La contención de los picos de violencia y la reducción general de la incidencia delictiva en Ciudad Juárez y el resto del estado no puede ser rehenes de los vaivenes políticos o el humor de los gobernantes.
En esta semana que llega a su fin los juarenses vimos llegar a los representantes de los tres órdenes de Gobierno para revisar la estrategia de seguridad. El martes pasado se concentraron aquí el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el de Defensa, Salvador Cienfuegos; el de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, y el procurador general de la República, Raúl Cervantes.
Por parte del Estado participaron el gobernador, Javier Corral; el secretario general de Gobierno, César Jáuregui; el fiscal general, César Augusto Peniche, y el director de la Policía Única, Oscar Aparicio Avendaño
Pero del lado del Gobierno municipal de Ciudad Juárez solamente llegó el alcalde, Armando Cabada, y su alma. En la misma condición estuvieron presentes la presidenta municipal de Chihuahua, María Eugenia Campos, y los alcaldes de Guachochi, Hugo Aguirre, y de Guadalupe y Calvo, Noel Chávez Velázquez.
La lógica elemental indica que por tratarse de una reunión de primer orden para analizar y evaluar estrategias de seguridad tendrían que participar los jefes de las policías preventivas en los cuatro municipios considerados focos rojos en la entidad, pero ninguno apareció en escena.
Es ahí donde está el quid del asunto, porque el último eslabón de la cadena de mando, por la que debe correr la estrategia de seguridad, en términos de operatividad, no está participando, no conoce y comparte las decisiones o no se le tiene confianza, difícilmente las acciones llegarán a buen término.
Por eso volvió a tomar fuerza las diferencias que tienen el gobernador, Javier Corral, y el alcalde, Armando Cabada en torno a la designación del secretario de Seguridad Pública Municipal, Jorge González Nicolás, impugnado políticamente por el orden estatal.
El secretario de Seguridad Pública Municipal y sus subalternos no son los únicos a los que se cuestiona la carencia de un certificado reciente de aprobación de las pruebas de confianza. Ninguno de los 67 jefes de policía municipales ha realizado los exámenes correspondientes.
De todos los funcionarios que conforman el sistema estatal de seguridad quizá los únicos que en este momento podrían contar con el certificado reciente de esos exámenes son el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche; el director de la Policía Única, Oscar Aparicio, y el director de Seguridad Pública de la capital, Gilberto Loya, pero concediendo que se así, ninguno ha hecho público el resultado. Los ciudadanos del resto del estado y la capital están en las mismas que los juarenses, nomás no tienen claro si los jefes de Policía son realmente aptos para el cargo.
Sin embargo, el único que tienen los reflectores encima es el secretario de Seguridad Pública del Municipio de Juárez, estrictamente por las diferencias políticas.
Hasta ahora el único avance que se tiene es el acuerdo entre el alcalde, Armando Cabada, y el gobernador, Javier Corral, para que los exámenes de confianza a los que se debe someter el jefe de Policía y sus principales subalternos se realice en un terreno neutral, para evitar cualquier tipo de suspicacias.
Si el jefe de la Policía municipal supera con éxito ese punto, se supone que podrían terminar las diferencias que generó su designación, porque en cuanto a los resultados positivos en la contención y disminución de los índices de inseguridad en la ciudad ya está acreditado. El análisis de los números y estadística dieron cuenta de ello en la reunión de alto nivel del martes pasado.
El fondo del problema
La capacidad, efectividad e incluso las pruebas de confianza que falta por acreditar al secretario de Seguridad Pública de Juárez no son los elementos reales que están en el fondo de la confrontación producida por su cargo.
El pecado que se le achaca a González Nicolás es su cercanía con el exgobernador César Duarte, no solo en su calidad de ex fiscal general del Estado, sino como amigo personal, miembro del círculo íntimo, e incluso a últimas fechas lazos casi familiares, en razón del noviazgo entre un hijo del funcionario municipal y una de las gemelas Duarte Gómez.
Por ahí apunta realmente el problema, por eso el régimen del nuevo amanecer no pierde oportunidad de detonar bombas mediáticas, con datos sobre presuntas irregularidades del sexenio de César Duarte, en donde aparece el nombre del exfiscal Jorge González Nicolás.
El más reciente se dio apenas el viernes, con datos filtrados a programas noticiosos de la empresa Televisa, donde se retoma el tema del uso de aeronaves oficiales del Gobierno para viajes particulares al extranjero, del exgobernador César Duarte, su esposa e hijas, acompañados del entonces fiscal general y su respectiva familia.
Más claro aún, para que no exista duda su posición, el propio gobernador Corral ha señalado al exfiscal como el responsable de integrar un esquema de impunidad para encubrir al exgobernador Duarte, y lo ubica como el operador de mayor confianza y adelanta que el nombre de González Nicolás está en los expedientes que pronto llegarán como denuncias ante las instancias de procuración de justicia.
Mientras se llega a ese punto, los dos órdenes de Gobierno están obligados a la coordinación y cooperación de acciones en materia de seguridad, y tienen que hacerlo tomando en cuenta a los responsables que cada uno tienen al frente de las instituciones. No hay otra manera.
Medir con la misma vara
Es de esperarse que el mismo rigor que ahora se tiene para calificar el trabajo del secretario de Seguridad Pública de Juárez se aplique también a los jefes de Policía en el resto de los municipios, se ventilen públicamente sus historias y los resultados de la evaluación como se ha exigido en el caso de esta frontera.
Porque en municipios medios y pequeños, en diferentes regiones del estado, se habla antecedentes temibles de los jefes de Policía municipal y nadie dice nada. Los alcaldes panistas que dejaron el Gobierno en octubre pasado y los que acaban de arribar al cargo han entregado las jefaturas de la Policía a personajes cuestionados, pero de eso nadie dice nada. Aún.
Si lo que se busca es profesionalizar a las policías municipales, garantizar la integridad de los cuerpos de seguridad y hacerlos eficientes, el racero tendría que ser parejo, e independientemente de las diferencias políticas partidistas, debe reconocerse el trabajo de mejores elementos.
O todos coludos o todos rabones.