Ya andan desenfrenados en sus afanes por la gubernatura los alcaldes de Juárez y de Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar y Marco Bonilla, respectivamente.

Ambos dejaron sus municipios desde el viernes para lanzarse a la promoción de su persona y de su trabajo en otras partes del estado.

O sea que ni siquiera se esperaron a que concluyera la semana laboral para tomar el fin de semana largo y posicionar sus respectivos proyectos políticos.

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En el caso del juarense morenista, Cruz Pérez Cuéllar, el viernes amaneció en la capital del estado, con un intenso carrusel de entrevistas en medios de comunicación.

Ese mismo día, por la tarde-noche, tuvo otros dos eventos: la inauguración de las oficinas de la agrupación Carlos Manjarrez y la pega de calcas con taxistas integrantes del Sindicato Único de Concesionarios y Operadores de Vehículos de Alquiler (Sucova), que dirige Miguel Ángel Macías.

Para el sábado ya andaba Cruz por Ciudad Cuauhtémoc, donde se reunió con empresarios del Grupo Sierra y entregó mobiliario escolar e instrumentos musicales para 35 escuelas, junto con la Asociación Civil Más x Chihuahua, que encabeza Claudia Mata.

El sábado alcanzó también a darse la vuelta por San Andrés, donde se reunió con integrantes de la asociación ganadera. Trajo, pues, el sombrero vaquero bien puesto.

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En cuanto al panista alcalde de la capital, Marco Bonilla, el viernes se fue hasta la Sierra Tarahumara. En Bocoyna presidió la asamblea regional de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez.

“Me comprometí a seguir jalando hasta el límite de mis capacidades por ellos, pues no debe haber diferencia si una niña o niño nace en Juárez, en Creel o en Guachochi… ¡todas y todos merecen las mismas oportunidades, el mismo cuidado y el derecho a soñar en grande!”, escribió el alcalde sobre ese evento.

Para el sábado se fue a la comunidad rarámuri de El Calvario, en el mismo municipio de Bocoyna. Hasta se puso parte del atuendo del pueblo originario y participó en uno de sus rituales. En la cabecera municipal sostuvo otra reunión más y también le alcanzó para juntarse con habitantes del municipio de Satevó.

El domingo, los dos alcaldes continuaron con su gira fuera del municipio que gobiernan. Pareciera que están doblando la apuesta respecto a que su partido los lanzará como candidatos para el 2027.

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Donde también hay movimiento y grilla es en el gremio de los notarios. Durante la semana pasada se publicaron más convocatorias en el Periódico Oficial del Estado para llenar, por fin, las vacantes que llevaban años sin ser ocupadas.

El primer aviso de convocatoria es para ocupar la vacante de la Notaría Pública Número Ocho, con sede en el Distrito Judicial Bravos, es decir, en esta frontera.

Hay una segunda convocatoria para las vacantes de Juárez, la correspondiente a la Notaría Pública Número 13.

El Periódico Oficial del Estado dio cuenta de otras dos convocatorias: la relativa a la Notaría Número Dos del Distrito Judicial Manuel Ojinaga y la de la Número Dieciocho del Distrito Judicial Morelos, correspondiente a la capital del estado.

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Los notarios forman una especie de casta dorada dentro de la abogacía, así que esas patentes son añoradas y hasta soñadas por muchos.

Por eso hay mucha expectativa en el gremio ante las convocatorias que le corresponde emitir a la Secretaría General de Gobierno del Estado, por medio del Registro Público de la Propiedad y del Notariado.

A inicios de año se publicó la primera convocatoria correspondiente a una vacante en Juárez. Se trató de la Número Dos, la cual estaba vacía desde 2017, es decir, desde hace nueve años, cuando falleció el reconocido notario Tomás Herrera.

La Notaría Trece, que ahora se pone a concurso, también quedó vacante por la muerte del titular, en este caso Humberto Guerrero Bernal.

Falta que salga la convocatoria para la que quedó vacante con el fallecimiento de Rodolfo Espinoza Martínez, que es la Número 11.

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Dentro del Distrito Bravos, la otra vacante es la de la Notaría Pública Número 25, con residencia en Guadalupe, en el Valle de Juárez, aunque desconoce Mirone si se vaya a mantener allá o se reubique en Juárez.

Aparte de Juárez, se han publicado convocatorias para vacantes en Ojinaga, Chihuahua e Hidalgo del Parral. Hay pendientes por todos lados, por lo que la expectativa seguirá en futuras publicaciones del Periódico Oficial del Estado.

Lo que sabe Mirone es que la operación política para llenar los huecos la trae la Secretaría General de Gobierno.

Por procedimiento, los interesados deben acudir a la Dirección General del Registro Público y del Notariado, en la ciudad de Chihuahua, para solicitar ser admitidos en el examen, cuidando el cumplimiento de los requisitos.

El Colegio de Notarios participa en los exámenes para los aspirantes, pero es sabido por todos que es difícil llegar si no se cuenta primero con el aval de Palacio.

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La Reforma Judicial prometía acercar la justicia a la gente. Pero en el camino abrió otra puerta: la de los jueces que ya no solo dictan sentencias, sino que también aprenden a moverse en la grilla, a buscar respaldo político y a identificar colores.

Resulta ya tenemos jueces que traen la camiseta partidista bien puesta, entrándole a la grilla para ser respaldados y tomados en cuenta en los acordeones de futuras elecciones.

La operación política vinculada al Poder Judicial ya no será novedad de aquí en adelante, pero se supone que por lo menos se deberían cuidar las formas. Sin embargo, de ellas se olvidó completamente el juez José Chaparro Sánchez, titular del Juzgado Octavo Civil por Audiencias en el Distrito Judicial Bravos.

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Resulta que su nombre apareció en la lista de expertos que dialogarán en una mesa sobre “La Constitución como herramienta de transformación y soberanía nacional”, en conmemoración de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917, eso es lo que le cuentan a Mirone.

No tendría nada de extraño que un juez hable de esos temas un 5 de febrero; el punto aquí es que el evento en el que participó fue organizado y convocado por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, en Ciudad Juárez.

Junto con Chaparro participaron en la mesa guinda Héctor Morales y Pedro de Santiago, de acuerdo con la información difundida.

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Ya se había ocupado Mirone un par de veces del juez civil. Primero, porque hubo quejas de que le gustaba entrarle demasiado al güiri güiri en los pasillos de los juzgados del eje vial Juan Gabriel, en lugar de atender los asuntos de su juzgado; después, porque fue uno de los asistentes a la comida que la magistrada Angélica Mendoza organizó con personas juzgadoras y el alcalde Cruz Pérez Cuéllar en el Angus Rojo.

Supo Mirone que el juez trae su propia tirada: su sueño es pasar al Poder Judicial Federal, en algún Juzgado de Distrito. Y como habrá elecciones en esa instancia para 2027, ya se advierte que su activismo apunta a aparecer en las “guías de votación”. No es, pues, casualidad que Chaparro esté acudiendo a cualquier evento, con más ganas si se trata de quedar bien con cualquier cuadro o figura guinda.

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No se trata de quitarle esa “buena intención” a la organización Manos en Libertad, que promueve la creación de artículos artesanales elaborados por Personas Privadas de la Libertad (PPL) que se encuentran en los Centros de Reinserción Social del estado.

Las fotografías distribuidas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a cargo de Gilberto “Pinta bardas” Loya, dan cuenta de la amplia variedad de objetos artesanales que elaboran las PPL, muchos de ellos de corte religioso.

Es ahí donde aparece el prietito en el arroz —o, mejor dicho, donde se quemó casi todo el sartén—, pues entre los tallados en madera se aprecia la figura de la llamada Santa Muerte.

Se trata de un culto que surgió a mediados del siglo pasado, pero que en los últimos años ha registrado un crecimiento sostenido tanto en México como en otros países de América Latina, e incluso en Estados Unidos.

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Con todo el arrastre que ha alcanzado entre ciertos sectores de la sociedad, la Secretaría de Gobernación canceló en 2005 su registro como asociación religiosa, al considerar que su adoración “desvía gravemente los fines establecidos en los estatutos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público”.

El 29 de abril de ese año, la Segob publicó en el Diario Oficial de la Federación la cancelación del registro constitutivo como asociación religiosa de la Iglesia Católica Tradicional Mex-USA.

¿El motivo? De acuerdo con la dependencia federal, dicha iglesia —identificada también como Misioneros del Sagrado Corazón y San Felipe de Jesús— se había registrado como una organización dedicada a “conservar la liturgia de la Santa Misa Tridentina”, cuando en los hechos su culto estaba dirigido a la Santa Muerte.

El programa Manos en Libertad es definido en el comunicado oficial de la SSPE como un área “especializada en la comercialización de los productos elaborados por las PPL al interior de los Centros de Reinserción Social del estado”.

En estas actividades participan alrededor de 60 PPL en procesos de manufactura vinculados con empresas, además de otras 50 personas que comercializan sus productos bajo el esquema de pedidos.

Es cierto que la figura de la Santa Muerte no es la única representación religiosa que elaboran estos artesanos recluidos; sin embargo, se trata de una de las más controversiales dentro del amplio y complejo inventario mexicano de símbolos y figuras de adoración.

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Porque si de verdad se habla de reinserción social, habría que preguntarse qué mensaje envía el propio Estado cuando, desde sus centros penitenciarios y bajo programas avalados oficialmente, se promueve —o al menos se tolera— la producción y comercialización de símbolos asociados a un culto que el propio gobierno federal consideró, desde hace dos décadas, incompatible con el marco legal de las asociaciones religiosas.

No se trata de censurar creencias personales ni de negar la creatividad de quienes cumplen una condena, sino de evidenciar la contradicción institucional: mientras el discurso oficial presume procesos de rehabilitación, desarrollo humano y reconstrucción del tejido social, en la práctica se normaliza la difusión de una iconografía que, para amplios sectores, está ligada a la violencia, la marginalidad y la apología de la muerte.

La pregunta no es si las artesanías están bien hechas o si se venden. La pregunta es qué está dispuesto a avalar el Estado en nombre de la reinserción… y hasta dónde llegan las buenas intenciones cuando nadie quiere hacerse responsable del contenido.

Porque, al final, no todo lo que se produce detrás de los muros contribuye a salir de ellos.