Operativos van y operativos vienen, pero la violencia en Juárez no amaina, pues cada vez son más descarados los criminales y desafían abiertamente a las autoridades con ataques full time, mañana, tarde y noche, y no tienen ningún problema en hacerlo frente a las oficinas de la Fiscalía de la Zona Norte. Faltaba más.

Así ocurrió el 17 de noviembre del año pasado, cuando dos abogados que salían de las oficinas de la Fiscalía estatal fueron atacados a balazos por un tirador solitario, en hechos ocurridos a plena luz del día y frente a decenas de personas que acudían en esos momentos a las instalaciones de la Fiscalía, y en las narices de agentes ministeriales que se encontraban en el lugar.

Luego, el pasado 1 de febrero, a las 4.30 de la tarde, tres hombres fueron acribillados afuera del estacionamiento de un conocido nosocomio ubicado en avenida De las Américas, ataque en el que una mujer embarazada también resultó herida con una bala perdida.

El último de los eventos de alto impacto ocurrió el viernes a las 8 de la noche, otra vez en el lugar de moda, el exterior de la Fiscalía Zona Norte, cuando un hombre identificado solamente como Juan Agustín, de 55 años de edad, fue asesinado y quedó tendido sobre la banqueta. Este individuo acababa de ser puesto en libertad por la Fiscalía, después de haber sido detenido por la Policía Municipal por estar acusado de violencia familiar.

Los tres casos hablan de que, para cometer sus atentados y asesinatos, los delincuentes no tienen límites ni muestran ningún respeto por la autoridad, pues matan a sus víctimas, sin distingo, en horarios matutinos y vespertinos, en las zonas comerciales más concurridas y hasta afuera de las oficinas donde, se supone (nada más es un suponer) que se procura justicia y se persigue a los malandrines que traen de cabeza a la ciudad.

En el último de los crímenes, la Fiscalía emitió un comunicado cuyo contenido mueve a risa y también provoca pena ajena, porque dicen que sus sagaces e intuitivos investigadores descubrieron que se trató de un “ataque directo”.

Vaya genialidad la de nuestros agentes investigadores, que parecen haber sacado su brillante conclusión del mismísimo sombrero del legendario Inspector Ardilla. Si el hombre resultó muerto con proyectiles de arma de fuego calibre 9 milímetros, ¿acaso los “especialistas de las ciencias forenses” pudieron sospechar en torno a balas perdidas o a un suicidio de varios balazos?

Así, tras el crimen, surgieron también “las sospechas” de que los gatilleros tienen cómplices en las filas de la Fiscalía, porque alguien tuvo que avisarles la hora o el momento en que Juan Agustín iba a quedar libre, para que lo esperaran y lo mataran con total impunidad.

Los tres casos citados constituyen un desafío directo de la delincuencia organizada y desorganizada contra nuestras Policías de todos los niveles, pero especialmente contra la que se debe encargar de investigar y perseguir a los asesinos. Los tres casos también dejan más clara, si esto es posible, una verdad de Perogrullo: que los criminales tienen completamente penetradas a nuestras Policías, ya que sin esta colusión y complicidad, difícilmente se atreverían a tanto. 

Los pobres resultados, que hasta ahora han dado los operativos de grupos especiales y células mixtas, para el combate del crimen, no satisfacen a nadie, porque se ha perdido el tiempo con carruseles policiacos circulando sin objetivos específicos, y solamente para que se vea como que hacen algo, cuando en realidad solo han hecho el ridículo.

Si a la falta de resultados le sumamos la desconfianza que se tienen las propias corporaciones y sus mandos, por las filtraciones de información sobre los operativos, rutas y reventones de casas que se programan, podemos anticipar que los fracasos en el combate a la delincuencia seguirán siendo el pan nuestro de cada mañana, día y noche en Juárez.

Pero si además de esa desconfianza que se tienen entre ellos, le agregamos que no existe la menor intención de realizar una limpia en las Policías Municipal ni Estatal, a pesar de que saben que decenas de elementos están maleados y comprometidos con los hampones, nada bueno podemos esperar.

No hace falta que hagan los famosos exámenes de confianza, a los que nadie les tiene confianza por balines. Basta con revisar la situación patrimonial de los elementos, cómo viven, cómo gastan, y en qué tipo de vehículos particulares se transportan, para encontrar las manzanas podridas.

Existen al menos dos cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo: la riqueza y la estupidez. Y no decimos que no haya agentes que sean muy ahorrativos para darse ciertos lujos, pero de ahí a tener varias propiedades, casa chica, mediana y grande, y gastar en dólares, existe un mundo de diferencia.

Por otro lado, es cierto que controlar la corrupción policial no es fácil, porque, por una parte, los policías cuentan con un grado de discrecionalidad para actuar provechosamente cuando ocurre un delito, y por otro, se enfrentan a actividades delictivas lucrativas que constantemente ponen a prueba su probidad.

A todo esto se suma una rancia tradición institucional que se resiste a cambiar los sistemas de control, la transparencia y el escrutinio público, sumado al espíritu de complicidad del cuerpo policiaco que calla la denuncia de las posibles faltas.

Por lo mismo, mientras no se haga una depuración a fondo y se fijen estrictos controles de conducta y operación de todos los elementos, sean tropas u oficiales, el fracaso en materia de seguridad en Juárez seguirá siendo una constante. Por ahora, no hay ni para dónde voltear, porque todos, municipales, estatales y federales, están cortados con la misma tijera.

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El problema es muy serio, pero se agrava cuando nos enteramos que los gringos están deportando por esta frontera a decenas de migrantes con antecedentes penales, que van desde el homicidio, el tráfico de drogas, violación y asalto, hasta el tráfico de armas.

Pues como dice el dicho, “ya éramos muchos y parió la abuela”, porque tremendo lío nos mandan las autoridades migratorias norteamericanas, que ciertamente están en todo su derecho de deportar en caliente a los indeseables, pero al menos deberían de avisar a la autoridad civil cuántos vienen, así como nombres y delitos que cometieron, para correrles la serie y saber a qué atenerse con ellos.

La oficial Gloria Chávez, jefe de la Patrulla Fronteriza en el sector de El Paso, informó en días pasados que en los últimos 4 meses detuvieron y deportaron por esta frontera a 243  personas con antecedentes delictivos, que entraron a los Estados Unidos ilegalmente, mezclados con otros migrantes.

La oficial Chávez consideró el hecho como grave, porque va en aumento, alentado por el jugoso negocio que les representa a los traficantes de seres humanos. El procedimiento que sigue la Patrulla Fronteriza al capturar a un grupo de migrantes, incluye la detección de los antecedentes de cada persona, mediante la verificación de nombres en el programa llamado Interagencia del Sistema de Inspección Fronteriza (IBIS, por sus siglas en inglés), así como en las plataformas de seguridad, que están conectadas a los sistemas de diferentes países con los que existen cooperación e intercambio de información.

Si nuestras autoridades del Instituto Nacional de Migración, que se hacen de la vista gorda ante los flujos de migrantes que cruzan por estas latitudes, se molestaran un poquito para detectar e interceptar en las deportaciones a todos los malandrines exconvictos o fugitivos, habría un control efectivo del destino final de todos esos peligrosos forasteros.

Entre sus obligaciones está gestionar la información de los flujos de personas deportadas del vecino país, para conocer su país de origen, el motivo de la expulsión, así como los antecedentes de cada uno.  

Sin embargo, no lo hacen y mucho menos establecen comunicación con sus pares norteamericanos, cuando se trata de la deportación de delincuentes, como es el caso que más preocupa.

Por lo mismo, en cuanto los malandrines llegan a México, buscan la oportunidad de volver a cruzar, aunque para ello tengan que incorporarse a los grupos criminales para reunir dinero. Así lo hacen porque ninguna autoridad los recibe para enviarlos a sus lugares de origen, donde no puedan hacer más daño por acá.

Este planteamiento se basa en una simple realidad: estamos hasta el copete de grupos criminales que delinquen sin piedad a todas horas y por todos los rumbos de la ciudad, como para permitir que los malandrines deportados que llegan, con nuevas mañas y nuevos bríos, se les unan.

En un hecho que entre los muchos exconvictos o fugitivos que deporta el Servicio de Migración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE), vienen feroces integrantes de la Mara Salvatrucha, la peligrosa pandilla internacional que nació en Los Ángeles y tiene sus ramificaciones en varios países, como El Salvador y Honduras.

Nadie quiere que nazca una peligrosa alianza entre Maras, Aztecas y Mexicles, las pandillas que se han convertido en brazos armados de los cárteles de la droga y operan dentro y fuera del penal. Nadie quiere tampoco a drogadictos sanguinarios en las calles que carecen de identidad y arraigo en la ciudad y, por lo mismo, son invisibles para las autoridades. Si con los que son de casa no nos la acabamos, para qué queremos malandrines importados.

Por lo mismo, alguien debe exigirle a los invisibles inspectores de Migración mexicana que hagan su trabajo y clasifiquen a todos los indeseables que nos están mandando, para que sin demora los manden a su tierra en cuanto bajen del puente.

En el 2008 el Municipio impulsó un plan piloto en los puentes de regreso a México, con sofisticados equipos de lectura del iris de los migrantes deportados, para detectar a los que contaban con antecedentes peligrosos y a los prófugos de la justicia.

Pero como todo lo bueno termina, el innovador modelo de detección de antecedentes dejó de funcionar por razones políticas y de derechos humanos, como si las víctimas de la delincuencia no tuvieran más derechos que los delincuentes.

Lo ideal sería que, si no hay billetes para instalar esa tecnología, hubiera un control desde que los grupos de migrantes intentan cruzar a suelo norteamericano, y que nuestras autoridades pudieran tener sus nombres y antecedentes.

Pero como sabemos que es mucho pedirle a los que cobran en el INM, y que el súperdelegado federal Juan Carlos Loera no se va a atrever a molestarlos, habrá que sugerirlo a las instancias municipales, que al final de cuentas son las que tienen que lidiar con la inseguridad que sufre la población.