MIENTRAS están listos los expedientes X, la Fiscalía General ya tiene con qué entretenerse. El fiscal, César Augusto Peniche, prometió echarse los talones a la nuca para integrar la carpeta de investigación, derivada de la denuncia que volvió a presentar Jaime García Chávez contra César Duarte, el exgobernador; Jaime Herrera, exsecretario de Hacienda, y Carlos Hermosillo, expresidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) y actual diputado federal.
DE LOS TRES señalados, Jaime Herrera es el más vulnerable. No lo alcanza a cobijar el manto de los arreglos políticos con Los Pinos y, para amolarla, en varias de las ocasiones en que el exgobernador Duarte fue cuestionado periodísticamente por los depósitos de fondos estatales en Unión de Crédito Progreso, terminó empinando directamente a su secretario de Hacienda. Nomás hay que recordar aquella frase, “a lo macho, firmé y no me fijé”.
CARLOS Hermosillo es diputado federal, protegido por la inmunidad que le da el fuero constitucional, en año y medio ni cosquillas le hacen.
LO INTERESANTE de la estrategia de pinza que siguen el presidente de Unión Ciudadana, Jaime García Chávez, y su antiguo aliado de Palacio, el gobernador Javier Corral, es que le arriman ocote a la Fiscalía, para que empiece a hacer la lumbrita del proceso penal contra el exgobernador.
AL FIN y al cabo, de todos los expedientes, el más acabado es la denuncia por los 65 millones del Fideicomiso de Inversión y Administración 744743 de Banorte, por medio del cual se adquirió el paquete accionario de la Unión de Crédito Progreso, mientras estaba en gestiones para conseguir autorización de convertirse en Banco Progreso. La carpeta en manos de la PGR incluye pesquisas por lavado de dinero y evasión fiscal, eso lo tendrán que dejar fuera para que Peniche pueda tomar la rienda.
EN TANTO Stefany Olmos, la titular de la Función Pública, sin menos presión de tiempo, se dedicará a ponerle esteroides a los señalamientos chirris, sobre las irregularidades que encontraron los secretarios del gabinete, el respetable tendrá con qué entretenerse y así en el régimen del nuevo amanecer no se corre el riesgo de llegar en blanco a la marca de los 100 días de gobierno, sin haber tocado a Duarte y compañía.
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ANTES de que empiece la tandariola legal y política, casualmente, en el mundo financiero, Unión Progreso está relanzando el proyecto bancario. Ya de tiempo completo en las oficinas del corporativo, Jaime Herrera le ha movido a las calificadoras para resucitar la autorización que ya habían logrado de la Comisión Nacional Bancaria, por allá de marzo del 2014, y que inexplicablemente dejaron en pausa, cuando ya tenían todo listo para cambiar papelería, nomenclatura a las sucursales, etc., por el de Banco Progreso.
CON ESA mira, los ejecutivos de la marca financiera han iniciado una campaña publicitaria, hasta renovaron espectaculares en algunas de las principales avenidas de Chihuahua y Delicias, con el logo de la aún Unión de Crédito y la frase, “cuarenta años de Progreso…”.
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SIN UÑAS, dientes ni presupuesto, funciona la Sindicatura de Ciudad Juárez que encabeza Aarón Yáñez Limas, cuya función esencial es la de “vigilar” y “proponer acciones” en relación al gasto del Ayuntamiento.
AL ÚNICO funcionario de elección popular que lleva la marca PRI en el Gobierno municipal le tocó bailar con la más fea, no tiene presupuesto para realizar su función. Tampoco al gobierno independiente se le ve interesado en facilitarle la vida, la sindicatura juarense es la que menos recursos recibe, en todo el estado, respecto del presupuesto anual de los ayuntamientos.
DE ACUERDO con la legislación, el síndico no puede sancionar, ni votar en sesiones de Cabildo, pero sí puede proponer, denunciar y revisar que se estén aplicando correctamente los recursos públicos. Para ello necesita herramientas y presupuesto, que actualmente resulta irrisorio para la cantidad de cuentas, eventos y actividades que tiene que vigilar.
EL TITULAR de la Sindicatura se la está jugando con tan solo el 0.28 por ciento del presupuesto anual del Ayuntamiento, mientras que el síndico chihuahuita, Miguel Riggs, tiene asignado un recurso del 0.47 por ciento del presupuesto capitalino y eso que la geografía y demografía chihuahuita son menores a esta frontera. El asunto merecerá mayor atención de los legisladores y del propio jefe del Ejecutivo estatal, si acaso es real el deseo que pregonan de transparencia y ataque a la corrupción desde el ámbito municipal.
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SALIÓ A relucir a inicios de esta semana un nuevo pleito que se traen entre el Municipio y Gobierno estatal, en esta ocasión por el gasto de 22 millones de pesos del Pronapred asignados a Ciudad Juárez y que tienen que gastarse antes de que se acabe este año o pasarán a la historia por gracia del subejercicio presupuestal.
EL ASUNTO está en que el alcalde Armando Cabada ya se estaba frotando las manos por el recurso completo –lo dejó la pasada administración sin utilizar–, pero entró el gobernador Javier Corral al quite y le arrebató la posibilidad de ejercer 15 millones que ahora gastará directamente el Gobierno del Estado.
AUNQUE los recursos se deben invertir exclusivamente en Juárez, la acción la tomó como ofensa Cabada, quien anda muy molesto por este revire. Quién sabe dónde vaya a parar la relación entre las dos instancias si le siguen echando leña al fuego.
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EL INSTITUTO Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) tendrá listo el dictamen del caso de la plaza Bistro hasta el siguiente lunes. Los vecinos afectados del fraccionamiento Campos Elíseos siguen preguntándose cómo los inspectores de Desarrollo Urbano no se percataron de la construcción del centro comercial. Los trabajos tenían seis meses sin licencia de construcción.
EL MOCHE debió ser muy bueno, porque a cualquier ciudadano que se le ocurra irse por la libre e iniciar con arreglos a su vivienda sin pagar la correspondiente licencia, no pasan 48 horas cuando ya tiene a los inspectores colocándole sellos de clausura, para obligarlo a pagar con todo y multa.
LA DIRECTORA de la dependencia municipal, Lilia Ana Méndez Rentería, quien es abogada y no arquitecta, tiene en sus manos una decisión importante que podría marcar para bien o para mal la administración del independiente Armando Cabada Alvídrez. El cale está bueno, se sabrá si como roncan, duermen.
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LOS PADRES de Esmeralda Castillo, joven desparecida en el 2009, y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos pedirán al Congreso Federal recursos económicos para que la Fiscalía Estatal procese y analice los 59 restos óseos localizados en los rastreos efectuados por ciudadanos en el Valle de Juárez.
QUIZÁ se resuelva antes la cosa, porque el próximo día 3 de diciembre, el gobernador Javier Corral tiene contemplada la firma del contrato con el equipo de argentino de antropología forense, justo para dar celeridad a la identificación de restos.
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LA MESA de negociación prometida por Enrique Peña Nieto al gobernador Corral para analizar la solicitud de apoyos extraordinarios que permitan cerrar el año, empezó ayer en la Ciudad de México.
DESDE temprana hora, el mandatario estatal posteó una foto, donde se le ve en la Secretaría de Gobernación, en la biblioteca que lleva el nombre del fundador del PAN, Manuel Gómez Morín, junto con Gustavo Madero y Arturo Fuentes Vélez, en compañía de los secretarios Miguel Ángel Osorio Chong y José Antonio Meade.
A VER si la triada de chihuahuenses logra sacarle agua a las piedras y regresan con los casi mil millones de pesos que con carácter de urgente se requieren para cerrar diciembre.
CON LA esperanza de que el gobernador llegue hoy a Juárez con buenas noticias de la Ciudad de México, varios juarenses lo estarán esperando. Más que la raza apuntada para las audiencias públicas –programadas para este día–, son los funcionarios quienes esperan cerrar el año con algo de presupuesto.
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BUENA chirinola armaron ayer en Palacio los integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (Unta), comandados por Mario Lerma, un transfuga del Frente Democrático Campesino y de El Barzón, quien con algunas decenas de seguidores tomaron las calles aledañas a la sede de Gobierno para exigir apoyos alimenticios y de materiales de construcción.
LOS MANIFESTANTES se pusieron rijosos y agredieron a reporteros de la fuente gubernamental, uno de ellos resultó golpeado. Al final de cuentas levantaron sus chivas, regresaron a Delicias y Meoqui, de donde llegaron con la promesa de revisar sus demandas.