Ya pasaron un mes y cinco días de las elecciones del 2 de junio. El ruido electoral quedó atrás y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH) debe de cumplir su compromiso con la procuración de justicia y el combate a la impunidad.

Sin embargo, la inacción cubre nuevamente a la FACH en relación a las carpetas de investigación contra el alcalde Cruz Pérez Cuéllar y su exdirector de Regulación Comercial, Daniel Pando Morales.

Lo dijimos antes de que iniciara el proceso electoral y cuando ya estaban en curso las campañas políticas. Lo repetimos hoy que ya pasaron las votaciones y los electores decidieron sobre los cargos en disputa: bajo cualquier contexto y circunstancia se tiene que hacer valer el Estado de Derecho.

A eso debe de atenerse la FACH. Cumplir la ley nada tiene que ver con un calendario electoral. Y si acaso lo que se hizo o dejó de hacer dependió indebidamente del timing político, no hay por qué mantener esa motivación.

El combate a la corrupción no puede ser circunstancial, a medias, simulado o de a mentiritas.

Si hay elementos para imputar una acusación ante un juez, se debe de proceder. Si no hay elementos, entonces procede desistirse de la acción penal. En ese sentido, tampoco cabe la inacción de la Fiscalía Anticorrupción.

El único camino posible es resolver. Judicializar la carpeta, declarar el no ejercicio de la acción penal, acumular a otra carpeta o declinar la investigación, son las opciones jurídicas posibles. No hay de otra conforme al Estado de Derecho.

Cumplir con la ley es desahogar cualquier carpeta de investigación que se tenga abierta. Ese “desahogo” no puede simplemente extenderse hacia el infinito, aunque las diligencias amplíen las líneas de investigación.

La Fiscalía Anticorrupción tiene el presupuesto y el personal necesarios para hacer su trabajo y ofrecer los resultados que la sociedad espera.

Este año ejercerá 87.7 millones de pesos para desplegar su trabajo en oficinas regionales (cuatro zonas), con una plantilla de 67 personas.

Tiene recursos presupuestales y humanos suficientes. También autonomía legal. Y ya tuvo bastante tiempo. Es hora de que el fiscal Abelardo Valenzuela rinda cuentas y explique si buscará o no el ejercicio de la acción penal.

Las carpetas de investigación están ahí, vigentes, pero no pueden quedarse en el limbo jurídico. Permanece la presunción de corrupción sobre todos los servidores públicos denunciados, pero tampoco la sospecha puede quedarse indefinidamente.

Igual que los denunciantes y los denunciados, la sociedad juarense tiene el derecho de que se esclarezcan todos los hechos presumiblemente constitutivos de delitos.

Si no se investiga la corrupción con el fin de sancionarla cuando hay elementos para presentarse ante los jueces penales, quedaremos siempre a merced de una clase política rapaz que, lejos de detenerse, replicará e incrementará los mecanismos para saquear los recursos públicos.

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Pasaron ya 210 días desde que la denuncia por enriquecimiento ilícito fue presentada por legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) ante la FACH encabezada también por otro militante panista, Abelardo Valenzuela Holguín.

Nada ha ocurrido en ese caso, después del aseguramiento de la mansión de El Campestre, registrada hace más de dos meses, el pasado 22 de abril, a dos días de que iniciaran formalmente las campañas políticas locales.

En la denuncia del 30 de noviembre de 2023, se acusó al alcalde por Morena, Cruz Pérez Cuéllar, al igual que su excolaborador, Daniel Pando Morales, de no poder acreditar con base en sus propias declaraciones patrimoniales oficiales, una solvencia económica previa para tener acceso a una vivienda de las características de la ubicada en la calle Del Fresno 1564, del exclusivo fraccionamiento Campestre.

La vivienda se llegó a ofertar públicamente en 27 millones de pesos, aunque Pando Morales firmó un contrato de compra de esa propiedad por poco menos de 10 millones de pesos.

Hasta el día del aseguramiento y posterior desalojo, ahí residía el alcalde, quien declaró pagar una renta de 70 mil pesos mensuales a su excolaborador en la dependencia municipal que tiene historial de operar bajo riesgos de corrupción, por los giros comerciales con los que se vincula.

Cuando Pando adquirió la propiedad, los únicos ingresos que reportó fueron los 31 mil pesos mensuales que recibía como director de Regulación Comercial, cargo de segundo nivel, ya que depende orgánicamente de la Secretaría del Ayuntamiento.

Por eso los diputados locales y federales acudieron ante la FACH. De acuerdo con el artículo 272 del Código Penal del Estado de Chihuahua, comete el delito de enriquecimiento ilícito el servidor público que, durante el desempeño de su cargo o en los dos años posteriores al término de dicho cargo o de su dimisión, incremente injustificadamente su patrimonio, por sí o por interpósita persona, bienes que, en razón de su valor, sean notoriamente superiores a sus posibilidades económicas.

La denuncia por enriquecimiento ilícito fue debidamente ratificada y se convirtió en carpeta de investigación.

Se conoció de sus avances, hasta el pasado 22 de abril, cuando el órgano investigador autónomo aseguró, bajo control judicial, esa y otra finca en obra negra (identificada con el numeral 1642 en la misma calle Del Fresno), que también aparece en el Registro Público de la Propiedad a nombre del exfuncionario que antes colaboró en la gestión de Armando Cabada.

Todos los bienes muebles adentro de la vivienda, fueron motivo de la requisa, sin que se especificara si eran propiedad de Pérez Cuéllar o Pando. Oficialmente, la FACH informó que se actuaba específicamente en la carpeta de investigación abierta en contra del exdirector de Regulación Comercial.

Después del aseguramiento, se desató un pleito legal. Tanto el presidente municipal (en ese momento con licencia, ya que había dejado el cargo para irse a la campaña por la reelección) como su excolaborador intentaron recuperar la posesión del inmueble por la vía del amparo.

Distintos juzgados de Distrito, y hasta el Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, rechazaron conceder la suspensión para que el estado de cosas se regresara a como estaba antes del aseguramiento.

En las resoluciones, se privilegió que el acto reclamado era parte de una investigación y que el interés público debe estar siempre por encima del privado.

Eso pasó hace más de un mes, pero la Fiscalía Anticorrupción no ha dado algún otro paso, o al menos no se ha conocido nada públicamente, pese a la importancia del caso.

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La inacción de la Fiscalía Anticorrupción no se acredita únicamente en el caso de enriquecimiento ilícito.

Hay otras 10 denuncias por hechos presuntamente constitutivos de delitos, que se convirtieron en carpetas de investigación en torno al alcalde Cruz Pérez Cuéllar, colaboradores y exfuncionarios.

Ninguna se desechó, pero tampoco se avanzó hacia la judicialización, lo que implica llevar a los presuntos responsables ante un juez penal.

La primera denuncia que se documentó y fue confirmada como carpeta de investigación por la FACH, data del 14 de octubre de 2022. En tres meses se cumplirán dos años de que fue presentada por la Asociación Civil Plan Estratégico de Juárez.

La carpeta tiene que ver con 115 contratos de bienes y servicios adjudicados por la Administración de Pérez Cuéllar de forma directa y sin justificación, por un monto de 366 millones 217 mil 90 pesos, nada más en los primeros seis meses de gestión.

Otra denuncia es del 29 de septiembre de 2023. En ella se solicitó indagar al alcalde por la compra de pruebas Covid-19, presuntamente con sobreprecio, además de que se denunció un destino incierto de una parte del insumo nunca utilizado.

Después, el 24 de octubre se presentaron dos denuncias más. Una por la compra de 250 mil kits escolares con un posible sobreprecio de 54 millones de pesos, y otra por un presunto desvío de recursos del Presupuesto Participativo.

Para el 6 de diciembre de ese mismo año, el alcalde Pérez Cuéllar fue acusado, junto con el exdirector de Desarrollo Económico, por la entrega de contratos por 6.5 millones de pesos, presuntamente en favor de una empresa fachada del exfuncionario y empresario.

Ya en este 2024, se registró otra denuncia contra el alcalde y el director de OMEJ, Andrés Domínguez Alderete; la directora general de Desarrollo Urbano, Claudia Verónica Morales; el director de Parques y Jardines, Daniel Iván Zamarrón Saldaña, además del secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel.

Por la construcción y operación de una casa de cambio dentro de terrenos vedados de El Chamizal, Pérez Cuéllar y sus colaboradores fueron acusados de ejercicio ilegal del servicio público y de uso ilegal de atribuciones y facultades.

Para el 8 de marzo llegó otra denuncia a la FACH, respecto a varios contratos por 15.5 millones de pesos que el Gobierno Municipal otorgó en 2021 a la empresa Courmextres, propiedad de Raúl Héctor Rodríguez Montaño.

Courmextres está vinculada a Alma Guadalupe Ortega Rodríguez, quien fuera coordinadora administrativa de la Dirección de Mantenimiento Mecánico, la dependencia responsable de otorgar los contratos para reparar vehículos oficiales.

El mismo mes de marzo, el día 20, se presentó una nueva denuncia contra el exdirector de Desarrollo Económico del Municipio, por el caso de la presunta entrega irregular de contratos para adquirir productos de limpieza, aunque por una cantidad mayor, ya que el monto alcanzó los 10.5 millones de pesos.

Las últimas dos denuncias ante la FACH, las presentó la Sindicatura Municipal el pasado 15 de abril.

Una carpeta tiene que ver con la entrega de cheques a directivos escolares que fueron obligados a endosarlos a favor de contratistas designados por el Municipio, a través del programa “Cruzada por la Educación” que ejerció 160 millones de pesos con ese esquema.

Se detectó el pago por obras inconclusas y obras con evidente sobreprecio. La denuncia fue por uso ilegal de atribuciones y facultades, además de peculado.

La segunda carpeta se abrió por la contratación presuntamente ilegal de juegos mecánicos que el año pasado se instalaron en el Centro Histórico de la ciudad.

En ese caso, según la acusación, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, no estaba facultado para pedir la contratación y ejercer el presupuesto de 3 millones 300 mil pesos.

En ninguna de las diez denuncias se conoce de algún avance hacia a la imputación ante la autoridad judicial.

Únicamente de forma extraoficial trascendió, hace casi dos meses, de diligencias realizadas en el edificio Administrativo de la Presidencia Municipal para asegurar pruebas documentales en poder de distintas dependencias municipales.

La sociedad juarense exige más si se trata de combatir en serio el cáncer de la corrupción. No puede haber cabida para la impunidad, tampoco para la inacción o la omisión de ninguna representación social.