El auditor Héctor Acosta, en persona, informó este jueves a los integrantes de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado que Seguritech será sancionada con una multa cercana a los 98 millones de pesos, no solo por los retrasos y defectos en la ejecución del proyecto de la Plataforma Centinela, sino porque existen productos y servicios que debieron entregarse, ya fueron cobrados y no aparecen por ningún lado.

Tan solo entre 2023 —primer año completo del contrato— y 2024, la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó faltantes por 199 arcos carreteros, 19 filtros, mil 620 equipos de videovigilancia, 239 drones, 65 tableros y 78 mesas de trabajo.

¿Más? También falta el sistema de contradrones, que ya debería estar en operación, así como subcentros en Guadalupe y Calvo y en Nuevo Casas Grandes —sí, justo en dos de los focos más rojos de actividad delictiva en la entidad—.

A todo ese pastel todavía habría que agregarle el betún: en los dos años auditados se han aplicado sanciones por 5 millones 94 mil 586 pesos con 80 centavos, pero la empresa solo ha pagado un millón 922 mil 945 pesos con 2 centavos, es decir, ni la quinta parte.

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Eso es en lo que toca a la Plataforma Centinela, porque la Torre Centinela —el edificio de 20 pisos que albergará el sistema estatal de seguridad pública— es otro cuento.

El proyecto salió a la luz pública en 2022, cuando fue presentado como una pieza clave para “garantizar cobertura total en seguridad”, según el discurso oficial de entonces.

Sin embargo, su ejecución acumula casi dos años de retraso, pues debió estar concluida y en operación en 2024. Cuando apenas inicia 2026, la obra —según la versión gubernamental— presenta un avance de entre 80 y 90 por ciento.

Es decir, el propio Gobierno se concede un margen de error de hasta 10 por ciento, lo que habla de la poca claridad que existe en torno a la construcción más grande emprendida por la actual administración.

En una respuesta legislativa a una pregunta formulada por la diputada Rosana Díaz (Morena), la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) informó que la obra podría estar concluida “a más tardar” en agosto de 2027, es decir, a días —si no es que a horas— del relevo gubernamental.

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El contrato otorgado a Seguritech provocó susurros y polémicas desde el inicio: primero, por haberse adjudicado de manera directa, sin licitación pública ni proyecto ejecutivo conocido; después, por las múltiples sanciones que la empresa ha recibido en otros estados de la República por situaciones similares a las que ahora documenta la ASE.

El año pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a Seguritech como una de las empresas mal portadas en la ejecución y entrega de obra pública, y pidió investigar su actuación en las entidades donde ha sido contratada.

Todo indica que la ASE tomó nota, pues esta vez no solo va por la sanción administrativa, sino también por la presentación de una denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado.

A estas alturas, Seguritech no solo enfrenta el descrédito, las sanciones y las observaciones, sino un expediente que ya huele a denuncia penal.

Si la ASE lleva el caso hasta sus últimas consecuencias, el verdadero centro de mando no estará en lo alto del edificio, sino en los archivos de la Fiscalía.

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Es en serio. No se rían o, si están del lado del PAN, no se vayan a enojar con este Mirone que no hace más que pasarle el chisme: un integrante del grupo de regidores de Morena del Ayuntamiento de Juárez tuvo ayer la feliz ocurrencia de “rebautizar” el edificio del Partido Acción Nacional (PAN) con el nombre de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

No es una broma de mal gusto ni un adelanto del próximo 28 de diciembre. No. En la sesión de Cabildo de ayer miércoles corrieron con fuerza las ideas descabelladas, tanto que llegaron al punto de convertirse en ocurrencias que suenan a chiste de comediante de carpa.

Durante la discusión para aprobar la convocatoria a una consulta popular por el adeudo de 9.5 millones de pesos de impuesto predial del PAN, el regidor Antonio Domínguez Alderete, propuso que, en caso de que el inmueble sea embargado, se le ponga el nombre de Andrés Manuel López Obrador, quien es, probablemente, el expresidente más abominado por el panismo en cualquier parte del país.

En la misma sesión, también se propuso convertir la sede panista en un centro comunitario o en un espacio de atención a la salud mental. Así de pesado se piensan llevar los morenistas con sus compañeros azules del Ayuntamiento.

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El planteamiento surgió mientras el Gobierno municipal mantiene abierto el procedimiento de embargo contra el edificio del PAN en Juárez, con todo y su estacionamiento y un salón de eventos, para garantizar el millonario impago del predial.

Y aunque le bastan sus facultades para ir a cobrar, ejecutar y embargar, si fuera el caso, el Gobierno de Cruz Pérez Cuéllar quiere que esa decisión se tome mediante una consulta pública donde los juarenses decidan si esos inmuebles deben venderse o destinarse a un uso comunitario, en caso de ser embargados.

La escena dejó claro que el tema ya no es tributario. El adeudo es el pretexto; el fondo es político, electorero, y ya raya en la mala leche con eso de adelantar el “rebautizo” del edificio. ¿Le van a poner “PAN del Bienestar”?

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El contexto explica el tono. El choque abierto entre el alcalde Cruz Pérez Cuéllar y el PAN ahora incluye a la gobernadora Maru Campos y su camioneta ponchada a causa de un megabache en una calle de Juárez, y la respuesta de Cruz, al llamar “mugrero” a la Torre Centinela.

Con ese telón de fondo, el PAN llegó al Cabildo no como partido político, sino como adversario a exhibir. La propuesta de rebautizar su edificio no busca resolver el adeudo, sino cargar de simbolismo el castigo, llevarlo al terreno de la burla pública y reforzar la narrativa de quién manda en la cancha local.

El único regidor panista, Alejandro Jiménez, intentó llevar la discusión al plano legal: habló de procedimientos fiscales y mostró documentos de Tesorería. Pero el ambiente ya estaba definido. No era una sesión para argumentos técnicos, sino para mensajes políticos.

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El PAN fue al Cabildo a hablar de predial, pero los de Morena prefirieron hablar de AMLO. O sea, fue como una de aquellas “mañaneras” eternas que se aventaba el tabasqueño cuando despachaba en Palacio Nacional.

Así pues, ayer, en el Cabildo predominantemente morenista, brillaron las ideas felices… y el debate serio se quedó, una vez más, para después.

Cierto es que en el Cabildo Juarense ya no se discuten impuestos, se escenifican venganzas políticas. La legalidad estorba, el aplauso alcanza.

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Ciudad Juárez se volvió algo así como la sede del “Comando Norte” del PAN, donde sumarán toda su fuerza estructural para tratar de revertir la empinada cuesta que enfrentan en ese territorio dominado actualmente por Morena y sus aliados.

El pasado martes, la frontera fue el lugar a donde acudió lo más granado del panismo orgánico, comenzando por la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

Con eso de que Juárez es prioritario en la estrategia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para el proyecto 2027, no desaprovechó la mandataria su estancia en esta frontera para corresponderle la cortesía al secretario nacional de Elecciones, Luis Olmedo, quien personalmente da seguimiento aquí al plan electoral cada 15 días. Por eso coincidió con él en esta gira fronteriza.

“Nos vamos a morir en la raya”, fueron las palabras clave que compartió en corto la gobernadora, respecto a la decisión de entrarle con todo aquí a la confrontación y la contención del voto guinda, para incidir en el resultado estatal y lograr el objetivo de retener la gubernatura para el PAN.

La base de la estrategia electoral es el trabajo territorial y la operación política por medio del Sistema PAN, donde se ponen en el mismo carril, estructuras y dirigentes partidistas, con estructuras y funcionarios estatales.

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Por eso estuvieron en la encerrona de la tarde del martes en el edificio de 16 de Septiembre y 5 de Mayo, tanto la presidenta estatal, Daniela Álvarez, como el presidente del Comité Municipal, con el equipo de la gobernadora Maru Campos en Juárez y el secretario Olmedo.

Ahí pasaron lista el representante de Gobierno Zona Norte, Carlos Ortiz; el recaudador de Rentas, Raúl García Ruiz; la directora de Comunicación Social, Amparo Beltrán; la subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, Austria Galindo; el delegado de Coesvi, Óscar Lozoya; el delegado de Ichife, Florencio “Mono” Peña; el coordinador de Gabinete Zona Norte, Ricardo Vega y el director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Marco Licón Barraza.

Además, desde Chihuahua, venían acompañando a la gobernadora, el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, no afiliado al PAN, pero ya con la camiseta azul bien puesta, además de Jesús Carrillo, quien funge en el staff de la mandataria como una especie de coordinador de Gabinete.

También llamó la atención ver en la foto del encuentro, la participación de César Navarrete, quien se quedó de asesor luego de que tuvo un fugaz paso por la Coordinación de Comunicación del Gobierno del Estado, al arranque de la administración. Ahora trae la encomienda de la imagen de la gobernadora y el trabajo en redes.

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Así, a cada funcionario, se le asignó su respectiva comisión. Por ejemplo, Raúl García Ruiz trae la de enlace con las Organizaciones de la Sociedad Civil; Amparo Beltrán la comisión electoral respecto a la representación en casillas y Oscar Lozoya la promoción de acciones de Gobierno en territorio.

Es el territorio la prioridad y en esa tarea también estará enfocado Marco Licón, con toda la estructura de la descentralizada estatal.

Olmedo trae toda la estrategia de barrido por secciones electorales para detectar simpatizantes, pero todo ese trabajo político de organización y estructura, cerrará la pinza con el tema de la obra pública que ya se proyecta para este año.

Ese fue otro de los mensajes importantes de la gobernadora en la encerrona: hay suficiencia presupuestal por unos 2 mil millones de pesos, cuyas obras se dispersarán quirúrgicamente donde son necesarias y reditúan electoralmente.

El objetivo, se enteró Mirone, es que todos los proyectos estratégicos estén alineados con el trabajo previo realizado en territorio, para ofrecer una política de resultados rumbo al 2027 y dar la pelea en el campo de batalla, frente a la operación morenista.

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La verdad es que el Tribunal Colegiado que falló a favor de Javier Corral, para que la causa penal en su contra pasara a un juzgado federal, vino a regar todo el tepache, pero en serio, porque tendrá repercusiones jurídicas, contables y administrativas que nadie se ha imaginado aún.

Si se toma al pie de la letra su veredicto, los recursos que presuntamente malversó el gobierno corralista durante la reestructuración de la deuda pública de Chihuahua son de procedencia federal y, por lo tanto, ni las Fiscalías locales ni los jueces del fuero común tendrían competencia para investigar o sancionar.

Bonita cosa: eso significa que las autoridades locales solo podrían aplicar sanciones relativas a los ingresos propios que logra allegarse el Gobierno del Estado e, incluso, los municipios. Por fortuna, Chihuahua se hace por mano propia de entre un 20 y un 25 por ciento de su presupuesto, pero hay otros estados que prácticamente viven de lo que les manda la Federación.

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¿Qué significa esto? Que, de aquí en adelante —si se acata tal cual el criterio que asumió el Tribunal Colegiado que le salvó el pellejo a Corral— la Auditoría Superior del Estado ya no podría revisar ni fiscalizar el gasto relativo a las Participaciones Federales, que son de libre disposición, es decir, que no traen “etiqueta” para que cada Gobierno las gaste en el rubro que mejor le convenga.

Estamos arreglados, entonces, porque de los 81 mil 755.9 millones de pesos que recibirá el Gobierno estatal por concepto de Participaciones, la ASE tendría que “hacer” como que no vio, porque ya no sería de su competencia y no podría revisar ni una factura, ni el más pequeño de los gastos hechos con ese dinero.

Ojo: estamos hablando de casi el 70 por ciento del gasto total del estado. Es decir, siete de cada diez pesos de los 117 mil millones que ejercerá la administración estatal este año ya no podrían quedar bajo el escrutinio de la ASE, que es un órgano estatal.

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Esta polémica decisión del Tribunal Colegiado pondrá en un brete a la Auditoría Superior de la Federación, que ya de por sí no encontraba la puerta con la revisión de todo el gasto federal y que ahora tendría que aventarse el trompo a la uña de todo el gasto estatal. Y vale advertirlo: hay estados donde casi todo el gasto proviene de dinero federal.

La cosa no para ahí, porque el mismo criterio aplicaría para los municipios y, conviene decirlo, cerca del 80 por ciento de los 67 que hay en el estado prácticamente viven de las participaciones.

Peor aún: al tratarse de recursos federales, la competencia sería federal, así que el más mínimo desvío —un pago mal hecho de 15 mil pesos— tendría que ir a parar a un juzgado de distrito, donde ya están a punto de salirse por la ventana de tanto trabajo acumulado.

Lástima, porque, con tal de echarle la mano a Corral, el Tribunal Colegiado terminó por darle al traste a toda la estructura de fiscalización del gasto público. La pregunta no es menor: ¿cómo van a sacar el acuerdo y en beneficio de quién?

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Los migrantes centro y sudamericanos que llegan deportados de Estados Unidos, o que pretendían llegar hasta allá, ya no saben si arribar a Chihuahua fue como pasar de “Guatemala a Guatepeor”, porque se sienten igual de perseguidos y discriminados que en el país que alguna vez representó el American Dream.

Desde mediados del año pasado, los migrantes caribeños, centroamericanos y, particularmente, venezolanos prácticamente desaparecieron de las calles de la capital y, según le cuentan a Mirone, igual o peor andan en otras ciudades del estado.

Ya no se ve en los cruceros a los haitianos garabateando un poco de español para pedir ayuda, ni a los “panas” venezolanos ofreciéndose para hacer cualquier tipo de trabajo manual con tal de ganar algo que les permita comer y tener dónde resguardarse.

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Ahora, esos migrantes que iban hacia la frontera —o que de allá vienen— se quedan quietecitos en los albergues o se mueven con extremo cuidado de que no los vea alguna corporación policiaca, sea la municipal o, peor aún, la estatal.

A este Mirone metomentodo le contaron que, desde que Gilberto Loya se convirtió en algo así como el representante del Gobierno del Estado de Chihuahua ante las autoridades de seguridad de Estados Unidos, se le percibe como una extensión de la “migra” gabacha, pero operando en las calles de la capital.

Tal vez sin proponérselo, ahora Gilberto Loya es una especie de Gregory Bovino chihuahuense, el temible jefe de los servicios de migración de Estados Unidos que ha ganado notoriedad en las últimas semanas por los excesos de violencia cometidos por sus agentes. La Policía local, dicen, parece hoy el ICE, Región 4.

Si las autoridades locales no están haciendo directamente el trabajo de amedrentar migrantes, al menos así se percibe. El solo hecho de que sea el encargado de la seguridad pública —Gilberto Loya— y no el del Consejo Estatal de Población (Coespo), Enrique Serrano, quien funja como interlocutor ante las autoridades estadounidenses, ya levanta ampollas.

No hay que olvidar que la postura oficial del Gobierno chihuahuense es que el estado no es “santuario de migrantes”. Por algo andarán tan asustados.

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El fenómeno curioso —y alarmante— que ahora se observa es el de familias enteras de venezolanos, centroamericanos y caribeños que cruzan por Chihuahua, pero en sentido contrario: de regreso hacia sus países de origen.

Llegan ya no para buscar la manera de acercarse a la frontera y brincar a Estados Unidos, sino huyendo del terror que se vive allá, o porque alguno de sus integrantes ya fue deportado por la Patrulla Fronteriza.

Los centros de ayuda a migrantes ahora intentan auxiliarlos, pero para acercarlos a Centroamérica, con pasajes que los lleven al menos hasta Tabasco, estado limítrofe con Guatemala, porque ya no quieren permanecer en Chihuahua.

Llegaron a tierras chihuahuenses deportados, expulsados o resignados a no cruzar a Estados Unidos, y ahora temen ser tratados igual o peor que los “mexas” en Minneapolis. Y si todavía les ronda la memoria de la tragedia del INM en Juárez, no les falta razón para querer salir huyendo de Chihuahua.