El alcalde Cruz Pérez Cuéllar habló sin sustento cuando vinculó a Norte Digital con una supuesta falta de rigor periodístico y jurídico, en torno a lo que se ha publicado y lo que ha sido objeto de denuncias penales, por presuntos hechos de corrupción que lo involucran a él y a algunos de sus funcionarios.
Cada señalamiento publicado ha tenido fundamento en la narrativa de los hechos denunciados y los elementos de prueba aportados por los denunciantes, la investigación periodística propia, los datos que son públicos, la verificación de fuentes y la consulta de archivos oficiales donde también ha quedado registro de algunas acusaciones que antecedieron a las que hoy están en poder de la Fiscalía Anticorrupción.
Corresponderá al órgano jurisdiccional resolver si en cada una de las siete carpetas de investigación que se derivaron de igual número de denuncias, todas ratificadas, existen suficientes elementos de prueba, periciales, testimoniales, documentales y materiales, que permitan hacer las imputaciones correspondientes ante un juez penal.
Nunca un alcalde juarense había acumulado tal número de denuncias en su contra, con independencia de que ello ocurra o no en el contexto de un proceso electoral, o que el partido político al que pertenece esté en la antesala de la definición respecto a su postulación para un segundo periodo.
Norte Digital ha dado una cobertura total y puntual sobre esas denuncias, presentadas desde el año pasado, tanto por activistas, como por representantes populares del PAN y del partido Morena al que pertenece al alcalde, e incluso por una asociación civil como Plan Estratégico de Juárez.
La Agenda TAI está, desde su génesis, en la misión de este medio, convencido siempre que la Transparencia, los esfuerzos Anticorrupción y el combate a la Impunidad, son temas de prioridad para el ejercicio periodístico.
Desde el servicio público no hay una práctica que lastime y socave más a la sociedad, que la corrupción, no únicamente porque el mal uso del erario impide que se atiendan debidamente múltiples necesidades colectivas, sino porque la traición en la que incurren funcionarios, gobernantes o representantes populares cuando se configuran los desvíos, denigra la política toda y merma la confianza ciudadana en la cosa pública.
Por eso, Norte Digital toma ese tema tan en serio y lamenta que, para una autoridad, los señalamientos de corrupción sean motivo de burlas.
En su pasada conferencia semanera, el alcalde no únicamente hizo bromas sobre las denuncias formales y lo que se ha publicado periodísticamente, fue más allá y lanzó el amago de una demanda por daño moral que podría incluir a Norte Digital, precisamente bajo la acusación muy genérica de “falta de rigor”.
De nuevo, habló el alcalde a la ligera, no únicamente porque evade ir al fondo de los señalamientos por hechos de corrupción, también porque no especificó en qué dato, o qué información, o en qué sentido, faltó Norte Digital al rigor que siempre lo ha caracterizado.
Ni una línea de lo publicado por Norte Digital es mentira. Por eso se difundió desde el sábado un amplio posicionamiento en el que se contrastan los argumentos del alcalde, punto por punto, con lo que este medio ha documentado.
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Cruz Pérez Cuéllar centró su postura en señalar que se publicó que él compró la Casa del Campestre a la que se mudó, lo cual, afirma, no es cierto.
Norte Digital nunca aseguró que así fuera. Desde que el alcalde declaró que pagaba una renta, se publicó esa información, aunque Pérez Cuéllar no reveló, sino hasta el lunes 12 de febrero y a pregunta de este medio, el monto: 70 mil pesos al mes.
La denuncia por enriquecimiento ilícito que presentaron legisladores del PAN ante la Fiscalía Anticorrupción plantea el supuesto de que pague renta, pero también de que haya sido comprada. Por eso pidieron la investigación detallada de las operaciones inmobiliarias relacionadas al caso.
Norte Digital ha publicado siempre, y también está en la denuncia convertida en carpeta de investigación, que la propiedad de la calle Del Freno 1564 aparece en registros oficiales a nombre de Daniel Pando Morales, quien era su colaborador como director de Regulación Comercial, hasta que renunció en noviembre del 2022.
De acuerdo con los registros verificados por este medio, Daniel Pando pactó el pago de 9.8 millones de pesos por la residencia del Campestre, aunque los denunciantes ante la Fiscalía Anticorrupción le adjudicaron un valor de 26.5 millones de pesos.
Norte Digital pudo confirmar en plataformas digitales, que pueden ser consultadas por cualquier lector, que esa residencia llegó a ofrecerse a la venta en 27.5 millones de pesos, promocionándose como “la casa de tus sueños”, con alberca, jardín, terraza totalmente equipada, chimenea y campo de minigolf.
En la denuncia y en declaraciones públicas, los legisladores panistas señalaron que una renta para ese tipo de vivienda y en ese sector, puede oscilar entre los 120 y los 150 mil pesos. Ya dijo el alcalde que paga 70 mil y aseguró que hay contrato de por medio.
Sin embargo, la declaración con ese simple dato está lejos de poner punto final al caso, aunque ese lunes haya aportado un dato más: afirmó que tiene dos propiedades, “unos departamentos” y una casa en Chihuahua. No especificó si los departamentos también se ubican en Chihuahua y si la casa también la renta. “De esos recursos –indicó Pérez Cuéllar– pago la renta, es algo muy sencillo”.
El asunto medular de la denuncia por enriquecimiento ilícito es que no corresponden los ingresos oficialmente declarados por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar en plataformas de transparencia, con el nivel de vida que implica habitar esa exclusiva residencia en El Campestre.
En la Plataforma Digital Nacional, Pérez Cuéllar declaró un ingreso mensual de 156 mil 924 pesos en el 2020, de 52 mil 556 pesos en 2021 y de 132 mil 139.66 pesos en 2022.
Como funcionario de segundo nivel, con un salario declarado en 2022 de apenas 31 mil 208 pesos mensuales, dato que fue verificado por Norte Digital en documentos oficiales, Daniel Pando Morales aparece como el comprador de la vivienda y por eso está denunciado también por presunto enriquecimiento ilícito.
Pando Morales no declaró ningún otro ingreso. Tampoco incluyó la operación de compra en su última declaración patrimonial, lo que estaba obligado a realizar.
En su currículum oficial publicado para la gestión de Pérez Cuéllar, Pando únicamente señaló que además de funcionario en la administración de Armando Cabada durante cinco años, era o había sido director general de una empresa comercializadora de granos y agroindustrial, al parecer un negocio familiar con particular énfasis en la venta de frijol, nada que haya trascendido públicamente como para considerarse un empresario con alto poder adquisitivo.
El Código Penal, en su artículo 272, establece que comete el delito de enriquecimiento ilícito el servidor público que, durante el desempeño de su cargo o en los dos años posteriores al término de dicho cargo o de su dimisión, incremente injustificadamente su patrimonio, por sí o por interpósita persona, bienes que, en razón de su valor, sean notoriamente superiores a sus posibilidades económicas.
Eso es lo que este medio ha publicado. Nada que sea falso. Si para el presidente municipal no importa siquiera el contexto que permitió la compra de la casa en la que reside hoy, por parte de quien fue su director de Regulación Comercial, un área que históricamente presenta altos riesgos de corrupción, esa es otra historia.
Cuando Norte Digital le cuestionó si no había hablado con Daniel Pando respecto a por qué no declaró la propiedad de la vivienda, cuando aún fungía como funcionario en su administración, aseguró que ni siquiera ha platicado con él.
“No he platicado con él de esto, es una propiedad que es de él, no mía. Es una casa rentada y pago 70 mil pesos mensuales”, respondió Pérez Cuéllar el 12 de febrero.
En la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, los legisladores acusaron, además de enriquecimiento ilícito, faltas administrativas graves, por lo que solicitaron una investigación exhaustiva sobre el origen de los recursos y las declaraciones patrimoniales, tanto de Pérez Cuéllar, como de Pando Morales.
El titular de la Fiscalía Anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, declaró que esa y otras seis denuncias fueron ratificadas y que están siendo debidamente desahogadas las carpetas de investigación.
Es decir, hasta la fecha, la denuncia sobre la Casa del Campestre no ha sido desechada, como ninguna de las otras que tienen que ver con la compra con sobreprecio de 250 mil kits escolares, compra con sobreprecio de pruebas Covid, presunto desvío del Presupuesto Participativo, la construcción y funcionamiento de una casa de cambio en El Chamizal y la acusación de que su exdirector de Desarrollo Económico habría sido favorecido con un contrato para adquirir productos de limpieza, por medio de una empresa fachada.
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Tan a la ligera hizo el alcalde Pérez Cuéllar sus declaraciones en la conferencia semanal, que prácticamente de refilón vinculó el caso que nos ocupa, la Casa del Campestre, con el que enfrentó el presidente Andrés Manuel López Obrador por la Casa Gris en Houston, Texas.
“Las discusiones sobre políticos normalmente son que compran propiedades en el extranjero, en San Antonio, Houston, Miami, y yo rento una casa. No sé, lo que tengan que preguntarle (a Daniel Pando), pregúntenselo a él”, señaló cuando se le cuestionó sobre el incumplimiento en la declaración patrimonial de su excolaborador y ahora casero.
Precisamente fue una investigación periodística la que descubrió el lujoso palacete, que era habitado por José Ramón López Beltrán, hijo mayor del actual presidente de México.
La residencia pertenecía a un alto ejecutivo de Baker & Hughes, contratista de Pemex, que habría sido favorecido por la intervención de José Ramón para lograr acuerdos millonarios.
El escrutinio reveló que una filial de Baker & Hughes, firmó un contrato con Pemex en su oficina de Houston el 16 de agosto de 2019, fecha en que José Ramón López Beltrán y su esposa Carolyn Adams ocuparon la llamada Casa Gris, supuestamente bajo un esquema de renta.
La mansión del fraccionamiento Jacobs Reserve en Texas, a las afueras de Houston, es de 447 metros cuadrados de construcción y cuenta con una alberca de 23 metros de largo, salón de cine, sala de juegos y otras comodidades, en clara contradicción a los principios de austeridad y de honrosa medianía que, se supone, guían el actuar del presidente López Obrador.
De acuerdo con la información publicada por Latinus y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, esa propiedad fue valuada en poco más de un millón de dólares (20 millones 800 mil pesos), cantidad mucho menor a los 26.5 millones de pesos que los expertos inmobiliarios consultados por los legisladores denunciantes, le asignaron de valor a la Casa del Campestre.
El valor de renta de la Casa Gris, de acuerdo con las mismas investigaciones periodísticas, era de 6 mil 187 dólares (unos 127 mil pesos mensuales).
Se supone que eso pagaban José Ramón y su esposa, aunque la operación no fue registrada en el sistema que utilizan los agentes de bienes raíces en Texas.
El caso de la exclusiva mansión de Houston, sacudió al Gobierno de la Cuarta Transformación y descolocó al actual presidente de la República –insistimos, de la República–. En Juárez, el presidente municipal Pérez Cuéllar pretende minimizar y acallar el caso de la Casa del Campestre, aunque todavía hay muchas dudas por aclarar y una investigación del órgano jurisdiccional por concluir.
Se equivoca el alcalde cuando intenta reducir los señalamientos y denuncias por corrupción, a una cuestión de rigor jurídico y periodístico. Pero más lo hace cuando opta por el amago de una demanda por daño moral, lo que implicaría una vulneración a las garantías y derechos más preciados en una sociedad democrática, representados por la libertad de prensa y la libertad de expresión.
Sus esfuerzos debería concentrarlos en rendir cuentas claras a sus mandantes ante el cúmulo de acusaciones tan delicadas. Además, el alcalde y sus funcionarios tendrán que atender las diligencias que la Fiscalía Anticorrupción está obligada a desarrollar, si en verdad se ha propuesto avanzar en las siete carpetas de investigación que tiene en sus manos.
Que se aplique con rigor a despejar de toda duda el uso del recurso público, deje de señalar a la ligera y no fustigue a quienes cuestionan y denuncian los presuntos hechos de corrupción, es lo que esperan de su alcalde los juarenses que, hasta hoy, no han escuchado respuestas convincentes y satisfactorias.