Desde exhortos, iniciativas y hasta llamadas de atención del Congreso, pasando por diagnósticos gubernamentales sobre violencia de género y mesas de seguridad, hasta esquemas de trabajo con nombres tan sofisticados como “enfoques de transformación”, “colectivos de defensa”, “programas de intervención social“ o “el Día Naranja”, se han acumulado inútilmente a lo largo de casi tres décadas y han quedado tan solo en buenas intenciones, porque han faltado las acciones y los resultados concretos en la lucha contra el feminicidio en Juárez.

De nada ha servido que diputadas, diputados y derechohumanistas se desgarren las vestiduras en las principales tribunas del país, del estado y de la ciudad, si en los hechos el grave problema del feminicidio se sigue describiendo con una sola palabra: impunidad.

Ningún valor tienen, tampoco, las recomendaciones de organismos internacionales, que se han convertido en programas gubernamentales y en reformas a las leyes para prevenir y castigar el asesinato de mujeres, si en la realidad se siguen cometiendo, a cualquier hora del día y en todos los sectores de la ciudad, sin que los criminales sean perseguidos y mucho menos castigados.

Los casos se acumulan y empolvan en los archivos de la Fiscalía de la Mujer y en los de homicidios de la Fiscalía General, por incapacidad, negligencia, omisión y complicidad de quienes atienden, o deberían atender, en el estricto sentido de la palabra, estas dependencias.

Pero nadie dice ni hace nada. Los Gobiernos de los tres niveles saben del grave problema, se dicen preocupados y hasta dan muestras públicas de aflicción, pero solamente para la foto, porque realmente no destraban nada ni hacen avanzar las investigaciones, para dar respuesta a los justos reclamos de madres y padres de familia, que lloran la pérdida de su ser querido, pero que más sufren por el olvido en que se encuentran sus expedientes, durmiendo el sueño de los justos.

¿Cuántas opiniones calificadas y diagnósticos de especialistas, académicos e investigadores de la violencia contra las mujeres se han hecho y se han aterrizado para detener la ofensiva criminal, que sigue enlutando hogares y dejando a familias sin hijas y a hijas sin madres, esposas o hermanas? Miles, indudablemente.

Sin embargo, nada cambia, porque los responsables de prevenir el delito y de procurar justicia ya no saben qué hacer, y justifican su mediocre trabajo elaborando estadísticas que solo confirman su ineptitud, desinterés y hasta desprecio por las víctimas.

Da vergüenza ver, en las escenas del crimen, a peritos, policías y agentes del Ministerio Público, convertidos en robots sin emoción ni vocación por su trabajo, revolviendo entre las evidencias inútilmente, en lugar de ir tras los victimarios.

A ese triste papel han quedado reducidos los representantes de la ley, que supuestamente han sido capacitados en la investigación científica, pero que en la práctica solamente exhiben sus miserables deficiencias y métodos ortodoxos para eludir sus responsabilidades.

Por todo ello, Norte Digital publicará en breve un extenso trabajo de investigación sobre el tema, presentando diversas aristas del feminicidio, que es, para nuestro infortunio, emblemático de esta frontera, pero que ha sido manoseado y explotado políticamente sin pudor, por quienes cobran por dar supuestas e hipotéticas soluciones.

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En ese eslabón de buenas intenciones e inútiles acciones gubernamentales, destacaron en la semana que transcurrió, la instalación de la Mesa Municipal de Respuesta a la Alerta de Género, y el exhorto de la presidenta de la comisión de feminicidios del Congreso del Estado, Adriana Terrazas, para que se investiguen los últimos asesinatos de mujeres, que como ya es costumbre, permanecen impunes.

El nombre de la nueva estrategia, que involucra a directores del Ayuntamiento de Juárez, y que supuestamente contribuirá para erradicar la violencia contra la mujer y a promover la “igualdad sustantiva para las mujeres”, resulta incomprensible y hasta fuera de lugar, si consideramos que la respuesta que reclaman los familiares de las víctimas del feminicidio, no viene en un catálogo ni en el Plan Municipal de Desarrollo, sino en la procuración de justicia que, por 29 años, han esperado muchos familiares de las víctimas.

Qué bueno que Ciudad Juárez sea el primer municipio donde se instala este programa para atender la violencia de género, pero qué malo que lo sustantivo del problema, la impunidad, se soslaye con acciones colaterales.

La disposición que tiene el alcalde Cruz Pérez Cuéllar para contribuir en la erradicación de la violencia de género es evidente, desde el momento que ordena la compra de brazaletes para colocarlos en agresores de mujeres, lo que no han hecho Estado ni Federación, pero no deja de ser un Mejoral para combatir un cáncer que ha invadido a la sociedad.

Claro que es importante sumar esfuerzos entre Gobierno y sociedad para promover una cultura de paz y de igualdad, pero si no se comienza por atender el rezago de crímenes de mujeres sin resolver y no se castiga a los autores, seguiremos viviendo en la cultura de la falacia, porque, el hecho de que hasta ahora solo se pronuncien los familiares de las víctimas y las organizaciones no gubernamentales, no significa que la ciudadanía esté de acuerdo con la tragedia ni con la impunidad que ya alcanza niveles de escándalo.

Está muy bien que las autoridades de los tres niveles de Gobierno se involucren en la búsqueda de soluciones, pero que no se salgan por la tangente, con acciones anunciadas a bombo y platillo que saben que no van al fondo del problema y solo maquillan una duda que se ha ido postergando y que, hasta la fecha, no tiene respuesta ni fecha de vencimiento: ¿y los feminicidios, apá?

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Por otro lado, en la tribuna del Congreso local, la diputada priista-morenista Adriana Terrazas, presentó una iniciativa para exhortar nada menos que a la titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género, a investigar los homicidios de personas del sexo femenino, que se han presentado en últimas fechas en diferentes regiones de la entidad. Esto es, la diputada neomorenista está pidiéndole, casi de favor, a la titular de la Fiscalía, que haga su trabajo.

La presidenta de la Comisión de Feminicidios condenó el incremento de un 34.8% de estos hechos en el estado de Chihuahua, los cuales pasaron de 30 casos dolosos en el año 2020 a 46 actos criminales en el año 2021, cifras que confirman que mucho se circunscribe al factor impunidad. Los datos aportados por la legisladora juarense no son desconocidos para nadie, y mucho menos para la Fiscalía de Mujeres, que de especializada no tiene nada.

Por lo mismo, resulta por demás inútil exhortar a trabajar a una autoridad irresponsable, cuando lo que se debería de promover es su destitución por falta de resultados en las investigaciones.

No basta con decirles una y otra vez a los fiscales que “asuman el papel que les corresponde con la seriedad que los chihuahuenses exigimos, teniendo como prioridad estrategias que erradiquen la violencia y se den castigos ejemplares a quienes nos siguen lastimando”.

Cuando ese papel se limita a contar casquillos de bala, a colocar la cinta amarilla que delimita la escena del crimen y a levantar cadáveres, estamos en presencia de servidores públicos insensibles e ineptos que deben irse de sus cargos sin mayor trámite.

Muchos años se ha tolerado esa ineficiencia en la investigación de los feminicidios, como para que sigan dándole largas con exhortos e iniciativas que se quedan en la tribuna.

Ya es hora de que nuestros diputados se pongan las pilas y ordenen una auditoría de resultados a la Fiscalía de la Mujer, para que conozcan de primera mano el estado que guardan cientos de carpetas de investigación que no avanzan, porque las ciencias de la criminalística y la criminología no se llevan con la ineptitud.

La diputada Terrazas también los exhortó a que pongan en práctica estrategias de investigación para combatir este sentido delito, cuando está visto que sus métodos son tan arcaicos que no han superado las técnicas del “tehuacanazo”, porque ni a Topo Chico llegan.

Por todo eso, si nuestros representantes populares tienen la autoridad para ir más allá de las palabras y para echar a andar la oxidada maquinaria de procuración de justicia, ¿por qué se siguen limitando a echar rollo, cuando son acciones y resultados lo que la ciudadanía exige?

Si, a pesar de todo, nada se hace y la impunidad prevalece en los delitos contra las mujeres, habrá que pensar seriamente en cambiarle el nombre a la Fiscalía Especializada, por el de Fiscalía de las Causas Perdidas. No hay de otra.