Muy revelador el reporte nacional 2022 que presentó la asociación Alto al Secuestro, sobre un grave delito que anteriormente se daba con mayor incidencia en los estados del centro y del bajío y que ahora se ha extendido también, como plaga, al norte del país.

En dicho reporte, llama la atención que Juárez aparezca como el segundo municipio de la República Mexicana con mayor incidencia en secuestros, aunque la estadística corresponde a los últimos 39 meses, de diciembre del 2018 a febrero del 2022, con un promedio de 1.6 casos por mes, cifra que aparentemente no resulta significativa en el mapa delictivo de la ciudad, pero que hace mucho ruido.

Lo que prende un foco de alerta, es el hecho de que, en febrero de este año, cuando se registraron 78 secuestros en todo el país, cinco de ellos fueron en el estado de Chihuahua, de los que solo dos fueron resueltos por la Fiscalía General del Estado con 9 detenidos.

Esos secuestros se cometieron en 24 entidades federativas y el Estado Grande ocupó el tercer lugar, después de la Ciudad de México con 11 y Veracruz con 6.

El informe de la ONG revela que fueron las autoridades estatales las que se hicieron cargo de las investigaciones en 76 de los secuestros, mientras que los inútiles agentes federales de la Fiscalía General de la República, solo atendieron dos casos, uno en Veracruz y otro en Jalisco, seguramente para no desgastar sus neuronas, que por cierto están bastante escasas en el gobierno de la 4T.

De esta manera quedó en evidencia que el Gobierno de la República elude su responsabilidad en la investigación y combate de un delito grave que es de su competencia, de acuerdo con el marco jurídico establecido en el Código Penal Federal, en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal de Delincuencia Organizada y la Ley General de Víctimas.

Tal vez por esa obligación constitucional, que evade la FGR, cada vez que se comete un secuestro, maquillan las cifras en esa materia. Un ejemplo inobjetable: en febrero, las organizaciones de la sociedad civil contabilizaron 78 casos con 131 víctimas, mientras que para las autoridades federales solo hubo 47 casos, con 80 víctimas.

O sea que, para los ineptos burócratas de la federación, presumiblemente encargados de la procuración de justicia, las 51 víctimas restantes que no registraron, a pesar de tener nombre y apellido, eran hologramas o simples fantasmas.

¿Qué opinará el preciso sobre esta grave omisión de los chicos del impresentable Alejandro Gertz Manero? ¿Tendrá otros datos o también serán borregos los de la Asociación Alto al Secuestro?

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Tremenda balconeada le dieron los medios del grupo de comunicación “Capital Media”, al administrador de la Aduana Fronteriza de Juárez, el general en retiro Cecilio Martínez Arcos, a quien señalan, sin tapujos, de haber comenzado su carrera de corrupto en Reynosa, Tamaulipas.

Capital Media es una empresa multimedia de la capital del país, que produce noticias en medios impresos, radio, televisión e internet, entre los que destacan Reporte Índigo, CapitalMexico.com, Radio Capital,  EfektoTV, The News, Revista Cambio y Estadio Deportes.

Lo menos que le dicen al militar metido al millonario negocio de la aduana, es que convirtió la oficina fronteriza en un feudo, por el abuso de poder que ejerce con el personal a su mando y contra el público que acude a realizar algún trámite.

Por esa razón ya tiene dos quejas ante la oficina central del Servicio de Administración Tributaria y en el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas de la Secretaría de la Función Pública, con folio 23797/2022.

La información revela que el general Cecilio tiene apenas dos meses en el cargo y ya ha generado más escándalos que resultados, como el encierro al que sometió a 18 empleados fiscales en febrero pasado, durante la visita presidencial, cuando los mantuvo “guardados” bajo llave para que no lo fueran a balconear con sus quejas.

A su trato déspota y arbitrario le suman el acoso a mujeres y el abandono en que deja constantemente el recinto fiscal, por sus viajes a Guadalajara, ciudad donde tiene sus negocios personales.

Lo más grave de la denuncia periodística es su paso por la aduana de Reynosa, donde el general fue acusado de huachicoleo fiscal, un negocio millonario que lo vinculó con el grupo de los Carmona, del cual, uno de sus miembros, Sergio, fue ejecutado en noviembre pasado cuando se encontraba en una barbería.

Ese tipo de huachicoleo consistía en dejar pasar varias pipas con combustible con un mismo permiso, para evadir los impuestos respectivos, operación que les redituaba un ingreso de 800 dólares por unidad, según la publicación.

Por la precisión de los datos publicados, se nota que le tienen marcación personal al general Cecilio desde que estaba en Reynosa y ahora se la están aplicando en Juárez.

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Para no variar, otra vez los priistas chihuahuitas agandallaron a los juaritos en el proceso de renovación del Comité Directivo Estatal de ese partido.

Ayer, a la 1 de la tarde, venció el plazo fijado en la convocatoria de renovación de la dirigencia, y solamente se registraron las formulas de Chihuahua: la integrada por Alejandro Domínguez y la bazanista Kenia Durán; y la de Georgina Zapata y el parralense Pedro Villalobos.

El ingeniero juarense Ernesto Mendoza Viveros, del grupo Unidad y Participación, no pudo registrarse porque resulta que no apareció en el padrón de militantes en activo, lo cual fue una señal de las marrullerías que urdieron los grupos de dinosaurios priistas que se sienten dueños del instituto político.

Del otro aspirante de Juárez, el diputado federal Hiram Hernández Zetina, no se tuvo ninguna noticia, a pesar de que estuvo levantando la mano de manera insistente para buscar la dirigencia estatal, pero parece que al final le dieron un coscorrón en el comité ejecutivo nacional, lo disciplinaron y lo sacaron de la jugada, faltaba más, faltaba menos, para que no ande poniendo el desorden pidiendo piso parejo, cuando todo mundo sabe que en la política nada es parejo…

En la reunión de auscultación (¿?) que presidió el lunes pasado en esta frontera el delegado del CEN del PRI en el estado, Jorge Meade, prometió a los notables del priismo fronterizo que la formula ganadora para la nueva dirigencia tendría que estar integrada en la Presidencia y en la Secretaría General, por una persona de Juárez y otra de Chihuahua, o visceversa, cosa que no ocurrió, porque la cargada se la llevaron los chihuahuitas que volvieron a brillar como gandallas profesionales.

En fin, los rupestres jerarcas del PRI no aprenden y siguen con las mismas prácticas del oscurantismo político, cuando este partido era sinónimo de poder y nunca perdía, pero cuando perdía arrebataba.

Ahora que sólo es sinónimo de fracaso al ocupar el cuarto lugar como fuerza política del estado, los caciques Omar Bazán y Alejandro Domínguez siguen operando con los usos y costumbres de antaño, que tanto desprestigiaron al partido y a sus dirigentes, incluyéndolos a ambos.