Hasta la Comisión de Justicia del Senado de la República escaló la denuncia de la jueza 10 de lo Familiar del estado de Chihuahua, Sabela Asiain Hernández, contra el magistrado y consejero de la judicatura Luis Villegas Montes, por acoso, hostigamiento y actos de violencia verbal y física.
En la sesión de ayer en la capital del país, la senadora Olga Sánchez Cordero, en su carácter de presidenta, expuso el caso de la juzgadora chihuahuense y logró que todos los integrantes de la comisión aprobaran un punto de acuerdo para exhortar al magistrado Villegas a cesar el acoso laboral y el hostigamiento institucional en contra de la abogada.
Sánchez Cordero expuso que la jueza tiene 17 años laborando en el Poder Judicial del Estado de Chihuahua y el magistrado Luis Villegas, de quien no dio el nombre en la sesión, se ha empeñado en separarla de su cargo contra su voluntad.
“Al negarse, ha sido acosada y ella ha agotado todas las posibilidades institucionales legales para defenderse, buscando respaldo del poder legislativo de Chihuahua, de la prensa, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y ahora de los senadores”, dijo la exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien calificó el caso como violencia de género.
Aunque no se habló de los motivos que tiene el magistrado Villegas Montes contra ella, existe el antecedente público de que, en julio de este año, la jueza Asiain Hernández pidió a un juez de distrito, el cese de Luis Villegas como consejero de la Judicatura, por considerar que utilizó indebidamente la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UIRA), como instrumento de hostigamiento y extorsión en su contra.
En la sesión de la Comisión de Justicia del Senado, la propuesta no solamente obtuvo el apoyo unánime de todos sus integrantes, sino que el senador Noé Castañón, de Movimiento Ciudadano, pidió que el asunto se lleve hasta el pleno de la Cámara alta y se envíe el extrañamiento respectivo.
Germán Martínez apoyó la propuesta, y dijo que tuvo acceso a pruebas suficientes aportadas por la jueza, para suscribir la llamada de atención a Villegas.
Por su parte, el chihuahuense y morenista Rafael Espino, calificó de valiente a la jueza y deploró la actitud del magistrado, al igual que Miguel Ángel Mancera, del PRD.
Ahora falta saber, quién del poder judicial de Chihuahua será el valiente que le ponga el cascabel al gato, cuando reciban el extrañamiento del Senado, conociendo la actitud beligerante que caracteriza al magistrado Villegas Montes.
Por lo pronto, si con esta exhibida que le darán los senadores, Villegas Montes no calma sus ansias de novillero y suspende el hostigamiento a la jueza Asiain, el asunto deberá ser trasladado al Poder Ejecutivo para que le pongan remedio, porque al final de cuentas, de ahí salen todos los nombramientos de la judicatura.
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Antes de que empiece la construcción de la Torre Centinela, en el ambiente policiaco del estado ya se hacen preguntas bastante válidas sobre la funcionalidad del llevado y traído proyecto Plataforma Centinela con el que el Gobierno estatal pretende cubrir con un manto de seguridad cibernética a todo el estado.
La primera pregunta que se hacen es con qué señal de internet se van a dirigir los mensajes a las Policías de los municipios serranos, si en muchos de ellos no existe ese servicio.
La otra es, ¿con cuáles Policías se van a coordinar, si no hay? Por ejemplo en el golpeado Urique, tierra de El Chueco, no hay Policía Municipal, como tampoco en Práxedis G. Guerrero o en Coronado, por citar unos pocos ejemplos.
La tercera es, si la famosa Plataforma Centinela, que va a costar más de 4 mil millones de pesos, va a contar con toda una red de transmisiones, ¿quién va a cuidar esos equipos? Si es bien sabido que la delincuencia organizada y hasta los ladrones de ocasión se roban piezas de las antenas y los equipos de comunicación instalados en despoblado, los que se instalen van a ser un auténtico festín.
Todo esto, sin contar con lo impráctico que es instalar todo el operativo de seguridad en un edificio de 20 pisos de alto. No por nada ya se hace la broma de que nuestras autoridades tendrán qué destinar más policías a cuidar las torres de transmisión que en dar seguridad a los ciudadanos.
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El malestar por la cancelación del Festival Internacional Chihuahua, en su edición 2022, sigue subiendo de tono, porque mientras el Gobierno estatal argumenta que no hay recursos, destinó 20 millones de pesos para apoyar al municipio de Chihuahua, en la contratación de 12 funciones de la obra de teatro “La Golondrina y El Principe”, del promotor y director Alberto Espino de la Peña, hermano del senador morenista Rafael Espino.
La serie del musical teatral tendrá un costo total de 34 millones 800 mil pesos, y se presentará únicamente en la capital del estado, en 12 fechas, durante los fines de semana, comenzando el 11 de noviembre y terminando el 4 de diciembre.
Por lo pronto, los diputados locales de Morena ya hicieron sonar los tambores de guerra, por considerar incongruente la postura de la Secretaría de Cultura del estado, en el sentido de argumentar falta de recursos para la realización del FICH, y apoyar por otro lado, una temporada teatral del municipio capitalino, que sospechosamente se dio por adjudicación directa a una sola persona.
El contrato a la empresa de espectáculos Espino, AEFE S.A. de C.V., se firmó el 10 de junio de este año, cuando se le entregaron los primeros 7 millones de pesos; luego el 30 de junio le pagaron 17 millones 400 mil pesos, para completar el 50 por ciento del costo total, estipulado en el contrato.
Los restantes 17 millones 400 mil pesos, están programados para ser entregados el 23 de noviembre.
Independientemente de que el espectáculo es caro y solo se presentará al público capitalino, llama la atención el hecho de que a pesar del elevado presupuesto otorgado, la empresa gastará una bicoca en la difusión del espectáculo, pues de acuerdo con el contrato, solo está obligada a imprimir 15 mil programas de mano, 20 pendones, 8 mil carteles, 24 banderas sublimadas, 1 spot de radio, diseño y alojamiento del sitio web, así como la realización de una cápsula de cineminuto, que no le cuesta nada, porque la produce el mismo empresario que es cineasta. Todo eso no rebasa los 250 mil pesos.
Además, por si fuera poco, la empresa podrá vender los CDs del espectáculo, y así lo especifica en el contrato, donde cita que podrá ofertar mil piezas audiovisuales con costo de recuperación “voluntario y simbólico”.
Todo esto explica la razón, por la que en el documento en cuestión se estipuló una cláusula de confidencialidad, donde el Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua y Alberto Espino, se obligan a mantener en carácter confidencial toda la información del contrato.
Si todo está dentro de la legalidad y el presupuestote se entregó al mejor espectáculo, al mejor precio y con mayor alcance, para beneficiar al mayor número posible de chihuahuenses, ¿por qué entonces hacen cosas buenas que parecen malas? Simplemente, el que nada debe, nada teme.
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Ahora sí, como dicen los chavos, el señor presidente de la República se la bañó ayer, cuando aseguró que al término de su administración habrá en México un sistema de salud pública de calidad y gratuito, similar al de Dinamarca, porque, lo que no logró en los primeros 4 años de su gobierno, pretende hacerlo en los últimos 2.
Es obvio que todos los mexicanos anhelan un servicio de salud pública de calidad, eficiente, gratuito y suficiente, pero de ahí a que nuestro modelo alcance los niveles del país escandinavo, es un chiste presidencial de mal gusto.
Comenzando porque hay una abismal diferencia en la población de las dos naciones, pues mientras México tiene poco más de 130 millones de habitantes, Dinamarca apenas llega a los 5 millones 831 mil, lo que facilita a su Gobierno mantener un servicio de salud gratuito y de acceso universal.
En el país danés el servicio lo provee el estado, financiado mediante los impuestos de todos los ciudadanos, lo que permite que todos los hospitales sean públicos y que los médicos sean empleados del Gobierno, tanto en atención primaria como en la especializada.
Lamentablemente, en nuestro país, está suficientemente probado que el modelo de salud que se brinda a la población mediante el IMSS, el Issste, los sistemas estatales de Salud y los centros comunitarios, es deficiente, no porque el personal sea malo, sino porque está saturado, con una plantilla de médicos y enfermeras insuficiente, equipo obsoleto y con desabasto permanente del cuadro básico de medicamentos.
Los mismos médicos han reclamado mejor equipamiento y mejores condiciones de trabajo en estas instituciones, donde la saturación por la alta demanda y la falta de medicamentos especializados, son la constante día a día.
Los hechos no dejan mentir. Ahí están los casos de los niños con cáncer a los que dejaron sin medicamentos y de los pacientes con enfermedades más recurrentes, que son las principales causas de muerte, como la diabetes y del corazón.
Pero no hay que ir tan lejos, para entender que más allá del discurso y las falacias presidenciales, estamos a años luz de poder alcanzar los niveles de bienestar de Dinamarca, pues la pandemia del Covid-19 puso a prueba y reprobó a todo el Sistema de Salud mexicano, a pesar de los sacrificios de médicos, enfermeras y todo el personal, que estuvo involucrado y agotado en esta batalla, que aún no termina.
Los números son contundentes. Mientras en México teníamos hasta ayer 330 mil 331 muertos registrados, en Dinamarca hubo 7 mil 304, una cifra que es menor incluso que la de Chihuahua, donde han fallecido 10 mil 145 personas.
Ciertamente que las comparaciones resultan odiosas, pero son la mejor forma de balconear las falacias de quienes gobiernan, que no tienen ningún escrúpulo en mentirle a la ciudadanía, sacando todos los días ocurrencias de la chistera.