Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) duerme como un querubín. En su conciencia no pesan ni siquiera las sombras de aquella tragedia que enluteció a América Latina el pasado 27 de marzo, la que dio la vuelta al mundo y que nuevamente puso a Ciudad Juárez en el ojo del huracán.

A Garduño Yáñez esa situación no le quita su sueño placentero, ni hay pesadillas ni sobresaltos que le recuerden aquel incendio que ocurrió hace casi dos meses en las instalaciones de la estación provisional del Instituto Nacional de Migración, ese que cobró la vida de 40 extranjeros y lesionó a otros 27.

Ayer, el comisionado fue cuestionado por los medios de comunicación: “¿Usted duerme tranquilo?” Y como elemento consentido de la 4T, sacó la respuesta que se ha vuelto una muletilla en el Gobierno federal color guinda: echarle la responsabilidad a otro.

“Yo estaba a mil 800 kilómetros de distancia del suceso, no podía llegar a los tres minutos de que se suscitó la conflagración, en la cual dos venezolanos provocaron con dolo el incendio y empleados del Instituto Nacional (de Migración) irresponsablemente, no localizaron las llaves”, respondió textual.

Fue un incendio del que aún los rescoldos quedan, en el ánimo internacional, en las asociaciones derechohumanistas que exigen justicia, de las familias que quedaron enlutecidas.

Familias que hoy en día reciben terapias grupales, según consta en las redes sociales que difunden esas labores por parte de Gobiernos como el de Guatemala, Honduras y El Salvador, sitios donde fueron llevados los cuerpos de las víctimas y cuyas familias reciben el acompañamiento para superar el duelo.

No, para el comisionado, el sueño es placentero. Favor de no molestar.

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Y así como el incendio acabó con la vida de migrantes y las instalaciones del INM, esta semana, sin saber quién o por qué, repentinamente una gran carpa comenzó a ser instalada en el espacio identificado como el hoyo 1, en los terrenos de El Chamizal.

Hace un par de días, integrantes del Frente en Defensa de El Chamizal y Árboles en Resistencia, difundieron un video a través de sus páginas en Facebook, en donde externaban su preocupación por el asentamiento, que afirman se colocó en una zona inundable.

Hay que recordar que estamos en el inicio de la temporada de lluvia y si bien, nuestra región no se caracteriza por ser frecuente en precipitaciones pluviales, de las pocas que llegan a darse vienen torrenciales y han provocado grandes inundaciones y daños a la infraestructura local.

La carpa, que a este Mirone le recuerda la que instaló Armando “El Divo” Cabada, en la explanada de la Presidencia Municipal y que fue usada como hospital Covid, o al menos es una de dimensiones similares, dicen que será usada como albergue para migrantes.

Lo que es un hecho es que ninguna autoridad se hace responsable sobre su instalación y operación. En el Municipio, ya salieron a decir que esa zona de El Chami no está bajo su jurisdicción.

El estado no tiene bola en el entierro… y la Federación, como cuando los grandes temas de interés ocurren, ha guardado mutis, pico de cera, ha cerrado la puerta y se ha comido la llave, manteniendo ese silencio que le caracteriza en tópicos de importancia.

Mientras todos callan, las instalaciones de la carpa ya tienen vallas metálicas, baños portátiles, extintores y unos cuantos extranjeros que fueron captados por la lente de Norte Digital, se bañan a manguerazos con agua de la línea morada, porque a nadie se le ocurrió que requerían agua potable. ¡Ah! Se nos olvidaba, a nadie se le ocurrió porque nadie se da por enterado.

Esperemos que no despierten de su letargo, como ocurrió el incendio, después de ocurrir la desgracia, ya cuando su protagonismo era innecesario.

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Cada día se acerca más a la desaparición de poderes la alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, Cinthya Marina Ceballos Delgado, pues no solamente le han brotado la corrupción y las ligas de su administración con el crimen organizado, sino que ahora, le han probado que utiliza los servicios públicos municipales para su servicio particular, como el Departamento de Bomberos, que le llena el agua de la alberca de su casa.

Los propios vecinos de la alcaldesa le hablaron a los medios de comunicación, en los momentos que en una cisterna del Departamento de Bomberos del Municipio acudía a su casa en calle Pípila, de la colonia del PRI, a renovarle el agua de su alberca.

Aunque los tragahumo trataron de disfrazar el trabajo que realizaban, diciendo que fueron a retirar un panal de abejas, la mentira se les cayó cuando no supieron explicar el tendido de la manguera hasta el patio de la casa de Cinthya, donde se encuentra la alberca.

El servicio no tendría nada de ilegal si no fuera porque la presidenta está utilizando los servicios de una dependencia municipal como el Departamento de Bomberos, en su beneficio personal y eso se llama desvío de recursos públicos.

La ley establece que será responsable de desvío de recursos públicos “el servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables”.

El asunto de Cinthya Marina es más grave aún, porque es la segunda vez que lo hace en este año, según los vecinos que la denunciaron y han visto que hasta el servicio de recolección de basura le hacen los empleados de Servicios Públicos municipales.

Por eso y muchas cosas más, como dice la canción, varios regidores encabezados por Gabriel Orozco, andan pidiendo al Congreso del Estado que aplique la desaparición de poderes, aunque la alcaldesa ni se inmuta y sigue manejando la presidencia municipal como si fuera su negocio particular.

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Muy sensible, se vio ayer el exsecretario de Salud Eduardo F.H., quien ayer, al comenzar la audiencia de vinculación a proceso en la capital del Estado, exigió que el fotógrafo del Poder Judicial que se encontraba cumpliendo con su deber, abandonara la sala.

No pasaron ni diez minutos de iniciada la audiencia judicial, cuando el remilgoso exfuncionario corralista comenzó a pegar de gritos y le pidió a su abogado defensor que solicitara al juez de la sala 13 el retiro del fotógrafo, sin importarle que fuera empleado del Tribunal Superior.

La prensa que cubre el caso no tiene acceso a la sala judicial y debe seguir el desarrollo de las audiencias en un espacio contiguo habilitado para que los medios puedan escuchar el audio de la diligencia, pero no imágenes.

Por lo mismo, el Tribunal Superior tiene comisionado un fotógrafo oficial que toma aspectos de las audiencias, pero evitando captar los rostros de las personas que intervienen, principalmente de los indiciados para no violentar el debido proceso.

Sin embargo, en esta ocasión, el compadre de Javier Corral que está en problemas por el delito de uso ilegal de facultades, al haber tramitado un crédito por 400 millones sin pasar por el Congreso, se salió con la suya y bloqueó el derecho a la información gráfica que tienen todos los medios.

Aunque la defensa de Eduardo F.H. argumentó que su cliente no violó ninguna disposición porque estaba autorizado a gestionar recursos extraordinarios con motivo de la pandemia del Covid-19, solamente con la autorización del secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez.

Sin embargo, esos recursos deberían solicitarse de los fondos del erario estatal, no como crédito a una institución bancaria o financiera, como lo hizo Lalito Fernández y por los cuales pagó nada más y nada menos que 24 millones de pesos de intereses.