En el último año hemos podido ver en todo el estado denuncias por violación y acoso sexual contra algunos agentes del orden público, y se cuentan más de 100 investigaciones contra policías que han abusado de su poder.

El acoso sexual es una de las formas más acabadas del abuso de autoridad, más si lo comete un agente del orden público utilizando su posición y aprovechándose de ella.

El caso del jefe de la Policía del municipio de Aldama, Juan Carlos Campos Acosta, es solo una vergonzosa muestra del grave descontrol que prevalece al interior de las fuerzas de seguridad pública en la entidad.

El pasado 26 de abril, la Fiscalía General del Estado emitió el comunicado FGE/FDZC, en el que daba a conocer el inicio de un proceso penal contra el director de Seguridad Pública Municipal, a quien identificó como Juan Carlos C.A., en apego a la normatividad que rige los procesos penales.

Al detenido se le acusa de hacer un ilegal ejercicio de su cargo público, al haber cometido actos tipificados en el Código Penal, como lo son el abuso sexual agravado y el hostigamiento sexual.

Los hechos que se le imputan al jefe policiaco datan de julio de 2022, según el reporte de la FGE. Sin embargo, a lo largo de todo este tiempo, casi nueve meses, el presunto agresor continuó ejerciendo el cargo que lo ponía al frente de la seguridad pública y mando del cuerpo policial de Aldama.

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El caso, por desgracia, no es el único, y seguramente no será el último. El 26 de abril del pasado año, un agente de la Policía Vial recibió sendas acusaciones de dos mujeres por delitos de tipo sexual, justo cuando ejercía su cargo de agente de tránsito.

Según la exposición del agente del Ministerio Público que presentó el caso ante los tribunales, el acusado, a quien se identificó como José Alejandro G.F., hizo tocamientos de tipo sexual contra una conductora durante la madrugada del 11 de abril, en pleno Periférico de la Juventud en Chihuahua capital.

Apenas siete días después, el día 18 del mismo mes, volvió a delinquir, aunque en este caso por la presunta comisión del delito de violación en modalidad agravada.

Según el MP, el agente tenía su modus operandi, que fue detectado cuando se le dio seguimiento a las dos denuncias en su contra, que terminaron con su detención y puesta a disposición ante un juez de control.

Hablamos de dos crímenes de tipo sexual en el término de una semana, cometidos presuntamente por el mismo sujeto. Queda en duda si, por las denuncias, los indicios y hasta las coincidencias, este agente no cometió otro tipo de abusos a lo largo de su cuestionada trayectoria.

A raíz de esos hechos, la gobernadora Maru Campos anunció una serie de modificaciones a los procedimientos de la Policía Vial, como el obligar al uso de cámaras en las patrullas, y a que las mujeres conductoras sean detenidas y sancionadas únicamente por agentes mujeres.

A casi un año del anuncio de estas medidas para evitar los abusos y los excesos por parte de los cuerpos de seguridad vial, se dio a conocer  el caso del jefe de Policía de Aldama, del que hablamos al inicio de esta columna.

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Los casos mencionados son emblemáticos, y plasman de forma clara algunas de las situaciones más graves que suelen plantearse cuando se abusa del poder o la autoridad de un cargo público.

Sin embargo, y por desgracia, ambos son solo una pequeña muestra del grave problema que enfrentan las autoridades de Chihuahua para evitar que los efectivos, tanto estatales como municipales, terminen por agredir a sus ciudadanos, o incluso a sus compañeras de trabajo.

En marzo pasado, la Subsecretaría de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, dio a conocer que 25 agentes de la Policía del Estado se encuentran separados de sus funciones por presuntos actos de abuso de autoridad.

Esta cifra, sin embargo, representa apenas la quinta parte del número de agentes que están sometidos a investigación por el mismo acto irregular.

La dependencia, órgano de la SSPE, informó que hay más de 200 indagatorias por abuso de autoridad y otros actos irregulares.

La cantidad de agentes de seguridad pública sometidos a investigación por mal ejercicio de su cargo, podría elevarse de manera sustancial, cuando la misma SSPE emprenda la campaña publicitaria en la que se invitará a la sociedad, en general, a denunciar abusos de policías.

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El 17 de junio de 2021 se cerró uno de los casos más vergonzosos para los cuerpos de seguridad pública del estado.

Un Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia de 12 años y 6 meses de prisión contra Paulino M.R., quien se había desempeñado como director de Seguridad Pública del municipio de Guazapares.

A él y a otras cinco personas, se les vinculó al secuestro y posterior homicidio del activista Cruz Soto Caraveo, quien había librado una larga lucha por la recuperación de unos predios de su propiedad que le habían arrebatado miembros del crimen organizado.

Desde el 13 de octubre del 2019, Soto Caraveo “desapareció” y solo se supo de él hasta que se le encontró sin vida, siete días más tarde.

El 14 de marzo del 2020, Paulino M.R. fue detenido junto con otro sujeto, Samuel Alejandro B.G. por su participación en la desaparición forzada del activista.

Según la versión de la FGE, Paulino M.R. se valió de su cargo como director de Seguridad Pública Municipal, para ordenar a sus subordinados la localización y entrega del activista, a quien luego se le dio muerte.

La sentencia emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento contempla una pena de 12 años 6 meses de prisión para cada uno de los involucrados.

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A la presencia abusiva contra la población se suma la ausencia contemplativa que sufren ciudadanos de diversos puntos del estado, quienes tratan de sobrellevar su vida sin tener un cuerpo de Policía que los cuide y que imponga orden.

Son 11 los ayuntamientos que no tienen un cuerpo de Policía propio, ubicados todos en zonas en donde se registra una intensa actividad del miembros del crimen organizado.

Bocoyna, Galeana, Ignacio Zaragoza, Satevó, Bachíniva, Gómez Farías, Carichí y Urique, en la zona occidente, en plena sierra Tarahumara, y Coronado, Guadalupe Distrito Bravos y  Práxedis G. Guerrero, en el oriente, no tienen policías propios.

El 7 de junio del año pasado, la SSPE desarmó a todos los agentes municipales de Urique, al encontrar que ninguno estaba acreditado para usar las armas que portaban.

Gilberto Loya Chávez, titular de la SSPE, dijo en aquella ocasión que casi el 80 por ciento de los policías municipales cuentan con las acreditaciones que la autoridad les exige para poder usar las armas que portan.

Otro caso representativo es el de Práxedis G. Guerrero, que este 2023 cumple 12 años sin Policía.

La última vez que una persona ocupó la Dirección de Seguridad Pública de ese municipio fue cuando Marisol Valles García, la joven de 20 años, asumió la función el 10 de octubre de 2010.

La entonces estudiante de criminología, asumió la asignatura después de que su antecesor, Manuel Castro, fuera secuestrado, torturado y decapitado.

Poco después dejó el cargo, agobiada por las amenazas, y desde entonces, esa comunidad, fronteriza con los Estados Unidos permanece sin Policía.

En entrevista para Norte Digital, el alcalde Celestino Estada dijo que no necesitaban jefe ni policías, porque ni equipo tenían para armarlos.

Así, sin orden ni garantías, transcurre la vida en esos 11 municipios, en donde la Policía Estatal se hace cargo de su seguridad, pero lo hace con lo que tiene y como puede.