Muy lamentable es que el estado de Chihuahua en lo general, y el municipio de Juárez en lo particular, se encuentren en los primeros lugares en asesinatos de mujeres de todo el país, pero más grave es que, solamente el 30 por ciento hayan sido resueltos.

Que el Estado ocupe el quinto lugar nacional en homicidios dolosos de mujeres, con 181 casos y Juárez el segundo lugar solamente en feminicidios, con 15, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, contradice las afirmaciones que en días pasados hizo la Fiscalía General de la entidad, hizo en el sentido de que durante el año que está por terminar se redujo en un 22 por ciento este delito, gracias a “las políticas públicas humanistas, integrales y eficaces para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres y niñas”.

Los números no dejan mentir, sobre la realidad que se vive solamente en Juárez, pues de enero de la fecha, han sido asesinadas 144 mujeres, pero de estos crímenes solo 15 fueron clasificados como feminicidios.

Una verdad que no puede ser refutada es que, todos los casos son de mujeres que perdieron la vida de manera violenta, sea por cuestiones de género, por celos, por venganzas o por relaciones peligrosas con el crimen organizado, pero al momento de clasificarlos y separarlos como feminicidios u homicidios dolosos, pareciera que la autoridad investigadora quisiera lavarse las manos, etiquetando y condenando al olvido y a la impunidad la mayoría de los asuntos.

La prueba está en que, de los 144 homicidios dolosos de mujeres que se registraron en esta ciudad, solamente el 30 por ciento han sido esclarecidos, algunos con detenidos.

Aun así, es tan bajo el índice de efectividad de los investigadores, que no asusta a los asesinos ni impone respeto a los feminicidas.

Nada más falta que se inventen otra categoría, o se saquen de la manga otra clasificación, para reducir más los casos que encuadran en la tipología de los feminicidios, y al rato ya no tendrán nada que investigar ni a quien perseguir.

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Del altiplano llega información a Mirone, en el sentido de que diputados federales del PAN solicitarán al secretario de Gobernación, que ordene una investigación en la representación del Instituto Nacional de Migración del estado de Chihuahua, ante la falta de atención que sus titulares han puesto para atender la crisis migratoria.

Los legisladores consideran que el bajo nivel en el desempeño que ha tenido el contralmirante Salvador González Guerrero al frente de la dependencia, ocupado en frivolidades y asuntos ajenos a sus responsabilidades, tiene mucho que ver con la poca importancia que desde el Gobierno central le dan al estado de Chihuahua.

El razonamiento de los diputados panistas, varios de ellos emanados de los distritos chihuahuenses, es que por ese desinterés que tienen por la entidad, mandan personal sin experiencia en el servicio público, y con capacidad muy limitada en lo administrativo y operativo de la dependencia.

El mismo personal con mayor antigüedad del INM, se queja de que no hay evaluaciones del trabajo que realizan los mandos y por lo mismo, la institución está suelta y todos hacen lo que quieren.

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Ahora que el diputado priista Omar Bazán anda tan metido en el tema ecológico y de protección ambiental que sería bueno se diera una vuelta por el Valle de Juárez, para vea los basureros al aire libre en que están convertidos los caminos vecinales y las lomas ubicadas, al sur de esta empobrecida región agrícola.

Por décadas, los vecinos de los ejidos han tirado su basura en terrenos desérticos ubicados a poca distancia de la zona poblada, pero como es a cielo abierto, los fuertes vientos dispersan los desperdicios hacia los caminos vecinales y brechas, donde se quedan atorados en las plantas de mezquite y gobernadora que abundan en la región.

A este problema se suma la irresponsabilidad de empresas no identificadas, que también tienen la mala costumbre de tirar sus desperdicios industriales en esos parajes, aprovechando que no son vigilados y los habitantes ya los usan como basureros.

Omar Bazán, propuso en días pasados una reforma a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para ciudadanizarla, y que las autoridades estatales y municipales realicen acciones ambientalistas con el apoyo de la población.

El caso de la contaminación por basura del Valle de Juárez, es un buen caso para que esa reforma no se quede en el tintero, y se dispongan vertederos o rellenos sanitarios a lo largo de los pueblos, que generan basura sin que a nadie le importe el destino final que le dan.

Si la reforma de Bazán propone darle facultades a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, para que, en conjunto con los municipios, se establezcan programas sobre cultura ambiental, que cambien actitudes y conductas comunitarias para proteger y restaurar el ambiente, deberían incluir también a los presidentes de los comisariados ejidales, a los que nadie pela ni les hacen caso, cuando han solicitado apoyo para solucionar el problema de los basureros en sus comunidades.

Alguien debe tomar la batuta y atender a los habitantes de aquellas apartadas comunidades que