Nadie sabe a ciencia cierta cuáles son los parámetros que están utilizando las casas encuestadoras del mercado mexicano, para medir el trabajo de presidentes municipales, cuando estos no han cumplido ni un año al frente de sus despachos.

Si las mediciones se hacen con base en la opinión ciudadana respecto al desempeño de un servidor público, pero este no tiene todavía mucho que sea medible de su gestión, ¿entonces cómo pueden calificarlos y posicionarlos en los primeros lugares?

El comentario viene porque estamos viendo la reactivación de la fiebre de encuestas políticas, las que se hacen cara a cara, las digitales, las telefónicas con mensajes grabados y las de bote pronto, que son las más socorridas por los pasquines de la web, para favorecer con trajes a la medida a quien las paga.

Son también estas últimas, las que no tienen ninguna trascendencia y mucho menos valor estadístico, porque los únicos que votan son los activistas de los actores políticos que las ordenan y patrocinan.

Pero hay otras de organizaciones nacionales de mucha seriedad, como México Elige, que ya entraron en esa dinámica de la encuestitis, aunque ahora con una variante importante, que fue aplicada únicamente a los presidentes municipales de las capitales de los estados de la República, algo que tampoco es equilibrado si se considera que todas estas alcaldías tienen marcadas diferencias en cuanto a recursos presupuestales, población, vocación económica y rezago social.

Pero aun así, México Elige dio a conocer el resultado de su ejercicio del mes de mayo, donde el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, aparece en primer lugar con una calificación de 63.7.

De los 31 presidentes municipales evaluados, 13 son de Morena, 11 del PAN, 4 del PRI y 3 de Movimiento Ciudadano, aunque en los primeros 10 lugares domina el partido Acción Nacional con 7 posiciones, incluida la de Marco Bonilla que encabeza la lista.

Otro dato interesante que aporta el ejercicio de México Elige, es que, de los 31 ediles medidos, 8 son mujeres que se ubican en los primeros lugares, con los mejores promedios, proporcionalmente hablando.

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Mucho ruido generó en el gremio médico la detención el viernes pasado de la doctora Judith Hernández Anchondo, a quien acusan de la muerte de una paciente a la que nunca intervino quirúrgicamente. Algo que está para Ripley.

El abogado de la detenida dijo ayer en conferencia de prensa que la doctora Hernández entró a la operación como ayudante en una rinoplastia, pero que no se realizó porque la paciente tuvo una reacción adversa a la anestesia y la cirugía tuvo que suspenderse.

La paciente entró en estado de coma y fue trasladada por sus familiares a la ciudad de El  Paso, donde posteriormente falleció.

La denuncia formulada en el 2018, señalaba a la doctora Hernández Anchondo únicamente como testigo de cargo, pero el viernes que fue detenida con exceso de fuerza, mediante un operativo de la Agencia Estatal de Investigaciones digno de mejor causa, pasó a la categoría de presunta responsable.

Eso es precisamente lo que generó inquietud en el gremio médico, cuyas voces se manifestaron en las redes sociales, porque a pesar de que la doctora Judith Hernández no intervino en el procedimiento médico que le iban a practicar a la paciente, se le aprehendió y se le acusa de homicidio imprudencial.

El marido de la facultativa, el doctor Javier Chavarín, exhortó a sus colegas a solidarizarse con el caso, porque se trata a todas luces de una arbitrariedad de la autoridad investigadora, como siempre que tratan de tender cortinas de humo.

El abogado defensor, Antonio Juárez Navarro, pertenece al despacho Blindaje Médico Jurídico, que representa casos de profesionales de la medicina ante los tribunales.

Tomó el caso de la doctora Hernández a solicitud de Movimiento Ciudadano, en virtud de que fue su candidata a diputada por el tercer distrito en el pasado proceso electoral.

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Solamente dos juarenses, Mireya Porras y Aarón Yáñez, fueron integrados al Comité Directivo Estatal del PRI en la pasada sesión de Consejo: la primera como secretaria de Estrategia y el segundo como responsable de Vinculación Empresarial, respectivamente.

Los nombramientos ocurrieron durante el pleno de consejeros realizado el domingo en el auditorio Ramiro Cota, de la sede estatal del tricolor.

Mireya Porras Armendáriz es actualmente una de las dos regidores que tiene el PRI en el Ayuntamiento de Juárez, donde está a cargo de las comisiones de Familia, Asistencia Social, Atención al Adulto Mayor y Seguridad Pública.

Aarón Yáñez fue síndico durante la primera administración de Armando Cabada y actualmente se dedica al negocio de bienes raíces en el estado de Chihuahua, de ahí que el dirigente estatal Alejandro Domínguez le haya encomendado la cartera relacionada con el sector empresarial.

Otros nombramientos que entregó Domínguez fue la del presidente de la Comisión de Procesos Internos a cargo de Guillermo Márquez Lizalde, a Oscar Villalobos como secretario técnico del Consejo y al contador Ramiro Alvídrez como contralor del partido.

Como secretaria de Gestión social fue nombrada Janeth Montes y en la cartera de elecciones Alberto Liceaga.

Ahora sigue la renovación de los 43 comités municipales que se encuentran acéfalos por el vencimiento de sus dirigencias, y las grillas internas que terminaron por generar desbandada en cada uno de ellos, incluido el de Juárez.