguirá trabajando para vigilar que se haga la reparación del daño a las familias de las víctimas”.

Aquí cabe la obligada pregunta de Mirone: ¿Por qué no trabajó antes para evitar que la estación migratoria fuera convertida en una prisión y después en un crematorio?

Tal vez para el Gobierno federal no sea suficiente la irresponsable actuación y las criminales omisiones del funcionario, para mantenerlo todavía cobrando puntualmente en su cargo, a pesar de que, para la opinión pública mundial, esa protección que le han dado es un escándalo que apunta a la impunidad.

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Muy perjudicada anda en el país la percepción de capacidad de los gobernadores de todos los signos y colores políticos, que en el promedio nacional se mantienen reprobados y no llegan a los 60 puntos de calificación, según la última encuesta Mitofsky correspondiente al mes de marzo y publicada ayer.

En esta consulta de opinión pública, solamente tres gobernadores obtuvieron calificación aprobatoria, ligeramente arriba del 60. Ellos fueron Miguel Riquelme, de Coahuila con 62.6; Rubén Rocha Moya, de Sinaloa con 61.8 y Ricardo Gallardo Cardona, de San Luis Potosí con 61.2.

En el rango de las gobernadoras mejor evaluadas, en tercer lugar, aparece Maru Campos, de Chihuahua, con una calificación de 54.5, solamente superada por Teresa Jiménez Esquivel, de Aguascalientes con 54.8 y Lorena Cuéllar de Tlaxcala, con 54.7.

Los cinco gobernadores peor evaluados, los que ni siquiera llegan a la calificación de 50 puntos, son Layda Sansores de Campeche, Esteban Villegas de Durango, Evelyn Salgado de Guerrero, Indira Vizcaíno de Colima y David Monreal de Zacatecas, quien tuvo la más baja evaluación con 33.

De acuerdo con estos números, solamente 3 de 32 gobernadores fueron aprobados en su gestión, y pasaron, como dicen los chavos, de panzazo. Para llorar.

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Migrantes que ya se encuentran en los Estados Unidos, están saturando las redes de sus paisanos varados en la frontera mexicana, con información errónea, especulación, rumores y mensajes retadores para que crucen ilegalmente la línea divisoria, “porque al fin y al cabo no pasa nada, pues solo los deportan”.

Yovanny, un venezolano que llegó a la frontera hace 15 días con su esposa María, platicó ayer a Mirone que los mensajes los vuelven locos, porque engañan y los animan a entregarse a la Patrulla Fronteriza, sin saber que quedarán marcados como inelegibles para el asilo.

Precisó el migrante, hospedado en el Hotel Correo, que existe un grupo en WhatsApp administrado por personas que están en los Estados Unidos, donde les llegan todo tipo de mensajes contradictorios, pero ninguno apegado a lo que han recomendado las autoridades migratorias, de utilizar la aplicación CBP One para quedar registrado y esperar la cita formal para pedir el permiso humanitario migratorio.

En contraste con la desinformación que les provoca angustia y desesperación, obligándolos a violar las disposiciones legales, muchos de los migrantes que se encuentran estacionados en la ciudad, ya están enterados de la noticia de los centros de procesamiento anunciados por el Gobierno norteamericano la semana pasada, mismos que entrarán en funcionamiento a partir del 12 de mayo en Colombia, Guatemala y México, para agilizar las solicitudes de ingreso documentado al vecino país.

El caso de Yovanny y María podría acelerar su trámite en dicho centro de procesamiento, porque ya tuvieron acceso al sistema CBP One para entregar sus datos personales, pero el problema es que no saben si funcionará en la frontera o tendrán que trasladarse a otra ciudad.

Mientras tanto, al mismo tiempo que siguen llegando en tren y en autobús cientos de venezolanos, en los grupos que se mantienen en el centro de la ciudad, muy cerca de la línea fronteriza, sigue fermentándose la idea equivocada de que deberán cruzar por cualquier vía en los primeros minutos del 12 de mayo.

“María quiere hacerlo porque está muy confundida. Yo le digo que nos esperemos o se va sola, porque ya hemos avanzado mucho para echarlo a perder por esa vaina”, dice Yovanni. 

Por lo pronto, el amago de cruzar masivamente sigue latente y ha obligado a los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, a realizar simulacros de cierre de la frontera en los puentes internacionales.

Ayer se realizaron en el puente de Paso del Norte, tanto para vehículos como para peatones, colocando las barricadas de concreto y malla de púas, generando caos y molestias para cientos de juarenses que aprovecharon el día inhábil para ir a la vecina ciudad.