Cruz Pérez Cuéllar, el alcalde con licencia y candidato de Morena a la reelección en la alcaldía, perdió por partida doble esta semana. Además de la derrota jurídica, fracasó en su jugada política.

De acuerdo con lo que trascendió en las estructuras del Poder Judicial de la Federación, lo que buscaba Pérez Cuéllar al promover el amparo contra el aseguramiento de la casa de El Campestre, era un golpe político con la recuperación de la posesión de la propiedad que está a nombre de su excolaborador Daniel Pando Morales, también sujeto a investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH).

La intentona de hacerse de un triunfo a mitad de la campaña, buscaba no solo la renta electoral de coyuntura, también la descalificación de la investigación de fondo en el caso de enriquecimiento ilícito, derivada de una de las 11 denuncias que lo vinculan a él y su gestión, colaboradores y exfuncionarios municipales.

Un “estate quieto” a la Fiscalía Anticorrupción por parte de una autoridad federal habría sido demoledor, con el descrédito de todo el trabajo previo y por venir en esa carpeta y las demás que siguen abiertas por parte de esa representación social, lo que buscaba sumar Pérez Cuéllar a su estrategia mediática de victimización.

Pero su fracaso fue contundente, también por partida doble, cuando el Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito desestimó su recurso de queja que interpuso en contra del Juzgado Séptimo de Distrito, la primera instancia que rechazó la suspensión provisional del aseguramiento.

Incluso hubo argumentos de corte político de sus abogados para insistir en el fin electoral y la persecución política en su contra, aparte del alegato de que se le privaba de su derecho a la vivienda y de que se habían violentado otros derechos humanos en el despliegue del operativo del 23 de abril por parte de los agentes de la FACH.

Correspondió a la magistrada María Teresa Zambrano Calero, declarar infundada la solicitud de Cruz Pérez Cuéllar, dentro del expediente 127/2024.

El argumento central fue que frente al interés personal del contendiente por la Presidencia Municipal se tiene el interés de la sociedad para esclarecer los hechos presuntamente constitutivos de delito, donde el aseguramiento constituye una técnica de investigación y responde a cuestiones de orden público para garantizar el correcto desarrollo de las indagaciones o evitar su obstaculización.

El Tribunal Colegiado en ningún momento compró alegatos de corte político. Ni por el contexto electoral en que se presentó el aseguramiento, ni por la naturaleza de los gobiernos yuxtapuestos a los que pertenecen los distintos actores. Por el contrario, validó la técnica jurídica de la diligencia por parte del órgano investigador.

Lo que se espera es que, de mero trámite, lo ya determinado sea notificado este 13 de mayo, tanto al quejoso, Pérez Cuéllar, como al Juzgado Séptimo de Distrito y a la propia FACH.

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Hay una historia previa a los acontecimientos de la última semana. La denuncia que ahora mantiene en vilo tanto al alcalde con licencia como a su exdirector de Regulación Comercial, Daniel Pando Morales, fue presentada ante la FACH desde el 30 de noviembre del 2023 por legisladores del Partido Acción Nacional (PAN).

La denuncia fue ratificada en días posteriores y se convirtió en carpeta de investigación.

Luego de las exigencias de varios sectores fronterizos para que la FACH actuara ante los señalamientos formales, el pasado 22 de abril el órgano investigador solicitó el aseguramiento, ante un Juez de Control, de dos predios propiedad de Pando Morales ubicadas en la calle Del Fresno 1564, la que rentaba Pérez Cuéllar en 70 mil pesos mensuales, y la que tiene el numeral 1642 de la misma calle.

Al día siguiente, elementos de la FACH acudieron al sitio para asegurarla y desalojar a las personas que encontraron en su interior, sin dejarles sacar sus bienes muebles, ya que también fueron motivo de requisa.

Horas después, cada uno por su lado, los señalados buscaron la protección federal para tratar de echar abajo el aseguramiento; el presidente municipal ante el Juzgado Séptimo de Distrito, mientras que su exempleado ante el Juzgado Sexto de Distrito.

En ambos casos la autoridad federal negó la suspensión provisional, con el argumento de que el acto reclamado es parte de una investigación y que el interés público está por encima del privado.

Pérez Cuéllar aplicó el recurso de queja ante el Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, órgano que consideró la petición sin fundamento y ordenó que las cosas quedaran como están, es decir, que la determinación del Juzgado Séptimo de Distrito para omitir la protección provisional se mantenga.

Aunque al quejoso le queda el recurso de revisión, este procedimiento podría tardar meses en resolverse.

Mientras tanto, Pando Morales mantiene tres solicitudes de amparo ante los Juzgados Quinto, Séptimo y Noveno de Distrito, donde le negaron la protección provisional, pero la determinación del amparo definitivo está pendiente.

Durante todo este mes, podrían seguir desahogándose audiencias incidentales y, posteriormente, las constitucionales para dirimir si el acto reclamado es conducente o no.

Sin embargo, no hay que olvidar que la FACH trabaja a la par con las otras carpetas de investigación, de las cuales también se han derivado más diligencias.

De hecho, aunque no se ha publicado información oficial al respecto, esta columna tuvo conocimiento de que al menos en otras tres carpetas, ya se presentaron aseguramientos, no de bienes inmuebles, pero sí de pruebas documentales que estaban en poder de distintas dependencias municipales.

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Aparte de la denuncia por enriquecimiento ilícito, la Fiscalía Anticorrupción tiene en sus manos otras 10 denuncias por hechos presuntamente constitutivos de delitos. Nunca se informó que alguna se haya desechado, por lo cual deben considerarse como carpetas de investigación en curso.

La primera se interpuso el 14 de octubre de 2022 por 115 contratos de bienes y servicios adjudicados de forma directa y sin justificación, los cuales acumulan 366 millones 217 mil 90 pesos. Las asignaciones directas se llevaron a cabo durante los primeros seis meses de la gestión administrativa 2021-2024.

Luego, el 29 de septiembre de 2023, se solicitó indagar a Pérez Cuéllar por la compra de pruebas Covid-19, cuyo destino fue incierto y cuyo costo ascendió a 15 millones de pesos que, además, fueron desviados del programa Cruzada por la Nutrición.

Otras dos denuncias fueron presentadas el 24 de octubre de ese mismo año contra el presidente municipal. Una por la compra de 250 mil kits escolares con un posible sobreprecio de 54 millones de pesos, y otra por un presunto desvío de recursos del Presupuesto Participativo.

El 6 de diciembre de 2023 Pérez Cuéllar fue acusado, junto con el exdirector de Desarrollo Económico, por la entrega irregular de contratos por 6.5 millones de pesos, presuntamente en favor de una empresa fachada del exfuncionario y empresario.

Por ese mismo caso, también fueron denunciados varios funcionarios y la regidora Ana Estrada, por los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades en las compras y licitaciones del Gobierno Municipal. La mayoría solicitaron licencia para dedicarse de lleno a las actuales campañas políticas, como operadores o incluso como candidatos.

Ya en el presente año, el 18 enero, se registró otra denuncia, esta vez contra el alcalde y el director de OMEJ, Andrés Domínguez Alderete; la directora de Desarrollo Urbano, Claudia Verónica Morales; el director de Parques y Jardines, Daniel Iván Zamarrón Saldaña; así como el secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público, uso ilegal de atribuciones y facultades, más los que resulten, por la construcción de una casa de cambio dentro de terrenos vedados de El Chamizal.

Las acusaciones siguieron llegando a la FACH, el 8 de marzo pasado por los contratos que el Gobierno Municipal de Juárez otorgó en 2021 a la empresa Courmextres, propiedad de Raúl Héctor Rodríguez Montaño, compañía vinculada a Alma Guadalupe Ortega Rodríguez, quien fuera coordinadora administrativa de la Dirección de Mantenimiento Mecánico, por un monto de 17.5 millones de pesos.

El 20 de marzo se pidió la apertura de otra carpeta de investigación contra el exdirector de Desarrollo Económico del Municipio, por el mismo caso de la presunta entrega irregular de contratos, aunque por una cantidad mayor, ya que el monto alcanzó los 10.5 millones de pesos.

Los señalamientos penales más recientes fueron presentados el 15 de abril pasado por los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades, además de peculado, a raíz de la entrega de cheques a directivos escolares que fueron obligados a endosarlos a favor de contratistas designados por el Municipio por un total de 160 millones de pesos, a través del programa “Cruzada por la Educación”.

El otro fue por la contratación de juegos mecánicos que el año pasado se instalaron en el Centro Histórico de la ciudad con un costo de 3 millones 300 mil pesos; en este asunto el acusado es el secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel.

En al menos tres de estos casos, es en los que se avanzó también en aseguramientos de distintas pruebas documentales, tal como ocurrió cuando la Fiscalía Anticorrupción puso en resguardo documentos y archivos de la administración municipal de Nuevo Casas Grandes, caso que mantiene bajo prisión preventiva a Cynthia Ceballos por el presunto delito de peculado agravado.

Así que seguirán las actuaciones y diligencias, seguramente también bajo control judicial.

El duelo de estrategias jurídicas podría intensificarse en plena campaña electoral y se prevé que el alcalde con licencia, al igual que varios de sus colaboradores y exfuncionarios, sigan buscando la protección de la justicia federal.

Como no hay otro camino para la FACH, más que determinar y resolver las carpetas, habrá pelea legal y política para rato. Muy probablemente, las solicitudes de amparo continuarán asociándose al nombre de Cruz Pérez Cuéllar, el alcalde con licencia que quiere repetir en el cargo.