Este viernes está ya en una prisión del territorio chihuahuense el exgobernador César Duarte Jáquez, una vez que ayer fue trasladado de Miami a la Ciudad de México, donde fue recibido por la Fiscalía General de la República y le fueron practicados los exámenes médicos de rigor.

Desde noviembre del 2021, cuando la jueza Lauren Louis, magistrada de la Corte de Miami, autorizó su extradición y el equipo de su defensa legal se desistió de apelar la decisión judicial, los días de Duarte en los Estados Unidos estaban contados.

Ayer, en cuanto trascendió que los alguaciles trasladaron al político chihuahuense al avión para su extradición a México, la propia gobernadora Maru Campos envió por las redes un mensaje en video a los chihuahuenses, donde ratifica que a los exgobernadores “ni perdón ni olvido”.

Lo dijo en plural, incluyendo sin mencionar por su nombre al binacional Javier Corral, quien ya acumula también varias denuncias de la auditoría superior en la fiscalía general del estado, por desviación de recursos.

Otro dato sorpresivo que dijo Maru Campos fue en el sentido de que Duarte puede enfrentar procesos también en el ámbito federal, y que están listos en Chihuahua para atender las solicitudes de atracción de la fiscalía general de la República.

César Duarte fue detenido el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, al ser acusado por la administración de Javier Corral como presunto responsable del delito de peculado por 275 millones de pesos, pero hasta ahora no se sabía nada de un procedimiento judicial en curso en el ámbito federal.

Los tratados de extradición establecen que el inculpado deberá ser enjuiciado solamente por el delito por el que fue reclamado, una vez que sea extraditado.

La extradición se da a tres días de las elecciones en seis estados, dos en los que la alianza PRI-PAN-PRD tienen posibilidades de ganar, según  las últimas encuestas.

Esto ya puso a temblar a los jerarcas de la alianza porque puede impactar y cambiar la tendencia en los  estados de Durango y Aguascalientes, de acuerdo con los gurús de la política nacional.

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Aunque en las inútiles mesas de seguridad pregonen que la violencia va a la baja y con ella los delitos de alto impacto, la verdad es que deberíamos de regalarles una naricita de payaso o, mejor dicho, de Pinocho, a quienes así lo afirman, ya que las cifras oficiales dicen lo contrario.

Si bien es cierto, se tuvo una mejora en el inicio del año que se mantuvo hasta el segundo bimestre, la criminalidad en las calles ha venido imponiéndose de nueva cuenta desde el quinto mes del año.

Las cifras oficiales de las propias corporaciones policiacas no mienten: en enero se registraron 80 homicidios, en febrero 82; para marzo hubo 67 muertes dolosas y para abril se tuvo un registro de 63 muertes violentas, mes en el que echaron las campanas al vuelo.

Pero en mayo las cosas comenzaron a cambiar, pues fue el mes donde se rebasó la cifra de los 100 muertos, alcanzando los 107 asesinatos.

Junio tiene apenas un par de días y ya acumula al cierre de esta columna seis muertos, cuatro en su primer día y dos el día segundo, para sumar un total de 399 asesinatos en el primer semestre del año.

¿Qué excusa tendrán ahora nuestras autoridades? ¿cómo explicar este incremento, si no es reconociendo que la seguridad se les salió otra vez de control?

Ya dijeron que estos “picos” son normales y volverán a decir que los grupos criminales se están “reacomodando”, porque movieron a sus cabecillas del penal de Juárez al sur del país; o que el aumento de asesinatos es una reacción de los delincuentes a los operativos que realizan las fuerzas de la ley y el orden.

Todas han sido respuestas absurdas, viles ocurrencias ante el fracaso en el combate a los grupos criminales y la impunidad que prevalece, pese al reclamo social de todos los sectores que afecta la violencia.

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Este registro violento que tiene la ciudad, se ve reflejado también en el sector salud, donde hay déficit de médicos especialistas que no aceptan las plazas que está ofertando el gobierno federal con fecha de caducidad, que precisamente se cumple hoy.

La Convocatoria Nacional 2022, de la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicos Especialistas, se lanzó con el objeto de atender el déficit de médicas y médicos especialistas en instituciones como la Secretaría de Salud, IMSS, INSABI, PEMEX, IMSS Bienestar e ISSSTE.

De las 13 mil 765 plazas que el Gobierno de la República puso a disposición de los médicos mexicanos de ambos sexos, con sueldos hasta de 36 mil pesos mensuales, únicamente 4 mil 40 médicos se interesaron y se postularon.

El propio director del IMSS, Zoé Robledo, admitió en la mañanera del miércoles pasado que la respuesta ha sido baja pues apena llega al 29.3 por ciento del total de vacantes que se tienen.

Y precisamente hoy que cierra la convocatoria, de las 25 plazas ofertadas para los hospitales del Seguro Social en Juárez, solamente se han recibido 3 postulaciones.

De acuerdo con los datos del IMSS, en Ciudad Juárez hay 12 vacantes para médicos internistas, con un salario de hasta 36 mil pesos, y solo hay tres facultativos interesados: uno para el Hospital General de Zona 35, del IMSS, para el turno matutino, otro para el vespertino y uno más con sueldo de 30 mil 721 pesos, para el Hospital General Regional número 1.

En la especialidad de urgencias médico quirúrgicas, se le otorgaron al estado de Chihuahua 88 plazas, 13 de éstas para Ciudad Juárez, todas en el Hospital General de Zona 35 y en el número 36, del IMSS.

A pesar de que esas vacantes tienen un sueldo de 36 mil 841 pesos mensuales, hasta ayer no había postulaciones.

Coincidentemente, el rechazo o desaire a esta bolsa de trabajo para especialistas de la medicina, se da principalmente en entidades con alta inseguridad y violencia, como Baja California que tiene 63 vacantes para medicina del trabajo y solo 4 personas se han interesado.

Igual ocurre en Zacatecas con 23 plazas de la misma especialidad y solamente 4 médicos se postularon; mientras que, en Veracruz, con un déficit en pediatras, se ofrecieron 130 posiciones y no hubo una sola postulación.

En los casos de Juárez y Tijuana, donde la tasa de homicidios dolosos se mantiene al alza, ocurre lo mismo. Nadie está interesado en trabajar en las plazas tan calientes y peligrosas.

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Por adelantado, para que no haya duda de que los van a multar por cantar narcocorridos, Los Tucanes de Tijuana pagaron 625 mil pesos como fianza al gobierno municipal de Chihuahua, antes de su presentación en la Feria Santa Rita.

Los Tucanes pusieron sus barbas a remojar al enterarse que la Banda El Recodo, fue multada por la Dirección de Gobernación municipal con 625 mil pesos, por no aguantarse las ganas de hacer apología del narco en su actuación.

Entonces y para no desentonar, decidieron anticiparse a la sanción y depositaron esa misma cantidad como fianza, que al final de cuentas será convertida en multa cuando comiencen a cantar “Los compas de Almoloya”, “Las socias de la mafia”, “La piedrita colombiana” o “La operación pesada”, todas de su amplio y narco repertorio.

Lo bueno del asunto es que las multas servirán para causas sociales como la construcción de un albergue para niñas y adolescentes víctimas de la violencia. Lo malo es que los millones que cobran estos grupos salen de las arcas municipales, por lo que con la mano en la cintura y sin perder sus ingresos como artistas, pueden pagar multas por más de medio millón de pesos. Faltaba más.