En un ambiente aún de desconcierto, dolor y desconfianza, ayer le rindieron honores al comandante de la Policía Ministerial José Eduardo Garza Ríos, abatido por uno de sus compañeros en el hotel Flamingo, la noche del sábado pasado.

El caso causó conmoción en la ciudad, pero especialmente en los cuerpos policiacos que no registraban un hecho similar desde que, a finales de los noventas, capitanes de la Policía Municipal se vieron involucrados en una guerra interna por el control del paso de la droga, y uno de ellos fue asesinado en una gasolinera por sus compañeros, mientras cargaba gasolina en su patrulla.

El hecho prende también los focos de alarma en la Fiscalía zona norte, para revisar los expedientes del personal que trabaja en la Policía Ministerial y analizar la conducta que registran, tanto en el trabajo en equipo como en la calle, en su contacto directo con la población.

El hecho de que en los corrillos de la Fiscalía se comentara ayer que, el agente que mató al comandante Garza era un aficionado empedernido a la bebida y, por lo tanto, muy conflictivo, pone en evidencia que no hay un modelo disciplinario interno que detecte a los elementos peligrosos, como es el caso.

Cierto es que las medidas de detección del personal tóxico deben aplicarse antes de que ocurran las tragedias, como la del sábado, pero también la identificación del personal pertinente para las diferentes áreas de investigación que conforman la Fiscalía, pues es irónico que un agente conflictivo y violento, que no respetaba jerarquías, como el que asesinó al comandante Garza, estuviera asignado a la investigación de casos de violencia familiar.

Ahora, sería muy sano que comenzaran a hacerles los exámenes de control y confianza que, por norma, deben ser aplicados por lo menos cada tres años y, de acuerdo con información de fuentes de la Fiscalía General, no se han realizado en 5 años, aunque se vea que después de ahogado el niño, quieran tapar el pozo.

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Informes mironianos nos cuentan que la diputada Marisela Terrazas, es la panista que más animada anda para ser postulada por su partido a la candidatura a la presidencia municipal de Juárez, pese a que muchos de sus compañeros la tratan de disuadir, pidiéndole que recapacite, porque no ven condiciones ni posibilidades para que gane en una aventura de este tamaño.

Al trascender que la diputada federal Daniela Álvarez ha exteriorizado su deseo de buscar la candidatura al Senado, en lugar de la alcaldía fronteriza, donde también era mencionada, la juarense Marisela Terrazas considera que tiene el campo libre para buscar la candidatura, pero falta lo que digan los dirigentes de los partidos políticos que formarán la alianza Va Por México.

Aunque ni el PAN ni el equipo de la diputada local han realizado hasta ahora mediciones en ninguno de los 9 distritos electorales de la ciudad, para conocer el posicionamiento que tiene en el ánimo ciudadano, fuentes panistas consideran que le falta mucho trabajo en campo y gastar suela, antes de que se decidan a invertir en una encuesta domiciliaria que, de antemano, saben que no le favorecerá.

Una cosa es que tenga presencia en el quinto distrito que representa, y que es territorio panista desde hace muchos años, y otra que su nombre y trabajo público esté en la memoria colectiva, para que los electores la tomen en cuenta al momento de votar, a pesar de ser mujer.

Aunque su círculo de colaboradores sostiene que Marisela cuenta con la bendición de la gobernadora para buscar la candidatura, los más veteranos del panismo de Juárez opinan que eso no basta para que gane.

A pesar de todo, la dama sigue firme en sus aspiraciones, pero los pocos meses que faltan para que comiencen las definiciones seguramente no le alcanzarán, simplemente porque se ha visto siempre que los candidatos ganadores no surgen de una chistera, sino que se van formando con los años y su contacto ciudadano.

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Una de las razones por la que el Estado de Chihuahua no figura entre las entidades del país donde más fosas clandestinas se han encontrado, a pesar de la alta tasa de desapariciones forzadas y el elevado porcentaje de personas que no han sido localizadas, fue la opacidad de la Fiscalía General del Estado durante la administración de Javier Corral.

Esa opacidad para entregar a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas los datos de hallazgos de restos humanos, para ser incluidos en el mapa de fosas clandestinas halladas desde diciembre del 2018 a enero del 2023, le entorpece a las familias el rastreo y localización de sus seres queridos.

De acuerdo con el mapa de la Comisión Nacional de Búsqueda, Chihuahua no se encuentra en la lista de las entidades con más fosas clandestinas, que encabezan Veracruz, Sinaloa, Colima, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Sonora, a pesar de que, de acuerdo con las estadísticas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas de la Secretaría de Gobernación, Chihuahua registra 3 mil 470 casos.

De este número, mil 180 se registraron en la administración de Javier Corral, que, según las conclusiones del informe de la Universidad Iberoamericana de 2018, la Fiscalía General de Chihuahua era en esos años una de las fiscalías del país que permanecía en la opacidad, negándose a responder en reiteradas ocasiones a las solicitudes de acceso a la información pública, formuladas por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh) e inclusive negándole la misma información a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Por lo mismo, dicha Universidad desarrolló, junto con Data Cívica y el Human Rights Data Analysis Group, un modelo estadístico de fosas clandestinas, para subsanar la falta de información oficial, y posteriormente publicó el informe “Violencia y Terror, Hallazgos sobre fosas clandestinas en México”, teniendo como una de sus fuentes lo publicado por la prensa, que en el 2017 colocaba a Chihuahua como la cuarta entidad del país con más fosas clandestinas.

En ese informe académico, la Ibero concluye que la violencia que se vive en el país exige más investigaciones, incluyendo el marco del Derecho Penal Internacional, como lo hizo Open Society Foundations, “sin descartar que el fenómeno de las fosas clandestinas pueda estar vinculado a la comisión de crímenes de lesa humanidad”.

No se trata de echarle limón a la herida de miles de familias chihuahuense que han sufrido la desaparición de sus seres queridos, sino de evidenciar otros sesgos y omisiones que la fiscalía cometió durante el quinquenio de Corral, que se vienen a sumar a todas las irregularidades y simulaciones que han sido evidenciadas de ese mal gobierno.